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Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

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Fecha
2025-12-09
Radicado
68001233300020130110802
Número interno
73177
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
FENIX CONSTRUCCIONES S.A
Demandado
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA – INVISBU, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Síntesis de la providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Lo que dijo la Sala

La Sala advierte que hubo unicidad en el motivo que indujo el acuerdo de voluntades (C.C., art. 1524).… La necesidad que buscaba satisfacer el INVISBU era la construcción de 725 viviendas por el sistema de precio global por unidad, bajo el esquema de “única oferta”.… La suscripción de setecientos veinticinco documentos, uno por cada vivienda, no revela la existencia de un número igual de contratos, porque el acuerdo de voluntades era único, así como su causa. Las razones por las que se suscribieron estos documentos atañen a cuestiones operativas del proyecto, explicables a la luz del marco legal aplicable y de las circunstancias fácticas que rodearon su contratación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede celebrar múltiples contratos independientes con los beneficiarios de vivienda cuando ya existe un contrato único entre la entidad estatal y el constructor principal, ya que la suscripción de documentos individuales responde a necesidades operativas y no a la creación de contratos separados. La entidad estatal y el constructor principal son las partes del contrato, mientras que los beneficiarios son considerados terceros, ya que no han expresado su consentimiento directo ni han sido representados adecuadamente. Además, el contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas en respuesta a una situación de desastre se rige por el derecho privado y no por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, lo que permite la aplicación de excepciones y facultades especiales previstas en la Ley 80 de 1993.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 832
  • Decreto 975 de 2004
  • Ley 3 de 1991, art. 6

También resuelve

  • ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de…
  • ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones?
  • ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO ESTATAL INSTITUTO DE REFORMA URBANA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PRINCIPIO DEL PLURALISMO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CONSTRUCCIÓN TOTAL DE OBRA PÚBLICA DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL ACCESO A SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA RÉGIMEN PRESUPUESTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR VALOR DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL POSTULACIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA NORMATIVA DEL SUBSIDIO FAMILIAR PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONSTRUCTOR ENTIDAD PÚBLICA BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA FIRMA DEL CONTRATO REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ATENCIÓN DE DESASTRES DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL DESASTRE NATURAL OLA INVERNAL DERECHO COMUNITARIO PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL FACULTADES DEL MUNICIPIO CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO NORMA DE DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN FUNCIONES DEL JUEZ CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN OFICIOSA DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL CONSENTIMIENTO IDÓNEO MUTUO CONSENTIMIENTO AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO REPRESENTANTE LEGAL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD RIESGO PREVISIBLE ACTO PROPIO TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL INEXISTENCIA DE DAÑO FALTA DE PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL PAGO DE SALDO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CUOTAS DE LA FACILIDAD DE PAGO MORA EN EL PAGO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE TÉRMINOS DE REFERENCIA PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL FORMA DE PAGO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIÓN SUSPENSIVA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL PAGO TARDÍO CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO

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MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ESTATAL / INSTITUTO DE REFORMA URBANA / VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / PRINCIPIO DEL PLURALISMO / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / CONSTRUCCIÓN TOTAL DE OBRA PÚBLICA / DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA / PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / ACCESO A SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA / RÉGIMEN PRESUPUESTAL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR / VALOR DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / POSTULACIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA / NORMATIVA DEL SUBSIDIO FAMILIAR / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCTOR / ENTIDAD PÚBLICA / BENEFICIARIO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA / FIRMA DEL CONTRATO / REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD / ESTIPULACIÓN A FAVOR DE TERCERO Problema jurídico: ¿Puede considerarse que la suscripción de múltiples documentos individuales entre el INVISBU y los beneficiarios de vivienda constituye la celebración de múltiples contratos independientes, distintos del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala advierte que hubo unicidad en el motivo que indujo el acuerdo de voluntades (C.C., art. 1524). (…) [L]a necesidad que buscaba satisfacer el INVISBU era la construcción de 725 viviendas por el sistema de precio global por unidad, bajo el esquema de “única oferta”. (…) [L]a suscripción de setecientos veinticinco documentos, uno por cada vivienda, no revela la existencia de un número igual de contratos, porque el acuerdo de voluntades era único, así como su causa. Las razones por las que se suscribieron estos documentos atañen a cuestiones operativas del proyecto, explicables a la luz del marco legal aplicable y de las circunstancias fácticas que rodearon su contratación. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 3 de 1991 y con el Decreto 975 de 2004, el subsidio familiar de vivienda se otorgaba de manera individual al beneficiario, por una sola vez, y su cuantía dependía del valor final de la solución habitacional. (…) En ese contexto, la suscripción de los “contratos de construcción” respondía a la necesidad operativa de individualizar a cada beneficiario para cumplir los trámites requeridos para el reconocimiento del subsidio familiar de vivienda. (…) El único contrato materia de la controversia fue celebrado por dos partes: el INVISBU y Fénix. La noción de parte, desde el punto de vista jurídico, hace referencia a los sujetos de derecho que han emitido una declaración de voluntad encaminada a la producción de efectos jurídicos y que, por esa razón, asumen la titularidad de los intereses reglamentados por el acuerdo dispositivo. En este sentido, la noción de terceros se perfila de forma negativa o por vía de exclusión: son, respecto de un contrato dado, aquellos que no han sido autores de este. Los beneficiarios de las viviendas que Fénix se obligó a construir no tienen la condición de parte del contrato. En efecto, ni directamente ni por representación voluntaria (C. Co., art. 832) expresaron su consentimiento para obligarse o para adquirir la titularidad de los intereses del acuerdo dispositivo. Además, los 725 documentos fueron firmados por una misma persona natural, en calidad de “representante de la comunidad”, sin que hubiera justificado poder para firmar en nombre y representación de los beneficiarios de las viviendas. Por lo tanto, aun si asumiera que en estos documentos el INVISBU, actuando como estipulante y sin actuar en representación de otro (C.C., art. 1506), designó y atribuyó a unos terceros (los beneficiarios) el derecho a la prestación debida por la otra parte (Fénix como promitente), los beneficiarios no pueden calificarse como partes, sino como terceros. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos coligados, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 1 de julio de 2025, rad. 71258, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 832, DECRETO 975 DE 2004, LEY 3 DE 1991 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1506, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1524 RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ATENCIÓN DE DESASTRES / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL DESASTRE NATURAL / OLA INVERNAL / DERECHO COMUNITARIO / VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / FACULTADES DEL MUNICIPIO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / NORMA DE DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN Problema jurídico: ¿El contrato celebrado por el INVISBU para la construcción de viviendas, con ocasión de una situación de desastre, se encontraba sujeto al derecho privado y no al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública? Respuesta al problema jurídico: Si El contrato celebrado por el INVISBU con Fénix tenía por causa y objeto directo la atención y superación de la situación de desastre. De acuerdo con el “Informe de conveniencia y oportunidad de contratación en situación de desastre comité operativo DP-CO-UO-CV-001-2006”, la necesidad que se buscaba satisfacer era “atender la comunidad damnificada por la ola invernal del 12 de febrero de 2005 en la ciudad de Bucaramanga”. Conforme al Acuerdo Municipal 048 de 1995, transcrito en los términos de referencia, el INVISBU era la entidad competente para realizar en el ámbito municipal las gestiones de promoción, formulación, contratación o ejecución de los proyectos de vivienda de interés social destinados a contribuir a la solución del déficit habitacional de la población de escasos recursos económicos, incluida la que fue víctima de la ola invernal de 2005. (…) [E]l proceso de contratación y el negocio jurídico celebrado por el INVISBU, entidad competente en el ámbito municipal para contratar la construcción de las viviendas derivada de la situación de desastre, se sometían al derecho privado. (…) Esta misma premisa se reiteró en los términos de referencia de la invitación directa, donde se indicó que la construcción de las viviendas tenía como antecedente la situación de desastre ocurrida en febrero de 2005 en Bucaramanga, Girón, Landázuri, San Vicente de Chucurí y Lebrija, y la orden del Gobierno Nacional de ejecutar labores de recuperación y rehabilitación en la zona afectada. Por lo tanto, en virtud de lo previsto en los Decretos 919 de 1989 y 1012 de 2005, su ejecución no estaba sometida al EGCAP, con una excepción: la inclusión de las facultades excepcionales al derecho común (Ley 80 de 1993, arts. 14 a 18). Esta orientación se reiteró en los términos de referencia y en el “acta de adjudicación”, donde se indicó que se aplicaría el “derecho privado”. FUENTE FORMAL: DECRETO 1012 DE 2005, DECRETO 919 DE 1989, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 15, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 16, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 18 FUNCIONES DEL JUEZ / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / FUNCIÓN INTERPRETATIVA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN OFICIOSA DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe el juez analizar las pretensiones contractuales aunque no se haya formulado reclamación expresa o reserva al suscribir actos como prórrogas, adiciones o suspensiones? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con la postura unificada de la Subsección, el juez debe estudiar las pretensiones incluso si la parte no formuló una reclamación específica o no dejó salvedad al firmar suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo. El deber del operador judicial consiste en establecer, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos. Este análisis exige, además, verificar la ejecución de buena fe del negocio. En últimas, su finalidad es establecer si las partes pretendieron regular mediante ese acuerdo los asuntos cuya reclamación se presenta y los términos en que ese pacto debe entenderse. La postura unificada de la Corporación se fijó en una controversia derivada de un contrato estatal sometido íntegramente al EGCAP. El negocio celebrado entre el INVISBU y Fénix se rige por el derecho privado, salvo en lo relativo a la incorporación de las facultades excepcionales al derecho común previstas en la Ley 80 de 1993. Sin embargo, esta diferencia no tiene relevancia jurídica para excluir la aplicabilidad de la regla de unificación, porque no se limitó a contratos sometidos al EGCAP y se apoyó en razonamientos que también se proyectan a este caso. (…) [E]l principio de buena fe reconocido en la legislación civil y comercial (C.C., art. 1603; C. Co., art. 871) no habilita al juez para crear, vía jurisprudencia, “requisitos para la prosperidad de las pretensiones” ni para imponer exigencias generales o abstractas no previstas en la ley (C.C., art. 17). Finalmente, salvo disposición legal o estipulación contractual en contrario, el silencio no puede entenderse como una declaración dispositiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la labor interpretativa del juez, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 26 de septiembre de 2025, rad. 72875, C. P. Fernando Alexei Pardo Flórez. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 17 PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / CONSENTIMIENTO IDÓNEO / MUTUO CONSENTIMIENTO / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / REPRESENTANTE LEGAL / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD / RIESGO PREVISIBLE / ACTO PROPIO / TEORÍA DEL RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO Problema jurídico: ¿Puede el contratista exigir el reconocimiento de mayores costos derivados de las prórrogas del contrato, cuando previamente acordó expresamente que estas no generarían gastos adicionales? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala no considera atendible el argumento de Fénix según el cual “nunca manifestó de manera expresa que las prórrogas no generarían gastos adicionales”. El contenido de la declaración sobre la que las partes prestaron su consentimiento es inequívoco. La intención resulta clara (C.C., art. 1618): la ampliación del plazo para la ejecución de las obras, aunque pudiera generar costos por la permanencia de recursos administrativos, personal y equipos, no produciría costos adicionales para el proyecto. En otras palabras, la extensión del plazo no daría lugar a modificar el precio pactado por cada unidad de vivienda. El argumento según el cual esta manifestación no era vinculante porque no provino de Fénix tampoco es de recibo para la Sala. El representante legal del contratista (C. Co., arts. 196 y 440), debidamente facultado, suscribió todas las prórrogas y prestó de manera libre, espontánea y válida su consentimiento respecto de lo acordado en ellas. Por lo tanto, su contenido resulta plenamente vinculante (C.C., art. 1602). (…) [E]n determinados contratos, aunque el alcance de la obra no se modifique, la extensión del tiempo para completar las actividades exige mantener activos recursos como personal, campamentos u otros, lo que incrementa los costos asociados al cumplimiento del objeto contractual pese a que el precio permanezca constante. Sin embargo, esta circunstancia era plenamente previsible y debía considerarse al negociar el contenido de las prórrogas. El contratista, pudiendo prever estos mayores costos, convino que no habría lugar al reconocimiento de gastos adicionales, es decir, al pago de un recargo sobre el precio. (…) Por lo tanto, la pretensión de obtener su reconocimiento resulta improcedente, porque implicaría desconocer el carácter obligatorio de dicho acuerdo (C.C., art. 1602) y el deber de buena fe contractual, que le impide a Fénix ir contra sus propios actos. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 196, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 440, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONSECUENCIAS DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PERIODO DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INEXISTENCIA DE DAÑO / FALTA DE PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de responsabilidad contractual al INVISBU por los efectos económicos de la suspensión del contrato, cuando no se probó la existencia de un daño patrimonial imputable? Respuesta al problema jurídico: No [E]n la demanda y en el recurso de apelación, Fénix sostuvo que las causas determinantes de la suspensión -por las que se produjo una “alteración del equilibrio”- eran atribuibles a la conducta antijurídica del INVISBU. Esta imputación corresponde, en estricto sentido, a una reclamación de responsabilidad contractual de la entidad, cuya naturaleza, justificación y efectos difieren de los asociados al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. En estos supuestos, como lo ha señalado la Subsección, el principio iura novit curia y la prevalencia de la sustancia sobre la forma exige examinar las pretensiones desde la perspectiva de la responsabilidad de la entidad. Ese abordaje no genera un menoscabo del derecho de defensa del INVISBU ni modifica la causa petendi, dado que la entidad pudo controvertir desde el inicio las imputaciones formuladas por Fénix, las cuales fueron reiteradas en el recurso de apelación. (…) [L]a responsabilidad por las obras de urbanismo y por las redes correspondía al dueño de la obra, quien debía responder por su ejecución. Aunque no se hubiera pactado de manera expresa, el INVISBU tenía una obligación implícita de coordinación frente a la actividad constructiva del contratista, porque la ejecución simultánea de las obras de urbanismo, redes y viviendas hacía previsible la generación de interferencias. En virtud de esta obligación, derivada del principio según el cual los contratos “obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación” (C.C., art. 1603), el INVISBU debía asumir, como ha señalado la Subsección, los efectos de las interrupciones provenientes de las obras bajo su responsabilidad. Sin embargo, la Sala advierte que no se probó la existencia de un daño patrimonial causado por dicha suspensión. Por lo tanto, las pretensiones del contratista resultan improcedentes. (…) [N]o hay lugar a revocar la decisión de primera instancia y acceder a las pretensiones: el demandante no probó (CGP, art. 167) un daño causalmente vinculado a la segunda suspensión del contrato. Frente a esta decisión, la Sala precisa que la negativa se fundamenta en la ausencia de prueba de los sobrecostos -daño- y en la consideración de que la Sala no llegó al estadio de precisar el título de imputación bajo el cual se deberían reconocer unos sobrecostos efectivamente probados. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la suspensión del contrato y sus posibles perjuicios patrimoniales, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de septiembre de 2021, rad. 51219, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 14 de septiembre de 2016, rad. 50907, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603 NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / VALOR DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / PAGO DE SALDO DEL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / CUOTAS DE LA FACILIDAD DE PAGO / MORA EN EL PAGO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / ABUSO DEL DERECHO POR POSICIÓN DOMINANTE / TÉRMINOS DE REFERENCIA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / FORMA DE PAGO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN SUSPENSIVA Problema jurídico: ¿Constituye un abuso de la posición dominante contractual por parte del INVISBU la exigencia de requisitos para el pago final del precio, cuando dichos requisitos estaban expresamente contemplados en los términos de referencia aceptados por el contratista? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala concluye que no existió un cambio en los requisitos para el pago de la cuota final del precio que pudiera atribuirse a un presunto abuso de la posición de dominio contractual de la entidad, ocurrido después de la aceptación de la propuesta de Fénix. El contenido de los documentos firmados entre las partes para cada vivienda coincide exactamente con lo previsto en el numeral 10º de los términos de referencia. Con fundamento en esos términos, el contratista presentó su oferta y, en la carta de presentación, declaró conocer la “información general y los términos de referencia y aceptamos los requisitos en ella contenidos”. (…) [E]l reparo de Fénix no es atendible, porque no hubo una variación de los requisitos establecidos para el pago de la cuota final del precio pactado por la construcción de las viviendas. En realidad, la alegación del contratista se sustenta en el desconocimiento de los términos de referencia, que tienen carácter obligatorio por integrar el contenido del contrato (C.C., art. 1602). La reclamación tampoco se ajusta al principio de buena fe (C.C., art. 1602; C.Co., art. 871), porque no está acreditado que Fénix hubiera formulado observaciones sobre los requisitos establecidos para la forma de pago ni sobre las diferencias de redacción del numeral 10º de los términos de referencia y su Anexo 6. El contratista tampoco presentó observaciones antes de suscribir el contenido de los 725 documentos relacionados con cada una de las viviendas. Lo acreditado es que los firmó sin reparo alguno y, en consecuencia, aceptó la forma de pago del saldo del contrato en los términos convenidos. Finalmente, la Sala advierte que no está probado el alegado carácter abusivo de la estipulación sobre el pago de la cuota final del precio. (…) En este caso, no se acreditó que la cláusula incluida en los 725 documentos contractuales hubiese sido impuesta, como fruto del poder de negociación del INVISBU, de forma intempestiva ni que el contratista hubiera estado excluido de su configuración en la fase de formación del negocio jurídico. Tampoco se acreditó que el contenido obligacional se hubiera pactado en contravía de la buena fe objetiva; por el contrario, según lo expuesto, su contenido se alineaba con los requisitos previstos por la ley en materia de desembolso de subsidios. La Sala tampoco advierte que se hubiera generado un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones asumidos por las partes que privara a Fénix del derecho a ser remunerada por las actividades adelantadas. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / FALTA DE PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA PERICIAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / PAGO TARDÍO Problema jurídico: ¿Procede la liquidación judicial del contrato con base en pretensiones económicas no demostradas ni reconocidas, vinculadas a supuestos mayores costos por permanencia en obra e intereses por pago tardío? Respuesta al problema jurídico: No [L]a pretensión de liquidación resulta improcedente por dos razones. Por una parte, como señaló el Tribunal, los documentos del expediente no contienen información sobre las sumas que fueron reconocidas por el INVISBU en el marco del contrato ni sobre los valores que podrían encontrarse pendientes de reconocimiento por la ejecución de las viviendas. Además, el dictamen pericial no abordó esta temática ni dio cuenta del balance financiero del contrato. Por otra parte, el demandante vinculó el ejercicio liquidatorio al reconocimiento de las sumas reclamadas por concepto de mayor permanencia en obra y de los intereses derivados del pago tardío de la cuota final del precio pactado por la construcción de las viviendas. Sin embargo, conforme a lo expuesto previamente, no resulta procedente imponerle al INVISBU obligaciones dinerarias por estos conceptos. De allí que tampoco sea procedente liquidar el contrato reconociendo los saldos reclamados por la alegada ruptura del equilibrio económico del contrato, derivada de causas imputables a la entidad estatal. CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas a la parte apelante vencida, aun cuando no haya intervenido durante el trámite del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al numeral 1 del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El Acuerdo 1887 de 2003, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, establece las tarifas de las agencias en derecho. En segunda instancia, estas pueden ascender hasta el 5% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia. Para su fijación deben considerarse la naturaleza, la calidad y la duración útil de la gestión realizada, junto con la cuantía del proceso; además, las tarifas por porcentaje se aplican de manera inversa al valor de las pretensiones. El INVISBU designó apoderados judiciales para la atención de las dos instancias. Sin embargo, no efectuó ningún pronunciamiento sobre el recurso de apelación dentro del término legal. La cuantía de las pretensiones ascendió a $1.309’024.599. Con fundamento en estos criterios, la Sala fijará las agencias en derecho a favor de la entidad estatal en el 1% de este valor, equivalente a trece millones noventa mil doscientos cuarenta y cinco pesos ($13’090.245). FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201301108021100103