Titulación de la relatoría 23.267 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / CONSTITUCIÓN POLÍTICA / PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / GOBIERNO NACIONAL / ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA / DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA / ADQUISICIÓN DE VIVIENDA CON FINANCIACIÓN / POBLACIÓN VULNERABLE
Problema jurídico:
¿Permite el marco constitucional y legal vigente en Colombia que las entidades del Estado, en conjunto con actores del sector privado, adelanten proyectos de vivienda de interés social como mecanismo para garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna, en cumplimiento de los principios de colaboración público-privada y de la función social de la propiedad?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 constitucional, (…) el Estado debe establecer “las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. [U]n mecanismo avalado por el propio Constituyente para lograr ese cometido consiste, justamente, en la posibilidad de aunar esfuerzos (incluidos recursos) de distintas fuentes que permitan desagregar los costos de ese tipo de proyectos para que sean viables como producto inmobiliario y así garantizar el derecho a una vivienda digna. En tal sentido, según lo previsto en el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, las viviendas de interés social se desarrollan para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares menos favorecidos, para lo cual corresponde al Gobierno Nacional en cada Plan Nacional de Desarrollo establecer el tipo y precio máximo de soluciones destinadas a estos hogares (…). [N]o existe una prohibición en la ley para que se acuda a estos mecanismos, sino que el propio marco jurídico que desarrolla el acceso a la vivienda digna incentiva la posibilidad de que se aúnen esfuerzos entre los particulares y el Estado para lograr desarrollar soluciones de vivienda de interés social. En ese sentido, en sentencia del 15 de febrero de 2018 , esta Subsección señaló: (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidar de aunar esfuerzos entre los particulares y el Estado para lograr soluciones de vivienda de interés social, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. sentencia del 15 de febrero de 2018. Radicación No. 76001-23-31-000-2004-04640-02(55.147), C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico, citada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicación No. 8500123-31-000-2011-10099-01(48957), C.P.: José Roberto Sáchica.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 51, LEY 388 DE 1997 - ARTÍCULO 91
CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / UNIÓN TEMPORAL / CONSORCIO / ENTIDAD TERRITORIAL / FINALIDAD DEL ESTADO / PLAN DE VIVIENDA
Problema jurídico:
¿Permite el ordenamiento jurídico colombiano que las entidades estatales y los particulares celebren convenios de asociación con el fin de formular y ejecutar planes de vivienda, aplicando a dichos instrumentos la normativa vigente sobre convenios de asociación, incluso cuando los particulares intervienen mediante uniones temporales o consorcios?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 96 de la Ley 489 de 1998 establece la posibilidad de que las entidades estatales celebren con particulares convenios de asociación, (…) Con base en la norma precitada, la jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que la finalidad del convenio de asociación debe ser el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la entidad estatal, para lo cual se requiere establecer con precisión “su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe hacer y la forma en que coordinarán sus esfuerzos” . (…) [E]l artículo 27.1 de la Resolución 610 de 2004 (…) dispuso que las entidades territoriales podrían constituir uniones temporales o consorcios o celebrar convenios de asociación para efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad, cumpliendo con la normatividad vigente en materia de contratación o celebración de convenios de asociación. Con fundamento en esta norma, esta Corporación concluyó en una oportunidad que “tanto las uniones temporales y los consorcios como los convenios de asociación que se constituyeran para efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad se regirían bajo la normatividad de los «convenios de asociación»” .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la finalidad del convenio de asociación y la necesidad de establecer con precisión su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, aportes y forma de coordinación de los esfuerzos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado No.
20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.: Ramiro Pazos Guerrero. Respecto del régimen aplicable a los consorcios, uniones temporales y convenios de asociación que se constituyan para efectos de presentar el plan e vivienda al proceso de elegibilidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado No. 44001-23-33-000-2012-00032-01 (52.787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, RESOLUCIÓN 610 DE 2004 - ARTÍCULO 27.1
CONVENIO DE ASOCIACIÓN / UNIÓN TEMPORAL / ENTIDAD TERRITORIAL / FUNCIÓN PÚBLICA / EMERGENCIA AMBIENTAL / DECRETO / DESASTRE NATURAL / FENÓMENO DE LA NIÑA / PRINCIPIO DE CONMUTATIVIDAD / PROYECTO DE VIVIENDA
Problema jurídico:
Puede calificarse como convenio de asociación un acuerdo celebrado entre una entidad territorial y un particular agrupado en unión temporal, cuyo objeto es aunar esfuerzos para ejecutar proyectos de vivienda en el contexto de una emergencia pública, siempre que no exista una relación conmutativa ni se prevea una remuneración directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que la finalidad del convenio de asociación debe ser el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la entidad estatal, para lo cual se requiere establecer con precisión “su objeto, término de duración, obligaciones de las partes, los aportes que cada uno debe hacer y la forma en que coordinarán sus esfuerzos” . De este modo, se ha definido que la naturaleza de este tipo de convenios implica la inexistencia de una relación conmutativa, en la que se presente un intercambio de bienes y servicios entre las partes, pues lo que se busca es que ambos extremos aúnen esfuerzos para la realización de un fin común: (…). Ahora bien, en las consideraciones que sirvieron de fundamento para la suscripción del acuerdo objeto de controversia, se manifestó que su finalidad era conformar una unión temporal para “ofertar, desarrollar proyectos y asignar recursos” dirigidos a conjurar la situación de calamidad pública generada por el fenómeno de La Niña en los años 2010-2011, en lo relacionado con soluciones de vivienda. A su vez, la cláusula segunda estableció las obligaciones a cargo de cada uno de los integrantes de la unión temporal, (…). [E]s claro que la intención de las partes al suscribir el “contrato de unión temporal No. 001 de 2011” fue la de sumar esfuerzos dirigidos a brindar soluciones de vivienda, en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 4580 de 2010, debido al fenómeno de La Niña, función propia de la entidad territorial de conformidad con el numeral 5 del artículo 3° de la Ley 136 1994, vigente en su redacción original al momento de la suscripción del convenio, (…). La naturaleza asociativa del acuerdo puede vislumbrarse en las obligaciones asignadas a cada una de las partes, que se complementaban entre sí para lograr la formulación, financiación, construcción y entrega de los proyectos de vivienda. (…). Como el cumplimiento de tales funciones no se enmarcaba en la noción de conmutatividad, no se estableció un valor objetivo por la prestación de un servicio o la obtención de un bien, sino que se contempló “la colaboración de un particular que, dadas sus condiciones profesionales y su trayectoria, aportará, bajo la dirección y seguimiento de la entidad pública, a la consecución de tales cometidos y funciones” . [A] partir de las obligaciones pactadas no es posible derivar de forma clara una relación conmutativa o concluir que las prestaciones son equivalentes. Tampoco se evidencia acuerdo alguno sobre la remuneración a favor del denominado constructor o gerente del proyecto, o una prestación que se ejecute en beneficio de la entidad estatal, lo que confirma la naturaleza asociativa de aquel. (…) Sumado a lo expuesto, en varias oportunidades esta Corporación ha estudiado acuerdos similares, suscritos entre una entidad territorial y un particular con el fin de desarrollar proyectos de vivienda, y ha determinado que la normativa que los gobierna es aquella referida a los convenios de asociación . De este modo, la Sala evidencia que la finalidad que orientó a las partes a celebrar el convenio fue la de unir sus esfuerzos para desarrollar de forma conjunta actividades relacionadas con las funciones propias de la entidad territorial, lo que permite concluir que el negocio suscrito (…) fue un convenio de asociación, (…).
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la naturaleza del contrato estatal más allá de la denominación dada por las partes, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2010. Radicado No. 25000-2326-000-1994-00071-01 (14.390), C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A. Sentencia del 7 de diciembre de 2021. Radicado No. 54001-23-31-000-2004-00936-01 (44.237), C.P.: María Adriana Marín. Sobre la naturaleza asociativa del convenio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicado No. 85001-23-31-000-2011-10099-01(48957), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez. Sobre el régimen jurídico aplicable al convenio, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 30 de julio de 2021. Radicado No. 85001-23-31-000-2011-10099-01(48.957), C.P.: José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 19 de julio de 2023. Radicado No. 44001-23-33-0002012-00032-01 (52.787), C.P.: Guillermo Sánchez Luque; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de noviembre de 2023. Radicado No. 15001-23-33-000-2018-0069302 (69.655), C.P.: Fredy Ibarra Martínez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 4580 DE 2010, LEY 136 DE 1994, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96
CONVENIO DE ASOCIACIÓN / DERECHO PRIVADO / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ENTIDAD ESTATAL / INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Problema jurídico:
¿Resulta aplicable el Decreto 777 de 1992 a un convenio de asociación celebrado el 19 de agosto de 2011?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]sta Corporación ha reconocido que el régimen jurídico aplicable a los convenios de asociación , celebrados cuando se encontraba vigente el Decreto 777 de 1992, es el derecho privado: (…) Lo anterior con fundamento en el inciso 2° del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, según el cual “los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política (...)”. Esta remisión se ha entendido aplicable frente a los decretos autónomos que reglamentan dicha norma constitucional y únicamente respecto de aquellos asuntos que no se encuentren expresamente regulados en la ley. En ese sentido, como para la fecha de suscripción del convenio sub-lite -19 de agosto de 2011- se encontraba vigente el artículo 1° del Decreto 777 de 1992, (…) aquel es el régimen aplicable al caso que se estudia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la distinción de los convenios de asociación y los contratos de fomento, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 23 de agosto de 2024. Radicado No. 25000-23-36-000-2014-00391-01 (61.263), C.P.: Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre esta diferenciación, también puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 3 de abril de 2020. Radicado No. 20001-23-31-000-2009-00170-01 (46.963), C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DERECHO PRIVADO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE TRANSICIÓN
Problema jurídico:
¿Resulta procedente aplicar la regla general del cómputo de la caducidad en un convenio regido por el derecho privado, aun cuando no se haya pactado expresamente la posibilidad de liquidación unilateral ni exista un plazo supletivo para la liquidación bilateral?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien este proceso se inició y se rige por la normativa del CPACA, el término de caducidad de las pretensiones de la demanda comenzó a correr el 24 de mayo de 2012 , es decir, que su cómputo inició en vigencia de un régimen anterior -el del CCA- . Por lo mismo, en aplicación del artículo 40 de la Ley 153 de 1887 , para efectos de verificar la oportunidad de la acción, se deberá recurrir a lo prescrito en el artículo 136 del Decreto 01 de 1984. El numeral 10 del artículo 136 del CCA prescribe que el término para ejercer el medio de control de controversias contractuales es de dos años, contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho y de derecho que le sirven de fundamento. De igual forma, establece unas subreglas para contar la caducidad según si el contrato es de ejecución instantánea o si requería o no de liquidación. Si ninguna de estas reglas específicas resulta aplicable al caso concreto, se debe acudir a la regla general relativa a los motivos de hecho y de derecho. (…) Una vez terminado el contrato, por decisión unilateral del municipio de Puerto Boyacá, las partes se reunieron con el fin de practicar la liquidación de mutuo acuerdo. Sin embargo, en el acta de dicha reunión se dejó constancia de que aquella no constituía un acuerdo de liquidación bilateral, puesto que el señor Mario Montoya manifestó no estar de acuerdo con la fórmula propuesta por la entidad. la regla que aplicó el tribunal al caso para considerar que la demanda había sido presentada oportunamente fue la contenida en el ordinal v) del literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, (…) No obstante, el a quo pasó por alto que el régimen del convenio de asociación era el derecho privado, que no se pactó la facultad de liquidación unilateral de manera clara e inequívoca y que, en estos supuestos, no es procedente aplicar los términos supletivos de cuatro y dos meses para liquidar, los cuales se encuentran en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Así lo ha reconocido esta Subsección: (…) En ese sentido, y para efectos del conteo del término de caducidad, el plazo de liquidación bilateral y unilateral en los contratos sometidos a derecho privado que prevean dicha posibilidad, será el pactado por las partes en ejercicio de su autonomía de la voluntad: (…). [S]i bien en el acuerdo bajo estudio se hicieron menciones tangenciales a una etapa de liquidación, no se pactó de manera clara, expresa e inequívoca la forma o el término para llevarla a cabo, pues solo se indicó que aquella debía constar en un acta -con su terminación-, afirmación que no resulta suficiente para vislumbrar la existencia de un plazo destinado a adelantar la liquidación, en este caso bilateral. Por otra parte, tampoco se incluyó expresamente la facultad de liquidar el convenio de forma unilateral, de acuerdo con lo exigido por la jurisprudencia para aquellos negocios que no se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública , por lo que no es procedente contabilizar un plazo destinado a liquidar el convenio unilateralmente. De acuerdo con lo anterior, comoquiera que en los contratos regidos por el derecho privado no existe ningún plazo supletivo para su liquidación bilateral, y tampoco se contempla la liquidación unilateral de forma obligatoria -sino que esta debe ser expresamente pactada-, no es posible dar aplicación al literal d), numeral 10, del artículo 136 del CCA, que dispone el cómputo de la caducidad a partir del vencimiento de los plazos para liquidar bilateral y unilateralmente el contrato o convenio. En consecuencia, la regla que corresponde emplear es la general, es decir, el conteo de la caducidad a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho y de derecho, de conformidad con el numeral 10 del artículo 136 ejusdem .
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la posibilidad del pacto de la liquidacion unilateral en el marco de los convenios interadministrativos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 28 de junio de 2024. Radicación No. 05001-23-33-000-2014-02015-01 (69.488), C.P.: Fernando Alexei Pardo Flórez.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 11, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / TÍTULO VALOR / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN
Problema jurídico:
¿Debe declararse la caducidad del medio de control cuando las pretensiones formuladas derivan de un convenio disuelto unilateralmente, fueron presentadas una vez vencido el término legal aplicable y no se pactó un plazo para la liquidación del acuerdo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como el demandante sostiene que el municipio de Puerto Boyacá incumplió el convenio por (i) su disolución unilateral y (ii) el no pago del Acta No. 1 dado que los cheques que se giraron a la fiducia no estaban endosados, la Sala estudiará el término de caducidad para cada supuesto que se alega. Con relación al primero de ellos, la Sala observa que el convenio fue disuelto unilateralmente por el demandado mediante la Resolución 099 del 24 de mayo de 2012, notificada el 30 de mayo siguiente. El término de caducidad corrió desde el 31 de mayo de 2012 hasta el 31 de mayo de 2014. La solicitud de conciliación se presentó el 13 de agosto de 2014, es decir, cuando ya había fenecido el término para demandar. Frente al segundo supuesto, como el Acta No. 1 del 29 de diciembre de 201144, los cheques 00000003 y 623 del 30 de diciembre de 2011 y la devolución de los mismos por parte de la Fiduciaria el 14 de marzo de 2012 , fueron hechos anteriores a la disolución del convenio, se impone la misma conclusión expuesta en líneas precedentes, esto es, que las pretensiones relacionadas con tal incumplimiento se encontraban caducadas. Aun si se aceptara la posibilidad de reconocer dichas prestaciones en el acto de liquidación del convenio, se reitera que las partes no contemplaron un plazo para efectuar dicho cruce de cuentas. Ahora bien, la Sala no desconoce que existió un acercamiento entre las partes el 14 de agosto de 2012, con el fin de realizar el cierre del negocio. Sin embargo, en el acta de dicha reunión se consignó expresamente que la misma no constituía la liquidación del denominado contrato , dado que las partes no llegaron a un acuerdo, motivo por el cual no es posible contar la caducidad a partir de esa fecha. De igual modo, esta situación no varía el hecho de que las partes no acordaron un plazo para liquidar el convenio, (…). Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar de oficio la caducidad del medio de control incoado por la parte demandante.
NOTA DE RELATORÍA:
En relación con la aplicación del fenómeno jurídico de la caducidad, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 5 de marzo de 2015. Radicado No. 25000-23-36-000-2013-01547-01 (49.307), C.P.: Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J
CONDENA EN COSTAS / SEGUNDA INSTANCIA / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO / AGENCIAS EN DERECHO / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / APODERADO JUDICIAL / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Procede la imposición de la condena en costas y agencias en derecho a la parte apelante cuyo recurso fue desestimado?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el sistema procesal actual, la condena en costas adoptó un régimen objetivo, en el que se condena a la parte vencida, con independencia de su conducta. Teniendo esto presente, y para efectos de la condena en costas en segunda instancia, se tiene que, de conformidad con el artículo 188 del CPACA, en la sentencia se dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el procedimiento civil. Así, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en un proceso; adicionalmente, el artículo 361 ibidem estipula que las costas “(...) están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho”. Estas últimas, vale aclarar, serán determinadas por las tarifas que, para el efecto, establezca el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del numeral 4 del artículo 366 de esa misma disposición. Bajo estos términos, se condenará en costas a la parte demandante, es decir, a quien interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia, debido a que este no prosperó. Si bien se revocó la sentencia de primera instancia para, en su lugar, declarar la caducidad del medio de control, las pretensiones de la parte demandante no prosperaron, por lo cual se evidencia que esta resultó vencida en el proceso (…). En relación con las agencias en derecho, se pone de presente que se rigen por el Acuerdo 1887 de 2003 , expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, vigente para la fecha en que se presentó la demanda. Dado que el municipio contó con apoderado judicial en el curso de ambas instancias, se condenará al señor […] equivalente al 0.2% del valor correspondiente a las pretensiones pecuniarias de la demanda50, y por las agencias de la segunda instancia se le condena al pago (…) equivalente al 0.1% del valor correspondiente a las pretensiones. La anterior condena deberá incluirse en el auto de liquidación de costas a cargo de la parte vencida, en este caso, la demandante.
FUENTE FORMAL:
ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366