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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

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Fecha
2025-09-01
Radicado
85001233300020150006402
Número interno
67255
Ponente
MARÍA ADRIANA MARÍN
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
DEPARTAMENTO DE CASANARE
Demandado
SEGUROS DEL ESTADO, CONSTRUCTORA VARGAS S.A.S., HABITARTE DE COLOMBIA S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía

Lo que dijo la Sala

El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta la entidad contratante. También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del CPACA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación en segunda instancia en contratos estatales por razón de su cuantía, conforme al artículo 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y su legitimación en la causa se acredita tanto para la entidad pública como para el contratista. La competencia del juez de segunda instancia se limita a los argumentos del recurso de apelación, conforme al artículo 328 del Código General del Proceso, y no puede reformar puntos íntimamente relacionados con la modificación salvo que sea indispensable, garantizando la non reformatio in pejus. Además, el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social es improcedente cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo, ya que la Ley 388 de 1997 permite la celebración de contratos de fiducia sin las limitaciones del régimen de contratación estatal, pero no establece una regulación especial para proyectos de vivienda de interés social. Esta decisión reitera la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y limita la actuación del juez en apelaciones, mientras que matiza la posibilidad de reconocer AIU en convenios de asociación para vivienda de interés social.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 104, 150 y 152

También resuelve

  • ¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso?
  • ¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación?
  • ¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CUANTÍA DEL PROCESO LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PARTES DEL CONTRATO MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL CONTROVERSIA A LA PRUEBA PERICIAL IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL TRÁMITE DE INCIDENTE DE OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL UTILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL UNIÓN TEMPORAL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO COBRO DEL INTERÉS MORATORIO COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL INTERÉS MORATORIO COMPONENTES DEL INTERÉS MORATORIO COMPONENTE INFLACIONARIO DEL INTERÉS MORATORIO DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO INTERÉS MORATORIO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO REGULACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO TASA DE INTERÉS MORATORIO ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEBER PROBATORIO EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES CONDENA EN COSTAS CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS AGENCIAS EN DERECHO RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 35.156 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / CUANTÍA DEL PROCESO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si El Consejo de Estado es funcionalmente competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, en los términos del artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA.-, en concordancia con el artículo 104 ibídem, que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce los litigios originados en la actividad de las entidades públicas, naturaleza que ostenta la entidad contratante. También le asiste competencia a esta Corporación para conocer del presente asunto en segunda instancia en atención a su cuantía, en los términos del artículo 152, en concordancia con el artículo 157 del CPACA. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿El contratista y la entidad pública contratante como partes del negocio jurídico que sirve como fuente de la controversia, se encuentran legitimados para acudir al proceso? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso, está legitimado por activa el departamento del Casanare, entidad pública del orden territorial, que dio apertura al proceso de selección, suscribió el contrato UT VN-001-2008, profirió las resoluciones de subsidios de vivienda y giró los recursos a las entidades fiduciarias. Por la parte pasiva, se acredita la legitimación de HABITARTE DE COLOMBIA S.A. Y CONSTRUCTORA VARGAS S.A.S. en condición de integrantes del CONSORCIO VIVIENDA NUEVA POR CASANARE, en calidad de contratista denominado “El constructor” en el contrato UT VN-001-2008. MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA MATERIAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La competencia del juez de segunda instancia se encuentra delimitada por los argumentos del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si La sentencia fue recurrida únicamente por la demandada, en consecuencia, se entiende que la parte demandante, departamento del Casanare, al no apelar, se encuentra conforme con el fallo. En estos términos, se abordará el recurso en los términos del artículo 328 del Código General del Proceso que al determinar la competencia del superior precisa que la segunda instancia “deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante” y al tratarse de un apelante único es aplicable la garantía de la non reformatio in pejus -prohibición de la reforma en peor- prevista en el artículo 31 de la Constitución Política, que el estatuto procesal recoge, así: “[…] El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella” (art. 328 Código General del Proceso). El apelante tiene la carga de sustentar la impugnación, formular reparos a los aspectos del fallo que le resultan desfavorables y quiere controvertir, ya que sus referencias argumentativas delimitan la competencia del juez de segunda instancia. Además, el alcance de la apelación se restringe por los términos de la controversia, que fueron establecidos desde las pretensiones de la demanda, la fijación del litigio en el trámite de primera instancia y que impulsaron el decreto y práctica de pruebas dentro de esta controversia. En efecto, la apelación no constituye una oportunidad para adicionar la demanda ni presentar reconvención, ya que no es una oportunidad para elevar nuevas pretensiones. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 31, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / PLAN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Es improcedente el reconocimiento de componentes de utilidad (AIU) en un convenio de asociación para el desarrollo de vivienda de interés social, cuando no se pactó precio y el vínculo negocial es no conmutativo? Respuesta al problema jurídico: Si En aras de ampliar el acceso y desarrollar vivienda de interés social se han creado subsidios, mecanismos de financiación y políticas públicas. Igualmente, el legislador ha previsto la posibilidad de aunar esfuerzos (incluidos recursos) de distintas fuentes que permitan desagregar los costos de ese tipo de proyectos para que sean viables como producto inmobiliario y así garantizar el derecho a una vivienda digna. Por tanto, nada obsta para que las entidades territoriales puedan acudir a contratar con terceros la cofinanciación y el desarrollo de viviendas de interés social, a través de distintos instrumentos y formas jurídicas. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 80 de 1993, no estableció una regulación especial para los proyectos de vivienda de interés social, siendo aplicable las reglas generales para cualquier tipo de contratación a cargo de las entidades públicas. La Ley 388 de 1997, cuyo propósito fue armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 y promover el ordenamiento de su territorio como el uso equitativo y racional del suelo, estableció en el artículo 36 que las acciones urbanísticas podrían ser desarrolladas por los particulares, entidades públicas o mixtas y, además, en su inciso final estableció una excepción al régimen de contratación estatal de fiducia, al prescribir que “Igualmente, las entidades municipales, distritales y las áreas metropolitanas podrán participar en la ejecución de proyectos de urbanización y programas de vivienda de interés social, mediante la celebración, entre otros, de contratos de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial, sin las limitaciones y restricciones previstas en el numeral 5º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993”. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico permite que se aúnen esfuerzos entre los particulares y el Estado para lograr desarrollar soluciones de vivienda de interés social acudiendo a formas asociativas como las previstas en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. (…) “tanto las uniones temporales y los consorcios como los convenios de asociación que se constituyeran para efectos de presentar el plan de vivienda al proceso de elegibilidad se regirían bajo la normatividad de los «convenios de asociación”. Esta posición se ha reiterado ante acuerdos similares -uniones temporales-, suscritos entre una entidad territorial y un particular con el fin de desarrollar proyectos de vivienda, precisando que la normativa que los gobierna es aquella referida a los convenios de asociación, especialmente, cuando se acoge esta figura y “no es posible derivar de forma clara una relación conmutativa o concluir que las prestaciones son equivalentes”. Dentro de este régimen legal, los convenios de asociación y figuras asimiladas uniones temporales- se caracterizan por consolidar un vínculo no conmutativo porque prevalece la colaboración, razón por la que normalmente no se establece un precio a cargo de la entidad contratante sino aportes de las partes del convenio. De incluirse en el contrato de unión temporal un precio o algún concepto por remuneración, se desvirtuaría el carácter no conmutativo y la naturaleza del vínculo negocial, siendo aplicables las disposiciones generales previstas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. (…) [E]l régimen jurídico del contrato UT VN-0012008 que se establece como punto de partida para la liquidación judicial corresponde al de convenios de asociación. Está acreditado que las partes tenían esta intención conforme a la parte motiva del contrato y que en el negocio y sus modificaciones -otrosí No. 1- no establecieron un precio, ni conceptos ni porcentajes asociados a imprevistos, administración o utilidad, confirmando que el vínculo negocial tiene una naturaleza no conmutativa. Esto no significa que el negocio sea gratuito, simplemente, las partes acordaron aunar esfuerzos para la ejecución de los subsidios de vivienda sin perseguir una remuneración o ánimo de lucro, presupuesto transversal para atender el petitum de la litis. Por tanto, ante los cargos del recurso de apelación que cuestionan que en la liquidación judicial no se tuvo en cuenta el AIU, se determina que es improcedente el reconocimiento de componentes asociados a la utilidad ya que conforme al régimen jurídico del negocio suscrito esta no es procedente porque no se pactó y, en caso de haberse presupuestado o reconocido se presenta una irregularidad en la ejecución que no es susceptible de modificar el negocio suscrito entre las partes, por lo que dicho concepto carece de soporte legal y contractual. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el régimen jurídico de los contratos en el marco de proyectos de vivienda de interés social, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 48957, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 15 de febrero de 2018, rad. 55147, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 30 de julio de 2021, rad. 48957, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 7 de marzo de 2025, rad. 63262, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 3 de diciembre de 2014, rad. 51832. C. P. Oiga Mélida Valle de la Hoz; sentencia del 3 de abril de 2020, rad. 46963, C. P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia del 19 de julio de 2023, rad. 52787, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia del 30 de noviembre de 2023, rad. 69655, C. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 7 de marzo de 2025, rad. 63262, C. P. María Adriana Marín y de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 4 de julio de 2003, rad. 1502, C. P. César Hoyos Salazar. FUENTE FORMAL: LEY 388 DE 1997, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 5, LEY 9 DE 1989 - ARTÍCULO 36 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Puede adelantarse la liquidación judicial de un convenio de asociación excluido del EGCAP con base en lo pactado por las partes, sin que ello implique declarar incumplimientos contractuales u otras situaciones no alegadas expresamente? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a liquidación de los contratos consiste en un corte de cuentas en la relación contractual, una figura de carácter patrimonial que se justifica en la necesidad de determinar la situación jurídica de las partes del contrato, más aún cuando una de ellas es el Estado. Su procedencia está claramente regulada para los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP), y en los contratos excluidos de este régimen contractual, se ha reconocido su procedencia en la medida que las partes hayan pactado su realización. En el contrato UT VN-001-2008 las partes pactaron expresamente la realización de la liquidación, previa presentación de los informes finales de actividades y de ejecución presupuestal los cuales deberían contar con el visto bueno del encargado del control y vigilancia -cláusula octava-. (…) En el caso concreto, no puede afirmarse que la liquidación efectuada en primera instancia desconozca las normas del EGCAP porque atendiendo al régimen jurídico del contrato de esta litis que corresponde a los convenios de asociación -excluidos del EGCAP-, la normativa invocada no resulta aplicable. En todo caso, se analiza la inconformidad interpretando que la intención del recurrente es que se reconozca todas las intervenciones ejecutadas para lograr un paz y salvo en el negocio suscrito. En tal sentido, se destaca que la noción y alcance de esta institución se delimita a nivel jurisprudencial y doctrinario. Al respecto, esta Corporación señaló que “la liquidación del contrato es una actuación administrativa posterior a su terminación normal o anormal, cuyo objeto es el de definir si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo de las partes, hacer un balance de las cuentas y proceder a las reclamaciones, ajustes y reconocimientos a que haya lugar, para así dar finiquito y paz y salvo a la relación negocial”. (…) [L]a pretensión única y exclusiva de liquidación judicial del contrato que se presenta en esta litis no constituye, en sí misma, una solicitud de declaratoria de incumplimiento contractual, ni presupone la existencia de un desequilibrio económico entre las partes. Este petitum tiene como único objeto determinar y concretar los efectos económicos derivados de la terminación del vínculo contractual, con fundamento en lo pactado por las partes y la ejecución de sus prestaciones. En consecuencia, la pretensión de liquidación judicial no impone al juez la declaratoria oficiosa de incumplimiento, desequilibrio, u otras declaraciones no solicitadas oportunamente dentro del proceso judicial, sino que responde a una finalidad de cierre y balance económico del vínculo contractual. En el caso concreto, el interés del recurrente es satisfacer la finalidad de la liquidación y que se reconozca el valor de todas las obras, objetivo que satisface el fallo del a quo porque incluyó todas las obras ejecutadas con independencia del estado de las viviendas (terminadas, adelantadas en un 50% y en cimentación), que fueron acreditadas dentro del plenario, sin establecer ninguna exclusión. En el sub judice, los cuestionamientos a la liquidación judicial no evidencian cómo se ha desconocido la finalidad de esta institución ya que se incluyeron todas las obras ejecutadas, razón suficiente para desestimar el argumento del recurrente. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación del contrato, cita: Consejo De Estado, Sección Tercera, Sentencia del 20 de septiembre de 2007, rad. 16370, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARACTERÍSTICAS DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTROVERSIA A LA PRUEBA PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / TRÁMITE DE INCIDENTE DE OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / OBJETO DE LA PRUEBA PERICIAL / FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / UTILIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL Problema jurídico: ¿Procede la objeción por error grave sobre la falta de idoneidad y desconocimiento de la finalidad del dictamen pericial? Respuesta al problema jurídico: No [A] partir del contrato UT VN-001-2008 y las obligaciones previstas, es claro que las prestaciones del Consorcio se dirigían a ejecutar los proyectos de vivienda de interés social urbana para lo cual debía suscribir contratos de obra con los titulares del subsidio y ejecutar las obras conforme a las licencias de construcción y especificaciones técnicas (cláusula segunda, tras modificación contractual). Dentro del expediente administrativo no reposa ningún contrato suscrito con los beneficiarios, incluso esta situación fue una de las causas expuestas en las decisiones iniciales de caducidad e incumplimiento contractual que se repusieron tras la interposición de los recursos correspondientes por el contratista. Sin embargo, dentro del expediente contractual se encuentra que los beneficiarios con la aceptación de los subsidios autorizaron a la Gobernación del Casanare para transferir los recursos a la Fiduciaria, así como la ejecución de la solución de vivienda a cargo del constructor seleccionado por la Gobernación como la ejecución de la solución por etapas (solo que no se precisó el alcance de tales etapas). Dentro del acervo probatorio se acreditó el inicio del contrato y la terminación del mismo por vencimiento del plazo convenido. Sin embargo, dentro del expediente contractual no obra actas de recibo de las obras ejecutadas, incluso, desde la demanda y su contestación se confirma que las partes no suscribieron actas de recibo a satisfacción de las soluciones de vivienda. Por tanto, ante las diferencias sobre las obras ejecutadas y que debían incluirse en la liquidación, el a quo decretó la realización de dos dictámenes periciales, a solicitud de la parte demandada. (…) una objeción al dictamen pericial es un mecanismo procesal que permite a las partes controvertir el contenido, la metodología o la imparcialidad del dictamen rendido, para garantizar la legalidad de la prueba, su confianza y pertinencia dentro de la litis. La objeción no implica simplemente una diferencia de opinión sobre las conclusiones, sino que se debe indicar con claridad los aspectos defectuosos o erróneos y sustentarse en irregularidades técnicas, contradicciones, errores metodológicos o falta de idoneidad del experto. Además, conforme a lo previsto por el Consejo de Estado para que se configure el “error grave” en el dictamen “se requiere de la existencia de una equivocación [por] parte de los peritos que tenga entidad suficiente para llevarlos a conclusiones igualmente equivocadas, […] toda vez que ‘apreciado equivocadamente el objeto, necesariamente serán erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se deriven ” (…) el dictamen pericial no se transgrede cuando no se logra el móvil de la parte que lo solicitó, porque su valor probatorio no depende de las conclusiones esperadas por quien lo presentó, sino de su objetividad, legalidad y apreciación judicial conforme a las reglas de la sana crítica. Las pruebas periciales atendieron su objetivo frente a la litis, establecieron el balance técnico financiero conforme a la ejecución, incluyendo todas las viviendas con algún grado de intervención, no solo las terminadas como se pretendía con el escrito de la demanda. Asimismo, la realización de los dictámenes se sustentó en el objeto delimitado desde su decreto en la audiencia inicial como en los soportes documentales expresamente referenciados por la parte demandada en su solicitud probatoria. (…) La Sala encuentra que los dictámenes practicados guardan correspondencia con la realidad contractual y lograron su finalidad frente a la determinación de las prestaciones ejecutadas, por tanto, el mérito probatorio del dictamen se conserva con independencia de que las conclusiones beneficien o no a una de las partes. Los cuestionamientos asociados al valor de las intervenciones se analizarán con los demás argumentos de la apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la objeción por error grave al dictamen pericial, cita: Consejo de Estado. Sección Tercera, Sentencia del 7 de julio de 2022, rad. 57819, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia del 5 de marzo de 2008, rad. 16850, C. P. Enrique Gil Botero y de la Corte Suprema de Justicia, Auto del 8 de septiembre de 1993, rad. 3446, C. P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ESTIMATIVO AIU EN EL CONTRATO ESTATAL / RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL / UTILIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / UNIÓN TEMPORAL Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de conceptos como remuneración o AIU en la liquidación de un convenio de asociación no conmutativo, si estos no fueron pactados expresamente en el contrato ni en sus modificaciones? Respuesta al problema jurídico: No [E]n el régimen jurídico previsto para el negocio la litis no es posible establecer una remuneración ni un AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) porque no fue expresamente pactado en el contrato ni en sus modificaciones. Además, el régimen de los convenios de asociación, aplicable al negocio suscrito entre las partes, a diferencia de los demás contratos, se fundamenta en la cooperación entre entidades o entre una entidad estatal y un particular para el cumplimiento de fines comunes, sin ánimo de lucro ni relaciones económicamente conmutativas. Por ello, introducir en la ejecución contractual conceptos como remuneración o AIU desnaturaliza el objeto del convenio y los aportes de las partes, específicamente, del Consorcio, que estaban asociadas precisamente para poner su capacidad administrativa, conocimiento y experiencia en la realización de todas las acciones comerciales, financieras, operativas y administrativas necesarias, para la gestión del objeto convenido -cláusula primera del Contrato UT VN-001-2008-. En efecto, el negocio de unión temporal con su régimen de convenio de asociación corresponde a un esquema contractual no conmutativo mientras los conceptos reclamados evidencian un interés económico directo de una relación conmutativa cuando las partes, en el sub judice, no pactaron en las cláusulas del contrato ni en sus modificaciones conceptos por administración, imprevistos y utilidad. IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / ADECUADA VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / CONTENIDO DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / FORMA DE RENDIR EL DICTAMEN PERICIAL / FINALIDAD DE LA PRUEBA PERICIAL Problema jurídico: ¿Procede la objeción grave al dictamen pericial consistente en el desconocimiento de las pruebas documentales, específicamente, los APU´s, acta de corte de obra y los soportes contables? Respuesta al problema jurídico: No [D]ebe desestimarse el argumento de la apelación porque los conceptos de AIU no fueron pactados dentro de este negocio y, en efecto, le asiste razón al perito cuando precisó que su obligación era determinar el valor de las viviendas conforme al contrato y no calcular la utilidad o costos ajenos a la construcción de las viviendas. La referencia de AIU en los presupuestos de los APU’s no constituye una modificación contractual, máxime que los allegados al proceso carecen de firmas que acrediten un pacto inequívoco de tales conceptos e incluso se encontró oposición del ente territorial en sus alegatos sobre la aplicación de estos por no estar pactados. Estas razones son suficientes para que no prospere el argumento de la apelación. (…) [L]a pretensión del Consorcio para el pago de un AIU y pólizas durante la suspensión del contrato carece de fundamento fáctico y jurídico para desvirtuar el dictamen pericial. Téngase en cuenta que la ejecución contractual no puede modificar lo expresamente establecido en el contrato en el que no se incluyeron costos de AIU y, al no presentarse demanda de reconvención, no es posible que esta instancia judicial emitir un pronunciamiento en la materia. Teniendo en cuenta que no proceden los conceptos solicitados en la apelación, resulta innecesaria la validación de su acreditación en los soportes probatorios referenciados. En todo caso, se precisa que frente a los soportes del dictamen pericial, la Sala encuentra que el Consorcio no allegó elementos probatorios diferentes a los ya valorados y tenidos en cuenta para la elaboración de la prueba pericial, no existe tacha de falsedad contra los soportes tenidos en cuenta y no se presentó dentro del trámite de primera instancia un nuevo dictamen que soportará los supuestos errores de los dictámenes periciales. (…) Ahora bien, frente al argumento de la apelación del desconocimiento de los costos de la administración durante la suspensión del contrato UT VN-001-2008, es claro que el dictamen pericial no tenía por objeto la determinación de dichos costos; no se referencia expresamente el monto y justificación de los mismos por el recurrente y la solicitud de su reconocimiento tiene como presupuesto un petitum que no se debate en esta controversia, como sería un desequilibrio económico contractual. Sin embargo, en esta litis no se presentó demanda de reconvención contentiva de peticiones adicionales, siendo el único objeto de esta controversia la liquidación judicial del contrato. En consecuencia, existen razones de mérito para reafirmar la validez, pertinencia, necesidad y utilidad de las conclusiones de los dictámenes periciales sobre el valor de las viviendas construidas. CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / COMPONENTE INDEMNIZATORIO DEL INTERÉS MORATORIO / COMPONENTES DEL INTERÉS MORATORIO / COMPONENTE INFLACIONARIO DEL INTERÉS MORATORIO / DETERMINACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / INTERÉS MORATORIO EN PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / REGULACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS MORATORIO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Es procedente aplicar al particular vencido en un proceso contencioso administrativo intereses moratorios comerciales a la tasa del 150% del interés bancario corriente, en caso de incumplimiento del fallo judicial? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l a quo aplicó los intereses moratorios previstos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 sobre el capital adeudado desde el día 17 de diciembre de 2010 -fecha en que el Consorcio no siguió ejecutando obras- hasta la ejecutoria de la sentencia, y a partir de esta fecha hasta su pago, se estableció que tales sumas (el capital actualizado junto a los intereses causados de la Ley 80) devengarían intereses moratorios comerciales, esto es, al 150% del interés corriente bancario, según certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Frente al concepto de intereses moratorios, el recurso de apelación cuestionó que no se calcularan intereses a su favor y en la aplicación de los intereses derivados del fallo judicial. (…) En el sub judice, el recurso de apelación solo se dirige a que se apliquen intereses moratorios frente a los conceptos que se adeudaran al Consorcio y frente a los intereses aplicables al fallo judicial, por tanto, atendiendo a que los argumentos de la apelación limitan la competencia del juez de segunda instancia es claro que en la litis no existen conceptos a favor del contratista, ya que los recursos que corresponden al pago de las obras los recibió desde antes de su ejecución y dentro del plazo contractual cuando se giraron los recursos en calidad de anticipo y con el acta de pago No. 1. En consecuencia, el argumento del recurso de apelación frente al dictamen pericial se desestima. (…) Los llamados intereses moratorios representan el perjuicio causado al acreedor por el retraso en la ejecución de la obligación, perjuicio que no repara por el cumplimiento posterior de la obligación. El artículo 1617 del Código Civil prevé este tipo de interés como una indemnización derivada del retardo, la cual podrá ser convencional si es tasada por las partes o legal, caso en el cual será equivalente al 6% anual, mientras que el artículo 884 del Código de Comercio determina que, a falta de estipulación contractual, serán equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente, reglas que han sido reconocidas por la Corte Constitucional. En este orden de ideas, la Corte Constitucional al estudiar la naturaleza de los intereses moratorios para pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 192 del CPACA, ha concluido que estos tienen un componente inflacionario y otro indemnizatorio. Además, la regulación de los intereses moratorios atiende los perjuicios por el retardo en cumplir una obligación dineraria, ya que este concepto no se extiende a cualquier clase de obligación. [C]omo el particular es la parte vencida en esta litis, no le resultan aplicables las normas especiales previstas en el artículo 192 del CPACA, dado que este regula el “Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas”, en concordancia con el artículo 195 que establece un procedimiento para el cumplimiento de las providencias judiciales por parte de las entidades públicas, estableciendo un término de 10 meses en los que se causan intereses moratorios con una tasa especial equivalente al DTF desde su ejecutoria, reconociendo las particularidades del Estado para la ejecución de los recursos públicos y cumplimiento de los principios presupuestales. Sin embargo, transcurrido ese término, el ordenamiento jurídico establece que las condenas judiciales causarán “un interés moratorio a la tasa comercial” -numeral 4, artículo 195, CPACA-, disposición que corresponde a la regla general prevista en lo contencioso administrativo. Por lo anterior, aunque al particular vencido no le aplique la tasa moratoria especial prevista para el Estado en el artículo 192 y 195 del CPACA durante los primeros 10 meses en los términos ya señalados, esto no significa que no se causen intereses moratorios en su contra. Los intereses derivados de la sentencia judicial tienen una fuente legal y corresponden a los intereses moratorios comerciales, en atendiendo la prescripción del numeral 4 del artículo 195 ibídem, en concordancia con el artículo 884 del Código de Comercio, que establece el alcance de estos. Así, ante la mora en el cumplimiento del fallo judicial, para los particulares se aplica el 150% del interés corriente bancario, según certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia, como lo ordenó el a quo, pero por las razones aquí expuestas. Por lo anterior, se confirmará el fallo de primera instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reconocimiento de intereses moratorios, cita; Corte Constitucional. Sentencia C-604 de 2012 y C - 364 de 2000. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 884, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 195 NUMERAL 4, LEY 80 DE 2011 - ARTÍCULO 4, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1617 ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / DEBER PROBATORIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / RECURSO CONTRACTUAL NO EJECUTADO / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿En el marco de la liquidación judicial procede el reintegro de los recursos girados a la fiduciaria y no ejecutados? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Subsección debe desestimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, porque no dio cumplimiento al artículo 167 del Código General del Proceso que consagra el principio de autorresponsabilidad probatoria como soporte de las objeciones por error grave al dictamen pericial, pues los argumentos y pruebas referenciadas no desvirtuaron las conclusiones del dictamen rendido y la valoración probatoria que sirvió como fundamento de la decisión del a quo. (…) [C]onforme a las pruebas practicadas en esta litis la liquidación judicial parte del reconocimiento de que: i) los recursos girados a la Fiduciaria para la ejecución de este contrato en el marco de los encargos fiduciarios correspondieron a $8.860’098.677; ii) el monto o valor girado por la Fiduciaria Central al Consorcio Vivienda Nueva por Casanare con ocasión del contrato fue de $4.085’952.379; y iii) el valor de las prestaciones ejecutadas por el contratista corresponde a $2.532’488.002,67. Por tanto, la diferencia entre los recursos girados al contratista y los efectivamente ejecutados corresponde a la suma de $1.553’464.376,33 (redondeado a $1.553’464.376, como señaló el a quo), conceptos que el Consorcio deberá reintegrar al departamento del Casanare, en los términos del fallo de primera instancia, esto es, debidamente actualizado y con sus intereses moratorios. En estos términos, se confirmará el fallo de primera instancia y se adicionará para ordenar el reembolso al departamento del Casanare de los recursos correspondientes a los subsidios girados a la Fiduciaria Central S.A., que se encuentran en los encargos fiduciarios referenciados en este proceso con sus respectivos rendimientos. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167 APLICACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / CONDENA EN COSTAS / CÁLCULO DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / IMPOSICIÓN DE COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 188 del CPACA establece que “[…] la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”. De esta manera, con independencia de la buena fe con que las partes hubieran obrado en el presente recurso, por regla general, debe ser condenado en costas el extremo vencido o al que se le resuelve desfavorablemente el recurso, con apego a los dictados del artículo 365 del Código General del Proceso -CGP-. Por tanto, se condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada, esto es,- Habitarte de Colombia S.A. y Constructora Vargas S.A.S., en forma solidaria, en condición de integrantes del Consorcio Vivienda Nueva por Casanare, en la medida que, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP, los argumentos de la alzada no prosperaron. Respecto a las agencias en derecho, en la medida que la parte demandante ejerció su defensa a través de la designación de apoderado judicial, que debió vigilar el proceso en sede de apelación, en los términos del Acuerdo 1887 de 2003, que establece la fijación de las agencias hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, se fijará la suma equivalente al 1% sobre el valor del capital objeto de restitución , equivalente a $15’534.643,76 a la fecha de ejecutoria del fallo. Las costas de segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=850012333000201500064021100103