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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión

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Fecha
2024-03-13
Radicado
66001233100020090001601
Número interno
59357
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSORCIO GESTION URBANA
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión

Lo que dijo la Sala

Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado en esta instancia y determinar si la liquidación unilateral del negocio jurídico en cuestión es un acto administrativo —como lo juzgó el a quo— es indispensable definir las reglas que disciplinaron dicho acuerdo de voluntades, tomando en consideración que las partes explícitamente aludieron —tanto en la etapa tratativas… como en el clausulado del convenio… y en los actos de ejecución… — a la figura del convenio de asociación.… En suma, el régimen jurídico de los convenios es definido por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. En lo que no esté expresamente regulado en la ley, se complementa con el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución, con los decretos autónomos que desarrollan el negocio jurídico que refiere, entre los cuales, para el asunto que atañe a la Colegiatura, se encuentra el Decreto 777 de 1992.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La liquidación unilateral de un convenio de asociación no constituye acto administrativo cuando la ley no confiere a la entidad estatal competencia expresa para liquidarlo unilateralmente, sino que es un acto contractual sin presunción de legalidad. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el régimen de los convenios de asociación lo define el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, complementado por el Decreto 777 de 1992 y, en lo no previsto, por el derecho privado. Segunda, en ese régimen no existe el deber de liquidar el negocio ni la competencia expresa para hacerlo unilateralmente, de modo que la invocación de una habilitación legal para liquidar contratos estatales no suple esa falta. Tercera, la manifestación de la entidad carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio propios de los actos administrativos, y se limita a un corte de cuentas. La providencia revoca la decisión de primera instancia y resuelve el fondo del asunto sin que fuera necesario impugnar esa liquidación como acto. La consecuencia práctica es que la demanda no resulta inepta por omitir la pretensión de anulación de una liquidación que no es acto administrativo.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 777 de 1992, art. 1
  • Ley 489 de 1998, art. 96
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio…
  • ¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO CONTRACTUAL ACTO JURÍDICO UNILATERAL COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO FALTA DE COMPETENCIA BALANCE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL OBJETO ILÍCITO OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA ÁNIMO DE LUCRO CLASES DE CONTRATO ESTATAL VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO NORMA DE ORDEN PÚBLICO PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE CONTRATO ESTATAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA RESTITUCIONES MUTUAS IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGACIONES NATURALES NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS

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LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO CONTRACTUAL / ACTO JURÍDICO UNILATERAL / COMPETENCIA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO / FALTA DE COMPETENCIA / BALANCE Problema jurídico: ¿Es inepta la demanda presentada en ejercicio de la acción contractual si el actor formula de modo subsidiario la pretensión de anulación del acto administrativo de liquidación del contrato, sin anexar a la demanda la copia de dicho, y sin hacer desarrollo alguno de su concepto de violación de normas jurídicas que habría ocurrido con ocasión de su expedición? Respuesta al problema jurídico: No Para dar respuesta al primer problema jurídico planteado en esta instancia y determinar si la liquidación unilateral del negocio jurídico en cuestión es un acto administrativo —como lo juzgó el a quo— es indispensable definir las reglas que disciplinaron dicho acuerdo de voluntades, tomando en consideración que las partes explícitamente aludieron —tanto en la etapa tratativas (...) como en el clausulado del convenio (...) y en los actos de ejecución (...)— a la figura del convenio de asociación. (...) En suma, el régimen jurídico de los convenios es definido por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. En lo que no esté expresamente regulado en la ley, se complementa con el inciso 2 del artículo 355 de la Constitución, con los decretos autónomos que desarrollan el negocio jurídico que refiere, entre los cuales, para el asunto que atañe a la Colegiatura, se encuentra el Decreto 777 de 1992. Este último establece, en su artículo 1° (...) que aquellos aspectos no previstos en el Decreto están sujetos al derecho privado, sin perjuicio de que se pacten las cláusulas exorbitantes. (...) En este régimen jurídico, al que está sometido el negocio jurídico en cuestión, no está contemplado el deber jurídico de liquidarlo, ni la competencia expresa para que la parte estatal del convenio lo haga unilateralmente. Empero, en la Resolución (...) el IDM invocó su decreto de creación y, a la par, aludió a la competencia para liquidar unilateralmente los contratos estatales; habilitación legal que el ordenamiento no le confiere en los convenios de asociación. De allí que esta manifestación de voluntad no pueda ser calificada como acto administrativo; expresión concreta y declarativa del derecho, prevalida de competencias legales expresas, que entraña el ejercicio de la función pública administrativa, y produce efectos jurídicos vinculantes. En su lugar, entiende esta Colegiatura que la liquidación es un mero acto contractual, en el cual la entidad demandada realizó unilateralmente un corte de cuentas, e hizo constar su criterio acerca del balance económico conclusivo del negocio jurídico celebrado, pero que carece de la presunción de legalidad y del carácter ejecutivo y ejecutorio que la ley le confiere exclusivamente a los actos administrativos, cuya impugnación no se requería para un estudio del fondo de este asunto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los convenios de asociación, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 30 de julio de 2021, exp. 85001-23-31-000-2011-10099-01(48957), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y Subsección B, Sentencia del 3 de abril de 2020, exp. 20001-23-31-000-2009-00170-01(46963), C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999. Sobre el acto administrativo, ver: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Auto del 3 de diciembre de 2014, exp. 25000-23-36-000-2014-00199-01(51832). Sobre la definición y los elementos del acto administrativo ver, entre muchas otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – Subsección C. Sentencias del 28 de febrero de 2020, exp. 25000-23-26-000-2010-00512-01(46852), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; del 6 de julio de 2020. exp. 25000-23-36-000-2012-00194-00 (49166), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y del 20 de abril de 2022, exp. 11001-33-31-031-2009-00191-00(49233), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. En sentido análogo, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 30 de septiembre de 2019, exp. 66001-23-31-000-2010-00003-01(43036), C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 96 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NORMATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / OBJETO ILÍCITO / OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN / PROCEDIMIENTO DE LA SELECCIÓN OBJETIVA DEL CONTRATISTA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / PRINCIPIO DE SELECCIÓN OBJETIVA / ÁNIMO DE LUCRO / CLASES DE CONTRATO ESTATAL / VIOLACIÓN DE NORMA DE ORDEN PÚBLICO / APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO / NORMA DE ORDEN PÚBLICO / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / IDENTIFICACIÓN DE LA CLASE DE CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿El convenio de asociación, fuente del desacuerdo que se ha traído a conocimiento de la jurisdicción, cuenta con validez por traer los rasgos propios de este negocio, cuando se previo una ganancia derivada de una actividad lucrativa, la actividad de contrucción de inmuebles podía ejecutarse en asocio con el sector privado y no se observó el procedimiento de selección objetiva? Respuesta al problema jurídico: No La redacción que recibió el artículo 44 de la Ley 80 de 1993, para complementar, con remisión al derecho común, las causales especiales de nulidad absoluta del contrato estatal, ha traído consigo una proliferación de decisiones invalidantes de contratos por causa de la ilicitud de su objeto en la jurisdicción contencioso administrativa, adoptadas con fundamento en la normativa del derecho común, pero por motivos que pueden resultar extraños a éste. No hay en esta circunstancia, sin embargo, más que una paradoja aparente, que puede ser explicada bajo la consideración de los diferentes ámbitos relacionales objeto del derecho común y del derecho administrativo, asunto que no por elemental debe pasarse por alto si hay interés en develar tal apariencia. (...) Resumidamente, la planeación de esa futura relación, el procedimiento que ha de seguir la administración para seleccionar la mejor oferta y el colaborador suyo que estará a cargo de la prestación que requiere, y la forma de solemnizar esa relación, están sometidos al imperio de la ley general, por normas de derecho público. La escogencia del tipo contractual del que han de valerse los extremos de la futura relación será determinada con razonada autonomía por la administración, y a esa determinación adhiere el oferente seleccionado en un contexto de autonomía atenuada. Finalmente, el cuadro de obligaciones y derechos de las partes y la forma de su ejercicio se encuentran sujetos a una regulación autónoma, expresión del principio de la autonomía de la voluntad, limitada, tan sólo por las atribuciones que la ley reconoce a la administración, en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 para garantía del cumplimiento de los fines de la contratación, y por la competencia que le reconoce para liquidar unilateralmente la relación, cuando no haya logrado un corte bilateral de cuentas, con la adopción de decisiones vinculantes para las partes. Sirve la anterior recordación para explicar por qué, la causal de nulidad absoluta que trae el derecho privado, referida a “todo lo que contraviene el derecho público de la Nación”, tiene una extensión diversa y mucho más amplia en el ámbito del derecho administrativo por comparación con el derecho común en el que el legislador estatal solo interviene por excepción. (...) Vistas así las normas aplicables a este asunto y contrastadas con la realidad fáctica que recrean las pruebas traídas a este contencioso, la Sala concluye que el denominado convenio de asociación, celebrado para desarrollar el “Proyecto de Vivienda Conjunto Residencial Reservas de Milán” no se aviene a los rasgos propios de este tipo de negocio jurídico, en los que, como se expuso anteriormente (...), las partes no desarrollan intereses antagónicos, que impliquen un intercambio económico, en el que las prestaciones de las partes son equivalentes entre sí y, particularmente, porque en este tipo de convenio se excluye de su ámbito de aplicación toda relación consensual que “impliquen una contraprestación directa a favor de la entidad pública” y puedan celebrarse bajo las formas del contrato estatal. Particularmente, en este acuerdo fue contemplada una contraprestación directa por el aporte del terreno con las obras de urbanismo existentes y el riesgo de las ventas que asumió el IDM, correspondiente al 3,99% del precio de las unidades de vivienda vendidas (...), contraprestación que constituye una ganancia derivada de una actividad lucrativa, contraria al contenido propio del convenio de asociación. Además, en este caso se observa que el IDM asumió las funciones administrativas asignadas a los extintos Fondos Rotatorio de Valorización Municipal, y de Vivienda de Interés Social de Dosquebradas, en el marco de las competencias que, en materia de vivienda de interés social, les asignó la Ley y, en general, a las entidades territoriales, para la edificación de inmuebles, que es una actuación urbanística que podía ejecutarse en asocio con el sector privado. (...) En este orden de ideas, dada la divergencia existente entre el tipo negocial que dijeron convenir las partes y el tipo que puede establecerse en función de las prestaciones realmente acordadas, sin que en su celebración se haya observado el procedimiento de selección objetiva dispuesto por la ley, esta Subsección declarará la nulidad absoluta del negocio jurídico suscrito el 23 de marzo de 2005 entre el IDM y el Consorcio; decisión que, de acuerdo con la jurisprudencia administrativa, es procedente, pues en el presente contencioso, al que acudieron las dos partes contratantes, no se configuró la prescripción extraordinaria por el acaecimiento del plazo decenal previsto en el artículo 2532 del Código Civil, modificado por el artículo 6 de la Ley 791 de 2002, ya que dicho plazo se interrumpió con ocasión de la presentación de la demanda y de la notificación de su admisión. (...) Así las cosas, se impone una respuesta negativa al problema jurídico segundo, con la consecuente desestimación de las pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de declarar de oficio la nulidad absoltuta de un contrato, ver: Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de octubre de 2020, exp. 48784, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y sentencia de 10 de marzo de 2023, exp. 56370, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Sobre la inexistencia del contrato, ver: Sección Tercera, sentencias de 11 de agosto de 2010, exp. 18636, C.P. Mauricio Fajardo Gomez y de 23 de marzo de 2011, exp. 17072, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Sobre la contratación para construir viviendas de interese social, ver: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia del 15 de febrero de 2018, exp. 76001-23-31-000-2004-04640-02(55147), C.P. Marta Nubia Velasquez Rico FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1519, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1523, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1524, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 24 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 CONVENIO DE ASOCIACIÓN / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA / CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL / CONFIGURACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGACIONES NATURALES / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS Problema jurídico: ¿Como consecuencia de la declaración de nulidad absoluta del convenio de asociación, en este caso proceden las restituciones mutuas? Respuesta al problema jurídico: No Consecuencias de la declaración de nulidad absoluta (...) No cabe, en este asunto, definir los efectos de la nulidad absoluta declarada conforme a lo considerado en precedencia y hacerlo de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, pues ello implicaría otorgarle a un negocio jurídico nulo los efectos propios de una relación jurídica creada de acuerdo con el procedimiento de selección requerido para ello por disposiciones de orden público. Ese procedimiento legal fue soslayado en este asunto por el Consorcio y el IDM, al cubrirlo con el ropaje del convenio de asociación, y bajo el régimen que concierne a este tipo de convenio debe determinarse las consecuencias de la nulidad . Por lo tanto, como en este proceso no fue acreditado que las prestaciones del negocio jurídico nulo hayan sido ejecutadas a sabiendas de su objeto ilícito (artículo 1525, Código Civil), los efectos de su nulidad se determinarán conforme al artículo 1746 del Código Civil; (...) Ahora bien, a diferencia del contrato de compraventa, referido anteriormente como paradigma de las restituciones mutuas, en el negocio jurídico nulo traído a este proceso: (i) la entidad no sería la propietaria final de las obras o de las unidades de vivienda ya construidas, sino que lo serían los compradores, beneficiarios o adjudicatarios del programa (...); (ii) el precio de cada vivienda dependería del análisis de factibilidad financiera realizado por el Consorcio, en el que podría haber incluido los sobrecostos que aquí reclama (...); (iii) el riesgo de las ventas era asumido por el IDM, al que le correspondía recibir a manera de contraprestación, el 3,99% del precio de las unidades de vivienda vendidas, con la obligación de comprarle al Consorcio las viviendas que no pudieran venderse (...) ; y (iv) el riesgo del negocio, en caso de que el proyecto no fuera terminado, era asumido por el consorcio, porque éste debía pagarle al IDM la parte del terreno utilizada (...), pero este riesgo era mínimo, ya que la obra iniciaba cuando se hubiere alcanzado el punto de equilibrio (...). A su vez, el Consorcio, desde la oferta para suscribir el convenio, manifestó que él se haría cargo de los diseños, estudios de suelos, especificaciones técnicas, licencias y en general la logística necesaria para desarrollar las obras que integrarían el proyecto (...). De acuerdo con ello, en el convenio se pactó expresamente (...) que el aporte del Consorcio consistiría en la construcción de las viviendas pertenecientes al proyecto, junto con todas las labores relacionadas con trámites administrativos de licenciamiento, financiamiento de las obras, comercialización y venta de las viviendas. (...) Las prestaciones mutuas supondrían pues, en este asunto, la devolución del predio aportado por el IDM, con sus frutos y mejoras útiles, en caso de que, conforme al artículo 966 del Código Civil, no hubiera obrado de mala fe, elemento subjetivo que no se probó en este proceso. Sin embargo, como los inmuebles construidos sobre el predio fueron vendidos a terceros, resulta imposible retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban antes de que fuera celebrado el negocio jurídico nulo (...) . Por lo tanto, no se decretarán restituciones mutuas. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la nulidad absoluta del contrato, ver: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 17 de julio de 1990, Corte Suprema de Justicia, sentencia SC13097-2017, sentencia de 28 de agosto de 2017. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, exp. 13414, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, reiterada en sentencia de 6 de febrero de 2019, exp. 61720, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1525, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1746, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 966

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=660012331000200900016011100103