Lo que dijo la Sala
En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara a este proceso copia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho… , prueba que el a quo decretó. Así las cosas, la Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada, dado que si bien su traslado fue solicitado por la parte actora, las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis.
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Titulación de la relatoría 14.002 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / COPIAS DEL PROCESO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL / CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / EFICACIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INCORPORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA
Problema jurídico:
¿Procede la valoración de las pruebas documentales trasladadas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
Respuesta al problema jurídico: Si
En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara a este proceso copia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (…), prueba que el a quo decretó. Así las cosas, la Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada, dado que si bien su traslado fue solicitado por la parte actora, las partes tuvieron la oportunidad de conocer el contenido y contaron con la oportunidad procesal para que, si así lo consideraban, formularan algún reparo, lo que no ocurrió, por lo que serán objeto de análisis.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA
Problema jurídico:
¿Para la prosperidad de la acción de repetición es necesario un actuar doloso o gravemente culposo en cabeza del funcionario público demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
La evaluación y determinación de la existencia de dolo o culpa grave hace parte del objeto de la acción de repetición, y se funda en un análisis comparativo de una conducta concreta frente a un estándar o modelo de conducta que está dispuesto en la ley. En el sub examine, la conducta que se revisa corresponde a la desplegada (…) cuando el demandado suscribió, junto a otras autoridades, el Decreto (…) por el cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor (…), como mensajero de la Caja de Previsión Social Municipal de Cúcuta. Por lo tanto, el estándar de conducta con el cual se debe evaluar el actuar del señor (…) es el contenido en las normas del Código Civil, ya que, si bien la demanda se presentó (…), cuando la Ley 678 de 2001 ya se encontraba en rigor, las nociones de dolo y culpa grave, esto es, el modelo de conducta que prevé este último marco normativo, no estaba vigente para la época de los hechos. El artículo 63 del Código Civil señala que (…) el dolo hace referencia a la intención del agente estatal de realizar la conducta generadora del daño; mientras que la culpa grave tiene que ver con aquél comportamiento grosero, negligente, despreocupado o temerario causador del daño que hubiera podido evitarse con la diligencia y cuidado que le corresponde a quien debe atender dicha actividad en forma normal.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los requisitos de procedencia de la acción de repetición ver sentencia de 4 de diciembre de 2006. Exp. 16887, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 63
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / DEMOSTRACIÓN DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / DOLO / PRUEBA DEL DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / EXTRALIMITACIÓN DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿Cuáles son los presupuestos a tener en cuenta a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave?
Respuesta al problema jurídico: Si
[C]uando se pretende valorar la conducta de un sujeto cualificado como son los agentes estatales, es pertinente confrontarla con los mandatos que la Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales le imponían al respectivo agente, a fin de establecer su apego a las normas que lo regían y, de este modo, concluir si se estructuró la culpa grave o el dolo en su actuar. Dicho de otra manera, a la hora de definir si un agente estatal obró con dolo o culpa grave, debe tenerse en cuenta como factor para su configuración la “omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones” a que se refiere el artículo 6 constitucional; así como si se incurre en falta “a los postulados de la buena fe” que establece el artículo 83 superior; o la “infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona”, indicada en el artículo 91 constitucional, y con estos, entre otros, el incumplimiento de las funciones que la ley especial o el reglamento le encargue al respectivo agente, tal como lo prevé el artículo 123 superior. Se trata, entonces, de la determinación de una responsabilidad subjetiva en la que juega un papel decisivo el análisis de la conducta del agente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la responsabilidad del funcionario público por dolo o culpa grave ver sentencia de 27 de noviembre de 2006. Exp. 16171, C.P. Myriam Guerrero de Escobar, sentencia del 27 de noviembre de 2006. Exp. 30113, C.P. Ramiro Saavedra Becerra y sentencia del 22 de octubre de 2021, Exp. 55499. C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, 91, 123
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / DEMOSTRACIÓN DEL DOLO / PRUEBA DEL DOLO / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONDENA CONTRA EL ESTADO / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / MALA FE / DESVIACIÓN DE PODER / CONCEPTO DE DESVIACIÓN DE PODER / ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FACULTAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / FINALIDAD DE LA DESVIACIÓN DE PODER / DEMOSTRACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PODER / PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / ACTO ADMINISTRATIVO ILEGAL / ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / IMPROCEDENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / AUSENCIA DEL DOLO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿El acto administrativo de insubsistencia estuvo viciado de desviación de poder?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala advierte que el único sustento argumentativo que sirvió de base para la conducta imputada por la parte demandante, fue la decisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho; de manera que, a pesar de las menciones generales y la citas normativas sobre la culpa grave, lo cierto es que, desde el libelo inicial hasta el escrito de apelación, el municipio de Cúcuta ha sostenido que el fundamento del reproche al señor (…) fue su actuación con fines contrarios a los del servicio público, con mala fe y con la motivación exclusiva de cumplir fines burocráticos –desviación de poder-, imputaciones que se enmarcan en la posible comisión de una conducta dolosa. Precisado lo anterior, la Sala observa que del material probatorio obrante en el proceso, no es posible considerar que se haya acreditado una conducta dolosa ni gravemente culposa de parte del demandado, como lo pretende hacer ver la parte demandante. Resulta necesario precisar que la desviación de poder, conducta que el extremo activo de la litis le endilga al demandado, consiste en aquel motivo de ilegalidad en el que pueden recaer los actos administrativos, luego de que la autoridad competente en el contexto de la legalidad que orienta el procedimiento de expedición, decide apartarse de los fines que se pretenden satisfacer con la facultad nominadora que ha sido asignada a los funcionarios públicos que cuentan con dicha competencia. Así, bajo el ropaje de la legalidad, el servidor persigue un propósito ajeno al establecido por el ordenamiento y de esta manera, el vicio de la desviación de poder se relaciona con la fiscalización del elemento intencional del acto de vinculación o desvinculación, de ahí que este motivo de ilegalidad implica primeramente para el demandante demostrar con total certidumbre el “iter” de desviación seguido por la autoridad administrativa que despliega sus prerrogativas en beneficio propio, de un tercero o, en general, de un fin que no consulta el sistema jurídico, debiéndose adentrar entonces en el campo volitivo de los funcionarios que disponen de la titularidad del poder.
NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / AUSENCIA DEL DOLO / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / FALTA DE PRUEBA / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / SENTENCIA CONDENATORIA / CONDENA CONTRA EL ESTADO / AUTONOMÍA DEL JUEZ / EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿La decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial contra entidad pública ata al juez de la repetición?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o se probó que la conducta del aquí demandado comportara la actuación dolosa invocada en la demanda, pues los elementos probatorios allegados a este proceso no dan cuenta de que su comportamiento se produjo con la intención o la realización de un hecho ajeno a las finalidades del servicio del Estado. A este respecto, la Sala observa que si bien obra en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho un documento en el que consta que en los primeros meses (…) se expidieron varios actos administrativos que declararon la insubsistencia de algunos nombramientos -entre esos, el del señor (…)-, dichos documentos por sí solos no demuestran la motivación ajena a las finalidades del servicio que alega la demandante que influenció el actuar del señor (…) y, tampoco obran en el expediente, otros elementos de convicción que sumen indicios para considerar los argumentos de la parte actora. (…) Al respecto, debe ponerse de presente que esta Corporación ha señalado que la sentencia judicial que condena al Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, pues al tratarse de un proceso contencioso y declarativo de responsabilidad, debe acreditarse plenamente la existencia de los elementos que constituyen la culpa grave o el dolo. Así, la decisión del juez contencioso administrativo en el fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad no ata al juez de la repetición, ya que, en esta sede pueden hacerse valoraciones y calificaciones distintas, en la medida en que la decisión ya no versa sobre la responsabilidad del Estado o la legalidad de sus actuaciones administrativas, sino sobre la conducta del agente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba del dolo ver sentencia de 22 de julio de 2009. Exp. 27779, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA / REQUISITOS DE CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CONCEPTO DE DOLO / PRUEBA DEL DOLO / CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / CONCEPTO DE CULPA GRAVE / ENTIDAD PÚBLICA / MUNICIPIO / ENTIDAD TERRITORIAL / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA / PERTINENCIA DE LA PRUEBA / UTILIDAD DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿La entidad demandante tiene la carga de probar la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario demandado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s importante recabar que la prosperidad de las pretensiones que se formulan en la demanda de repetición no pueden soportarse en la simple exposición argumental para satisfacer de palabra la exigencia contenida en la segunda parte del artículo 90 constitucional, pues para esto se requiere una verdadera convicción probatoria de que medió una conducta dolosa o gravemente culposa, esto es, el cumplimiento del onus probandi que al interesado le asiste a fin de que se acceda a su petitum, de ahí que, quien persigue de otro el reembolso de una suma que ha pagado, le asiste la carga de acreditar los elementos de la responsabilidad que reclama, cuya probanza ahora se extraña, pues no de otra manera el artículo 177 del C.P.C., determina que la carga de la prueba compete a la parte que alega un hecho o a quien lo excepciona o lo controvierte. En este punto, para la Sala es importante dejar constancia de la indebida aproximación que las entidades públicas realizan en torno a los medios de pruebas que se allegan a los juicios de repetición, dado que no distinguen la forma de la conducta imputada para efectos de que, bajo criterios de utilidad, pertinencia y conducencia, el material probatorio sea congruente con esa misma imputación. En efecto, no se trata de que acrediten simplemente un supuesto de derecho, cuya génesis sea vacío o genérico, dado que deberán traer medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente, el dolo o la culpa grave que se imputa.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177
Texto extraído del PDF oficial 40.546 caracteres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 54001-23-31-000-2003-00828-01 (60.403)
Actor: Municipio de Cúcuta
Demandado: Héctor Enrique Urdaneta Porras
Referencia: Acción de repetición
Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el
régimen de Código Civil / DOLO Y CULPA G RAVE – Presupuestos. No se
acreditaron en la conducta del agente del Estado.
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
que negó las pretensiones de la demanda.
El municipio de Cúcuta fue condenado en un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho por los perjuicios ocasionados al señor Luis Enrique García Valenzuela
al haber proferido un acto administrativo que declaró la insubsistencia de su
nombramiento, hecho atribuible supuestamente a la conducta gravemen te culposa
y dolosa del demandado. Por esta razón, la entidad territorial condenada inició un
proceso de repetición en contra de Héctor Enrique Urdaneta Porras, con el fin de
obtener el reembolso de la suma pagada.
I. SENTENCIA IMPUGNADA
1. Como se ha indicado, corresponde a la sentencia proferida el 30 de noviembre
de 2016 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
2. La mencionada sentencia decidió la demanda presentada el 8 de julio de 20031,
mediante apoderado judicial, por el municipio de Cúcuta en contra del señor Héctor
1 Folios 4-10 c. 1.
Radicación: 54001-23-31-000-2003-00828-01 (60.403)
Actor: Municipio de Cúcuta
Demandado: Héctor Enrique Urdaneta Porras
Referencia: Acción de repetición
2
Enrique Urdaneta Porras, cuyas pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
son, los siguientes:
Pretensiones
3. Se solicitó que se declarara patrimo nialmente responsable al señor Héctor
Enrique Urdaneta Porras, por suscribir el acto administrativo mediante el cual se
declaró insubsistente el nombramiento de un funcionario, hecho por el que resultó
condenado el municipio de Cúcuta en proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Como consecuencia de la anterior declaración, pidió que se le condenara
a reembolsar la suma de cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil
dieciocho pesos con diecinueve centavos m/cte. ($48’856.018,19) que debió pagar
la demandante en cumplimiento de la referida condena.
Hechos
4. Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, que el señor
Héctor Enrique Urdaneta Porras, en su calidad de Director de la Caja de Previsión
Social Municipal de San José de Cúcuta, expidió, en conjunto con el entonces
alcalde del municipio, Pauselino Camargo, el Decreto No. 0103 del 10 de febrero de
1995 mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor Luis
Enrique García Valenzuela, quien se desempeñaba como mensajero Categoría 3
División Administrativa y Financiera en la Caja de Previsión Social.
5. Por este hecho, el señor García Valenzuela promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el municipio de Cúcuta y la Caja de Previsión
Social Municipal, la cual fue decidida en providencia del 28 de febrero d e 2001 por
la Sala de Descongestión de los Tribunales Administrativos de Santander, Norte de
Santander y Cesar, en la que se declaró la nulidad del acto administrativo y se
condenó al reintegro del actor en las mismas condiciones de empleo que gozaba al
momento de su desvinculación y al pago de los salarios dejados de percibir.
6. Para dar cumplimiento al fallo mencionado, mediante Resolución 414 de 2002, el
municipio de Cúcuta ordenó pagar al señor Luis Enrique García Valenzuela la suma
de cuarenta y ocho m illones ochocientos cincuenta y seis mil dieciocho pesos con
diecinueve centavos m/cte. ($48’856.018,19) y ordenó consignar los valores
correspondientes a las cesantías y pensión y el aporte patronal al sistema de salud.
7. Finalmente, indicó que el señor Pauselino Camargo falleció, razón por la cual,
solo presentó la acción de repetición en contra del señor Héctor Enrique Urdaneta
Porras.
Fundamentos de derecho
8. La parte actora sostuvo que el comportamiento del demandado violó de manera
manifiesta e inex cusable las normas de derecho; para estos efectos, citó las
Radicación: 54001-23-31-000-2003-00828-01 (60.403)
Actor: Municipio de Cúcuta
Demandado: Héctor Enrique Urdaneta Porras
Referencia: Acción de repetición
3
consideraciones de la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la que se concluyó que el acto administrativo se profirió con desviación
de poder, con la finalidad de servir a los intereses del alcalde de municipio. Agregó
que el señor Urdaneta Porras obró con dolo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 678 de 2001, por haber actuado en desconocimiento de la ley.
La defensa
9. El apoderado del señor Héctor Enrique Urdaneta Porras se opuso a la
prosperidad de las pretensiones y sostuvo que se atenía a lo que en el proceso se
probara. Interpuso las excepciones de (i) violación al mandato constitucional del
debido proceso y presunción de inocencia, pues no se adelantó un proceso
disciplinario en contra del señor Urdaneta Porras por esos hechos, en el que tuviera
la oportunidad de defenderse y participar en la práctica de pruebas, de manera que
no se probó su conducta dolosa o gravemente culposa; e (ii) in existencia de la
obligación2.
Los alegatos de conclusión de primera instancia y concepto del Ministerio
Público
10. En concepto del Ministerio Público, el municipio de Cúcuta incumplió los
mandatos del artículo 4 de la Ley 678 de 2001 y no allegó al proceso medio
probatorio -distinto al fallo del proceso de nulidad y al comprobante de egreso que
demostró el pago de la condena- que acreditara la conducta gravemente culposa o
dolosa del demandado, además de que no valoró ni calificó la conducta imputada,
lo qu e viola el derecho de defensa del señor Urdaneta Porras. De manera que
solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda3.
11. Las partes guardaron silencio4.
La sentencia de primera instancia
12. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda. Para estos efectos,
consideró que si bien se acreditaron los requisitos de carácter objetivo para la
prosperidad de la acción de repetición, no se demostró que la conducta del
demandado hubiere sido dolosa o gravemente culposa. Al respecto, sostuvo que si
bien la decisión que declaró nulo el acto administrativo expedido por el señor
Urdaneta Porras y el entonces alcalde del municipio de Cúcuta, concluyó que éste
se había proferido con desviación de poder, en el presente proceso no se allegaron
pruebas tendientes a demostrar dicha conducta, y que, si bien en dicho fallo se hizo
una relación de las pruebas valoradas, éstas no fueron aportadas al presente
proceso de repetición, además de que el señor Urdaneta Por ras no fue parte de
2 Folios 73-76 c. 1.
3 Folios 284-287 c. 1.
4 Folio 288 c. 1.
Radicación: 54001-23-31-000-2003-00828-01 (60.403)
Actor: Municipio de Cúcuta
Demandado: Héctor Enrique Urdaneta Porras
Referencia: Acción de repetición
4
aquél proceso ni tampoco se tiene certeza si tuvo o no la oportunidad de controvertir
la pruebas en su contra.
13. Concluyó entonces, que no era procedente extrapolar las pruebas
decretadas y practicadas en aquél proceso de nulidad y restablecimiento a la
presente acción reversiva, y que en el referido proceso se predicó la desviación de
poder del interés burocrático d el alcalde del municipio, sin que pueda afirmarse lo
mismo respecto del señor Héctor Enrique Urdaneta Porras5.
II. EL RECURSO INTERPUESTO
Sustentación del recurso de apelación
14. El municipio de Cúcuta sostuvo que, a pesar de que no se aportó más prueba
que la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, esta
decisión es clara al identificar la conducta reprochable del demandado -entonces
Director de la Caja de Previsión Municipal -, con base en las pruebas allegadas a
ese proceso, pues en dicha decisión se concluyó que el señor Urdaneta Porras
actuó influenciado por una causa contraria al cumplimiento efectivo de los deberes
públicos, de manera que su conducta se enmarca dentro de la culpa grave por haber
expedido el acto administrativo con mala fe únicamente con fines burocráticos6.
Los alegatos de conclusión de segunda instancia y concepto del Ministerio
Público
15. El Ministerio Público solicitó que se confirmara la sentencia recurrida. Para
estos efectos, consideró que la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho no es prueba suficiente para acreditar el dolo o la culpa grave del agente
demandado, por ser, el de repetición, un proceso de naturaleza completamente
diferente al primigenio. Finalmente, sostuvo que la ac ción pudo haberse ejercido
contra los herederos del entonces alcalde del municipio de Cúcuta, quien también
suscribió el acto administrativo, por tratarse de una acción de naturaleza
patrimonial7.
16. Las partes guardaron silencio8.
III. CONSIDERACIONES
17. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.
5 Folios 289-301 c. del Consejo de Estado.
6 Folios 304-306 c. del Consejo de Estado.
7 Folios 316-323 c. del Consejo de Estado.
8 Folio 324 c. del Consejo de Estado.
Radicación: 54001-23-31-000-2
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