REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, trece (13) de julio de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-26-000-2016-00067-00 (56900)
Demandante: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
-CORPOGUAJIRA-
Demandada: ANA CECILIA CASTILLO PARODI
Medio de control: REPETICIÓN
Asunto:
Síntesis del caso: La exdirectora de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira declaró
insubsistente el acto de nombramiento de una funcionaria designada en provisionalidad en un
cargo de carrera administrativa , p or ello la entidad demandante fue condenada por esta
jurisdicción a pagarle perjuicios dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
cuyo pago pretende recuperar.
Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la
Corporación Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira- contra la señora Ana
Cecilia Castillo Parodi.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentando el 11 de abril de 2016 (Samai - índice 1) la Corporación
Autónoma Regional de la Guajira -Corpoguajira- presentó demanda de repetición
contra Ana Cecilia Castillo Parodi (fls. 1 a 6 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:
“Primera. Declarar que la señora ANA CECILIA CASTILLO PARODI en
calidad de ex Directora General de CORPOGUAJIRA, es
administrativamente responsables (sic) de los perjuicios materiales que se
debieron indemnizar y cancelar, por nulidad de las resoluciones No.
0000490 del 9/3/2007, No. 0000836 del 23/4/2007 y No. 00001451 del
9/7/2007 y el restablecimiento del derecho a LAURA LORENA DÍAZ
LINDAO, dentro del proceso judicial iniciado en el Juzgado Segundo
Administrativo de Descongestión del Circuito de Riohacha con radicado 44-
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001-33-31-002-2007-00335-00.
Segunda. Condenar en consecuencia a la señora ex Directora General de
la entidad ANA CECILIA CASTILLO PARODI , a reintegrar efectivamente a
CORPOGUAJIRA, la totalidad de lo pagado a LAURA LORENA DÍAZ
LINDAO, por concepto de la condena impuesta en la sentencia del Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Riohacha fechada
30/5/2013, confirmada por el Tribunal Administrativo de la Guajira por
providencia del 31/3/2014, indemnización que ascendió a la suma de $
159.921.629,28.
Tercera. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo
previsto en el artíc ulo 187 del CPACA, aplicando en la liquidación la
variación promedio mensual del índice de precios al consumidor , desde la
fecha del pago de la condena hasta la ejecutoria del correspondiente fallo
definitivo.
Cuarta. La persona demandada dará cumplimient o a la sentencia, en los
términos de lo (sic) artículo 192 del CPACA, o dentro del plazo que señale
la sentencia conforme al régimen aplicable. (fls. 1 a 6 cdno. ppal., subrayas
y mayúsculas sostenidas del texto original).
Como fundamento fáctico de la demanda se narró, en síntesis, lo siguiente
1) Mediante resolución no. 000348 de 13 de febrero de 2006, Corpoguajira nombró en
provisionalidad a Laura Lorena Díaz Lindao en el cargo de profesional universitario
código 3020, grado 10, en la Subdirección de Gestión y Desarrollo; posteriormente, a
través de las resoluciones 0000490 de 9 de marzo de 2007, 0000836 de 23 de abril
de 2007 y 0001451 de 9 de julio de 2007, la demandada declaró insubsistente dicho
nombramiento, por lo cual esas decisiones fueron impugnadas por la exfuncionaria en
acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El 30 de mayo 2013 , el Juzgado
Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Riohacha anuló por falsa
motivación los anteriores actos administrativos y condenó a Co rpoguajira a pagar a
Laura Lorena Díaz Lindao los salarios y prestaciones dejados de percibir desde su
desvinculación hasta su reintegro definitivo , decisión que fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de la Guajira mediante providencia de 31 de marzo de 2014 .
Finalmente, la condena fue pagada en su totalidad por Corpoguajira se gún los
comprobantes de e greso números 1302, 3368 y 3369 por un valo r de $
159.921.629,28.
2) Con fun damento en los anteriores supuestos fácticos , la entidad demandante
considera que la anulación judicial por falsa motivación de los actos de insubsistencia
del nombramiento de la citada exempleada evidencia que la demandada se encuentra
incursa en la causal de dolo prevista en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 678 de
Expediente 11001-03-26-000-2016-00067-00 (56900)
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2001, por lo cual es responsable del daño patrimonial causado a la entidad derivado
del pago de los perjuicios respectivos.
2. Contestación de la demanda
La demandada, Ana Cecilia Castillo Parodi , fue representada por cu rador ad litem1
quien contestó la demanda el 21 de febrero de 2015, actuación en la cual expresó que
se atenía a lo que se lograra demostrar dentro del proceso y propuso la excepción
genérica que resulte probada en el proceso (Samai - índices 72 y 73).
3. Alegatos
En auto del 20 de marzo de 2018 se prescindió de la audiencia de que trata el artículo
182 del CPACA y se corrió traslado a las partes por término de 10 días para que
presentaran alegaciones finales por escrito y , al Ministerio Público para que rindiera
concepto (Samai – índice 93).
1) La parte demandante no alegó de conclusión.
2) La apoderada de la parte demandada aduce que no se demostró en el proceso que
esta actuó con dolo o culpa grave en el hecho que desencadenó la condena contra la
Corporación Autónoma de la Guajira, de modo que, por no reunirse los requisitos para
declarar la prosperidad de la acción de repetición debe absolverse a su defendida
(Samai - índice 95).
3) El Ministerio Público considera que en el presente caso concurren los presupuestos
para la procedencia de la acción de repetición porque se acreditó que la demandada
dio lugar a la condena proferida contra Corpoguajira en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la funcionaria desvinculada del servicio
público. En este sentido, afirma que se encuentra probado que la actuación de la
demandada fue dolosa y se enmarca en la presunción que establece el numeral 3º del
1 El emplazamiento de la demandada fue ordenado por esta Corporación mediante auto de 1 de febrero
de 2017 (fls. 83 a 87cdno. ppal.), el correspondiente edicto fue publicado en el diario El Tiempo el 25
de marzo de 2017 (fl. 107 cdno. ppal.), razón por la cual finalmente en providencia de 12 de marzo d e
2020 nombró como curadora ad-litem de la demandada a María Camila Sierra Murillo (fl. 181 a 182 vlto
cdno. ppal.).
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artículo 5 de la Ley 678 de 2001, ya que los actos de insubsistencia fueron anulados
por falsa motivación en la jurisdicción contencioso administrativa (Samai - índice 94).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el presente asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y decisiones
que se adoptarán, 2) análisis del caso 3) conclusión, 4) liquidación de condenay, 5)
costas.
1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
Presentada la demanda oportunamente 2 el contenido y alcance de la controversia
planteada consiste en determinar si se reúnen los requisitos necesarios para atribuirle
responsabilidad a la señora Ana Cecilia Castillo Parodi a partir de la conducta asumida
con la declaratoria de insubsistencia del acto de nombramiento de la señora Laura
Lorena Díaz Lindao mediante la Resolución no. 0000490 de 9 de marzo de 2007,
motivada por la Resolución no. 0000836 de 23 de abril de 2007 y ésta a su vez
confirmada por la Resolución 00001451 de 9 de julio de 2007 ; decisiones que
posteriormente fueron anuladas por la jurisdicción contencioso administrativa y que
ordenó, a título de restablecimiento del derecho, el reintegro laboral de la afectada y el
2 El literal l) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 , en su texto vigente para cuando se empezó a
contar el t érmino de caducidad (previo a la reforma introducida por el artículo 42 de la Ley 2195 de
2022), dispone que la acción de repetición debe presentarse dentro de los dos años contados a partir
del día siguiente al de la fecha del pago o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta
la administración para el pago de condenas que, según el artículo 192 esa legislación, es de 10 meses.
En el presente caso, el 8 de abril de 2014 quedó en firme la sentencia de 31 de marzo de 2014 proferida
por el Tribunal Administrativo de la Guajira que confirmó el fallo condenatorio de primera instancia de
30 de mayo de 2013 emitido por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de l Circuito
Judicial de Rioacha dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no. 2007-335-00,
adelantado en contra de la Corporación Autónoma Regional de la Guajira (fl. 47 cdno. Pp
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