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Consejo de Estado Providencia

Acción de repetición: Sentencia

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Fecha
2022-09-14
Radicado
11001032600020140018400
Número interno
52833
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Demandado
FABIO VALENCIA COSSIO

Síntesis de la providencia

Acción de repetición: Sentencia

Lo que dijo la Sala

Generalidades de la acción de repetición El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este5, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede prosperar en una acción de repetición contra el Estado cuando la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular ha sido el resultado de una conducta del agente del Estado que no demuestra dolo o culpa grave, ya que la presunción de dolo se desvirtúa si no se prueba la desviación de poder alegada. La jurisprudencia reitera que para que proceda la acción de repetición es necesario que exista una condena al Estado, que se haya efectuado el pago a la víctima del daño y que la conducta del agente del Estado sea dolosa o gravemente culposa. En el caso concreto, la sentencia que anuló el acto administrativo no aseveró que la desvinculación del funcionario fuera el resultado de desavenencias personales, sino que se basó en el incumplimiento de funciones, lo que desvirtúa la presunción de dolo. Esto implica que la acción de repetición debe ser negada en la práctica.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, son: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984
  • Constitución Política

También resuelve

  • ¿Se desvirtuó la presunción de dolo en la elaboración del acto administrativo de insubsistencia que fue anulado, debido a que no se probó la desviación de poder alegada por la demandante y en…
  • ¿Debe condenarse en costas a la entidad demandante, Ministerio de Justicia, por ser la parte vencida en el proceso?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

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Liquidación del contrato Nulidad del contrato estatal Acción de repetición contra el agente Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 11.233 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPETICIÓN / ACCIÓN DE REPETICIÓN CONTRA SERVIDOR PÚBLICO / PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CONDENA CONTRA EL ESTADO / PAGO DE LA CONDENA / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / DOLO / CULPA GRAVE Problema jurídico: ¿Los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, son: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena? Respuesta al problema jurídico: Si Generalidades de la acción de repetición El artículo 90 superior prevé que en los casos en los que el Estado es obligado a reparar un daño debe repetir contra su agente cuando la condena ha sido el resultado de una conducta dolosa o gravemente culposa de este5, de igual manera, la figura ha tenido desarrollo legal en el Decreto-ley 01 de 1984 y en forma más reciente en la Ley 678 de 2001. En tal virtud la jurisprudencia de la Corporación ha sido unánime en determinar los presupuestos para la prosperidad de la acción de repetición, a saber: (i) la condena al Estado a reparar un daño antijurídico causado a un particular; (ii) el pago efectivo a la víctima del daño y, (iii) la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del agente como factor determinante de la condena. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO LEY 01 DE 1984 ACCIÓN DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRESUNCIÓN DE DOLO / DESVIACIÓN DE PODER / INEXISTENCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE INSUBSISTENCIA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DESVIACIÓN DEL PODER POR FALSA MOTIVACIÓN / INOPERANCIA DE LA DESVIACIÓN DE PODER / MINISTRO DEL INTERIOR / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / ACTO ADMINISTRATIVO NULO Problema jurídico: ¿Se desvirtuó la presunción de dolo en la elaboración del acto administrativo de insubsistencia que fue anulado, debido a que no se probó la desviación de poder alegada por la demandante y en consecuencia, deben negarse las pretensiones de repetición en el caso concreto? Respuesta al problema jurídico: Si Para la determinación del régimen legal aplicable al caso debe tenerse en cuenta que los hechos se refieren a la actuación del señor (...) tuvieron lugar el 22 de enero de 2010 en su condición de ministro del Interior y de Justicia quien, mediante la Resolución no. 0184 declaró la insubsistencia el acto de nombramiento del señor (...) en el cargo de director técnico, código 0100, grado 22, de la planta global de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, época en la que ya estaba vigente la Ley 678 de 2001 (...) En la demanda se aludió a la presunción de dolo consagrada en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001 y como argumento se precisó que el demandado obró con desviación de poder porque, según la sentencia que anuló el acto administrativo demandado, los verdaderos motivos que constituyeron la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor (...) fueron las diferencias existentes entre este último y el entonces viceministro de Justica, hechos que eran de conocimiento del exministro aquí demandado. No obstante, si bien al presente caso le es aplicable dicha presunción, como se verá más adelante, el supuesto de hecho de desviación de poder alegado en la demanda fue desvirtuado. (...) las razones en las que el tribunal fundó su decisión para declarar la nulidad del acto administrativo demandado no aluden de manera expresa a una desviación de poder por parte del funcionario que lo expidió, pues en esta no se manifiesta que en su comportamiento mediara un actitud caprichosa o arbitraria con fines distintos al interés público, no obstante, lo cierto es que dicha autoridad judicial expresó que la expedición del acto no fue el reflejo de su facultad discrecional sino, que pudo estar motivada por una expresión contenida en el borrador del acta no. 12 del 12 de noviembre de 2009 del Comité de Defensa Judicial y Conciliación que aludía al incumplimiento de las funciones del entonces viceministro, sin que por otra parte se sepa de quién provino tal expresión. (...) Es preciso aclarar que, si bien los cargos de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho se enfocaron en una aparente desavenencia entre el Director de Defensa Jurídica del Estado y el Viceministro de Justicia de la época, cuya prueba estaba en el contenido del borrador del acta no. 12 del 12 de noviembre de 2009, que incluía un párrafo en el que se señalaba que se estudiaría la posibilidad de que el delegado del ministro fuera un funcionario con más disponibilidad del tiempo, dadas las múltiples ocupaciones del viceministro para facilitar las reuniones del comité, el cual difería de la versión final donde se eliminó dicho párrafo y que sí fue firmada por el entonces ministro, lo cierto es que la sentencia de nulidad no asevera que aquellas “desavenencias” estuvieran probadas o fueran el verdadero motivo de la desvinculación, sino la aseveración, según la cual el viceministro incumplía las funciones asignadas, (...) De lo expuesto se concluye que el fundamento de la nulidad del acto de desvinculación fue lo consignado en el borrador del acta no. 12 de 12 de noviembre de 2009, y no propiamente las referidas desavenencias existentes entre el Director de Defensa Jurídica del Estado y el Viceministro de Justicia de la época, esto sumado a que la decisión destacó que, si bien la entidad en ese proceso en su defensa alegó el ejercicio de la facultad discrecional para el mejoramiento del servicio, predicable de los cargos de libre nombramiento y remoción, dicha justificación no fue sustentada. (...) No obstante, en caso de que se entendiera que la sentencia sí plantea como motivo de nulidad la existencia de una desviación de poder, este supuesto de hecho se encuentra desvirtuado en este proceso con sustento en las pruebas (...) Las declaraciones transcritas permiten concluir que entre los señores (...) y (...) (Viceministro de Justicia para la época de la expedición del acto administrativo anulado) no existían las aludidas desavenencias alegadas por la entidad actora pues, todas coinciden en señalar que en el interior de la entidad había un trato cordial y respetuoso entre sus funcionarios, es decir, por no estar comprobadas las mentadas diferencias entre los citados funcionarios, es dable colegir sin asomo a equívoco que el exministro aquí demandado no tenía conocimiento de ellas y, por ende, la desvinculación de (...) no pudo haberse motivado con base en dicho supuesto. (...) Lo anterior permite concluir que la decisión tomada por el demandado no fue caprichosa o con la intención de dañar al funcionario retirado del servicio ya que, previamente a ello el acto administrativo siguió los trámites internos establecidos para el efecto pues, fue proyectado, revisado y aprobado por las diferentes direcciones que existían en el ministerio demandante y luego remitido al despacho del entonces ministro del Interior y de Justicia aquí demandado para su firma. (...) Finalmente, la Sala reitera que se desvirtuó la presunción alegada, pues no se comprobaron las aludidas desavenencias entre los señores (...)(Director de Defensa Judicial de la Nación) (...) (Viceministro de Justicia de la época) como fundamento de la nulidad del acto administrativo que declaró la insubsistencia del acto de nombramiento de (...), por el contrario, se determinó que tales funcionarios desempeñaban cargos directivos que eran de libre nombramiento y remoción (...) sumado a que la persona nombrada en reemplazo del funcionario desvinculado obtuvo en la evaluación de competencias profesional realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública una calificación superior a la del funcionario retirado, hecho que permite concluir una mejora en el servicio. Lo expuesto permite desvirtuar la presunción que refiere el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 678 de 2001, consistente en la desviación de poder como lo era la conducta del demandado con una finalidad distinta al interés público o ajeno al que la ley le imponía perseguir, comportamiento que no fue acreditado con las pruebas solicitadas, decretadas y practicadas en el presente proceso, sino desvirtuado. (...) Conclusión Deben desestimarse las pretensiones de la demanda pues, pese a que se acreditaron los elementos objetivos del medio de control de repetición y que, los hechos ocurrieron en vigencia de la Ley 678 de 2001, la desviación de poder alegada en la demanda por el Ministerio de Justicia y del Derecho (causal 1ª del artículo 5 de la Ley 678 de 2001) fue desvirtuada conforme a las pruebas solicitadas, decretadas y practicadas en el asunto de la referencia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre las presunciones legales, ver: Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002 FUENTE FORMAL: LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / TARIFA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MONTO DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Debe condenarse en costas a la entidad demandante, Ministerio de Justicia, por ser la parte vencida en el proceso? Respuesta al problema jurídico: Si Condena en costas El artículo 365 del Código General del Proceso consagra que se condenará en costas “a la parte vencida”. Para el presente caso se considera parte vencida a la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho respecto de quien se negarán las pretensiones de la demanda, de manera que las costas o gastos del proceso serán liquidadas por la Secretaría acorde con el artículo 366 del Código General del Proceso (...). Sobre las agencias en derecho se tiene en cuenta que en virtud del artículo 6 numeral 3.1.1. del Acuerdo 1887 de 2003 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la tarifa máxima tratándose de asuntos de única instancia con cuantía tramitados ante la jurisdicción corresponde “hasta el quince por ciento (15%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”. (...) En este caso la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en el uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor de las pretensiones que equivalen a la suma de $730’731.340, valor que será debidamente actualizado, para efectos de fijar las agencias en derecho (...) En consecuencia, las agencias se fijan en la suma de dieciséis millones ciento noventa y un mil quinientos ochenta y cinco pesos ($16’191.585) a cargo de la parte demandante, Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho. FUENTE FORMAL: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366
Texto extraído del PDF oficial 73.251 caracteres
REPÚBLICA DE COLOMBIA CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintidós (2022) Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 11001-03-26-000-2014-00184-00 (52.833) Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Demandado: FABIO VALENCIA COSSIO Medio de control: REPETICIÓN – LEY 1437 DE 2011 Asunto: SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA – NO SE PROBÓ LA PRESUNCIÓN DE DOLO Síntesis del caso: se dirige la demanda contra Fabio Valencia Cossío quien, en la condición de ministro de Justicia y del Derecho , habría obrado con dolo en la expedición del acto administrativo por medio del cual declaró la insubsistencia del acto de nombramiento d e Fernando Arévalo Carrascal en el cargo de director técnico , código 0100, grado 22 de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado ; la decisión administrativa fue anulada por la jurisdicción contenciosa administrativa por la causal de desviación de poder, además, ordenó el reintegro d el funcionario desvinculado y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, cuyo monto la entidad demandante pretende recuperar a través de la presente acción. Decide la Sala en única instancia la demanda de repetición presentada por la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho en contra del señor Fabio Valencia Cossio. I. ANTECEDENTES 1. La demanda Mediante escrito presentado el 21 de noviembre de 20141, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición previsto en el artículo 142 del CPACA (fls. 6 a 21 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas: “PRIMERA: Declarar responsable al doctor FABIO VALENCIA COSSIO del valor de la condena impuesta al Ministerio de Justicia y del Derecho por el 1 La demanda fue presentada ante la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado (fl. 21 cdno. ppal.). 2 Exp. No. 11001-03-26-000-2014-00184-00 (52.833) Actor: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho Repetición Sentencia de única instancia Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”, dentro del proceso número 11001333102820100022301, en sentencia de segunda instancia de once (11) de abril de 2013, aclarada mediante auto de nueve (9) de mayo de 2013, por la conducta dolosa en la que incurrió al haber declarado insubsistente el nombramiento ordinario efectuado al doctor FERNANDO ARÉVALO CARRASCAL , identificado con cédula de ciudadanía número 88.138.161 de Ocaña (N. de S.), en el cargo de Director Técnico, código 0100, grado 22, de la Planta Global, ubicado en la Dirección de Defensa Jurídica del Estado. SEGUNDA: Condenar al doctor FABIO VALENCIA COSSIO a cancelar en favor del Ministerio de Justicia y del Derecho la suma de setecientos treinta millones setecientos treinta y un mil trescientos cuarenta pesos ($730.731.340,00) m/ cte, valor pagado en cumplimiento de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”, dentro del proceso número 11001333102820100022301, en sentencia de segunda instancia de once (11) de abril de 2013, aclarada mediante auto de nueve (9) de mayo de 2013, conforme a lo establecido en la Resolución número 0708 de veintinueve (29) de octubre de 2013 corregida con la Resolución número 0797 de dieciocho (18) de diciembre de 2013. TERCERA: Ordenar la actualización e indexación del valor de la condena, atendiendo la variación del índice de precios al consumidor, atendiendo lo dispuesto en el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. CUARTA: Ordenar el cumplimiento de la sentencia que se emita de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011. QUINTA: Disponer conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011, en concordancia con los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil, la condena en costas y agencias en derecho al demandado, por cuanto con su conducta dolosa, el Ministerio de Justicia y del Derecho se ha visto en la obligación, tanto de cancelar la condena que le fue impuesta, como la de disponer de un abogado en ejercicio de su planta de personal para defender los intereses de la Nación en el proceso contencioso en el cual fue condenado, así como para instaurar la presente acción de repetición” (fls. 6 y 7 cdno. ppal. – mayúsculas fijas y negrillas del original). 2. Hechos Como fundamento de las pretensiones la parte demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: 1) El señor Fernando Arévalo Carrascal fue vinculado al Ministerio del Interior y de Justicia el 27 de octubre de 2008 a través de la Resolución no. 3110 en el cargo de director técnico 0100, grado 22 el cual ejerció de manera eficiente según manifestación realizada por el titular del referido ministerio en la revista del Congreso de la República no. 119, página 69. 3 Exp. No. 11001-03-26-000-2014-00184-00 (52.833) Actor: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho Repetición Sentencia de única instancia 2) Mediante Resolución no. 01 84 de 22 de enero de 2010, el entonces ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Coss io, declaró insubsistente el acto de nombramiento del señor Fernando Arévalo Carrascal en el cargo de director técnico, código 0100, grado 22 de la planta global de la Dirección de Defensa Jurídica del Estado, acto administrativo que fue demandado por el señor Arévalo Carrascal en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 3) El 29 de febrero de 2012 el Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Bogotá (en el proceso con radicación n o. 2010-00223) negó las pretensiones de la demanda. 4) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A resolvió el asunto en segunda instancia a través de sentencia del 11 de abril de 2013 aclarada por auto de 9 de mayo del mismo año, revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución no. 0184 de 22 de enero de 2010, y a título de restablecimiento del derecho ordenó el reintegro laboral del señor Fernando Arévalo Carrascal y el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir por este. 5) En cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca la entidad actora dispuso el reintegro laboral del funcionario afectado y el pago de la condena por la suma total de $730’731.340. 3. Fundamentos de la demanda La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho invocó los artículos 90 de la Constitución Política ; 2, 5, y 6 de la Ley 678 de 2001 y 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Seguidamente, en el acápite denominado “responsabilidad personal del funcionario demandado” (fl. 14 cdno. ppal.) señaló que Fabio Valencia Cossio con la expedición del acto administrativo anulado incurrió en desviación de poder, por lo siguiente: 1) Las pruebas aportadas con la demanda y las que obran en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (acta de 12 de noviembre de 2009 del Comité de Defensa 4 Exp. No. 11001-03-26-000-2014-00184-00 (52.833) Actor: Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho Repetición Sentencia de única instancia Judicial y de Conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia y el memorando MEM10-DDJ-0350 de 7 de enero de 2010) evidencian que la eficiencia con la que el señor Arévalo Carrascal desempeñó sus funciones como Director de Defensa Jurídica del Estado fue la que provocó desavenencias con el entonces viceministro de Justicia y del Derecho y que fueron de conocimiento por parte del exministro demandado Fabio Valencia Cossio. 2) La conexidad temporal existente entre el acta de la reunión de 12 de noviembre de 2009 del Comité de Defensa Judicial y de Conciliación del Ministerio del Interior y de Justicia, la expedición del memorando MEM10-DDJ-0350 de 7 de enero de 2010 y la Resolución 0184 de 22 de enero de 2010 ( acto de declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor Arévalo Carrascal) revelan que los verdaderos motivos para proferir este último fueron las diferencias existentes entre el funcionario retirado y el viceministro del Interior y de Justicia de la época , toda vez que en la referida acta se “plasmó la intervención de dos (2) delegados del Director de Defensa Jurídica del Estado (…) la cual debió ser suprimida para que fuera suscrita por el viceministro” (fl. 15 cdno ppal.), aspecto que fue destacado por la sentencia que condenó a la entidad actora el 11 de abril de 2013 , génesis del presente proceso , por cuanto en ella el tribunal señaló que “seguramente fue el contenido de ese documento que en principio remitido al viceministro no lo firmó y que solo una vez dispuso la supresión del mencionado párrafo procedió a suscribirlo , se constituyó en la verdadera causa o motivo para que se procediera a la declaratoria de insubsistencia del nombramiento” (fl. 17 cdno ppal. – negrillas del original). 4. Contestación de la demanda El medio de control de la referencia fue admitido en única instancia el 10 de junio de 2016 (fls. 117 a 119 cdno. ppal.), providencia en la que se ordenó la notificación personal del señor Fabio Valencia Cossio quien contestó la demanda (fls. 126 a 141 cdno. ppal.) con sustento en lo siguiente: 1) No hay prueba que evidencie que la expedición del acto de declaración de insubsistencia del nombramiento del señor Fernando A

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Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=110010326000201400184001100103