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¿Se encuentra probada la objeción por error grave de los dictámenes periciales? Sí
Una lluvia que afecta la ejecución de un contrato de obra solo configura una situación imprevista cuando se demuestra que su comportamiento sobrepasó todo cálculo o registro habitual y resultó manifiestamente extraordinario. La regla se sostiene en tres razones. La primera es que los demandantes no probaron la anormalidad de las precipitaciones, pues no aportaron certificados de las entidades meteorológicas que la compararan con los registros de meses y años anteriores. La segunda es que las partes adoptaron medidas para resolver los problemas que causó el hallazgo de redes de servicios públicos durante la ejecución, y esos acuerdos recayeron sobre los mismos hechos, por lo que no es procedente reclamar después valores adicionales por desequilibrio económico. La tercera es que los demandantes no formularon reparos concretos frente a todas las razones que sustentaron la prosperidad de la objeción por error grave de los dictámenes periciales. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia que negó las pretensiones y declaró probada la objeción. La providencia cita una sentencia de 20 de abril de 2020 sobre la lluvia como fenómeno de imprevisión, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La pluviosidad constituye una situación imprevista cuando sobrepasa los registros habituales?¿Habiéndose suscrito acuerdos entre las partes sobre hechos que afectaron el contrato, puede posteriormente solicitarse el reconocimiento de valores adicionales por concepto de desequilibrio…¿Debe el juez de la segunda instancia pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante?
¿La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida? Sí
La carga de sustentación que corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la llana indicación de disenso frente a la providencia recurrida. La parte recurrente debe presentar razones claras y fundamentadas que ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia, en lugar de simplemente reiterar razones expuestas en la primera instancia o solicitar la revoque de la decisión para acceder a los intereses de la parte inconforme.síntesis automática
También resuelve:¿La indebida sustentación del recurso de apelación, impide resolver el asunto de fondo?¿Se evidenció temeridad o mala fe en la actuación procesal de las partes que conlleve a la imposición de la condena en costas?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer el recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 inciso 31 de la Ley 678 de 2001 y el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo. En el caso concreto, la entidad estatal presentó un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia, y el Consejo de Estado confirmó su competencia para resolver el recurso. Además, el juez de repetición no está atado por la declaración de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que debe realizar un juicio de responsabilidad subjetiva y personal del agente, basándose en las pruebas legalmente acopiadas. En este caso, el INVIAS no acreditó la culpa grave de los demandados, por lo que la entidad estatal no pudo obtener la condena en repetición que buscaba.síntesis automática
También resuelve:¿La acción de repetición fue presentada dentro del término legal?¿La Ley 678 de 2001 es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto?¿El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado ata al juez de la repetición?
¿La carga argumentativa del recurso de apelación se suple con la manifestación genérica de encontrarse en desacuerdo con el fallo de primera instancia? No
La carga argumentativa de la apelación no se suple con la manifestación genérica de desacuerdo con el fallo de primera instancia, ni con la petición de revocarlo, pues el apelante debe atacar los fundamentos de hecho o de derecho de la decisión. La regla se apoya en tres razones. Primera, el apelante debe confrontar los argumentos del juez de primera instancia con sus propias razones, para que el superior los examine y no realice un nuevo análisis sin limitaciones del proceso. Segunda, tampoco basta la reiteración casi automática de los argumentos de la demanda, la contestación o los alegatos. Tercera, cuando la sustentación es genérica, vaga o insuficiente, el superior no tiene opción distinta que confirmar la providencia apelada. En consecuencia, se confirma la sentencia impugnada. Así, la decisión de primera instancia se confirma cuando el recurso no contiene una crítica concreta a sus fundamentos. La Sala reitera lo señalado por esta Subsección en oportunidad anterior sobre la debida sustentación del recurso.síntesis automática
También resuelve:¿El recurrente incumplió con la carga argumentativa que se exige para que el recurso de apelación sea susceptible de ser analizado de fondo y resuelto por el superior?¿Procede la condena en costas en los procesos en los que se ventila un interés público?
¿Cómo es el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando se demanda la nulidad del acto administrativo de adjudicación del contrato? Sí
El contratista debe presentar la demanda de nulidad del acto administrativo de adjudicación dentro del término de caducidad que se reanuda tras la solicitud de conciliación. En este caso, la Resolución de adjudicación 45 se profirió el 22 de septiembre de 2016 y el contrato 95 se celebró el 27 de septiembre de 2016. El demandante presentó la solicitud de conciliación el 20 de enero de 2017, y la constancia de no conciliación se expidió el 28 de febrero de 2017, reanudándose el término de caducidad que venció el 2 de marzo de 2018, fecha en la que se presentó la demanda. La entidad estatal debe desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo de adjudicación mediante pruebas suficientes que demuestren la ilegalidad del acto, lo cual no ocurrió en este caso, ya que los documentos presentados no fueron suficientes para desvirtuar la legalidad del acto de adjudicación. La Sala confirmó la decisión de primera instancia al no encontrar que los cargos presentados desvirtuaran la presunción de legalidad del acto administrativo, lo que implica que el contratista debe aportar pruebas concluyentes para desvirtuar la legalidad del acto administrativo de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se demanda la nulidad del acto administrativo de adjudicación del contrato, se debe desvirtuar la presunción de legalidad de dicho acto?¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la condena en costas?
¿Deben negarse las pretensiones del medio de control de repetición, en cuanto la demandante no demostró los supuestos de hecho de las presunciones invocadas, así como tampoco acreditó que el demandado hubiese obrado con dolo o culpa grave al momento de proferir los actos que declararon la insubsistencia de tres funcionarios públicos provisionales? Sí
En la acción de repetición, las presunciones de dolo o culpa grave solo operan si se demuestran sus supuestos de hecho, y la sola alegación genérica de desviación de poder en una sentencia de nulidad no acredita el elemento subjetivo del demandado. La regla se apoya en que, al no estructurarse las presunciones, corresponde a la entidad demandante la carga probatoria del dolo o la culpa grave, y en que la sentencia de nulidad debe señalar el interés desviado que persiguió el agente para servir de base a la repetición. Sin esa prueba, el juez no puede deducir la conducta subjetiva del agente. En el asunto, la entidad no aportó medios probatorios sobre los supuestos de las presunciones ni sobre la conducta del demandado al declarar la insubsistencia de tres funcionarios provisionales, por lo que la Sala negó las pretensiones acumuladas. En la práctica, la entidad que repite contra quien declaró una insubsistencia debe probar el dolo o la culpa grave y no basta con invocar la nulidad del acto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la condena en costas procesales incluidas las agencias en derecho en el caso sub examine, en cuanto la demandante fue vencida en el proceso…
¿Con los elementos de prueba allegados, es posible encontrar acreditado el elemento subjetivo en la conducta del agente para efectos del medio de control de repetición? No
Las sentencias de nulidad y restablecimiento del derecho no sirven como prueba del elemento subjetivo en la acción de repetición, pues no aplican las presunciones de culpa y no son oponibles al demandado, que no fue parte en ese proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, esas providencias no contienen un reproche directo de la conducta del demandado, porque solo deciden no dar trámite a los recursos de reconsideración y no analizan ni mencionan su actuación. Segunda, el demandado no pudo ejercer su derecho de defensa frente a lo decidido en un proceso en el que no intervino. Tercera, la única argumentación de la demanda sobre la conducta del demandado se fundó en lo decidido en la nulidad, por lo que no se acreditó el elemento subjetivo. En consecuencia, se confirma la negativa de las pretensiones. En cualquier caso, la prueba de la culpa grave debe partir de la conducta concreta del agente, no de la condena contra la entidad. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿En relación con las sentencias de nulidad y restablecimiento, de las mismas no se desprende un reproche directo de la conducta del demandado?¿La única argumentación en la demanda en relación con la conducta del demandado se fundamentó en lo decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?¿La demanda se presentó oportunamente?
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las controversias contractuales en las que, aunque las partes pactaron una cláusula compromisoria para resolver sus diferencias, guardaron silencio acerca de su existencia, entendiendo por ello que se produjo la renuncia tácita a someter la controversia a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para resolver controversias contractuales en las que, a pesar de haber pactado una cláusula compromisoria, guardaron silencio sobre su existencia, lo que implica una renuncia tácita al pacto arbitral. Esto se debe a que la Sala ha reconocido que la renuncia tácita al pacto arbitral se produce cuando una de las partes presenta la demanda ante el juez contencioso administrativo y la otra parte no propone la excepción de cláusula compromisoria en su contestación, sin vulnerar el derecho de acceso a la justicia y el principio de confianza legítima. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia anterior que limitaba la competencia del juez contencioso administrativo en casos de cláusulas compromisorias, permitiendo que los procesos ya en curso continúen bajo la jurisdicción contenciosa administrativa.síntesis automática
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…
¿El juicio que sobre el carácter excusable del error de Derecho cometido por la ex funcionaria demandada hizo el juez de primera instancia de la repetición, era improcedente dado que el hecho del cual se desprendía la presunción de dolo o culpa grave? No
El juez de primera instancia tiene competencia para determinar si el error de derecho cometido por la exfuncionaria demandada es excusable, conforme a la Ley 678 de 2001, ya que la presunción de culpa grave se infiere a partir de una violación manifiesta e inexcusable de normas jurídicas, cuya carga probatoria incumplida por la demandante impide la aplicación de dicha presunción. La Sala confirma que no se puede derivar directamente la existencia de culpa grave o dolo de la anulación judicial de un acto administrativo, especialmente si la funcionaria no estaba en carrera administrativa, lo que permite razonablemente considerar la validez de la declaración de insubsistencia discrecional según las normas vigentes en el momento del acto. Además, la nulidad del acto de declaración de insubsistencia se basa en la omisión de demostrar una causal de despedida, no en un juicio subjetivo, y el municipio demandante no proporcionó un fundamento jurídico preciso a sus pretensiones, incumpliendo la carga procesal de especificar la presunción de culpa grave o dolo, lo que implica la inaplicación de estas presunciones y un análisis general del elemento subjetivo de la responsabilidad por repetición.síntesis automática
También resuelve:¿La culpa o dolo de la funcionaria demandada se configuró, debido a que el acto administrativo con el que declaró la insubsistencia de una servidora pública fue anulado judicialmente…¿La nulidad del acto de declaración de insubsistencia se dictó en consideración a la omisión de la demostración de una causal de despedida?¿El municipio demandante proporcionó un verdadero fundamento jurídico a sus pretensiones?
¿El recurso extraordinario de revisión es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes? No
El recurso extraordinario de revisión no es una instancia adicional para debatir las apreciaciones jurídicas de las partes, sino que su naturaleza es limitada a revisar la legalidad de la sentencia y las causales específicas establecidas en la ley. La Sala declaró infundado el recurso interpuesto por la sociedad demandante contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que confirmó la denegación de las pretensiones de nulidad del acto administrativo en un proceso de controversias contractuales. La Sala sostuvo que las pruebas documentales pudieron haber sido aportadas durante el proceso ordinario si la parte recurrente hubiera actuado con diligencia, y que la imposibilidad de aportarlos no obedeció a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Además, los documentos recuperados no desvirtuaron la legalidad de los actos administrativos por los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de interventoría. Esta decisión reitera la limitación del recurso extraordinario de revisión y subraya la importancia de la diligencia procesal en la presentación de pruebas.síntesis automática
También resuelve:¿Las pruebas documentales pudieron ser aportados durante el curso del proceso ordinario si el recurrente hubiera ejercido diligentemente las actuaciones que llevó a cabo con posterioridad a la…¿La imposibilidad de aportar los documentos al proceso ordinario obedeció a circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria?¿El contenido de los documentos tiene la aptitud para desvirtuar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales el IDIPRON declaró el incumplimiento parcial del contrato de…
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2023-12-04Sección Tercera (Subsección C)NICOLAS YEPES CORRALESRad. 17001233300020220025001LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La conciliación extrajudicial es un requisito previo que se debe cumplir para la interposición de la presente demanda? Sí
La conciliación extrajudicial en derecho es un requisito de procedibilidad que debe agotarse antes de presentar la demanda contencioso administrativa, conforme al numeral 1 del artículo 161 del CPACA, y que el rechazo de la demanda procede cuando el demandante no subsana los defectos advertidos en el auto inadmisorio, en los casos previstos por los artículos 169 y 170 del mismo código. Estas causales de rechazo son taxativas. Las razones son dos. Una razón es que la constancia de no conciliación no aparece en el expediente, pues el documento aportado con la subsanación contenía únicamente correos electrónicos internos y no la constancia expedida por el agente del Ministerio Público. Otra razón es que la parte demandante no corrigió los defectos que el magistrado advirtió en el auto de inadmisión, por lo que la omisión de las cargas mínimas de admisión justificó el rechazo. En el caso, el tribunal había otorgado un plazo para subsanar, y la decisión se confirmó. La providencia no señala que reitera, unifica o cambia precedente; su consecuencia práctica es que la constancia de agotamiento de la conciliación debe estar en el expediente y aportarse dentro del término de subsanación.síntesis automática
También resuelve:¿La sociedad actora cumplió con el deber de subsanar los defectos advertidos en el auto inadmisorio?¿Los requisitos para la admisión de la demanda son normas procesales que son de orden público y de obligatorio cumplimiento?¿Los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo?
¿La acción de repetición debe presentarse en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario, se configura caducidad, en el presente caso, la demanda se radicó de forma oportuna? Sí
El contratista debe presentar la acción de repetición en el término de dos años contados a partir del día siguiente a la fecha en que se realice el pago, o a más tardar desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses, de lo contrario se configura caducidad; en este caso, la demanda se radicó oportunamente. La entidad demandante no puede valerse de las presunciones de dolo o culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001 si los hechos ocurrieron antes de su entrada en vigencia, por lo que debe acreditar la culpa grave del demandado. Todo documento público aportado como prueba se presume auténtico y puede otorgarse valor probatorio, como en el caso en que se aportó un comprobante de egreso de contabilidad para demostrar el pago de la condena. Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y del principio de buena fe como agente del Estado no constituyen hechos nuevos que enerven las pretensiones de la demanda, sino que son argumentos jurídicos contra su prosperidad. El demandante en la acción de repetición tiene la obligación de probar la conducta gravemente culposa del demandado siempre que no sean aplicables las presunciones de la Ley 678 de 2001, lo cual no ocurrió en este caso debido a la inactividad probatoria de la entidad demandante.síntesis automática
También resuelve:¿Cuándo los hechos por los que se demanda a través de la acción de repetición ocurren antes de la entrada en vigencia de la Ley 678 de 2001…¿Todo documento público que se allegue como prueba se presume auténtico, por lo cual, es posible otorgarle valor probatorio, como en el caso concreto…¿Las excepciones de aplicación del principio de no retroactividad de la ley y aplicación del principio de buena fe como agente del Estado que interpuso el demandado en el asunto bajo análisis…
¿Cuándo se solicita la presunción de dolo por obrar con desviación de poder, debe tenerse en cuenta que por ser una presunción legal o de hecho, admite prueba en contrario, es decir, que la parte interesada puede desvirtuarla demostrando que en su caso no opera, ya sea porque, el hecho base no se configuró o el razonamiento lógico no le es aplicable, pues el hecho presunto no es cierto, así mismo, la acción de repetición no discute la legalidad del acto declarado nulo por desviación de poder, pero como el agente del estado no participo en el proceso inicial, es posible destruir la presunción, demostrando que el hecho base no se configuró en lo que tiene que ver con su conducta, esto significa que lo que genera la presunción legal del dolo es una inversión de la carga de la prueba y cuando la entidad cuenta con una sentencia en la que se anula el acto por desviación de poder, dicha sentencia acredita la presunción legal y su presentación le basta a la entidad para condenar al demandado, si éste no ofrece pruebas dirigidas a desvirtuarla o con las allegadas no logra hacerlo, en el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio origen a la condena, desvirtuando dicha presunción? Sí
El demandado puede desvirtuar la presunción de dolo que se genera por la desviación de poder, ya que esta admite prueba en contrario, permitiendo demostrar que el hecho base no se configuró o que el razonamiento lógico no es aplicable. La presunción legal de dolo se estructura con la sentencia que anula el acto administrativo por desviación de poder, y aunque la entidad puede condenar al demandado con dicha sentencia, éste puede desvirtuarla presentando pruebas que demuestren que no hubo desviación de poder o que su conducta no estuvo dirigida a causar daño. En el caso concreto, el demandado demostró que la entidad demandante fue negligente en su defensa en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que permitió desvirtuar la presunción de dolo. Esto implica que la entidad debe tener cuidado al presentar la sentencia como única prueba, ya que el demandado puede desvirtuarla con pruebas adicionales, lo que puede resultar en la absolución del agente estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La negligencia en la defensa ejercida por parte del Distrito en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que acarreó la condena en repetición está probada…¿En el caso concreto no podrá estudiarse la culpa grave, porque este grado de culpabilidad no fue afirmado en la demanda, ni existen pruebas que demuestren que el demandado desplegó una conducta…¿Deberá condenarse en costas procesales a la parte vencida en proceso, de acuerdo al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 y el numeral 3 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, así mismo…
¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia por razón de la cuantía? Sí
El contratista debe cumplir con las cargas procesales impuestas por la ley para la sustentación del recurso de apelación en un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 150 del Código Procesal Contencioso Administrativo, lo que incluye atacar los fundamentos de hecho y derecho de la sentencia recurrida y no limitarse a manifestar inconformidad. La entidad estatal, por su parte, debe demostrar que el acto administrativo que declaró la caducidad del contrato estatal no viola la normativa que regula los convenios de asociación y que está debidamente motivado, a menos que la parte actora presente argumentos específicos para rebatir estas conclusiones. La Sala matiza precedentes al establecer que la omisión de cargas procesales en la apelación puede llevar a su desestimación, lo que implica que las partes deben presentar una argumentación clara y fundamentada en el recurso para evitar la pérdida de la oportunidad legal de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se debe realizar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato requiere liquidación?¿Cuáles son las cargas procesales de lasa partes en relación con la sustentación del recurso de apelación y cuales son los presupuestos del recurso?¿Cuáles son las cargas procesales de las partes en relación con las sustentación del recurso de apelación cuando se está discute un incumplimiento contractual y la legalidad del acto administrativo…
¿Procede la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal logra acreditar que existe culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, por lo cual debe declararse la responsabilidad patrimonial del mismo, de lo contrario como en el caso concreto, no puede accederse a las pretensiones de la interesada por falta de prueba? Sí
El contratista no puede acceder a la acción de repetición en casos en los que la entidad estatal no logre acreditar la existencia de culpa grave o dolo por parte del ex funcionario público en su actuar, ya que la ley exige que se demuestre claramente la responsabilidad personal del agente estatal para que la entidad pueda ejercer la acción de repetición. La entidad debe probar la culpa grave mediante pruebas directas y no puede basarse únicamente en decisiones de otros procesos penales o disciplinarios. En el caso concreto, la Sala determinó que no había pruebas suficientes para acreditar la culpa grave del demandado, por lo que no procedió la acción de repetición. Esta decisión reitera la necesidad de una demostración clara y directa de la culpa grave o dolo para que la entidad estatal pueda ejercer la acción de repetición contra el ex funcionario, lo que implica que las entidades deben recopilar y presentar pruebas robustas en cada caso para poder acceder a esta acción.síntesis automática
También resuelve:¿La parte demandante esta en la obligación de probar la conducta en la actuación desplegada por el demandado y por la cual requiere se declare la responsabilidad patrimonial del mismo…¿La entidad pública debe allegar medios de prueba que permitan establecer en forma individual y congruente el dolo o la culpa grave del exfuncionario del Estado?¿En procesos en los que se ventile un interés público, como lo es el de repetición, no procede la condena en costas procesales para la parte vencida?
Sentencia — Sentencia2024-03-01Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 11001032600020230016600LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurrente cumplió con el requisito de procedibilidad de haber interpuesto el recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia por parte del Tribunal? No
El requisito de procedibilidad de la causal de anulación del laudo arbitral exige que la solicitud elevada ante el tribunal, dentro de la oportunidad legal, verse sobre la misma temática que luego se invoca en el recurso extraordinario. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la aclaración que se formuló en tiempo se refirió a asuntos distintos de los que se postularon en el recurso, de modo que no cumplió la correspondencia exigida por la ley. Segunda, el tribunal no pudo pronunciarse sobre la temática del recurso, por lo que la carga procesal no se satisfizo. Tercera, la falta de agotamiento del requisito impide que el juez de anulación considere el reproche, y por ello la causal invocada no tiene vocación de prosperar. La providencia declara infundado el recurso de anulación. La consecuencia práctica es que la parte que pretenda invocar esa causal debe plantear oportunamente ante el tribunal la misma temática, o perderá la posibilidad de que el juez la estudie.síntesis automática
También resuelve:¿El cuerpo arbitral adoptó la decisión de asumir competencia para resolver de fondo el conflicto?¿Si la entidad tenía reparos frente al medio de prueba podía haber ejercido su derecho de contradicción?¿La inconformidad que expresa el censor al mérito demostrativo asignado por el Tribunal a los dictámenes periciales y a los otrosíes es parte de la causal postulada?
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 al caso sub examine, teniendo en cuenta que los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la misma? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior. Pero si ocurrieron con posterioridad, será la ley citada la que rija el análisis del dolo o la culpa grave del demandado y no las nociones generales aplicables en el régimen anterior… Por ende, como en este caso los hechos que sustentaron la condena en contra de… [demandante] ocurrieron el veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993), la Ley 678 de 2001 no es aplicable a los aspectos sustanciales de este asunto.
También resuelve:¿Los documentos allegados por la demandante acreditan el pago efectivo de la condena judicial?¿Se configuró culpa grave o dolo por parte de los demandados en el caso sub examine, por haber actuado de forma imprudente en los hechos en que perdió la vida una persona?¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine en cuanto la parte demandada no intervino en segunda instancia?
¿Debe pronunciarse el juez de segunda instancia sobre la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado, como presupuestos del medio de control de repetición, considerando que, respecto de las conclusiones adoptadas por el fallador de instancia, no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación? No
La Sala estima pertinente señalar que, aunque los asuntos relativos a la existencia de una condena, el pago y la calidad de agente estatal del demandado para la época de los hechos constituyen presupuestos del medio de control de repetición, el fallador de instancia ya los analizó y respecto de sus conclusiones no se formuló ningún cuestionamiento en el recurso de apelación, por lo que se entiende que quedaron fijados con la decisión del a quo.
También resuelve:¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados contra la decisión recurrida…¿En procura de garantizar el derecho al debido proceso de las partes, debe el juez abstenerse de analizar la controversia desde la perspectiva de una nueva argumentación introducida con el escrito de…¿Dado que en el proceso de repetición se persigue un interés público, resulta improcedente la condena en costas en contra de la entidad demandante?
¿Cuál es el régimen normativo aplicable a los contratos celebrados por Ecopetrol? Sí
El contratista no está sujeto al régimen normativo de contratación estatal cuando celebra contratos con Ecopetrol, ya que la Ley 1118 de 2006 establece que las actuaciones de Ecopetrol se rigen exclusivamente por el derecho privado, descartando la posibilidad de pactar cláusulas excepcionales y la competencia para expedir actos administrativos. Por ende, las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidos por Ecopetrol no son considerados actos administrativos, por lo que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no tiene competencia para pronunciarse sobre su validez. Además, en contratos regidos por el derecho privado celebrados por Ecopetrol, la entidad debe acreditar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato unilateralmente, lo cual no se cumplió en el caso analizado. Asimismo, la carga probatoria de demostrar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato recae sobre Ecopetrol, evidencia que no fue aportada en el proceso. Este precedente reitera y matiza la aplicación del régimen contractual de Ecopetrol, limitando la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa y estableciendo las cargas probatorias en contratos privados celebrados por la entidad.síntesis automática
También resuelve:¿Las comunicaciones o actos jurídicos contractuales emitidas por Ecopetrol SA llamados a producir efectos jurídicos, son actos administrativos?¿En el contrato que se rige por el derecho privado celebrado por Ecopetrol, quién tiene la carga procesal de demostrar la habilitación legal o contractual de su contraparte para terminar el contrato…¿A quién le corresponde probar que el contratista está incurso en un conflicto de intereses que le impide ejecutar el contrato?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un Tribunal Administrativo? Sí
El contratista debe interponer un recurso de apelación contra la sentencia de un Tribunal Administrativo en el que se detallen los yerros o desaciertos del juez de primera instancia, y si la cuantía de la demanda supera el límite establecido por la Ley 1437 de 2011, el Consejo de Estado es competente para conocer del recurso en segunda instancia. La entidad estatal debe responder a esta interposición presentando argumentos que confronten los fundamentos de hecho y derecho del recurso, y la Sala determinará si el recurso de apelación se ajusta a los límites de competencia funcional del juez de segunda instancia, reiterando la necesidad de que la parte recurrente detalle los cargos específicos contra la decisión recurrida para que el proceso tenga validez.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro del término legal?¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida?¿La falta de contestación de la demanda y la renuencia a la exhibición de documentos, eventualmente pueden constituir un indicio en contra?