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clave: "consejo_estado:providencia:50001233100020110036101-63109-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-11-01"
radicado: "50001233100020110036101"
numero: "63109"
ponente: "NICOLAS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-11-01
- **Radicado:** 50001233100020110036101
- **Número interno:** 63109
- **Ponente:** NICOLAS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPARACION DIRECTA
- **Actor:** VIVIANA ANDREA SANCHEZ MARROQUIN, ALIRIO SANCHEZ BERNAL, LUIS HUMBERTO SANCHEZ, JOSE ULICER SANCHEZ BERNAL, FARID SANCHEZ BERNAL, ANDREA CONSTANZA MOLANO AVENDAÑO, RUTH SANCHEZ BERNAL, FLOR MARINA SANCHEZ BERNAL, LIBARDO SANCHEZ BERNAL
- **Demandado:** NACION- RAMA JUDICIAL, FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233100020110036101-63109-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/50001233100020110036101/E3F0B7EE188E82F90DE6EB4A1B25B015285A0F9BCA37B5D1B01094C6ED54E41E/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000201100361011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Regla de decisión

Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia.

## Problema jurídico

¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
- ¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?
- ¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 86

## Extracto

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de hechos imputables a la administración de justicia.

## Síntesis temática

El contratista puede ejercer la acción de reparación directa cuando el daño proviene de hechos imputables a la administración de justicia, conforme al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, siempre que la demanda se presente dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, que opera como garantía del principio de seguridad jurídica. La caducidad se configura a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación o la sentencia absolutoria, o desde que el procesado recupera su libertad, lo que ocurra último. En el caso analizado, la acción fue ejercida oportunamente, pues la demanda se presentó antes del vencimiento del plazo legal, contado a partir del momento en que quedó claro el carácter injusto de la privación de libertad. Esta sentencia reitera la jurisprudencia existente sobre el tema, consolidando la interpretación sobre el inicio del cómputo del término de caducidad en acciones de reparación directa por privación injusta de la libertad.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DAÑO, REPARACIÓN DEL DAÑO, DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, PLAZO, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EJECUTORIA DE LA SENTENCIA, PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, SENTENCIA ABSOLUTORIA, DERECHO A LA LIBERTAD, DERECHO DE ACCIÓN, EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN, EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN POR ACTIVA, LEGITIMACIÓN POR PASIVA, LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA, PARENTESCO, PRUEBA DE PARENTESCO, VÍNCULO DE PARENTESCO, RAMA JUDICIAL, FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO, PRUEBA DEL NACIMIENTO, COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO, COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA, SENTENCIA PENAL, DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO, ENTIDAD PÚBLICA, PROCESO PENAL, INVESTIGACIÓN PENAL, IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, DAÑO ANTIJURÍDICO, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO, JUEZ, DEBERES DEL JUEZ, FACULTADES DEL JUEZ, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA, REGÍMENES DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, REGULACIÓN NORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA, CLÁUSULA GÉNERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, ANTIJURICIDAD DEL DAÑO, DETENCIÓN PREVENTIVA, DETENCIÓN PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, MEDIDA RESTRICTIVA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, SINDICADO, DAÑO ESPECIAL, TEORÍA DEL DAÑO ESPECIAL, FALLA DEL SERVICIO, CAPTURA, ORDEN DE CAPTURA, ORDEN DE CAPTURA PARA INDAGATORIA, CAPTURA CON FINES DE INDAGATORIA, REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA, FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS, INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, CONCIERTO PARA DELINQUIR, TÉRMINO PROCESAL, VENCIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, INCUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL, INDAGATORIA, DILIGENCIA DE INDAGATORIA, MEDIOS DE PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA, INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, CARGAS PROCESALES, INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES, FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, REQUISITOS DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, FARC, INDICIO GRAVE, PRUEBA DOCUMENTAL, FALTA DE PRUEBA, DEFICIENCIA PROBATORIA, RESPONSABILIDAD DE LA RAMA JUDICIAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL, INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA RAMA JUDICIAL, CÓMPUTO DEL TÉRMINO PROCESAL, CALIFICACIÓN DEL SUMARIO, CALIFICACIÓN DEL MÉRITO DEL SUMARIO, CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, INACTIVIDAD PROCESAL, INACTIVIDAD DEL ABOGADO, INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, NEGACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, JUEZ ADMINISTRATIVO, FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO, TERCERA INSTANCIA, IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA, LIBERTAD PROVISIONAL, REQUISITOS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

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## Texto del documento

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / DAÑO / REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO CAUSADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Problema jurídico:
¿Procede la acción de reparación directa cuando el daño que se reclama proviene de hechos imputable a la administración de justicia?
Respuesta al problema jurídico: Si
La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo. En este caso la acción procedente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de hechos imputables a la administración de justicia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 86
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PLAZO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La caducidad de la acción de reparación directa representa un límite al derecho de acción y una garantía al principio de seguridad jurídica e interés general?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el tema, ver, Corte Constitucional, sentencia C-394 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil; sentencia C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell; sentencia C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; Así mismo, consultar, Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de febrero de 2006, exp.6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres y sentencia del 30 de enero de 2013.
PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CADUCIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / CONTEO DE LOS TÉRMINOS EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / SENTENCIA ABSOLUTORIA / DERECHO A LA LIBERTAD / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno preclusivo de la caducidad de la acción de reparación directa por privación injusta de la libertad en el caso sub examine?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se hace evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 15 de mayo de 2009, mediante el cual se declaró la extinción de la acción penal por prescripción, cobró ejecutoria tres (3) días después de su última notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 187 de la Ley 600 del 2000, esto es, el 27 de mayo de 2009; ii) que los demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 29 de abril de 2011, la cual se declaró fallida el 7 de julio de 2011; y iii) que la demanda se presentó el 14 de julio de 2011, es decir, antes del vencimiento de los dos (2) años establecidos en la ley.
NOTA DE RELATORÍA:
Atinente al tema, Consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, exp. 13622, C.P. María Elena Giraldo Gómez, sentencia del 19 de julio de 2017, exp. 49898, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 23 de octubre de 2017, exp. 48130, C.P. Carlos Alberto Zambrano; sentencia del 10 de noviembre de 2017, exp. 49206, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico y sentencia del 23 de noviembre de 2017, exp. 54716, Martha Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARENTESCO / PRUEBA DE PARENTESCO / VÍNCULO DE PARENTESCO / RAMA JUDICIAL / FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO / PRUEBA DEL NACIMIENTO / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / COPIA AUTÉNTICA DE LA SENTENCIA / SENTENCIA PENAL / DECLARACIÓN DE LA UNIÓN MARITAL DE HECHO / ENTIDAD PÚBLICA / PROCESO PENAL / INVESTIGACIÓN PENAL / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / SENTENCIA ABSOLUTORIA
Problema jurídico:
¿Tienen legitimación en la causa por activa los demandantes en el caso sub examine, al igual que cuentan con legitimación en la causa por pasiva la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran las litis. (…) (víctima), (…) (compañera permanente) (…) (hija), (…) (hermano), (…) (hermano), (…) (hermana), (…) (hermano), (…) (hermano) y (…) (hermana) están legitimados en la causa por activa, ya que el primero fue el sujeto pasivo del proceso penal identificado con el número de radicado 2003-00037, en el cual fue privado de la libertad, según da cuenta copia auténtica de las actuaciones surtidas en el proceso penal, y los demás hacen parte de su núcleo familiar, de conformidad con las copias auténticas de los correspondientes registros civiles de nacimiento y de la declaración de unión marital de hecho. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por la Fiscalía General de la Nación y por la Rama Judicial, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección, puesto que la primera fue la entidad que adelantó la investigación penal en contra de (…) y le impuso medida de aseguramiento, y la segunda lo condenó penalmente en primera instancia, posteriormente le concedió la libertad y, finalmente, declaró la extinción de la acción penal por prescripción
NOTA DE RELATORÍA:
: Sobre el tema, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 25 de septiembre de 2013, exp. 20420, C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce, sin derecho, al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar, providencia de 18 de mayo de 2017, exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca del daño como primer elemento que se debe analizar para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar, providencias de 13 de agosto de 2008, exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero; de 6 de junio de 2012, exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E). Frente a la existencia del daño como elemento de la responsabilidad, consultar providencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, de 4 de abril de 1968.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / JUEZ / DEBERES DEL JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LI

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CONCIERTO PARA DELINQUIR / FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE ARMAS DE USO PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS / MEDIOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / JUEZ ADMINISTRATIVO / FACULTADES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO / TERCERA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA TERCERA INSTANCIA / PROCESO PENAL / LIBERTAD PROVISIONAL / REQUISITOS DE LA LIBERTAD PROVISIONAL / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL / CUMPLIMIENTO DEL TÉRMINO PROCESAL / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / RAZONABILIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NECESIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se configuró responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial por privación injusta de la libertad derivada de la condena impuesta por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio contra el demandante por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, acreditándose la existencia de un daño antijurídico, por lo cual, procede su reparación?
Respuesta al problema jurídico: No
La condena impuesta por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio. Por otro lado, se procederá al estudio del daño alegado, consistente en la privación de la libertad de (…) derivada de la condena impuesta por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, la cual es calificada como injusta por los demandantes. (…) En suma, se observa que el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a (…) a 126 meses de prisión por ser autor de los delitos de concierto para delinquir y, fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de constatar que su conducta se adecuaba a los tipos penales de fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir, y valorar las pruebas que permitían corroborarlo, a saber: i) la declaración realizada por el procesado (…), quien indicó que vio en cinco oportunidades a (…) reunido con el guerrillero (…) y ii) la declaración realizada por (…), exmiembro de las FARC, quien afirmó conocer al señor (…) y su relación con el guerrillero (…). Adicionalmente, sostuvo que los viajes realizados por el señor (…) tenían vinculación directa con las FARC. Y, pese a que mediante proveído del 15 de mayo de 2009 el Tribunal Superior de Villavicencio finalizó la actuación penal con cesación del procedimiento por prescripción de la acción penal, lo cierto es que el Juzgado 4 Penal del Circuito de Bogotá no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque se evidencia que la sentencia proferida el 31 de marzo de 2005 se fundó en pruebas válidamente allegadas al proceso, así como en la normatividad penal vigente. En ese estado de cosas, debe advertirse que en modo alguno el juez de lo contencioso [no] está autorizado para revisar nuevamente el proceso penal como si se tratase de una “tercera instancia” y por ende las sentencias que allí se dictaron, razón por la que está vedado en este asunto pronunciarse de los hechos delictivos en que se fundamentaron los acontecimientos que dieron origen al ya referido proceso penal. Por lo demás, adicionalmente, se evidencia que la Rama Judicial no ocasionó un daño antijurídico al procesado, pues mediante proveído del 8 de mayo de 2007 se le concedió el beneficio de libertad provisional al estimar que había cumplido las tres quintas partes de la condena impuesta por el Juzgado 2 Penal del Circuito Especializado de Villavicencio (…). Justamente, al haber concedido la libertad al procesado por el cumplimiento de las tres quintas partes de la pena se garantizó el derecho contenido en el artículo 64 de la Ley 599 de 2000, actuación que, en virtud del artículo 480 de la Ley 600 de 2000 requería de la petición del condenado y cuya inacción voluntaria no habría podido dar pie a lograr el provecho referido (…). Es menester recordar que, si el juez ante quien se formula la petición de libertad condicional por parte de un condenado niega dicha solicitud, a pesar de cumplir ésta con las exigencias legales, se estará frente a un caso de prolongación ilegal de la privación de la libertad, lo cual no se acreditó en el presente caso. Con todo, es pertinente resaltar que si bien el Tribunal Superior de Villavicencio mediante proveído del 15 de mayo de 2009 declaró la extinción penal en favor de (…) por haber operado el fenómeno de la prescripción, lo cierto es que existía una decisión precedente, esto es la sentencia del 31 de marzo de 2005 proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que lo había condenado a la pena de prisión de ciento veintiséis (126) meses, como coautor de los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, pues el simple paso del tiempo que conduce a la prescripción de la acción penal es insuficiente para hallar establecida la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, si en el transcurso del proceso penal se respetaron todas las instancias y términos procesales, el debido proceso, la orden de privación halló justificación y la misma no resultó arbitraria, sino que fue fruto de la debida ponderación de circunstancias de acuerdo con la gravedad del delito, resultando en su momento proporcional, necesaria y razonable, en los términos referidos anteriormente en este fallo. En suma, la Sala concluye que en el caso sub examine no se configuró el daño antijurídico como elemento primario y esencial de la responsabilidad, lo que hace infructuoso el análisis de los demás elementos del instituto indemnizatorio e inclusive el estudio de una eventual causa extraña, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar. En consecuencia, con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia del 11 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, que negó las pretensiones de la demanda, según lo dicho en precedencia.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 5 de julio de 2007, exp. 07001-23-31- 000-2007-00002-01, C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
FUENTE FORMAL:
LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULO 64, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 232, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 238, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 340, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 366, LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 480

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-11-01. C.P. NICOLAS YEPES CORRALES. Rad. 50001233100020110036101. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:50001233100020110036101-63109-sentencia).
