Titulación de la relatoría 21.935 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ACUERDO DE VOLUNTADES / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INVÍAS / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / APLICABILIDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PRÓRROGA DEL CONTRATO / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar bilateral o unilateralmente el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005?
Respuesta al problema jurídico: Si
El numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable al caso concreto, dispone que la acción de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, para lo cual contempla distintas hipótesis, entre otras, si el contrato requería de liquidación y esta no se logró por mutuo acuerdo o no se practicó por la administración unilateralmente. En el presente caso, se advierte que los extremos procesales acordaron que el convenio interadministrativo No. 1128 del 18 de julio de 2005 se liquidaría de conformidad con lo prescrito en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993. En ese sentido, estipularon que el cruce final de cuentas debería efectuarse de común acuerdo dentro de los 4 meses siguientes a su terminación y que, vencido este plazo, el Invías procedería a liquidarlo de forma unilateral -sin señalar un término para tal fin-. Sobre este último particular, y comoquiera que las partes no establecieron el término para liquidar el acuerdo de voluntades de forma unilateral, ni el legislador -para la época de los hechos- establecía un plazo para la liquidación unilateral, la Sala, de conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, tendrá en cuenta para tal efecto el término de 2 meses al que se refiere el literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA -modificado por la Ley 446 de 1998-. Así las cosas, luego de vencidas las tres prórrogas suscritas por las partes, se tiene que el plazo de duración del convenio finalizó el 31 de diciembre de 2017, razón por la cual ha de señalarse que el término de 4 meses para liquidar de mutuo acuerdo el vínculo obligacional venció el 1° de mayo de 2008, mientras que el plazo de 2 meses para efectuar el cruce de cuentas unilateralmente expiró el 2 de julio de 2008. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice se advierte que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, esto es, dentro de los 2 años contados a partir del vencimiento del término para liquidar el convenio (bilateral y unilateralmente), teniendo en cuenta: (i) que el término para demandar comenzó a computarse a partir del 3 de julio de 2008: (ii) que el 17 de junio de 2010, esto es, cuando faltaban 17 días para que expirara el plazo preclusivo, se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial, que suspende el término de caducidad de la acción, trámite que se declaró fallido el 26 de agosto de 2010, y (iii) que el 3 de septiembre de 2010 se radicó la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el cómputo de caducidad en la acción de controversias contractuales, consultar el auto del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferido el 24 de abril de 2017, exp. 50602, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la aplicabilidad del literal (d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 16 de marzo de 2015, exp. 32797, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Sobre el término para liquidar el contrato bilateral o unilateralmente, consultar el auto de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, proferido el 1 de agosto de 2015, exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 446 DE 1998, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 , LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 61
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / DOCUMENTO / PRUEBA DOCUMENTAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / TACHA DE FALSEDAD EN DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente valorar los documentos que fueron aportados al proceso en copia simple, si los mismos no fueron tachados de falsos?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala valorará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo establecido por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la valoración de las copias simples, consultar la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, proferida el 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.
PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / TESTIGO / TESTIMONIO / PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / DECLARACIÓN DEL TESTIGO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / INVÍAS / MUNICIPIO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRUEBA DOCUMENTAL / INSUFICIENCIA PROBATORIA
Problema jurídico:
¿Cuentan con mérito probatorio las declaraciones que rindieron los testigos, a pesar de que uno de ellos desconoce lo acontecido en el marco del convenio interadministrativo y de que los demás no refirieren sobre algún elemento inherente a la terminación del convenio y mucho menos a los aspectos que tuvo en cuenta el a quo para liquidar judicialmente el negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: No
Tras analizar el dicho de los testigos, la Sala estima que sus declaraciones carecen de mérito probatorio a efectos de resolver los problemas jurídicos planteados en esta sede judicial, conforme pasa explicarse. Sobre el particular, (…) [la primera declarante] manifestó su desconocimiento frente a lo acontecido en el marco convenio interadministrativo, de modo que su declaración no aporta elementos de juicio que contribuyan a la resolución de la presente controversia. Ahora, frente a los (…) [demás testimonios], hay que señalar que, aunque sus dichos dan cuenta sobre el conocimiento de los hechos en punto a la celebración del convenio interadministrativo, sus prórrogas, los desembolsos efectuados por parte del Invías al municipio de Puerto Inírida, así como también sobre los requerimientos que realizó la ahora demandante al ente territorial y algunos aspectos inherentes a la ejecución, lo cierto es que de estos aspectos generales, que por demás ya se encuentran suficientemente acreditados en el expediente con las pruebas documentales, no se desprenden elementos particulares inherentes a la terminación del convenio y mucho menos a los aspectos que tuvo en cuenta el Tribunal a quo para liquidar judicialmente el negocio jurídico.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / DIFERENCIA ENTRE CONTRATO Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACUERDO DE VOLUNTADES / ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN COLABORATIVA / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INVÍAS / FUNCIONES DEL INVÍAS / MUNICIPIO / EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL / OBRA VIAL / PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Problema jurídico:
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre el INVÍAS y el municipio de Puerto Inírida tiene las características propias de un convenio interadministrativo, al estar edificado sobre un ánimo colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron?
Respuesta al problema jurídico: Si
[L]a Sala estima oportuno efectuar una serie de precisiones conceptuales acerca de la naturaleza jurídica y a la finalidad que subyace a los convenios interadministrativos. Ha de señalarse que no es inusual que se confundan los contratos interadministrativos con los con los convenios interadministrativos. Por cuenta de dicha situación -de frecuente ocurrencia-, esta Corporación se ha encargado de identificar cuáles son los notas características y diferenciadoras de los acuerdos de voluntades en comento. (...) Bajo el (…) contexto jurisprudencial, asociado a la naturaleza jurídica y al componente teleológico de los convenios interadministrativos, la Sala advierte que el acuerdo de voluntades celebrado entre el Invías y el Municipio comporta las características propias de convenio interadministrativo, no solamente porque aquel se celebró en virtud de las previsiones contenidas en el artículo 62 del Decreto 3787 de 2003, (…) sino también porque las consideraciones que sirvieron de sustento a su suscripción, al igual que su clausulado, así lo revelan. (…). Así las cosas, una vez examinado el acuerdo de voluntades en comento, no se observa que entre los extremos convencionales exista contraposición de intereses de cara a la realización de las labores de mejoramiento acordadas. Por el contrario, se advierte un interés común, toda vez que el aporte económico suministrado por el Invías -como entidad encargada de ejecutar las políticas y estrategias de la red vial del país- se encaminó a fortalecer la capacidad financiera del Municipio, para que este, a su vez, contratara la ejecución de las obras viales requeridas por la comunidad – en virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 hacia un Estado comunitario Ley 812 de 2003–. En ese orden de ideas, la Subsección considera que la estructuración, confección y el diseño del convenio objeto de debate, en efecto, está edificada sobre un ánimo colaborativo de las entidades públicas que lo suscribieron, lo cual encaja perfectamente en el criterio asociativo y de cooperación que subyace a todo convenio interadministrativo, así como en el plano de horizontalidad en el que interactúan y se interrelacionan los extremos convencionales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las obligaciones que generan los contratos interadministrativos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 31 de marzo de 2023, exp. 56.002, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. En igual sentido, ver el concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, proferido el 26 de julio de 2016, exp. 2.257, C.P. Álvaro Namén Vargas. Sobre la naturaleza jurídica de los convenios interadministrativos, consultar el concepto del Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, proferido el 9 de diciembre de 2016, exp. 2.308, C.P. Álvaro Namén Vargas. Asimismo, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 23 de mayo de 2012, exp. 22.828, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. Sobre la diferencia entre los contratos interadministrativos y los convenios interadministrativos, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 23 de abril de 2021, exp. 49.148, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 3787 DE 2003 - ARTÍCULO 62 , LEY 812 DE 2003, LEY 812 DE 2003 - ARTÍCULO 6
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INVÍAS / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / PRÓRROGA DEL PLAZO ADICIONAL / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ENTIDAD TERRITORIAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El INVIAS incumplió con el acuerdo de voluntades celebrado con el municipio de Puerto Inírida, a pesar de que la terminación del convenio interadministrativo obedeció al vencimiento del plazo prorrogado y no a una decisión unilateral de esa entidad?
Respuesta al problema jurídico: No
En el presente caso, las pruebas obrantes en el proceso, contrario a lo afirmado por la parte recurrente, no revelan (ni siquiera sugieren), que el Invías hubiera “terminado unilateralmente” el convenio en cuestión. Aquellas, por el contrario, enseñan que el término de ejecución del convenio, después de haberse prorrogado en tres oportunidades, expiró el 31 de diciembre de 2007, sin que para tal fecha el Municipio hubiese dado cuenta del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, inherentes al mejoramiento de la vía, ni siquiera de los compromisos adquiridos para lograr una prórroga adicional (...). En tal virtud, conviene anotar que, una vez finiquitó el término de ejecución del convenio, la consecuencia lógica asociada a dicha circunstancia era su terminación, como en efecto ocurrió el 31 de diciembre de 2007, sin que resulte plausible jurídicamente considerar que la falta de suscripción de una prórroga adicional se traduzca o pueda ser catalogada como una “terminación unilateral” propiciada por el Invías. En este punto, llama la atención de la Sala lo alegado por la parte recurrente, quien indicó que el Invías le impidió continuar con la ejecución del convenio, cuando lo cierto es que la entidad estuvo presta a evaluar una nueva prórroga del convenio, siempre y cuando el ente territorial diera cumplimiento a una serie de compromisos, lo que no ocurrió. Así las cosas, para la Sala no existe duda que la relación negocial sometida a controversia no fue “terminada unilateralmente” por el Invías; su terminación, se reitera, obedeció al vencimiento del plazo prorrogado en tres ocasiones, de ahí que en el presente caso no resulte configurado el incumplimiento que el Municipio pretende endilgarle a la entidad demandada en su defensa, motivo más que suficiente para despachar de forma negativa el cargo alegado por la recurrente.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INVERSIÓN / DINERO / ACUERDO DE VOLUNTADES / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / MUNICIPIO / OBLIGACIÓN DINERARIA / PAGO DE LA OBLIGACIÓN DINERARIA / INVÍAS / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MANTENIMIENTO DE VÍA PÚBLICA / INTERÉS GENERAL / MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA / CONTRATO DE INTERVENTORÍA / CONTRATISTA / CONSORCIO / ANTICIPO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REINTEGRO DE SALDOS A FAVOR / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA
Problema jurídico:
¿En la liquidación judicial que realizó el a quo se debió ordenar el pago de dinero en favor del Invías, dado que en el parágrafo segundo de la cláusula quinta del convenio interadministrativo se pactó que el Municipio reintegraría a esa entidad el dinero aportado cuando no hubiese desarrollado el mantenimiento de la vía?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l reproche efectuado por el recurrente recae sobre el valor del convenio, particularmente los aspectos atinentes al reintegro de los recursos no invertidos, de tal suerte que, para resolver si la liquidación judicial efectuada por el Tribunal en el fallo de primera instancia se ajusta a derecho, es menester ahondar en lo que sobre el particular fue acordado en el contrato. (…) a juicio de la Sala, emerge con claridad que la voluntad de las partes, al acordar en el parágrafo segundo de la cláusula quinta del convenio, la obligación a cargo del Municipio en el sentido de reintegrar al Invías el dinero aportado cuando, al vencimiento del plazo, no se hubieran invertido los recursos, consistió en señalar que el ente territorial estaba obligado a devolverle al Invías el dinero girado, en aquellos eventos en los cuales no se hubiese desarrollado o materializado la actividad encomendada en beneficio del interés general, esto es, ejecutar labores para el mejoramiento de la carretera Huesito – Puerto Caribe. En efecto, en las consideraciones del convenio, así como también a lo largo de su clausulado, quedó previsto que el negocio jurídico estaba encaminado a cumplir con una iniciativa Gubernamental de interés general, enfocada en mejorar la red vial Nacional y Departamental para el desarrollo socioeconómico del país, de ahí que los recursos girados por la entidad demandante debían verse reflejados en obras o labores de mejoramiento de la carretera Huesito – Puerto Caribe. (...) Sobre este particular, en el proceso se encuentra acreditado que el valor del convenio se pactó en la suma de $1.000’000.000, el cual giró el Invías en favor del Municipio en dos desembolsos por $500.000.000, cada uno, realizados el 30 de septiembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006 (...) Igualmente, se probó que del valor referido, el Municipio: (i) utilizó $70’000.000 en la interventoría que contrató para vigilar la ejecución del contrato de obra pública No. 022 del 20 de octubre de 2005, monto de dinero que el propio Invías reconoció como suma efectivamente invertida con ocasión del convenio, al punto que su pretensión de restitución en el sub judice se limitó a la suma $930’000.000, que no a los $1.000.000.000 (...); y (ii) reintegró al Invías en dos giros las siguientes sumas: $465.087.807,50 y $53.456.289,56 (...). Ahora bien, la Sala no pasa por alto que, efectivamente, el Municipio celebró el contrato de obra pública No. 022 del 20 de octubre de 2005, con el objeto de mejorar la vía Huesito - Puerto Caribe K11+200 al K46+000, negocio jurídico en marco del cual el demandando le entregó al consorcio contratista un anticipo por valor de $464.912.192, tal y como quedó reflejado en la Resolución No. 1209 del 30 de diciembre de 2009, por medio de la cual se liquidó unilateralmente dicho contrato. No obstante lo anterior, a juicio de la Sala, el anticipo que el Municipio le entregó al concesionario contratista durante la ejecución del contrato de obra no puede considerarse como una inversión en los términos señalados en el parágrafo segundo de la cláusula quinta del convenio, pues la obra tendiente al mejoramiento de la vía no se desarrolló. De hecho, según lo plasmado por el propio Municipio en la Resolución por medio de la cual liquidó unilateralmente el contrato de obra -acto administrativo con carácter ejecutivo y ejecutorio en el que, además, se le ordenó al consorcio contratista reintegrar el anticipo que le giró el Municipio-, el valor ejecutado de la obra fue de $0, lo cual da cuenta de que el mejoramiento de la vía no se efectuó. En el presente caso, el hecho de girar un anticipo no puede ser considerado como una inversión en los términos del parágrafo segundo de la cláusula quinta del convenio. En virtud de lo acordado entre las partes, no solamente era necesario que se estructurara el proceso contractual y que se celebrara el contrato de obra, sino que era menester que se desarrollara la obra tendiente al mejoramiento de la carretera Huesito – Puerto Caribe, como proyecto de interés general, lo que no ocurrió. Así las cosas, la Sala encuentra acertada la conclusión a la que llegó el Tribunal a quo al liquidar judicialmente el negocio jurídico, pues resulta claro que, en los términos acordados en el acuerdo de voluntades, el ente territorial está en el deber de reintegrarle al Invías la suma de $411’455.904,94 -resultante de tomar la pretensión económica-$930.000.000 y restarle las suma que el Municipio le reintegró, que en conjunto sumaron un total $518.544.097,06-. En vista de lo anterior, la Subsección concluye que el análisis del Tribunal se ajusta a las previsiones establecidas en el convenio y corresponde a su estado financiero real, resultando en consecuencia acertada la operación aritmética que realizó, de tal suerte que, contrario a lo señalado por el extremo impugnante, se ajusta a derecho. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 20 de noviembre de 2020, proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Arauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar que Invías no terminó unilateralmente el convenio y que la liquidación judicial efectuada por el Tribunal a quo se ajustó a los parámetros establecidos en el acuerdo de voluntades.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la interpretación del contrato para dilucidar la intención común de las partes, consultar las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, proferidas el 1 de agosto de 2002, exp. 6907, M.P. Jorge Santos Ballesteros y el 27 de mayo de 2008, exp. 11001-31-03-028-2000, M.P. Francisco Ternera Barrios. Sobre las pautas hermenéuticas aplicables a la interpretación de los contratos estatales, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 9 de mayo de 2012, exp. 22.714, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y el 5 de marzo de 2021. exp. 39249, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. En igual sentido, consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, proferida el 28 de febrero de 2005, exp. 7504, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.