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¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento?¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión?¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
¿El concesionario debió probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato? Sí
El concesionario debe probar que durante el plazo de ejecución realizó inversiones en bienes reversibles, esperando amortizarlos y obtener una remuneración hasta el fin del plazo inicialmente estipulado, en los términos pactados en el contrato, ya que la falta de evidencia de estas inversiones y su amortización impide que el concesionario reclame por los ingresos anuales restantes de la concesión. Además, la terminación unilateral del contrato no genera automáticamente un derecho a indemnización, sino que debe demostrarse el daño efectivamente causado y la existencia de perjuicios morales, lo cual requiere una carga probatoria suficiente. La decisión administrativa debe contener una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral, y no puede ejercerse veladamente la cláusula de caducidad sin un fundamento legal claro. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la terminación unilateral de contratos de concesión, estableciendo que la administración debe cumplir con los requisitos legales y contractuales para terminar unilateralmente un contrato, y que el concesionario debe demostrar adecuadamente cualquier reclamación por daños y perjuicios.síntesis automática
También resuelve:¿La imposibilidad de establecer la existencia del daño efectivamente causado al concesionario impide que sea beneficiario de lo que quedaba de la concesión?¿La decisión atacada contiene una descripción detallada de las exigencias del servicio público que dieron lugar a la terminación unilateral?¿La auditoría se limitó a determinar el aspecto de la explotación económica de la concesión estableciendo los ingresos para unas vigencias?
¿La entidad demandada violó el debido proceso de la demandante al no vincular a la aseguradora desde el inicio del procedimiento sancionatorio? No
La entidad contratante no está obligada por el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 a vincular a la aseguradora desde el inicio del procedimiento sancionatorio, y la aseguradora que participa en él ejerciendo su defensa no ve vulnerado el debido proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, la entidad estaba facultada legalmente para iniciar el procedimiento de incumplimiento e imponer la cláusula penal en ejecución del contrato, como lo hizo. Segunda, la aseguradora participó efectivamente en el procedimiento y ejerció su derecho de defensa. Tercera, la aseguradora no presentó pruebas que desvirtuaran el incumplimiento del contratista, que al terminar el contrato solo había ejecutado el 17 por ciento de su objeto. Sin embargo, la póliza de correcta inversión del anticipo solo garantizaba la indebida inversión, por lo que la aseguradora únicamente debía pagar el monto del anticipo no invertido y no el total del anticipo no amortizado. El documento reitera la distinción entre el amparo de correcta inversión del anticipo y el amparo de cumplimiento que recoge en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La obligación de amortizar el anticipo no estaba garantizada, razón por la cual no podía hacerse efectiva la póliza por este motivo?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado de manera oportuna?
¿El a quo violó el debido proceso, por aplicar el artículo 49 de la Ley 1450 de 2011, de acuerdo con el cual una inversión nueva es aquella que se realice con posterioridad a la suscripción del contrato de estabilidad jurídica, pese a que esa norma entró a regir después de que fuera presentada la solicitud de suscripción del contrato? No
El Comité de Estabilidad Jurídica evalúa las solicitudes de contratos de estabilidad jurídica aplicando el marco normativo vigente al momento en que se resuelve el trámite y se emite la decisión definitiva, sin que ello constituya violación al debido proceso ni retroactividad indebida de la ley. De conformidad con los principios generales que rigen los instrumentos de intervención económica del Estado y la jurisprudencia consolidada sobre la materia, los beneficios e incentivos para el inversionista surgen exclusivamente a partir de la suscripción formal del negocio jurídico y no durante su etapa de formación o con la simple presentación de la solicitud, razón por la cual las modificaciones legales sobre el concepto de inversión nueva introducidas con posterioridad resultan plenamente aplicables para definir la procedencia de la estabilidad solicitada.síntesis automática
También resuelve:¿Conforme a la regla general de irretroactividad de la ley, en los contratos de estabilidad jurídica los beneficios para el inversionista surgen a partir de la suscripción del negocio de inversión…¿Los elementos de juicio aportados por el demandante para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas previstas en la norma…¿Se dio un trato discriminatorio a ODL por la suscripción de contratos de estabilidad jurídica con empresas en situaciones similares a la suya y la denegación de la solicitud de contrato por aquella…
¿El acto administrativo de improbación de la solicitud de contrato de estabilidad jurídica presentada por la Empresa de Energía para amparar la inversión de su proyecto energético, se encuentra viciado por el cargo de falsa motivación? No
La administración no incurre en falsa motivación al expedir el acto administrativo que imprueba la solicitud de suscripción de un contrato estatal de estabilidad jurídica cuando el proyecto de inversión no cumple la finalidad prevista en la Ley 963 de 2005. Así ocurre cuando el proyecto energético ya presenta una ejecución del 73,66%, pues ello evidencia que la inversión no fue determinada por la norma, sino realizada asumiendo los riesgos inherentes a la misma, y cuando el régimen tarifario previsto en las leyes 142 y 143 de 1994 garantiza la recuperación de las inversiones en este sector. En el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra dicha improbación, la empresa solicitante del contrato tiene legitimación en la causa por activa, las entidades que integraron el comité tienen legitimación en la causa por pasiva y procede la segunda instancia por razón de la cuantía conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la Sala para conocer del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en segunda instancia, en razón al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y…¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre las entidades que integraron el Comité de Estabilidad Jurídica, que improbó la solicitud de suscripción del contrato?¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho empezó a contar desde que el acto precontractual demandado cobró firmeza?
¿Previo a la liquidación unilateral del contrato, el contratista debe haber tenido la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción? Sí
El contratista debe tener la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de que la entidad estatal liquide unilateralmente el contrato, ya que la ley establece un procedimiento administrativo que garantiza este derecho, aunque la intención del legislador es que la liquidación se realice por mutuo acuerdo entre las partes. La Sala modificó la interpretación anterior de que la liquidación unilateral puede realizarse sin este trámite, lo que implica que las entidades estatales deben seguir un procedimiento más riguroso antes de tomar esta decisión, protegiendo así los derechos del contratista.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditó que las partes hubieran tenido acercamientos sobre el trámite bilateral de liquidación?¿Ni en la resolución ni en su acto confirmatorio la entidad hizo alusión a incumplimientos del consorcio respecto de las obligaciones asociadas al manejo del anticipo que le fue entregado?¿Los diversos amparos de las garantías de cumplimiento se asocian a las diferentes obligaciones de los contratistas?
¿Debe el recurrente formular reparos concretos en el recurso de apelación? Sí
El recurrente debe formular reparos concretos en el recurso de apelación, pues sin ellos el superior no puede examinar la cuestión decidida en primera instancia. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la parte demandada no formuló ningún reparo concreto frente a las razones por las que el tribunal accedió a las pretensiones, lo que impide revisar la decisión. La segunda es que, en la misma línea, la entidad beneficiaria de la garantía agravó el riesgo asegurado cuando desembolsó el anticipo sin cumplir los requisitos definidos para ello y pagó bienes que no fueron recibidos a satisfacción, circunstancia que terminó el contrato de seguro conforme al artículo 1060 del Código de Comercio. Por esa razón no podía exigirse a la aseguradora que pagara un daño generado por el beneficiario del seguro. En consecuencia, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Como obiter dictum, condena en costas a la parte vencida, con agencias en derecho de un salario mínimo legal mensual vigente, según el Acuerdo 1887 de 2003 del Consejo Superior de la Judicatura. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Con su actuación, la entidad beneficiaria de la garantía agravó el riesgo asegurado?
Sentencia — Sentencia2024-06-28Sección Tercera (Subsección A)FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZRad. 11001032600020230013300LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿En el recurso de anulación se pueden revisar los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para dilucidar si son o no errados? No
El contratista no puede revisar en el recurso de anulación los razonamientos jurídicos y probatorios del tribunal de arbitramento para determinar si son errados, ya que este recurso no está instituido para calificar el análisis de fondo de la controversia ni para corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los árbitros. La Sala declara infundado el recurso de anulación cuando la recurrente cuestiona la valoración probatoria del tribunal, argumentando que dicha acción no se enmarca en la causal de anulación de fallo en conciencia y que no es competencia del Consejo de Estado revisar la interpretación y valoración de pruebas efectuadas por los árbitros, lo que implica que los reproches formulados por la parte recurrente no tienen vocación de prosperidad.síntesis automática
También resuelve:¿En el recurso extraordinario de anulación contra laudo arbitral no es posible corregir la interpretación jurídica ni la valoración probatoria realizada por los tribunales de arbitraje?¿Al Consejo de Estado no le es posible calificar la valoración probatoria ni la interpretación expuesta en el laudo arbitral?¿En los argumentos de la recurrente se evidencia un cuestionamiento a la valoración probatoria y a la interpretación que los árbitros hicieron del clausulado del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2025-10-17Sección Tercera (Subsección B)DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIARad. 70001233300020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de las Resoluciones 103 y 136 de 2013 expedidas por Metro Sabanas S.A.S.? Sí
El juez decreta la suspensión provisional de un acto administrativo cuando se demuestra que este vulnera las normas superiores invocadas y concurren los requisitos legales pertinentes para tal fin. En el caso bajo examen, la Sala revoca la decisión del tribunal y decreta la suspensión provisional de las Resoluciones 103 de 2023 y 136 de 2023, expedidas por Metrosabanas, mediante las cuales declaró el siniestro de la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo y confirmó dicha decisión, debido a que operó la prescripción ordinaria y se afectó el derecho de audiencia y defensa de la aseguradora al no ser vinculada previamente al procedimiento administrativo.síntesis automática
También resuelve:¿Procede suspender los efectos de un acto administrativo de trámite?¿La suspensión del acto administrativo procede cuando la violación de la ley surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio…¿Operó la prescripción ordinaria del contrato de seguros?
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para demandar los actos precontractuales y el reconocimiento de perjuicios? No
Los actos precontractuales, cuando además se reclama el reconocimiento de perjuicios, deben demandarse por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no por el de controversias contractuales, conforme al artículo 141 del CPACA. Una razón es que la norma dispone expresamente esa vía procesal para los actos precontractuales con reclamación indemnizatoria, de modo que la demanda que los impugnó por controversias contractuales debe encausarse por la vía correcta. Otra razón es que en el asunto la Sala verificó que no existía causal de nulidad que invalidara lo actuado y que se cumplían los presupuestos de competencia, procedencia y oportunidad, por lo que pudo resolver el recurso de apelación bajo el medio de control adecuado. En el caso, la demanda versaba sobre la adjudicación de un contrato de estabilidad jurídica, figura que la Ley 963 de 2005 definió como garantía de que, si cambian las normas determinantes de la inversión, se seguirán aplicando las anteriores por un plazo acordado. La sentencia de primera instancia se confirmó y las pretensiones se negaron. Su consecuencia práctica es que la demanda contra esos actos debe identificar la vía procesal correcta desde su presentación.síntesis automática
También resuelve:¿Los contratos de estabilidad jurídica son aquellos negocios en que el Estado garantiza a los inversionistas que los suscriban que…¿Las inversiones de Conconcreto cumplieron la exigencia de ser nuevas o ampliadas como elemento esencial del contrato de estabilidad jurídica frente a los proyectos de construcción del centro…¿El proyecto del centro comercial Gran Plaza cumplió la exigencia de rentabilidad económica y social?
63001333300020200010201 de 20242024-08-22Sección TerceraRad. 63001333300020200010201
Con apoyo en la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que el plazo extintivo ordinario solo comienza a computarse desde que el interesado -en este caso, la entidad estatal beneficiaria del contrato de seguro- conoce o razonablemente debe tener conocimiento de la realización del riesgo asegurado. Asimismo, la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que “el siniestro debe ocurrir durante el plazo de vigencia de la póliza para que la aseguradora resulte obligada a indemnizar; sin embargo, su declaratoria mediante acto administrativo puede darse en vigencia o con posterioridad a la misma, pero dentro del término de prescripción”. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes…
También resuelve:Contrato seguro: prescripción, Artículo 1081 del Código de Comercio
¿Se incumplió el contrato por cuanto el ente contratante no pagó la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral? Sí
El contratista puede obtener la condena al pago de la suma reconocida en la resolución de liquidación unilateral del contrato, siempre que demuestre la obligación prestacional exigible y la falta de cumplimiento por parte del ente contratante, como lo establece la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad contratante no puede descontar la pena pecuniaria de las sumas adeudadas al contratista en la liquidación unilateral del contrato si no se cumplen los requisitos para la tasación del monto de la pena, según el artículo 1596 del Código Civil. Además, no se condenará al pago de intereses sobre la suma entregada como anticipo al contratista si no se pactó explícitamente en el contrato que los rendimientos financieros del anticipo pertenecen al ente contratante, lo que implica que el contratista no está obligado a reintegrar dichos rendimientos. Estas reglas reiteran y matizan precedentes sobre la liquidación unilateral del contrato y la obligación de pago, estableciendo criterios claros para la condena al pago y la imposición de penas pecuniarias en contratos estatales.síntesis automática
También resuelve:¿El ente contratante tenía la facultad de descontar en la liquidación unilateral del contrato la pena pecuniaria de las sumas que le debía a la contratista por la ejecución de las obras objeto del…¿Se debe condenar al pago de intereses sobre la suma entregada al contratista como anticipo?¿Se excluyó explícitamente la posibilidad de solicitar el reajuste como consecuencia de los incrementos de precio previsibles al momento de proponer?
Sentencia — Sentencia2023-10-17Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020230012500LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Las causales de anulación invocadas por el recurrente se configuraron? No
El recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral solo prospera si se configura alguna de las causales taxativas del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, y que un laudo proferido en derecho no se transforma en fallo en conciencia ni es citra petita por no reconocer las pretensiones del convocante. Una razón es que el tribunal resolvió los problemas jurídicos del juicio en derecho, porque no guardó silencio sobre las pruebas necesarias para fallar ni prescindió del ordenamiento jurídico aplicable, y los yerros de esa naturaleza no aparecen de forma palmaria. Otra razón es que la no prosperidad del recurso no implica que la Sala comparta lo decidido, sino que las causales no se configuraron. En el caso, el recurso se declaró infundado y se confirmó la validez del laudo. Su consecuencia práctica es que la anulación por falta de congruencia exige demostrar una omisión del laudo sobre las pretensiones, y no basta con la inconformidad frente a su resultado.síntesis automática
También resuelve:¿Se declara infundado el recurso extraordinario de anulación?¿Habría lugar a concluir que los árbitros omitieron estudiar los hechos y fundamentos jurídicos esbozados por la convocante?¿Las razones fueron esbozadas con base en las pruebas del proceso y en la interpretación judicial del contrato?
¿Procede declarar la nulidad de las resoluciones 103 de 20 de agosto de 2013 y 127 de 17 de octubre de 2013, por medio de las cuales EMERSOPÓ ESP declaró que el contrato número 026 de 2011 estaba incurso en causales de nulidad y lo dio por terminado? Sí
El contratista puede obtener la nulidad de las resoluciones administrativas que terminan unilateralmente un contrato de obra pública por causales de nulidad absoluta cuando dichas resoluciones persiguen una finalidad distinta a la del buen servicio y no demuestran la falta de ejecución contractual o la inversión del anticipo, como lo establece la Sala al revocar la decisión que declaró la nulidad del contrato número 026 de 2011 y la liquidación unilateral del mismo, al considerar que la entidad no probó adecuadamente la falta de ejecución y que la liquidación unilateral está viciada de falsa motivación al fundamentarse en la supuesta nulidad del contrato, lo cual solo puede ser declarado por el juez. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia sobre la terminación de contratos estatales y la liquidación unilateral, estableciendo que la entidad debe demostrar adecuadamente la falta de ejecución y la inversión del anticipo para justificar la terminación del contrato y la liquidación unilateral.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente declarar la nulidad de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato de obra y determinó que no había lugar a pagar ninguna suma al contratista porque…¿Se demostró que sí hubo inversión de los recursos del anticipo, por lo cual hay lugar a decretar la nulidad por falsa motivación de las Resoluciones números 090 y 121 de 2014 en tanto hicieron…¿El contratista probó el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa de servicios públicos contratante?
¿Se incumple el contrato –que se rige por el derecho privado– cuando el contratante lo termina unilateralmente al encontrar configurada una causal de nulidad prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993? No
La entidad estatal contratante en un contrato de prestación de servicios públicos domiciliarios regido por el derecho privado incumple lo pactado si lo da por terminado unilateralmente invocando la causal de nulidad absoluta prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993. Esa conducta contraviene la fuerza normativa del acuerdo de voluntades consagrada en el artículo 1602 del CC (Ley 57 de 1887), dado que dicha potestad excepcional del estatuto contractual no gobierna los negocios sometidos al derecho privado. De otra parte, cuando el contratista asume en su propuesta la ejecución de un plan inicial de optimización financiado con créditos y con los excedentes mensuales del fondo de reposición y emergencia, le corresponde probar las inversiones y actividades realizadas para obtener el reconocimiento de perjuicios materiales. Finalmente, ante la falta de liquidación definitiva del contrato por las partes, el juez establece los valores adeudados entre ellas hasta su terminación con fundamento en las pruebas allegadas al proceso.síntesis automática
También resuelve:¿Se probó que la demandante realizó las inversiones y las actividades previstas en el plan de optimización?¿Si lo recaudado por concepto de tarifa no era suficiente, el operador debía gestionar créditos para obtener los recursos para prestar el servicio?¿Se establecerán los valores adeudados entre las partes hasta la terminación del contrato?
2019_85001-23-33-000-2016-00197-01_2019-05-09Sección Primera
SiSTEMA GENERAL DE REGALÍAS,PROYECTOS DE INVERSIÓN,MEDIDAS CAUTELARES,ACCIÓN POPULAR – Contrato de obra pública,Infraestructura vial,Manuales y procedimientos de la entidad,Desconocimiento,Finalidad,Cuestiones previas,Recursos naturales no renovables,Explotación,Ingresos,Órganos,Proyectos de inversión,Conformació – Mes: mayo – Año: 2019…
También resuelve:Acciones populares: contrato de obra pública, infraestructura vial, manuales y procedimientos de la entidad, desconocimientoSistema general de regalías: recursos naturales no renovables, explotación, ingresos, órganosProyectos de inversión: etapas
¿Se acreditaron las inversiones realizadas, pero no se cumplió la carga de probar el presupuesto consistente en la incidencia que tales erogaciones causaron a la economía del contrato? Sí
El contratista no logra restablecer el equilibrio financiero del contrato de concesión portuaria debido a su incapacidad para probar el impacto económico de las inversiones realizadas, a pesar de acreditar las causas e inversiones. La entidad estatal y el tribunal mantienen que la prueba documental presentada no cumple con los estándares de idoneidad técnica y valor probatorio necesarios para demostrar la perturbación financiera del contrato. La Sala confirma que la parte demandante debe aportar pruebas técnicas especializadas y científicas, proporcionadas por expertos en finanzas y contabilidad, para justificar la afectación de la ecuación económica del contrato. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en casos de teoría de la imprevisión, limitando la posibilidad de ajustar los términos del contrato sin evidencia adecuada.síntesis automática
También resuelve:¿En las condiciones en las que la sociedad actora enmarcó su pedimento no es posible arribar a un pronunciamiento positivo al respecto?¿Demostrar que un gasto extraordinario afecta objetivamente la ecuación económica en un contrato de concesión, implica análisis razonables que permitan evaluar si el impacto alegado justifica ajustar…¿Para que se configure el desequilibrio económico del contrato es necesario demostrar, además de la alteración extraordinaria, la pérdida real, grave y anormal de la economía del contrato?
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También resuelve:Fonade: naturaleza jurídica, empresa industrial y comercial del estadoFondo de inversión para la paz: administración, departamento para la prosperidad social, régimen especial de contrataciónConvenios interadministrativos: fonade, autonomía de la voluntad, rendimientos financieros, titular