Titulación de la relatoría 26.899 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / DEMANDADO / ENTIDAD PÚBLICA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 30 de la Ley 446 de 1998, que a su vez fue reformado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006, consagra que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas. En esta oportunidad se encuentran en controversia circunstancias atinentes, entre otras, al supuesto incumplimiento del contrato de seguro contenido en la póliza (…) otorgada por Colseguros S.A. para garantizar el cumplimiento del convenio interadministrativo (…), celebrado entre el Ministerio de Transporte y el municipio de Ponedera, así como la nulidad de la resolución por medio de la cual el Ministerio de Transporte liquidó aquel acuerdo. En consideración a que los demandados, Ministerio de Transporte y municipio de Ponedera, ostentan la naturaleza de entidades públicas, esta jurisdicción es competente para conocer del presente asunto. También le asiste competencia a la Sala para conocer de esta controversia en segunda instancia, pues la mayor de las pretensiones de contenido económico (…) resulta superior a la suma equivalente a 500 S.M.L.M.V. ($143’000.000) para que el proceso tuviera vocación de doble instancia.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 30
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE SEGURO / NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO
Problema jurídico:
¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?
Respuesta al problema jurídico: Si
En relación con la primera de las pretensiones señaladas, consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, el Tribunal a quo declaró la caducidad de la acción, cuestión que amerita precisar lo siguiente: Sin desconocer que el presupuesto de la caducidad es susceptible de ser analizado de oficio, no puede dejar de lado la Sala que aun cuando la referida decisión de primera instancia no fue materia de apelación por parte de la aseguradora demandante, tampoco se observa por esta Subsección que su declaratoria deba ser revocada, pues las consideraciones del a quo se encuentran ajustadas a los fundamentos legales que le sirvieron de sustento y en consonancia con las pruebas que reposan en el expediente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de controversias contractuales, ver auto del 24 de julio de 2013, Exp. 27155, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia del 26 de mayo de 2016, Exp. 36296, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / NULIDAD DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD ASEGURADORA / OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD ASEGURADORA / INTERÉS DIRECTO EN EL PROCESO / INTERÉS EN EL PROCESO
Problema jurídico:
¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros, debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
En lo concerniente a la caducidad de las pretensiones relativas al incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguro y a la nulidad del acto que liquidó el convenio interadministrativo garantizado a través de aquel, la Sala precisa que esta Corporación en postura reiterada ha reconocido el interés que le asiste a la aseguradora garante para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que en el marco de un contrato estatal se profieren en orden a afectar la póliza expedida para ampararlo. En esos eventos, el Consejo de Estado ha estimado que el término de caducidad con que cuenta la aseguradora para ventilar su reclamación ante la jurisdicción debe ceñirse al Código Contencioso Administrativo -norma aplicable para la resolución del caso- y a las reglas de oportunidad allí previstas en función del hecho que da origen al debate. En el caso bajo análisis, el alegado incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de seguro se concretó, según afirmó la demandante, con la expedición del acto administrativo que liquidó unilateralmente el convenio interadministrativo (…), declaró la ocurrencia del siniestro amparado en la póliza (…) por el mal manejo e incorrecta inversión de los fondos transferidos por el ministerio y ordenó a Colseguros S.A., en calidad de garante, pagar al ministerio la suma asegurada. Como consecuencia, de conformidad con el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe”, el plazo de dos años en este caso corrió (…). [E]s propio concluir que la acción se ejerció oportunamente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad de la acción de controversias contractual cuando quien reclama es la entidad aseguradora por el cobro de la póliza de seguro, ver sentencia del 24 de febrero de 2016, Exp. 28679, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, sentencia del 5 de julio de 2018, Exp. 54688, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 5 de julio de 2018, Exp. 52495, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 13 de agosto de 2020, Exp. 60348, cC.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 5 de agosto de 2020, Exp. 45183, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia del 3 de noviembre de 2020, Exp. 47760, C.P. Martín Bermúdez Muñoz.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D
RECURSO DE APELACIÓN / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / PRINCIPIO DE SUSTENTACIÓN SUFICIENTE / CARGA DE LAS PARTES EN LA ACCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DEL PROCESO / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida, razón por la cual no basta con la simple interposición del recurso por la parte interesada, así como tampoco es suficiente la manifestación general de no estar conforme con la decisión impugnada, toda vez que quien tiene interés en que el asunto sea analizado de fondo en segunda instancia debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera instancia al resolver la litis planteada. De manera reciente, esta Subsección consideró que la carga de sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente no se satisface con la mera manifestación de inconformidad con el proveído impugnado, ni tampoco con la petición de que se revoque, pues lo que la ley exige es que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el recurso, sino porque en realidad existen razones o motivos -y así se indiquen en el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera instancia no fue acertado. (…) Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse las razones o los fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte recurrente, máxime porque, se insiste, los reproches frente a la providencia impugnada son los que fijan la competencia del juez de segunda instancia.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia ver sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 54675, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 10 de noviembre de 2017, Exp. 51212, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico(E), auto del 14 de octubre de 2015, Exp. 48502, C.P. Hernán Andrade Rincón y sentencia del 9 de abril de 2014, Exp. 27550, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, sentencia del 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencias del 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, auto de 30 de agosto de 1984, Gaceta Judicial 2415, M.P. Humberto Murcia Ballén.
PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONCEPTO DE PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / FACULTAD DEL JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LIMITACIÓN DEL JUEZ / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / ALCANCE DEL DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / DERECHO DE DEFENSA / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA FORMULACIÓN DE CARGOS DE APELACIÓN EN LOS ALEGATOS DE CONCLUSIÓN / RECURSO DE APELACIÓN / CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / REQUISITOS DE LA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDABLE / FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / CORRECCIÓN DE LA DEMANDA / ADICIÓN A LA DEMANDA / SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Problema jurídico:
¿El marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia está determinado por las razones de disenso expresadas en la apelación?
Respuesta al problema jurídico: Si
En atención al principio de congruencia, los jueces de lo contencioso administrativo carecen de facultades para variar la causa petendi que se plantea en la demanda, con fundamento en que la modificación del petitum y del marco fáctico implicaría un “desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso”, pues se sorprendería a la contraparte con cargos que nunca tuvo la posibilidad de rebatir o de controvertir a lo largo del proceso . Así las cosas, a la instancia judicial le corresponde resolver sobre las pretensiones de la demanda, con base en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, congruencia que deben respetar los operadores judiciales al momento de proferir las respectivas sentencias. Lo anterior también se predica respecto de las partes del litigio, quienes por fuera de las oportunidades previstas para el efecto no pueden modificar lo alegado en la demanda interpuesta. (…) De acuerdo con lo anterior, conviene señalar que con la demanda y su correspondiente corrección o adición la parte actora tiene la oportunidad de fijar el alcance de la controversia que plantea, de manera que, con posterioridad a esas etapas procesales, no puede caprichosamente cambiar el petitum y el contexto fáctico y jurídico de lo expuesto inicialmente. En ese sentido, la Sala advierte que ni el recurso de apelación ni los alegatos de conclusión tienen por objeto que las partes adicionen o modifiquen sus demandas, pues con ello sorprenderían a su contraparte con cargos nuevos, con lo que se desconocería el principio de congruencia y el debido proceso.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el principio de congruencia, ver sentencia del 24 de octubre de 2016, Exp. 34357, C.P. Hernán Andrade Rincón, sentencia del 20 de febrero de 2020, Exp. 54407, C.P. María Adriana Marín, sentencia del 13 de agosto de 2021, Exp. 65589, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 30 de julio de 2021, Exp. 50728, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / INDEBIDA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA SENTENCIA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / MINISTERIO DE TRANSPORTE / FUNCIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE / PRESUPUESTO DE INVERSIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO / ENTREGA DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Los cargos formulados en el recurso de apelación fueron debidamente sustentados?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Sala advierte que el escrito de impugnación presentado por la parte actora adolece, en unos eventos de ausencia de argumentos concretos de disenso frente a la decisión apelada y, en otros, introduce fundamentos fácticos nuevos que no fueron ventilados en sede de primera instancia. (…) La confrontación de los fundamentos fácticos y jurídicos en que se basó la sentencia para resolver ese cargo y las razones de oposición esgrimidas en el recurso revelan la ausencia del deber de sustentación de la alzada. Como se advierte, el reparo expresado en contra de la decisión del a quo no atacó directamente la fundamentación de sus conclusiones, en las que, de la revisión del clausulado contractual, coligió que existía la obligación del ministerio del trasladar el 100% de los fondos al municipio, pues el argumento expuesto por el recurrente se basó en afirmar lo contrario, sin ofrecer razones de su desacuerdo ni indicar hechos o circunstancias acreditadas en el proceso que permitieran arribar al aserto que sugería. Tampoco brindó ningún tipo de razonamiento encaminado a cuestionar el dicho del fallador de primer grado, con arreglo al cual en el convenio interadministrativo no resultaba aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, por cuanto, dada la naturaleza de esa especie de consenso entre entidades públicas, la prestación económica no recaía en la entrega de un anticipo o de un pago anticipado sobre los que versaba esa disposición legal, sino sobre la transferencia de fondos dispuestos para el cumplimiento conjunto de un fin estatal.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / DEBER DE INFORMACIÓN EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ENTIDAD ASEGURADORA / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ACTO ADMINISTRATIVO QUE HACE EFECTIVA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS / FONDOS DE COFINANCIACIÓN / TRASLADOS PRESUPUESTALES PARA FONDOS DE COFINANCIACIÓN / ENTIDAD TERRITORIAL / PRESUPUESTO DE ENTIDAD TERRITORIAL / GASTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El Ministerio de Transporte estaba facultado para transferir al municipio la totalidad de los fondos del convenio, una vez se expidiera la póliza de cumplimiento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Frente al cargo de la demanda, según el cual el asegurado ocultó información que agravaba el estado del riesgo y no notificó a Colseguros S.A. sobre los hechos que lo aumentaban, los que, en su criterio, consistieron en la consignación de los recursos en la cuenta corriente del municipio de Ponedera, el a quo consideró que no era cierto que la aseguradora desconociera que el Ministerio de Transporte tenía la facultad contractual para transferir al municipio la totalidad de los fondos del convenio, según se había pactado en su cláusula quinta, traslado que estaba supeditado a la expedición de la póliza de cumplimiento por parte de la aseguradora. (…) En esas condiciones, no puede pretender el recurrente que el ad quem infiera la razón en que se sustenta su inconformidad a partir de la simple insistencia en argumentos carentes de contenido sustancial y que ya fueron decididos de forma adversa a sus intereses. (…) Emerge con nitidez que nada replicó el censor respecto de la aseveración del tribunal, según la cual la vigilancia y control de la inversión y manejo de los fondos objeto del convenio interadministrativo recaían en la aseguradora, la que no podía excusarse de satisfacer esos compromisos con el pretexto de que era una carga del ente ministerial.
FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / COMPETENCIA EN EL TIEMPO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA COMPROMISORIA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA IMPUGNACIÓN
Problema jurídico:
¿El demandante cumplió la carga argumentativa al alegar la causal de nulidad de falta de competencia del Ministerio en la expedición del acta de liquidación unilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Pese a que, según el fallo materia de censura, explícitamente se encontró acreditado que en el marco del convenio interadministrativo No. 134 se adelantó la etapa de liquidación de mutuo acuerdo, propiciada por el ministerio, en medio de la cual no se evidenciaron divergencias entre las partes que activaran la cláusula compromisoria en orden a convocar el tribunal de arbitramento, el apelante circunscribió su reproche a reiterar que el ministerio actuó sin competencia, por no haber agotado la fase bilateral previamente a la expedición del acto enjuiciado. Se observa así que el apelante, sin señalar motivos de disenso, simplemente desechó las razones esgrimidas por el tribunal para fundamentar la negativa a la configuración de la causal de nulidad de falta de competencia, tras hallar acreditado el agotamiento de la etapa de liquidación bilateral, e insistió en los argumentos esgrimidos ab initio en la demanda. Idéntico panorama subyace a la consideración del a quo, de conformidad con la cual la existencia de la cláusula compromisoria no reñía con la facultad de liquidación unilateral del contrato que radicaba en el ministerio por cuenta de la autorización legal concedida por los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, en tanto ningún reparo se elevó para desvirtuar esa conclusión del fallo.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, 61
FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FIRMEZA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ENTIDAD ASEGURADORA / PÓLIZA DE SEGURO / EXIGIBILIDAD DE LA PÓLIZA DE SEGURO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO
Problema jurídico:
¿El apelante al formular el recurso de apelación omitió controvertir de forma expresa y concreta las consideraciones del quo en relación con la oportunidad en que se informó del siniestro a la aseguradora?
Respuesta al problema jurídico: Si
En cuanto al aviso a la aseguradora sobre la ocurrencia del siniestro, el a quo señaló que para el caso no era aplicable el término establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio, por cuanto su acaecimiento se materializaba en la declaración de la administración mediante acto administrativo debidamente motivado, el cual debía ser notificado al garante para que ejerciera su derecho de defensa, a lo que añadió que, de acuerdo con las condiciones generales de la póliza, se establecía que el siniestro se entendía acaecido cuando quedara en firme el acto administrativo que declarara la realización del riesgo por causas imputables al contratista y se hubiere notificado a la aseguradora. Sumó a lo dicho que, con arreglo al numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el contrato de seguro se hallaba vigente hasta que se notificara el acto administrativo que declaró la ocurrencia del siniestro. De ahí coligió que, para el momento en que se notificó el acto a la aseguradora, la póliza se encontraba vigente. (…) [E]l apelante se abstuvo de controvertir de forma expresa y concreta las consideraciones en las que el a quo apoyó su conclusión relacionada con la oportunidad en que se dio el aviso del siniestro a la aseguradora.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1075, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19
FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / MINISTERIO DE TRANSPORTE / TRASLADOS PRESUPUESTALES PARA FONDOS DE COFINANCIACIÓN / CONTRATO DE SEGURO / COBERTURA DEL CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE SEGURO / PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Problema jurídico:
¿El recurrente omitió incluir en la apelación argumentos de inconformidad frente a la cuantía del siniestro
Respuesta al problema jurídico: Si
Al resolver el cargo de censura expuesto en la demanda, de conformidad con el cual era reprochable que se hubiera declarado el siniestro en cuantía de $293’280.051 cuando los aportes del ministerio solo ascendieron a $267’000.0000, el a quo indicó que, si bien los fondos girados por el ministerio sumaban $267’000.000 y que el municipio debía aportar $26’280.051 a la ejecución del proyecto, el valor asegurado equivalía a la suma de esas cifras y la garantía cubría el riesgo concerniente al manejo e inversión de la totalidad de esos fondos, de tal suerte que no era admisible el pretender disminuirlo. (…) Se evidencia con claridad que en la impugnación no se dijo algo distinto a lo aseverado desde la formulación de la demanda respecto del valor del siniestro, omitiendo agregar motivos de disconformidad en contra de la conclusión del a quo, en cuyo mérito estimó que bien podía la cuantía del siniestro equivaler a la suma de $293’280.051, pues, al margen de que no toda provino de los aportes del ministerio, lo cierto es que ese era el valor asegurado en la póliza. En esas condiciones, resulta claro que no se cumplió con la carga de sustentación material del recurso de apelación.
IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL CONTRATO / CONTRATO DE SEGURO / IMPROCEDENCIA DEL NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / FALTA DE SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / FUNDAMENTO FÁCTICO DE LA DEMANDA / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA DEMANDA / SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / ALCANCE DEL DERECHO DE DEFENSA
Problema jurídico:
¿Procede la nulidad del acto que hizo efectiva la póliza de seguro por violación al debido proceso en su expedición?
Respuesta al problema jurídico: No
La Sala advierte que, además de ser confusos y ciertamente contradictorios frente a lo sostenido en los fundamentos de derecho de la demanda, se trata de argumentos nuevos que no fueron alegados desde la presentación del libelo, razón por la cual no es admisible reprochar del a quo su falta de pronunciamiento expreso. La circunstancia señalada es suficiente para considerar que la formulación de los cargos aludidos se traduce en la variación de la causa petendi, habida cuenta de que lo alegado en sede de apelación no fue un aspecto que integró desde el punto de vista sustancial el debate ventilado en la primera instancia y respecto del cual la parte demandada no pudo ejercer su derecho de defensa. Lo expuesto conduce a la inviabilidad procesal de referirse en esta providencia a los cargos que se acaban de reseñar, debido a que obrar en esa dirección materializaría una abierta transgresión al principio de congruencia. (…) [L]a Sala parte de precisar que, contrario a lo indicado en la impugnación, el a quo sí se refirió de forma expresa a las alegaciones que echa de menos el extremo activo, consideraciones que, en suma, quedaron contenidas en el acápite 4.1. de la parte motiva de la providencia acusada. En ese apartado, la primera instancia, al abordar el examen dirigido a determinar si existió vulneración del debido proceso de la garante del cumplimiento del convenio interadministrativo, precisó que la declaratoria de ocurrencia del siniestro no se efectuó con fundamento en la legislación del Código de Comercio sino con apoyo en las facultades exorbitantes otorgadas por la Ley 80 de 1993 a las entidades estatales, que facultaban a la entidad estatal para proferir el acto declarando la ocurrencia del siniestro, el cual sería oponible a la aseguradora una vez le fuera notificado. Agregó el fallador de primer grado que la realización del riesgo no constituía propiamente una sanción que exigiera el agotamiento previo de un procedimiento administrativo para garantizar a la asegurada el debido proceso y el derecho de contradicción, por cuanto el derecho de defensa surgía a partir del momento en que se le notificara el acto administrativo declarativo del riesgo. (…) [E]l Tribunal sí se refirió de manera expresa y sustentada a la causal de nulidad por violación al debido proceso, examen que emprendió con exposición de las razones fácticas y jurídicas que llevaron a desatender el cargo de la demandante.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993