Titulación de la relatoría 13.402 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA OBJETIVA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA FUNCIONAL
Problema jurídico:
¿Cuál es la jurisdicción y el juez competente para resolver el recurso de apelación contra las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos?
Respuesta al problema jurídico: Si
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de incumplimiento de un convenio interadministrativo celebrado por tres entidades del Estado. (…) . Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 21 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda, según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 157, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 615
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿La demanda fue presentada dentro del plazo legal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El negocio jurídico objeto de la presente controversia fue suscrito el 25 de enero de 2006 y en su cláusula quinta se pactó que el plazo sería hasta el 31 de diciembre de 2006. Así mismo, se estipuló que el convenio debía liquidarse de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, manifestando expresamente que lo sería dentro de los 4 meses siguientes a su terminación -cláusula décima sexta-, pero no se acordó nada en relación con la posibilidad de liquidarlo unilateralmente por parte de alguna de las entidades firmantes (f. 1 a 28, c. 3). (…) Teniendo en cuenta que las partes acordaron liquidar el convenio de común acuerdo, para efectos de la contabilización del término de caducidad resulta aplicable lo dispuesto en el numeral iv) del literal j) del ordinal 2 del artículo 164 del CPACA, razón por la cual el término de caducidad debe contabilizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo estipulado para la liquidación bilateral del negocio jurídico. (…) Para tales efectos, debe tenerse en cuenta que el plazo de ejecución fue prorrogado en seis oportunidades, en la última de las cuales el mismo se extendió hasta el 30 de junio de 2011 (f. 36, c. 3). (…) De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que la fecha de finalización del convenio -según su última prórroga- era el día 30 de junio de 2011 y que las partes tenían 8 meses a partir de ese momento para liquidar de común acuerdo el negocio jurídico, término que empezaba a correr, por lo tanto, a partir del día siguiente a dicha terminación -1º de julio de 2011-, el plazo para ello vencía el 1º de marzo de 2012, hecho que no sucedió y dio lugar, por lo tanto, a la pretensión quinta de la demanda en la que se pidió su liquidación judicial. (…) A partir del día siguiente, es decir del 2 de marzo de 2012, empezó a correr el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, que, por lo tanto, vencía el 2 de marzo de 2014. (…) Toda vez que la demanda fue presentada el 26 de febrero de 2014, resulta evidente que la misma fue oportuna.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 4 LITERAL J
ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EN LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTOS DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / REQUISITOS DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA
Problema jurídico:
¿Las partes se encuentran legitimadas en la causa para comparecer?
Respuesta al problema jurídico: Si
El departamento del Amazonas se encuentra legitimado en la causa por pasiva y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE están legitimados por activa, toda vez que las tres entidades fueron signatarias del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, negocio jurídico cuyo incumplimiento por parte de la entidad territorial demandada se pidió en el libelo introductorio.
RECURSO DE APELACIÓN / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / OBLIGACIÓN DE MEDIO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / EXONERACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿[E]l departamento del Amazonas incumplió el Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006 celebrado con Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT- (luego Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio) y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE, por no haber gestionado los recursos necesarios y no haber entregado completas y en funcionamiento las obras de construcción de los acueductos y alcantarillados de los corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y Puerto Arica y si, por lo tanto, está en la obligación de pagar a las entidades demandantes las cantidades reclamadas en las pretensiones de la demanda, por concepto de la devolución de la totalidad de los recursos ejecutados del aporte que hizo la Nación al Proyecto, a través de FONADE, debidamente indexados y/o actualizados y el pago de la cláusula penal o, en subsidio, de los perjuicios establecidos mediante dictamen pericial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, en relación con el asunto de fondo y a partir del análisis del anterior acervo probatorio, la Sala encuentra que los argumentos planteados por las demandantes en sus recursos de alzada no están llamados a prosperar, en cuanto efectivamente se constató la inejecución parcial del proyecto objeto del convenio, que se hallaba a cargo del departamento del Amazonas, pero ese hecho no conduce a la concesión de las pretensiones de la demanda. (…) De acuerdo con lo (…) que resultó probado en el proceso, considera la Sala que, en el presente evento, no se logró la realización total del objeto del Convenio de Apoyo Financiero No. 2060151 de 2006, por causas que no provinieron exclusivamente de la entidad territorial. (…) No obstante, resulta necesario recordar que, en esta clase de negocios jurídicos, las entidades firmantes empeñan su voluntad de colaboración en aras de la consecución de un fin común y, por lo tanto, sus obligaciones son de medio; en consecuencia, si bien debía dedicar todos sus esfuerzos a lograr el objetivo propuesto, no estaba a cargo del departamento una obligación de resultado respecto de la finalización de las obras de acueducto y alcantarillado como tampoco en cuanto a la obtención de los recursos adicionales requeridos para cubrir el déficit generado por las condiciones sobrevenidas durante la ejecución. En estos términos, considera la Sala que lo sucedido no obedeció a una omisión culposa de la entidad respecto de sus obligaciones como firmante del convenio interadministrativo, toda vez que no desconocieron los deberes de conducta que le asistían en el ámbito de esta clase de convenios, los cuales difieren sustancialmente de los que recaen sobre el contratista de obra -que, en este caso, lo fue la Administración Cooperativa Solidaria de Oriente-; pues al paso que de éste sí se predica la obligación de entregar la obra terminada y en funcionamiento, a la entidad contratante, que actuó en desarrollo del convenio interadministrativo, le corresponde adelantar las gestiones que estén en su poder para facilitar este resultado, más no está a su cargo garantizarlo, pues no adelantó las labores de construcción. (…) Por lo tanto, a pesar de que se constató que el proyecto para la época de presentación de la demanda no estaba funcionando, las circunstancias que dieron lugar a esta consecuencia impiden imputarle responsabilidad patrimonial a la entidad territorial demandada y, por lo tanto, no había lugar a acceder a la pretensión de devolución del 100% de los recursos entregados por el ministerio para la ejecución del referido convenio ni la tendiente a obtener la efectividad de la cláusula penal pecuniaria, por lo que la decisión del tribunal merece ser confirmada. (…) Las disposiciones del fallo impugnado serán confirmadas, en la medida en que no se encontró en los recursos de apelación interpuestos en su contra por las entidades demandantes argumento alguno que condujera a desvirtuar la decisión del a-quo de liquidar el convenio interadministrativo de apoyo financiero y negar las demás pretensiones de la demanda, dirigida a obtener la declaratoria de incumplimiento del departamento del Amazonas y su condena al reembolso total de los recursos entregados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en virtud del convenio de apoyo financiero celebrado entre esta entidad, el FONADE y dicha entidad territorial, así como al pago de la cláusula penal estipulada en el mismo, puesto que se constató que tales recursos fueron debidamente invertidos en las respectivas obras, las cuales si bien al momento de presentación de la demanda no estaban funcionando en debida forma, dicha circunstancia no le era imputable exclusivamente a la entidad territorial.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / NORMATIVA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / RECONOCIMIENTO DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN GRADUAL DE LA TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte vencida en el juicio y a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya interpuesto. Por lo tanto, en el presente caso se condenará en costas a la parte demandante, por cuanto no prosperaron los argumentos de su recurso de apelación, teniendo en cuenta además que, bajo las reglas del Código en cita, la condena en costas no requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual ese concepto se determina con fundamento en un criterio puramente objetivo. (…). Por otro lado, se advierte que las costas serán liquidadas de manera concentrada en la Secretaría del Tribunal de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del CGP. (…) En relación con las agencias en derecho correspondientes a la segunda instancia, el artículo 366, numeral 4, del CGP, establece que en su fijación se deben aplicar las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura, teniendo en cuenta, además, “la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales”, sin que pueda exceder el máximo de las indicadas tarifas.(…) Se aprecia además que, después de interpuesta y concedida la alzada, el proceso cursó ante esta Corporación sin que la entidad demandada hubiera presentado alegatos de conclusión. Por lo anterior, y en aplicación de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo N° 1887 de 2003 -vigente para la fecha en que se presentó la demanda-, se estima procedente la fijación de agencias en derecho en tres millones ciento setenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos ($3’175.28439), a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y FONADE y a favor del Departamento del Amazonas. Lo anterior, por cuanto el artículo 6 del indicado Acuerdo N° 1887 de 200340 establece como tarifa para las agencias en derecho, causadas en segunda instancia en asuntos de lo contencioso administrativo, “hasta el cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia”.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO 1887 DE 2003, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4