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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2026-04-27
Radicado
50001233100020051033401
Número interno
54116
Ponente
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONSORCIO ICEIN SA - PUENTES Y TORONES LTDA
Demandado
DEPARTAMENTO DEL META

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación también es competente en razón a la cuantía, pues ésta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es $190.750.00010), teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en $2.000.208.780. de pesos.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 5 y 82
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida?
  • ¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación…
  • ¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA EFECTOS DEL CONTRATO FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL AUSENCIA DEL PRESUPUESTO PROCESAL PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL DELEGACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO EFECTO EX TUNC DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PRINCIPIO DE LA BUENA FE PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL INTERPRETACIÓN DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA DEPARTAMENTO DEL META CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS INEXISTENCIA DE MALA FE INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 29.632 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación también es competente en razón a la cuantía, pues ésta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es $190.750.00010), teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en $2.000.208.780. de pesos. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / CONCEPTO DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / EFECTOS DEL CONTRATO / FUERZA OBLIGATORIA DEL CONTRATO / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / LEGITIMACIÓN EN EL PROCESO / COMPARECENCIA AL PROCESO JUDICIAL / AUSENCIA DEL PRESUPUESTO PROCESAL Problema jurídico: ¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida? Respuesta al problema jurídico: Si La legitimación en la causa —legitimatio ad causam— hace referencia a la vinculación material que existe entre las partes del proceso y la relación jurídica sustancial que da origen al litigio, en cuanto permite determinar si quien demanda o es demandado ocupa, conforme al derecho sustantivo, la posición de titular del derecho o de la obligación que se debate. En ese sentido, la legitimación en la causa supone que el sujeto que interviene en el proceso es, según la ley, quien puede válidamente formular o resistir las pretensiones, por ser parte activa o pasiva de la relación jurídica cuya definición corresponde al juez. Se trata, por tanto, de un aspecto que incide en el mérito de la controversia, en la medida en que condiciona la procedencia de las pretensiones, y no de un presupuesto de carácter procesal. En materia de relaciones contractuales, esta legitimación se relaciona con los efectos vinculantes del negocio jurídico. En efecto, todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, de conformidad con el artículo 1602 CC. De ahí que el contrato, en principio, como ley creada por las partes, solo obliga a quienes forman parte de él –efecto relativo de los contratos– y, por ello, su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, ni a terceros, salvo algunas excepciones (p. ej. art. 1506 y 1507 CC). Por su parte, la legitimación en el proceso —legitimatio ad processum— se relaciona con la capacidad para actuar dentro del proceso, esto es, con la aptitud jurídica de las personas para comparecer en juicio y ejercer válidamente los actos procesales, bien sea directamente o a través de su representante. Esta forma de legitimación atañe, entonces, a la correcta conformación del proceso desde el punto de vista formal, por lo cual constituye un presupuesto procesal, cuya ausencia da lugar a la configuración de un vicio que puede afectar la validez del trámite y de la decisión que se adopte. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la legitimación en la causa, consultar sentencia de 23 de abril de 2008, Exp. 16271, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1506, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1507, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO DE DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PRESUPUESTOS DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación, conforme a la Constitución Política y a la ley? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 209 de la Constitución Política estableció expresamente que la delegación es un instrumento para facilitar los principios que orientan la función administrativa. A su turno, el 211 de la Carta Política dispuso que correspondería al legislador definir las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, lo habilita para fijar las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. En desarrollo de esa norma, el legislador expidió el artículo 9 de la Ley 489 de 1998, en el que señaló que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y lo regulado en esa misma ley podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias. La referida norma no conceptualizó la delegación. Por ello la jurisprudencia se ha encargado de señalar que se trata de una herramienta diseñada por el legislador, con el propósito de facilitar la organización de la estructura institucional para el ejercicio de la función administrativa. Por virtud de la delegación, se produce el traslado de competencias de un funcionario a otro -colaborador de inferior jerarquía u otra autoridad con la que se tiene funciones afines-, para que sean ejercidas por éste, bajo su responsabilidad (inciso segundo del artículo 211 de la CP), dentro de los términos y condiciones que fije la ley. La jurisprudencia de esta Corporación, con base en este entendimiento, ha definido que los elementos constitutivos de la delegación son los siguientes: (i) la transferencia de competencias administrativas de un funcionario a otro mediante acto administrativo; (ii) que la transferencia de funciones se realice por el órgano titular de la función; (iii) que dicha transferencia cuente con una previa autorización legal; (iv) que el órgano que confiera la delegación pueda siempre y en cualquier momento reasumir la competencia; y (v) su ámbito de aplicación corresponde, única y exclusivamente, dentro de las diversas funciones del Estado, a esta función pública. De manera que la delegación, por los fines instrumentales que esta expresa, exige dos cosas: la norma que la habilite y el acto del delegante basado en términos de oportunidad y conveniencia para el desempeño mismo de la función, a quien le es transferida. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la figura de la delegación, consultar sentencias de 31 de octubre de 2007, Exp. 13503, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 31 de julio de 2008, Exp. 25000-23-26-000-2005-00240-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 28 de enero de 2016, Exp. 11001-03-24-000-2012-00348-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 209, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1993 - ARTÍCULO 211, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 9 DELEGACIÓN DE FUNCIONES / DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / PROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DELEGACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATO / DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA / DESCONCENTRACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA Problema jurídico: ¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos, diferenciándose esta figura de la desconcentración, que no implica transferencia de la titularidad funcional? Respuesta al problema jurídico: Si La regulación de la delegación en materia de contratación estatal ha tenido una evolución normativa que explica su alcance actual. En efecto, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 estableció que los jefes o representantes legales de las entidades podían delegar la competencia para celebrar contratos, al tiempo que autorizó la desconcentración de los procedimientos de selección, lo que introdujo una diferenciación funcional entre ambas figuras. En desarrollo de dicha disposición, la reglamentación inicial —particularmente el artículo 7 del Decreto 679 de 1994— estableció que los jefes o representantes legales de las entidades estatales podrían desconcentrar la realización de todos los actos y trámites inherentes a la realización de licitaciones o concursos para la celebración de contratos, sin consideración a la naturaleza o cuantía de estos, en los funcionarios de los niveles directivo, ejecutivo o sus equivalentes. Con ocasión de la regulación de las normas referidas, se expidió el artículo 37 del Decreto Ley 2150 de 1995, vigente para la época del contrato. En dicha norma se dispuso que los representantes legales de las entidades estatales podían delegar total o parcialmente la competencia tanto para la realización de licitaciones o concursos como para la celebración de contratos, sin consideración a su naturaleza o cuantía, con lo cual se amplió el ámbito de la delegación y se permitió su ejercicio respecto de las diferentes fases del proceso contractual. De esta manera, la normativa evolucionó desde un esquema que distinguía entre delegación y desconcentración, según la etapa contractual, hacia un modelo en el que la delegación puede comprender integralmente el proceso de contratación y que impone una diferencia conceptual entre ambas figuras. La delegación consiste en la transferencia del ejercicio de funciones que realiza el representante legal —en entidades con personería jurídica— o el jefe de la entidad —en aquellas que carecen de ella— en un funcionario determinado, usualmente de nivel directivo, ejecutivo o asesor, quien actúa en nombre de la autoridad delegante y asume la titularidad funcional para efectos decisorios. Por su parte, la desconcentración implica la asignación de competencias a una dependencia de la misma entidad, la cual puede encontrarse en la sede principal o fuera de ella, sin que se produzca un desplazamiento de la titularidad jurídica de la función, sino únicamente su ejercicio operativo dentro de la estructura administrativa. De esta manera la desconcentración constituye una forma de gestión administrativa mediante la cual se asigna el ejercicio de determinadas competencias a órganos internos -dependencias- de una misma entidad, ubicados en niveles jerárquicamente subordinados, sin que ello suponga la creación de una nueva persona jurídica ni la autonomía presupuestal o reglamentaria del órgano receptor. Su finalidad radica en racionalizar la distribución de cargas al interior de la administración, evitando la concentración excesiva de funciones en los niveles superiores y favoreciendo una gestión más ágil, eficiente y oportuna de los asuntos públicos. Desde el punto de vista estructural, la desconcentración se caracteriza por: (i) tener origen legal o reglamentario, en cuanto es el propio ordenamiento el que redistribuye la competencia; (ii) recaer sobre dependencias, de nivel medio o inferior, dentro de la estructura administrativa en la misma sede o fuera de ella; (iii) conferir una competencia funcional que se ejerce de manera directa por la dependencia designada, sin perjuicio de la sujeción jerárquica; (iv) mantener incólume la titularidad de la función en cabeza del ente al que pertenece el órgano; y (v) limitar la intervención del superior jerárquico a los poderes ordinarios de dirección, vigilancia y control, sin que pueda reasumir la competencia salvo habilitación normativa expresa. FUENTE FORMAL: DECRETO 679 DE 1994 - ARTÍCULO 7, DECRETO LEY 2150 DE 1995 - ARTÍCULO 37, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 12 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA / IMPROCEDENCIA DE LA DELEGACIÓN DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA / FACULTAD PARA CELEBRAR CONTRATO ESTATAL / ENTIDAD DESCENTRALIZADA Problema jurídico: ¿El Decreto 327 de 2002 constituyó un supuesto de descentralización administrativa, y no de delegación, en cuanto asignó directamente a una entidad con personería jurídica la titularidad de la competencia contractual? Respuesta al problema jurídico: Si El contenido y alcance del decreto impone precisar que no contenía una delegación de funciones, sino que la decisión allí adoptada implicó una verdadera descentralización administrativa. (...) El Decreto 327 de 2002 (fl. 259 a 265 c. 1), según se explicó, dispuso la creación de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta como un organismo descentralizado del orden departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, a la cual se le asignó el ejercicio integral de la actividad contractual del nivel central. Esta configuración normativa excluye la posibilidad de entender que se trató de un acto de delegación, puesto que no hubo un traslado de competencias entre funcionarios, sino la radicación directa de la titularidad de competencias en una entidad distinta, con capacidad para actuar jurídicamente por sí misma. Ahora bien, para precisar el alcance de esta conclusión, resulta necesario diferenciar los conceptos de competencia externa e interna en materia contractual. La primera hace referencia a la aptitud jurídica para actuar en el tráfico jurídico como sujeto contratante, esto es, a la titularidad para celebrar contratos en nombre propio y obligarse frente a terceros; la segunda, por su parte, alude a la distribución de funciones al interior de una misma entidad, ya sea mediante figuras como la delegación o la desconcentración. Desde esta perspectiva, la descentralización comporta la asignación de competencia externa, en la medida en que crea un sujeto jurídico autónomo que actúa directamente como entidad contratante. En cambio, la delegación y la desconcentración operan exclusivamente en el ámbito de la competencia interna, pues se limitan a redistribuir el ejercicio de funciones dentro de la estructura de una misma entidad, sin alterar la titularidad del sujeto parte en la relación contractual. En estas condiciones, resulta evidente que el demandante incurre en una confusión conceptual al pretender explicar la actuación de la Unidad Administrativa Especial a partir de categorías propias de la competencia interna —delegación—, cuando en realidad se está ante un supuesto de descentralización que determina, de manera directa, la titularidad de la función contractual y, por ende, la imputación jurídica de los actos y contratos celebrados a esa unidad. En consecuencia, los actos y contratos celebrados en desarrollo de dichas competencias no pueden entenderse imputables al Departamento del Meta, porque el gobernador hubiera delegado la función en la directora de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública, sino, directamente a dicha entidad en su condición de entidad descentralizada funcionalmente, titular de la competencia contractual. FUENTE FORMAL: DECRETO 327 DE 2002 NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTO EX TUNC DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SITUACIÓN JURÍDICA NO CONSOLIDADA / PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA / PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿La declaratoria de nulidad de un acto administrativo produce efectos ex tunc únicamente respecto de las situaciones jurídicas no consolidadas, manteniéndose incólumes aquellas que han adquirido firmeza? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala precisa que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad, produce efectos retroactivos, en cuanto implica que el acto desaparece del ordenamiento jurídico desde el momento mismo de su expedición. En efecto, el Consejo de Estado ha señalado de manera reiterada que “los efectos de la nulidad son ‘ex tunc’, es decir, que producen efectos desde el momento en que se profirió el acto anulado, conforme lo inferido por la diferencia entre la inexequibilidad y la invalidez. No obstante, dicha retroactividad no opera de manera absoluta, pues la misma jurisprudencia ha precisado que la nulidad afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, lo cual implica que aquellas situaciones jurídicas que han alcanzado firmeza o estabilidad no resultan automáticamente desconocidas por la decisión anulatoria. En ese sentido, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha indicado que los efectos ex tunc solo pueden proyectarse respecto de situaciones no consolidadas, mientras que las situaciones jurídicas consolidadas permanecen incólumes frente a la nulidad del acto. (...) En consecuencia, la nulidad de un acto administrativo produce, de una parte, su expulsión del ordenamiento jurídico y la eliminación de sus efectos, y de otra, la posibilidad de incidir sobre aquellas situaciones jurídicas que aún se encontraban en discusión o eran susceptibles de ser controvertidas. Sin embargo, no conlleva la invalidación automática de todas las relaciones jurídicas originadas durante su vigencia, en la medida en que el ordenamiento protege la estabilidad de las situaciones consolidadas y la confianza legítima de quienes actuaron bajo la presunción de legalidad del acto. En línea con lo expuesto, la Sala precisa que la nulidad del Decreto 327 de 2002 —mediante el cual se creó la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta— no produce, de manera automática, la desaparición de los efectos jurídicos derivados de las actuaciones adelantadas durante su vigencia. NOTA DE RELATORÍA: Referente a los efectos de la nulidad de los actos administrativos, consultar sentencia de 01 de octubre de 2019, Exp. 66001-2333-003-2012-00007-01, C.P. William Hernández Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 327 DE 2002 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA / DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO GENERAL / EFECTOS DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTO EX TUNC DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / SITUACIÓN JURÍDICA CONSOLIDADA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PRINCIPIO DE LA BUENA FE / PRINCIPIO DE LA BUENA FE EN LA RELACIÓN CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿La nulidad del Decreto 327 de 2002 desarticula las relaciones jurídicas contractuales consolidadas durante su vigencia, particularmente respecto del Contrato de Obra Pública No. 161 de 2002? Respuesta al problema jurídico: No El contrato de obra pública No. 161 de 2002 fue celebrado y ejecutado en un contexto temporal y normativo en el cual la Unidad Administrativa Especial se encontraba formalmente creada, dotada de personería jurídica y habilitada para ejercer la actividad contractual, circunstancia que le permitió actuar como sujeto jurídico autónomo bajo la presunción de legalidad de los actos que le dieron origen. En tal sentido, los efectos derivados de dicha relación contractual no pueden verse automáticamente alterados por la declaratoria de nulidad del acto que dio origen a la entidad, pues ello implicaría desconocer el límite que la jurisprudencia ha fijado a la retroactividad de la nulidad, así como los principios de seguridad jurídica y buena fe. De manera que, frente a la habilitación para contratar, se trató de una situación jurídica consolidada. Además, debe tenerse en cuenta que el contratista actuó bajo la confianza legítima frente a la validez del marco jurídico existente, sin haber intervenido en la expedición del acto posteriormente anulado, decisión de nulidad que correspondió a una circunstancia de carácter estrictamente legal y ajena a su esfera de actuación. Entender lo contrario conduciría, además, a un resultado incompatible con la lógica del contrato –que supone la autonomía de la voluntad con el fin de que las partes regulen su situación económica mediante un acuerdo de voluntades- en la medida en que se dejaría sin centro de imputación jurídica la relación contractual, desconociendo que esta fue válidamente constituida frente a un sujeto que, para ese momento, tenía capacidad jurídica para actuar. Por consiguiente, los efectos de la nulidad del Decreto 327 de 2002 no tienen la virtualidad de desarticular las relaciones jurídicas consolidadas durante su vigencia, las cuales deben ser analizadas conforme a la situación jurídica existente al momento de su configuración. En este orden de ideas, la Sala concluye que la legitimación en la causa por pasiva debe determinarse conforme al marco jurídico vigente al momento de celebración del contrato. Así, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 327 de 2002, que como se explicó no responde a la figura de la delegación sino a la descentralización, la actividad contractual del Departamento fue atribuida a la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública, entidad dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, y habilitada para celebrar contratos en desarrollo de sus funciones. En consecuencia, fue dicha Unidad —y no el Departamento del Meta, como lo sugiere la apelación— la que intervino como parte en la relación contractual y asumió las obligaciones derivadas de la misma, razón por la cual es el sujeto llamado a responder, al constituir el centro de imputación jurídica de la relación contractual controvertida. FUENTE FORMAL: DECRETO 327 DE 2002 INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Debe el juez del contrato, con fundamento en el artículo 1618 del Código Civil, privilegiar la intención real de las partes sobre el tenor literal del contrato para determinar quién integra la parte estatal de la relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [C]orresponde a la Sala hacer una interpretación integral del contrato (fl. 72 a 112 c. 1) para desentrañar su contenido y alcance, en cuanto a quienes integran la parte estatal de la relación contractual. El juez del contrato debe seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 CC, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aun siendo «claro» en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico. La labor del juez no se orienta, por supuesto, a «enervar, reemplazar o suplantar a las partes», ni a adulterar sus estipulaciones, sino más bien a la «consecución reflexiva del sentido de una estipulación». En tal sentido, no solo al interpretar el contrato, sino sus acuerdos modificatorios, debe precisar la finalidad común de las partes, con el fin de determinar el resultado específico perseguido por ellas, de acuerdo con su contenido, alcance, utilidad y función. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la interpretación del contrato, consultar sentencias de la Corte Suprema, Sala de Casación Civil, de 23 de noviembre de 2020, Rad. 11001-31- 03-019-2011-00361-01; sentencia de 7 de febrero de 2008, Rad. 2001-06915-01 y sentencia del 14 de febrero de 2000, Rad. 5577. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1618 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA / LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / LÍMITES A LA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / DEPARTAMENTO DEL META Problema jurídico: ¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento del Meta, pese a que el contrato No. 161 de 2002 fue suscrito y ejecutado por la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública como entidad descentralizada y la demanda no se dirigió contra esta? Respuesta al problema jurídico: No [N]o es jurídicamente admisible derivar la condición de parte contractual exclusivamente de la reiteración nominal del Departamento en determinadas cláusulas, cuando el contrato de obra pública No. 161 de 2002 fue suscrito por la directora de la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública del Departamento del Meta, entidad descentralizada del orden territorial, titular de la competencia externa en materia de contratación (folios 72 a 112 del cuaderno 1). Además, del mismo texto contractual se desprende que las funciones esenciales de ejecución, control y liquidación, así como la responsabilidad frente al contratista fueron radicadas en una entidad dotada de personería jurídica propia, que además expresó la voluntad de la administración de obligarse, conforme a la normativa vigente -Decreto 327 de 2002-. En tales condiciones, la Sala concluye que la interpretación propuesta por la apelación no se compadece con una lectura integral y sistemática del acuerdo de voluntades, por lo que no puede concluirse que el ente territorial fue parte del contrato. (...) La Sala advierte que, conforme al contenido de la demanda, la parte actora dirigió de manera expresa sus pretensiones contra el Departamento del Meta, representado por el Gobernador, a quien imputó la responsabilidad derivada del presunto rompimiento del equilibrio económico del contrato de obra pública No. 161 de 2002 y frente a quien solicitó la correspondiente condena al pago de perjuicios. Si bien en el texto de la demanda se hace referencia a la Unidad Administrativa Especial para Proyectos y Contratación Pública, ello ocurre en calidad de “delegada” y representante del ente territorial -como fue el criterio expuesto a lo largo del proceso por la parte actora-, pero no como sujeto pasivo de las pretensiones. En ese sentido, aunque el juez contencioso administrativo cuenta con facultades para interpretar la demanda y determinar su verdadero alcance, dicha potestad no puede extenderse hasta el punto de alterar la parte demandada o de integrar oficiosamente al proceso a una entidad distinta que no fue vinculada en debida forma. Por consiguiente, en el presente caso no resulta jurídicamente viable reconducir la demanda para entenderla dirigida contra la Unidad Administrativa Especial, cuando las pretensiones fueron formuladas de manera clara y directa contra el Departamento del Meta. Por lo demás, el actor no señaló en su apelación que la demanda sí podía entenderse dirigida contra la mencionada unidad. Por el contrario, su actuación se limitó a insistir en que la parte contractual y, por ende, la legitimada por pasiva era el Departamento del Meta. Con fundamento en lo expuesto, como la demanda se dirigió en contra del Departamento del Meta, que no fue parte del contrato, no hay legitimación en la causa por pasiva, lo que impone confirmar la sentencia de primera instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 327 DE 2002 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE MALA FE / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=500012331000200510334011100103