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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

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Fecha
2021-11-22
Radicado
05001233100019980093701
Número interno
35826
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONVEL S.A.S., CONSORCIO CONINSA S.A. Y OTRO
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Lo que dijo la Sala

La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.8 CCA.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado en segunda instancia contra una sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia, dado que el Consejo de Estado es competente para conocer estos recursos de acuerdo con el artículo 129 del Decreto Ley 1 de 1984, y su competencia también se fundamenta en la cuantía de la pretensión, conforme al artículo 20 numeral 2 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 132 numeral 8 del Decreto Ley 1 de 1984. La Sala reitera esta posición, lo que implica que los recursos de apelación contra sentencias de primera instancia serán conocidos por el Consejo de Estado siempre que se cumplan con los requisitos de competencia y cuantía establecidos en la normativa vigente.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Decreto 1400 de 1970, art. 20 núm. 2
  • Decreto Ley 01 de 1984, arts. 129, 132 núm. 8 y 82
  • Ley 1107 de 2006, art. 1

También resuelve

  • ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato?
  • ¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993?
  • ¿Procede la valoración de la copia simple de documento?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA PROCESO DE DOBLE INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL REAJUSTE DE PRECIO FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO NORMA DE ALCANCE NO NACIONAL COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO PÁGINA WEB ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL EPM NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM ESTABLECIMIENTO PÚBLICO ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL CONTRATO DE OBRA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO IUS VARIANDI TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACTIO IN REM VERSO REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

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Titulación de la relatoría 20.766 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.8 CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 8, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Es procedente la acción de controversias contractuales para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene del incumplimiento de un contrato (arts. 50 y 51 Ley 80, 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602 PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIO / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO Problema jurídico: ¿Para el cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales, resulta aplicable el término de 20 años previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si El término para formular pretensiones, en controversias contractuales, según el artículo 136 CCA, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. El artículo 55 de la Ley 80 de 1993, por su parte, estableció que la acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esa ley prescribirían en el término de 20 años, contados a partir de la vigencia de los mismos. La Sala ha sostenido, con el fin de armonizar estas normas, que las controversias derivadas del incumplimiento del contrato o la civil de los servidores públicos se rigen por la «prescripción de la acción» de 20 años, mientras que las demás, esto es, las derivadas de la validez del contrato, de los actos jurídicos y de los hechos contractuales que no le son imputables a las partes (hecho del príncipe, hechos imprevisibles, etc.), se les aplica la caducidad de 2 años (art. 136 CCA) . Según la demanda, EPM incumplió el contrato pues no le reconoció el pago del reajuste de las obras extras y adicionales con una fórmula que no tuviera un «valor fijo» relacionado con el anticipo. La demanda se interpuso en tiempo –20 de abril de 1998–, esto es, dentro del término previsto en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993, pues el 17 de febrero de 1997 las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato, en la que quedó consignada la reclamación relacionada con la revisión de la fórmula de reajuste. NOTA DE RELATORÍA: Referente a las controversias derivadas del incumplimiento del contrato, consultar sentencia de 9 de marzo de 2000, Exp. 17333, C.P. María Elena Giraldo Gómez y sentencia del 22 de julio de 2009, Exp. 17552, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 50, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 51, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 52, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 53, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 55 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Procede la valoración de la copia simple de documento? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio NOTA DE RELATORÍA: Referente al valor probatorio de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero. NORMA DE ALCANCE NO NACIONAL / COPIA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / PÁGINA WEB / ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL Problema jurídico: ¿Las normas de carácter territorial seccional o local que se encuentre a disposición del público en las páginas institucionales de las entidades se reputan auténticas? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 188 CPC y el artículo 141 CCA, las normas de alcance no nacional deben aportarse al proceso en copia auténtica. La Sala reitera que las normas de carácter territorial seccional o local que se encuentre a disposición del público en las páginas institucionales de las entidades se reputan auténticas para todos los efectos legales. Se trata de un medio admisible, eficaz, válido y con fuerza obligatoria para acreditar el contenido del texto de las normas de alcance no nacional y, por tanto, satisfacen la exigencia prevista en los artículos 188 CPC y 141 CCA . Los Acuerdos n°. 58 de 1955 y 69 de 1997 serán valorados, pues se encuentren a disposición del público en la página web de la entidad. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 188, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 141 EPM / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EPM / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL / CONTRATO DE OBRA / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El régimen jurídico del contrato es la ley 80 de 1993 por cuanto fue suscrito durante su vigencia? Respuesta al problema jurídico: Si Para la fecha de suscripción del contrato n°. 9/DJ-996/30 –26 de abril de 1994–, EPM era un establecimiento público, es decir, era entidad descentralizada del orden municipal, creada por el Acuerdo n.° 58 de 1955 . En ese momento, la Ley 80 de 1993 estaba vigente en su mayoría, pues fue publicada el 28 de octubre de ese año y según el artículo 81 todas sus normas debían entrar a regir a partir del 1° de enero de 1994, con excepción de las normas sobre registro, clasificación y calificación de proponentes, cuya vigencia se iniciaría un año después de la promulgación de la ley. La Sala aclara que la Ley 142 de 1994 no se había expedido para la fecha en que se celebró el contrato, pues esto solo ocurrió el 1 de julio de 1994 y entró a regir con su publicación el 11 de julio siguiente. Como la Ley 80 de 1993 estaba vigente al momento en que se celebró el contrato y EPM era entidad estatal según esa ley (art. 2), pues era un establecimiento público, el régimen jurídico aplicable al contrato n°. 9/ DJ-996/30 es el dispuesto en el Estatuto General de la Contratación, esto es, por regla general, por las disposiciones comerciales y civiles (arts. 13, 23, 28, 32, 40, 44 y 45 de la Ley 80 de 1993 y art. 2 CC), salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887) . NOTA DE RELATORÍA: Referente al régimen jurídico aplicable a los contratos, consultar sentencia de 28 de febrero de 2020, Exp. 31628, C.P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 45, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 2 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / OBJETIVO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CLASES DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL POR MUTUO ACUERDO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el cumplimiento del objeto contractual y el estado de ejecución de las obligaciones. La liquidación tiene lugar, usualmente, a la terminación del contrato y corresponde, pues, al corte de cuentas que tiene por objeto: (i) establecer si hay obligaciones pendientes (ii) los saldos en favor y en contra y (iii) estar a paz y salvo . La liquidación es, pues, un ajuste de cuentas para que las partes del negocio jurídico puedan finiquitar – definir quién debe a quién y cuánto. En la liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de 1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la administración directamente y (iii) judicial . NOTA DE RELATORÍA: Referente a la liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública, consultar sentencia de 16 de febrero de 2001, Exp. 12660, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 9 de junio de 2010, Exp. 18971, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 19 DE 2012, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / IUS VARIANDI / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Cualquier variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico del contrato? Respuesta al problema jurídico: No [N]o cualquier variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico, pues existen riesgos inherentes a la actividad contractual que deben ser asumidos por las partes. Por ello, según la jurisprudencia, los eventos que configuran ruptura de la ecuación del contrato son : a) cuando la entidad contratante mediante el ejercicio de facultades excepcionales introduce modificaciones al contrato que hacen más onerosa su ejecución bajo un régimen de responsabilidad sin falta. Su ejercicio ilegítimo da lugar al incumplimiento y a una indemnización integral, al amparo de una responsabilidad por culpa [ius variandi] ; b) cuando la Administración como autoridad y no como parte –aunque no hay uniformidad sobre si debe provenir o no de la entidad contratante– expide leyes o actos administrativos de carácter general que afectan directa o indirectamente la ejecución del contrato y alteran de manera extraordinaria, imprevisible y anormal el equilibrio prestacional. El «hecho del príncipe» impone una indemnización integral [«teoría del hecho del príncipe»] ; c) cuando por factores exógenos a las partes del negocio se dan circunstancias externas que alteran de manera extraordinaria la ecuación financiera sin que pudiera preverse al suscribirse el contrato. En este caso hay compensación, no indemnización integral [«teoría de la imprevisión»]; y d) cuando emergen dificultades de orden material derivadas de hechos de la naturaleza que no pudieron preverse y comportan mayores cantidades de obra y soluciones técnicas costosas «sujeciones técnicas o materiales imprevistas»] . NOTA DE RELATORÍA: Referente al rompimiento del equilibrio económico del contrato, consultar sentencia de 15 de febrero de 1999, Exp. 11194, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 31 de agosto de 2011, Exp. 18080, C.P. Ruth Stella Correa Palacio ; sentencia de 21 de junio de 1999, Exp. 14943, C.P. Daniel Suárez Hernández y sentencia de 20 de septiembre de 1979, Exp. 2742. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El incumplimiento de obligaciones contractuales y el desequilibrio financiero del contrato estatal son diferentes? Respuesta al problema jurídico: Si El «equilibrio o la equivalencia de la ecuación económica» pretende que, en el desarrollo del contrato, se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento en que fue celebrado. Dicho equilibrio puede verse afectado por factores externos a las partes o por diversas causas que pueden ser imputables a la Administración como consecuencia o por razón de la expedición de actos administrativos en ejercicio legítimo de su condición de autoridad. El incumplimiento, en cambio, evalúa el comportamiento de las partes frente a la ejecución del contenido obligacional, esto es, si fue tardío, defectuoso o conforme con lo que libre y voluntariamente acordaron. Por ello, el incumplimiento debe analizarse desde la perspectiva de la responsabilidad contractual. La tasación económica es distinta en uno y otro caso. En la ruptura del equilibrio económico del contrato se pretende evitar puntos de pérdida (art. 5 de la Ley 80 de 1993), sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al hecho del príncipe , mientras que el incumplimiento exige la indemnización plena de los perjuicios, que se derivan de la desatención de las obligaciones del contrato. El incumplimiento, además, faculta a la entidad pública a sancionar al contratista mediante la declaratoria de caducidad administrativa del contrato, o para imponer multas y declarar el incumplimiento con el fin de hacer efectiva la cláusula penal incluida en el contrato (artículos 60 y 70 del Decreto Ley 222 de 1983, 14 y 18 de la Ley 80 de 1993 y 17 de la Ley 1150 de 2007). NOTA DE RELATORÍA: Referente al desequilibrio económico del contrato, consultar sentencia de 18 de septiembre de 2003, Exp. 15119, Ramiro Saavedra Becerra. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 60, DECRETO LEY 222 DE 1983 - ARTÍCULO 70, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 14, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / FÓRMULA PARA EL REAJUSTE DE PRECIO / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / OBRAS ADICIONALES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se incumple un contrato cuando el contratante reajusta las obras adicionales y extras con la fórmula de reajuste de precios pactada en el contrato, con la inclusión del componente fijo previsto por las partes? Respuesta al problema jurídico: No En el contrato, las partes regularon este supuesto, pues, en la cláusula décima, pactaron que en caso de que no hubiera acuerdo sobre el precio, las obras extras estarían sometidas a la cláusula de reajuste pactada en esa cláusula del contrato. De manera que, la cláusula décima –y su interpretación con la cláusula decimoprimera frente a la función de la fórmula de reajuste (artículo 1622 CC)– permiten concluir a la Sala que esa fórmula no se limitó a aplicarse a todas las obras –ordinarias y adicionales– que se pagaran con fundamento en la lista de precios, sino que en caso de que las partes no lo definieran, serviría de instrumento para reajustar las obras extras que, durante la ejecución de la obra, fueran objeto de acuerdo. (...) En el contrato se pactó que la fórmula de reajuste, sin diferenciar si debía tenerse en cuenta o no el componente fijo y con independencia de la amortización del anticipo, sería aplicable para el pago de obras ordinarias y adicionales. También se previó que en caso de que no hubiera acuerdo frente a las obras extras esa fórmula de reajuste se utilizaría para reajustar su valor. Esas cláusulas eran ley para las partes y, por ende, la entidad contratista podía utilizar la fórmula de reajuste de acuerdo con la función económica que le atribuyó el acuerdo de voluntades. Desde la celebración del contrato está claro que esa fórmula independientemente del componente fijo que incluía, sería la que regularía el reajuste de los precios de las distintas obras. No puede desatender la ley contractual como acto jurídico generador de obligaciones, derivado del contrato, en ejercicio de la autonomía de la voluntad (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993). Como la entidad demandada utilizó la fórmula pactada para la actualización de precios, de acuerdo con lo pactado, no incumplió el contrato. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622 ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACTIO IN REM VERSO / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE RECONOCIMIENTO DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿Resulta improcedente la acción de enriquecimiento sin causa porque el desplazamiento patrimonial alegado tuvo su origen en una causa jurídica que fue perseguida a través de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: Si La demanda adujo, como pretensión subsidiaria, que EPM se había enriquecido injustamente por los hechos aducidos en la demanda. La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario . En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –contrato de obra n°. 9/DJ-996/30–, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa. Por ello, se confirmará la sentencia de primera instancia. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No De conformidad con el artículo 171 CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199800937011100103