Titulación de la relatoría 23.950 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor – $340.672.807,69 (f. 3 c. 1)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA, esto es, $230.750.000.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 136.10 del CCA dispone que la demanda se puede intentar a más tardar dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento, por lo cual, en este caso, se debe realizar el cómputo a partir del día siguiente a aquél en el que feneció el plazo para liquidar bilateralmente el contrato según lo pactado, en la medida en que la entidad no estaba habilitada legal ni contractualmente para liquidarlo unilateralmente, dado el régimen del contrato que se expondrá adelante [núm. 11]. Las partes pactaron en la cláusula decimosexta del contrato n.° 2050390 de 2005 que este se liquidaría de mutuo acuerdo dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación (fls. 18-24 c. 1). El plazo de ejecución del contrato –el cual se pactó en un total de 9 meses y 15 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, de conformidad con las prórrogas y suspensiones suscritas por las partes– transcurrió entre el 11 de abril de 2005, fecha de suscripción del acta de inicio (f. 30 c. 1), y el 25 de febrero de 2006, según da cuenta el acta n°. 1 del recibo final de las obras (f. 31 c. 1). Entre el 26 de febrero de 2006 y el 26 de junio siguiente corrió el plazo convenido para liquidar bilateralmente el contrato, esto es, los cuatro meses acordados en la cláusula decimosexta del contrato n.° 2050390 de 2006. En consecuencia, de conformidad con lo expresado previamente, el término de caducidad comenzó a correr a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo pactado por las partes para concertar la liquidación, es decir, a partir del 27 de junio de 2006, por lo cual feneció el 27 de junio de 2008; como la demanda se presentó el 10 de marzo de ese año (f. 10 c. 1), se concluye que la demanda se interpuso en tiempo.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10
COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / RECONOCIMIENTO DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO
Problema jurídico:
¿Procede la valoración de la copia simple de documento?
Respuesta al problema jurídico: Si
Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la valoración de las copias simples, consultar sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
FACULTADES DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PRUEBA DE OFICIO / PRUEBA DE OFICIO EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DECRETO DE PRUEBA DE OFICIO / NECESIDAD DE LA PRUEBA DE OFICIO / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DE OFICIO / PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / DECRETO DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE PRUEBAS EN SEGUNDA INSTANCIA / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿El juez puede decretar pruebas de oficio para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Tribunal decretó de oficio la copia auténtica del acta de liquidación bilateral del contrato n°. 2050390 de 2006 para resolver el fondo de la controversia, porque en la demanda se pidió la liquidación judicial del contrato (fls. 518-519 c. 1). El recurrente esgrimió que no podía ser valorada dentro del proceso, porque fue incorporada al expediente a través de un auto de mejor proveer por fuera de la etapa probatoria. Como estando el proceso para fallo el juez puede disponer que se practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o dudosos, de conformidad con el último inciso del artículo 169 del CCA, el acta de liquidación bilateral del contrato n°. 2050390 será valorada, porque tiene mérito probatorio, con lo cual se descarta el primer argumento de la apelación.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 169
CONTRATO DE ENTIDAD FINANCIERA ESTATAL / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / FONADE / NATURALEZA JURÍDICA DE FONADE / REGÍMENES DE FONADE / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN
Problema jurídico:
¿El régimen jurídico del contrato celebrado por el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, era el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
El régimen de contratación de Fonade –vigente al momento en que se suscribió el contrato n°. 2050390 de 2006– era el previsto en el parágrafo 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, antes de la reforma del artículo 26 de la Ley 1150 de 2007. Este parágrafo establecía que, sin perjuicio de lo dispuesto en esa ley sobre fiducia y encargo fiduciario, los contratos que celebraran las entidades financieras de carácter estatal, que correspondieran al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no se sujetarían a las disposiciones de la Ley 80 y se regirían por las normas aplicables a dichas actividades. Para definir si los contratos cumplían con el segundo presupuesto, correspondía determinar si eran del giro ordinario de las actividades propias del objeto social de la entidad financiera. El «giro ordinario» hace referencia a las actividades realizadas en cumplimiento del objeto social o de las funciones principales establecidas en la ley. También a aquellas que, aunque no están relacionadas directamente con el objeto, son conexas o necesarias para su desarrollo. (...) En conclusión, ese contrato –sobre el que recaen las pretensiones de la demanda– estuvo ligado a su actividad de celebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos, lo cual se encuentra dentro del giro ordinario de los negocios del demandado. Como el parágrafo del artículo 32 – antes de la modificación de la Ley 1150 de 2007– estaba vigente cuando Fonade suscribió el contrato –2 de febrero de 2005– y este se inició para desarrollar su objeto social, el régimen jurídico del contrato era el derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al régimen jurídico de los contratos celebrados por Fonade, consultar sentencia de 10 de febrero de 2021, Exp. 56178, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 26, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 PARÁGRAFO 1
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PÉRDIDA DE COMPETENCIA POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD
Problema jurídico:
¿Las partes perdieron la competencia para liquidar el contrato de mutuo acuerdo, debido a que operó la caducidad de la acción contractual y se vencieron los términos previstos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en consonancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007??
Respuesta al problema jurídico: No
[C]omo el contrato n°. 2050390 no se rige por la Ley 80 de 1993 y las posteriores que la han modificado, no hay lugar a aplicar las disposiciones de ese estatuto frente a los plazos de liquidación del contrato ni respecto de las limitaciones en el tiempo dentro del cual dicha liquidación debe tener lugar. Tampoco, del sentido literal de la cláusula es posible determinar que las partes, para los efectos de la liquidación del contrato, se sujetaron a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, o estipularon una prohibición frente a la liquidación por fuera del término de los cuatro meses, ni tampoco establecieron que el contrato no podría liquidarse si había operado el término de caducidad de la acción contractual, reglas que, se reitera, solo son aplicables a los contratos a los que se aplica esa normativa. En estas condiciones, los reparos formulados por la recurrente frente a la fecha de suscripción del acta de liquidación y la pérdida de la «competencia» para liquidar bilateralmente el contrato no tienen vocación de prosperidad. Su estudio, se reitera, se debe limitar a las reglas del derecho privado que rigen el contrato. La liquidación bilateral es un negocio jurídico válido y, por lo mismo, con fuerza vinculante (art. 1602 CC), que refleja la voluntad de los contratantes, al definir quién, qué y cuánto deben. Por ello, si la voluntad se emitió libre y exenta de vicios, conforme a la ley, tiene plenos efectos.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1602
ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / CONTENIDO DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / INTERPRETACIÓN DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO
Problema jurídico:
¿Las salvedades al acta de liquidación bilateral del contrato de régimen exceptuado, son regla de interpretación absoluta?
Respuesta al problema jurídico: No
Sobre la exigencia de salvedades concretas y específicas, esta Corporación ha sostenido que, en los contratos a los que son aplicables las reglas de la Ley 80 de 1993, para que puedan ser acogidas las pretensiones contractuales elevadas por alguna de las partes luego de la liquidación bilateral del contrato, el interesado debe haber formulado salvedades –concretas y específicas– en el acta de liquidación, con el fin de determinar las razones de su inconformidad. Ello es así, porque es la misma Ley 80 de 1993, en el artículo 60, la que establece el efecto de la decisión de las partes de declarar terminada su relación contractual a paz y salvo. No obstante, tratándose del acta de liquidación bilateral de un contrato que se rige por el derecho privado, más allá de la naturaleza de las «salvedades» – específicas o genéricas–, el juez deberá determinar en cada caso si las partes pretendieron, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, regular los asuntos cuya reclamación se le formula y declararse a paz y salvo por todas aquellas situaciones que pudieran derivarse de la relación contractual. Corresponde al juez dilucidar, en cada situación, cuál fue el entendimiento entre las partes y su alcance, conforme a las pautas de interpretación de los contratos, las normas supletorias asociadas a los tipos contractuales en las leyes civiles y comerciales, así como el cumplimiento de buena fe del contrato. De acuerdo con estas directrices, determinará si las partes pretendían regular, mediante dicho acuerdo, los asuntos objeto de la reclamación y los términos de dicha regulación. En consecuencia, la acción contractual se limitará a aquellos aspectos sobre los cuales no se llegó a un acuerdo al momento de suscribir la liquidación del contrato. En definitiva, el hecho de que no se incluyan salvedades concretas en el acta de liquidación bilateral de un contrato que se rige por el derecho privado no releva al juez de establecer si lo que se reclama con la demanda quedó sometido al acuerdo de voluntades en el que las partes se declararon a paz y salvo frente a la ejecución del contrato. Para ello, podrá analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción de dicho acuerdo y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron durante la ejecución del contrato –como prorrogas, adiciones o suspensiones–, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con el objeto de estas. Con base en estos elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan improcedentes, ya porque desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, o porque quien demanda debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas y suspensiones.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a las salvedades en el acta de liquidación del contrato, consultar sentencia de 16 de octubre de 1980, Exp. 1960 y sentencia de 16 de febrero de 2011, Exp. 11689, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60
ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / AFECTACIÓN DE LA ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / REVISIÓN DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿La teoría de la imprevisión permite el reajuste o la terminación del contrato por la
vía judicial?
Respuesta al problema jurídico: Si
Durante el proceso de formación y al momento de celebrar un contrato, incluidos los contratos públicos, las partes evalúan los beneficios y asumen riesgos financieros específicos que configuran la ecuación contractual. Aunque se reconoce la importancia del postulado de que los contratos son ley para las partes y, por ello, deben ser cumplidos [pacta sunt servanda], se han atenuado los efectos de la aplicación estricta del contrato debido a la posibilidad de que las condiciones originales del acuerdo se vean alteradas. Esta atenuación se basa en consideraciones de equidad en las relaciones contractuales, en la suposición de que las partes se comprometen en función de las circunstancias existentes en el momento del acuerdo [rebus sic stantibus], y en el entendimiento de que situaciones extraordinarias, imprevistas e irresistibles pueden dificultar en exceso el cumplimiento estricto del contrato. Como respuesta a esto, se ha desarrollado la teoría de la imprevisión, que busca restaurar el equilibrio contractual perturbado por tales circunstancias. (...) Así, antes de la regulación del actual artículo 868 del Código de Comercio sobre la revisión de los contratos mercantiles, la propia Corte Suprema de Justicia adoptó la imprevisión como principio general del derecho. Desde esta perspectiva, sostuvo que los principios generales del derecho no sólo irradian, sino que también integran el ordenamiento jurídico, por lo cual, la jurisprudencia aceptó la imprevisión en las relaciones jurídicas obligatorias y contractuales civiles. (...) el artículo 868 del C.Co reguló específicamente la figura de la revisión del contrato mercantil. En tal sentido dispuso que si circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, surgidas después de la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, alteran o agravan de manera significativa la prestación futura a cargo de una de las partes hasta hacerla excesivamente onerosa, dicha parte puede solicitar su revisión. En tal caso, el juez examinará las circunstancias que hayan modificado las bases del contrato y, si es posible, ordenará los ajustes que la equidad requiera. De lo contrario, podrá dar por terminado el contrato, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 868 del Código de Comercio. Para que proceda la revisión del contrato, se deben cumplir ciertos requisitos: i) que el contrato sea existente y válido, elemento distintivo de la revisión del contrato regulada en el artículo 868 del C,Co.; ii) que sea de ejecución sucesiva, periódica o diferida y no aleatorio o de ejecución instantánea; iii) que las circunstancias que lo alteren sean imprevistas o imprevisibles; iv) que dichas circunstancias generen una excesiva onerosidad, es decir, una desproporción significativa y evidente con respecto a la finalidad económica del contrato; v) que los eventos que alteren la simetría contractual ocurran después de la celebración del contrato, durante su ejecución y antes de su finalización; vi) que tales eventos estén fuera del control de las partes; y vii) que la pretensión verse sobre la obligación de futuro cumplimiento por la parte del contrato afectada.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Procede reconocer los perjuicios alegados por obras adicionales en un contrato, cuando las partes, durante el trámite del proceso, llegaron a un acuerdo de paz y salvo?
Respuesta al problema jurídico: No
Aunque el demandante señaló que el «repaleo» era una actividad distinta al «acarreo», no obran pruebas de que, en efecto, se trate de una actividad adicional que deba ser reconocida, circunstancia que le correspondía demostrar de conformidad con el artículo 177 del CPC y 1757 del CC. En cambio, está acreditado que el «repaleo» se trata de una modalidad que eligió el contratista para el cumplimiento del objeto contratado, esto es el «acarreo». (...) En línea con lo expuesto, no es cierta la afirmación del recurrente, según la cual el «repaleo» fue una actividad adicional no prevista, porque, como se observa, por la naturaleza de las actividades a ejecutar, encaminadas al traslado del material excavado hasta los hombros del canal, no se reconocería un valor adicional por el acarreo del material excavado. Esa circunstancia, como se indicó, quedó definida expresamente en el numeral 1.02 de las especificaciones técnicas del contrato, en donde se precisó que el contratista debía «realizar la excavación en el cauce disponiendo el material excavado en los hombros del canal hasta una altura máxima de 2.50m y en un radio de hasta 500m, dentro del cual no habrá pago por acarreo de material». De acuerdo con las pruebas, para la Sala resulta claro que las reglas de participación ni las especificaciones técnicas del contrato definieron una modalidad para el traslado del material excavado hasta los hombros del canal, sino que se estableció que el acarreo de este material no generaría un costo adicional en un radio de 500 metros, independientemente del ancho del caño y la modalidad elegida por el contratista para el movimiento del material excavado. Por tal motivo, la actividad de «repaleo» que ejecutó el contratista correspondió al objeto contratado, el cual fue plenamente conocido y aceptado por el consorcio al momento de presentar su oferta. Todo lo cual, además, quedó expresamente definido en la cláusula 1.02 de las condiciones técnicas del contrato que no generaría un pago adicional [núm. 32]. (...) El perito L. F. M. A. calculó los costos de obra, financieros, tributarios, honorarios y gastos operacionales. Como soportes de su experticia aportó los asientos contables del consorcio (facturas, comprobantes de egresos etc.). El perito calculó los ingresos del contrato en $1.458.320.212,76; los egresos en $1.816.428.967,42 y, por ello, concluyó que el sobrecosto era de $358.108.754,66, pero no explicó su origen. En efecto, su dictamen no dio cuenta las causas del daño alegado por la demandante, porque no se refirió a la actividad del «repaleo», ni tampoco constató de forma técnica o científica que dicha actividad fuera la causa de los sobrecostos. Tampoco reseñó las circunstancias de tiempo, modo y lugar que confluyeron para que se generaran los sobrecostos y, por ello, no es prueba de que las obligaciones del demandante se hayan hecho más onerosas por alguna obra adicional. Por lo tanto, no obra prueba de que el monto pagado por concepto del ítem 1.02 «excavación en cauce (húmedo o seco) y apile de materiales en los hombros del canal» no correspondiera a los costos unitarios por la ejecución de esa actividad. En la demanda se pidió que se decretara la liquidación judicial del contrato. Como en el expediente obra prueba de que el contrato n°. 2050390 fue liquidado por las partes y que dicho acuerdo rige válidamente y de forma general la relación contractual [núm. 18] y, según lo expuesto, no está llamado a prosperar alguno de los reparos del recurrente que puedan alterar el balance económico del contrato, debe negarse esta pretensión. En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, porque negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que, a partir de las pruebas del proceso, no es posible concluir que el demandante haya demostrado algún perjuicio que deba ser reconocido, como le correspondía conforme a los artículos 1757 del Código Civil y 177 del CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 del CCA.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1757
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS
Problema jurídico:
¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55