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DELEGACIÓN DE FUNCIONES

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Consejo de Estado Providencia

¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998?

Sentencia — Sentencia 2023-09-07 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 05001233300020160266301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Resolución no. 201500187443 del 20 de marzo de 2015 es nula por falta de competencia funcional del Director de Fiscalización Minera del Departamento de Antioquia, desconociendo lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 489 de 1998? Sí
La Sala confirmará la sentencia apelada que declaró la nulidad de la Resolución no. 201500187443 del 20 de mayo de 2015 proferida por el Director de Fiscalización de la Secretaría de Minas del Departamento de Antioquia, puesto que con su expedición se desconoció el contenido y alcance del artículo 14 de la Ley 489 de 1998, así como los actos en que debía fundarse, específicamente, las Resoluciones nos. 181492 de 30 de agosto de 2012 emitida por el Ministerio de Minas y Energía y, 271 del 18 de abril de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Minería (ANM).… De conformidad con el parágrafo del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), le correspondía a la entidad pública aportar y allegar la totalidad del expediente administrativo, incluido el correspondiente convenio interadministrativo de delegación de funciones; además…
También resuelve: ¿La delegación de funciones realizada por el Ministerio de Minas y Energía y la ANM en cabeza del Gobernador de Antioquia, permitía que a su vez… ¿Conforme al criterio objetivo, procede la condena en costas contra la demandada por ser la parte recurrente y al confirmarse en su totalidad la decisión proferida por el Tribunal Administrativo?
CONFIRMA
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Es menester precisar que son los jefes o representantes legales de las entidades estatales en quienes recae la facultad para desarrollar procesos de selección y la celebración de contratos.

C-360 de 2024 2024-09-10
¿Puede el representante legal y/o jefe de la entidad estatal delegar funciones de ordenación del gasto?
Los jefes o representantes legales de las entidades estatales, en quienes recae la facultad de desarrollar procesos de selección y celebrar contratos, pueden delegar total o parcialmente esas funciones en servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, conforme a los artículos 9 de la Ley 489 de 1998 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. Corresponde a la autoridad que delega establecer, según la planta de personal, si el cargo receptor, independientemente de su denominación o tipo de vinculación, es del nivel directivo o ejecutivo. La ordenación del gasto es una facultad cuyo alcance y forma de ejercicio fija la ley, sin vulnerar el núcleo esencial de la autonomía presupuestal, y es posible delegarla a la luz del artículo 9 de la Ley 489 de 1998. La delegación y la desconcentración buscan que las funciones del Estado se adelanten con eficiencia, celeridad y economía, y no se restringen a la licitación pública, sino que cualquier procedimiento de escogencia e incluso la celebración del contrato pueden delegarse y desconcentrarse.síntesis automática
También resuelve: Delegación de funciones contractuales: normativa, servidores públicos, nivel directivo y ejecutivo Delegación: ordenación del gasto
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Funciones contractuales: serán los respectivos jefes o representantes legales de las entidades públicas quiénes definirán

C-298 de 2024 2024-08-28
¿Existe un deber legal de establecer el comité de adquisiciones o compras y su normatividad?
No existe un deber legal de establecer un comité de adquisiciones o de compras: quien tiene la competencia y la responsabilidad para tramitar, celebrar y liquidar un contrato es el jefe o representante legal de la entidad estatal, o aquel en quien delegue, conforme al artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y estos sujetos están facultados, en el marco del numeral 9 del artículo 25 de esa ley, para crear unidades asesoras, como los comités de adquisiciones, que promuevan los principios de transparencia y responsabilidad y asesoren y apoyen la gestión contractual. Corresponde a los jefes o representantes legales definir, dentro de sus funciones y competencias, la necesidad de constituir esas unidades asesoras, sus funciones, su integración, las calidades de sus integrantes y el alcance de los conceptos que emitan sobre los procesos contractuales. La delegación, prevista en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 en desarrollo del artículo 211 de la Constitución, permite al jefe o representante legal delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos en servidores del nivel directivo o ejecutivo, como técnica de organización para el cumplimiento eficaz de la función administrativa.síntesis automática
También resuelve: Funciones contractuales: delegación, fundamento normativo, Artículo 211 superior Unidades asesoras: comités de contratación, facultad de creación, numeral 9 del artículo 25, Ley 80 de 1993
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El artículo 11 de la Ley 80 de 1993 establece son los jefes o representantes legales de las entidades estatales, en quienes recae la facultad para desarrollar procesos de selección y la celebración de contratos.

C-105 de 2024 2024-07-05
¿De acuerdo con la Ley 80 de 1993 y toda la legislación aplicable sobre la materia, dentro de un ente territorial del orden departamental quien o quienes son los componentes para tramitar, celebrar y liquidar un contrato de suministro 2. ¿Un asesor jurídico externo que no esté expresamente autorizado, puede tramitar, celebrar un contrato de suministro?
En una entidad territorial del orden departamental, la competencia para desarrollar los procesos de selección y celebrar contratos, incluido el de suministro, recae en el jefe o representante legal de la entidad estatal, según el artículo 11 de la Ley 80 de 1993. Esas funciones pueden delegarse total o parcialmente en servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, conforme a los artículos 9 de la Ley 489 de 1998 y 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007. La entidad puede celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales con un asesor jurídico externo para acompañar el trámite de un contrato de suministro, pero la función de celebrar el contrato no puede delegarse en él. La ordenación del gasto es una facultad cuyo alcance fija la ley y cuya delegación es posible a la luz del artículo 9 de la Ley 489 de 1998. El suministro es bilateral, conmutativo, oneroso, de tracto sucesivo, principal, típico y solemne en la contratación estatal, con inclusión potestativa de cláusulas excepcionales según el artículo 14 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve: Delegación de funciones contractuales: normativa, servidores públicos, nivel directivo y ejecutivo Delegación: ordenación del gasto Contrato de suministro: requisitos, características
Consejo de Estado Providencia

Su cumplimiento solo puede ser exigido entre los contratantes y no por terceros, salvo algunas excepciones.

Sentencia — Sentencia 2026-08-19 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 50001233100020120008301 ACCION CONTRACTUAL
¿Está legitimado en la causa por pasiva el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para responder por obligaciones contractuales derivadas de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista, pese a que su participación se circunscribió al ejercicio de funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías? No
La entidad nacional que ejerce funciones de inspección, control y vigilancia sobre la ejecución de recursos de regalías no está legitimada en la causa por pasiva para responder por las obligaciones de un contrato suscrito exclusivamente entre una entidad territorial y un contratista. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 1602 del Código Civil establece que el contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes y solo obliga a quienes forman parte de él, de acuerdo con el efecto relativo de los contratos previsto en los artículos 1506 y 1507 del mismo código; el contrato fue suscrito solo entre la entidad territorial y el contratista, sin que la entidad nacional asumiera obligaciones derivadas del negocio; y el artículo 21 del Decreto 416 de 2007, vigente al momento de la suscripción, asigna a esa entidad funciones de control y vigilancia que no la convierten en parte contractual. Por ello, la responsabilidad contractual debe dirigirse a quienes celebraron el negocio. La providencia se modifica en lo relativo a esa entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe la Sala limitar su análisis a los aspectos cuestionados por la parte demandante en el recurso de apelación y, para resolver el litigio… ¿Puede considerarse válidamente liquidado de manera bilateral un contrato estatal cuando el documento de liquidación fue suscrito únicamente por el contratista y la interventoría… ¿Incurre en ineptitud sustantiva la demanda cuando el demandante omite solicitar la nulidad de los actos administrativos de terminación y liquidación unilateral del contrato…
MODIFICA
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Podemos hacer referencia a la autorización, requerida para poder celebrar contratos de colaboración con entidades sin ánimo de lucro, la cual por disposición de la norma mencionada no puede ser objeto de delegación.

C-089 de 2024 2024-07-25
¿Los servidores que ostentan el cargo de ASESORES, no pueden ser supervisores de contratos?
Los servidores que ejercen como asesores, coordinadores, auditores internos o quien haga sus veces, así como los funcionarios de los niveles técnicos, pueden ser designados como supervisores de contratos de prestación de servicios, porque la supervisión es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos, cualesquiera sean sus calidades, salvo que se requieran conocimientos específicos. Este criterio se funda en la Ley 80 de 1993, según la cual los servidores y entidades deben vigilar la correcta ejecución del objeto contratado, y en que la supervisión es uno de los medios para ejercer la dirección, control y vigilancia de los contratos y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación de los servicios. Distinto es el caso de la delegación para contratar del artículo 12 de la Ley 80 de 1993, que comprende las etapas precontractual, contractual y poscontractual y cuyos delegatarios son los servidores del nivel directivo y sus equivalentes, y no los del nivel asesor, pues la norma especial prevalece sobre la Ley 489 de 1998. Los alcaldes y gobernadores solo pueden delegar funciones asociadas a los procesos de contratación que están autorizados para celebrar, siempre que dicha delegación no esté restringida por alguna disposición normativa.síntesis automática
También resuelve: Desconcentración: definición Competencia para contratar: delegabilidad, etapas, delegatarios
Consejo de Estado Providencia

Es pues, sobre el cual debe determinarse el monto de la cláusula penal.

Sentencia — Sentencia 2022-11-21 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020090107601 ACCION CONTRACTUAL
¿La pena pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones de entrega de documentos fue proporcional, por basarse en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante con dicho incumplimiento? Sí
El contratista no puede reducir la pena pecuniaria impuesta por incumplimiento de entrega de documentos si esta se basa en una cuantificación razonada del perjuicio irrogado al ente contratante, ya que la proporcionalidad de la sanción se mantiene siempre que se ajuste al daño efectivamente causado, como lo establece el Contrato 194 de 2005 y la Ley 80 de 1993. La Sala reitera la jurisprudencia que permite a la entidad estatal liquidar el monto de la cláusula penal pecuniaria en función del daño real, sin necesidad de que este sea inferior al estipulado contractualmente, lo que implica que la proporcionalidad de la pena pecuniaria se mantiene siempre que se ajuste a la cuantificación razonada del perjuicio.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de controversias contractuales se presentó dentro de la oportunidad prevista en la ley? ¿Tienen valor probatorio las copias simples? ¿El funcionario que profirió los actos impugnados era competente para imponer multas o penas de apremio en el contrato Estatal?
SIN DECISION
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Es por esto que el artículo 2 del Decreto 092 de 2017 señala que el representante legal de la Entidad Estatal debe autorizar la celebración de cada contrato que la Entidad Estatal pretende suscribir en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política, función que no puede delegar.

C-469 de 2024 2024-09-06
¿Puede el representante legal y/o jefe de la entidad estatal delegar funciones para la suscripción de convenios, de que trata el decreto 092 de 2017?
El representante legal de la entidad estatal debe otorgar de manera previa, mediante acto administrativo y para cada contrato en particular, la autorización indelegable que exige el Decreto 092 de 2017 para contratar con entidades sin ánimo de lucro, pero, impartida esa autorización, puede delegar la celebración del convenio y las etapas de ejecución y liquidación en servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes, conforme al artículo 12 de la Ley 80 de 1993. Como las normas atributivas de competencia son de interpretación restrictiva, la autorización se requiere antes de la celebración del contrato, no para la suscripción de los actos contractuales o postcontractuales. Corresponde a la autoridad que delega establecer, según la planta de personal, si el cargo receptor es del nivel directivo o ejecutivo, y la ordenación del gasto también puede delegarse conforme al artículo 9 de la Ley 489 de 1998. La aplicación de las reglas generales de delegación proviene del artículo 8 del Decreto 092 de 2017, que sujeta esa contratación a las normas generales de la contratación pública, excepto en lo que el decreto reglamenta.síntesis automática
También resuelve: Delegación de funciones contractuales: normativa, servidores públicos, nivel directivo y ejecutivo Delegación: ordenación del gasto Decreto 092 de 2017: Constitución, Artículo 355, tipos de convenios
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-12-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 47001233300020170046801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial… ¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación? ¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
REVOCA
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Controversias contractuales

47001233300020170046801 de 2025 2026-02-03 Sección Tercera Rad. 47001233300020170046801
Sobre la irretroactividad de la Ley y la estabilidad jurídica en materia contractual NULIDAD ABSOLUTA POR DELEGACIÓN INDEBIDA DE POTESTADES tributarias –Contrato estatal – Ley 1386 de 2010 – Objeto ilícito – Fiscalización tributaria – Jurisprudencia del Consejo de Estado – Ley 1386 de 2010 – Potestades públicas En los contratos regidos por la Ley 80 de 1993, cuando se declara la nulidad absoluta por objeto o causa ilícita el ejecutante o prestador del objeto contractual tiene derecho a ser restituido por el valor equivalente a las prestaciones ejecutadas, siempre y cuando se encuentre demostrado que la entidad se ha beneficiado con éstas para la satisfacción de un interés público, restituciones que, no obstante, no proceden en todos los casos como lo ha indicado esta Corporación, por ejemplo, en aquellos en los que resulta materialmente imposible efectuarlas.
También resuelve: Controversias contractuales: Artículo 141 del CPACA, liquidación judicial del contrato estatal, partes del contrato estatal Caducidad del medio de control contractual: cómputo del término de caducidad, liquidación del contrato estatal, plazo de dos (2) años, inicio del término de caducidad Irretroactividad de la ley en materia contractual: Ley vigente al momento de celebración, régimen jurídico del contrato, estabilidad jurídica contractual
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Optó por continuar la diligencia y adoptar una decisión que desconoció los criterios de desempate

Sentencia — Sentencia 2026-10-29 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A) DESPACHO 02 SEC3-SUB A TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Rad. 11001334305920200014401 ACCION DE REPETICION
¿En el presente asunto está acreditado que los exfuncionarios […] y […] actuaron de manera gravemente culposa al adjudicar el concurso de méritos IDRD STC-CM-010-2013 al Consorcio Interventoría 2014, adjudicación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y si eso generó la condena a cargo del IDRD? Sí
El contratista debe responder por la condena asumida por la entidad estatal si se demuestra que actuó con culpa grave al adjudicar un contrato, lo que incluye violar manifiestamente las normas de derecho o cometer una omisión inexcusable en el ejercicio de sus funciones. En este caso, el subdirector técnico de construcción del IDRD, en ejercicio de las facultades de contratación delegadas, resolvió un empate en un concurso de méritos sin asesoramiento jurídico adecuado, desconociendo los criterios de desempate previstos en la normativa vigente, lo que llevó a la anulación del acto de adjudicación por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La Sala confirmó que esta conducta constituye una actuación gravemente culposa, mientras que no se probó la culpa grave del otro exfuncionario involucrado, quien no dio visto bueno formal al acto de adjudicación y no se demostró que hubiera incumplido sus funciones como asesor. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios en la adjudicación de contratos estatales para evitar responsabilidades futuras.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

En la parte resolutiva se confirmará la sentencia

Sentencia — Sentencia 2023-11-01 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020150058501 LEY 1437 REPETICION
¿Se pudo establecer que el demandado actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Instituto Financiero de Boyacá para realizar la reestructuración de la planta de personal contaba con la aprobación del gobernador? Sí
En el presente caso los demandados no actuaron con dolo y/o culpa grave, pues se pudo establecer que [el demandado] actuó bajo el convencimiento de que al estar facultado por la junta directiva del Infiboy para realizar la reestructuración de la planta de personal, contaba con el visto bueno y la aprobación del gobernador para hacerlo. Como [sus subalternos] no suscribieron los actos administrativos que fueron parcialmente anulados, tampoco están llamados a responder a título de dolo o culpa grave. Por lo anterior, en la parte resolutiva se confirmará la sentencia… proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
También resuelve: ¿Se probó que los demandados actuaron con dolo y/o culpa grave en los hechos bajo examen? ¿La anulación de los actos administrativos por falta de cumplimiento de requisitos legales, lleva consigo la conclusión de que se obró con dolo o culpa grave? ¿El hecho de que la junta directiva del Infiboy delegara al gerente para determinar la planta de personal, llevaba consigo la aquiescencia del gobernador del departamento?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2026-04-27 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 50001233100020051033401 ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía? Sí
La apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo en las controversias contractuales cuya cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes corresponde a la corporación de cierre de la jurisdicción, en segunda instancia. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, conforme al artículo 82 del CCA, modificado por la Ley 1107 de 2006; el artículo 129 del CCA atribuye a la Corporación la resolución de los recursos de apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el artículo 132, numeral 5, del CCA fija el umbral de cuantía, que en el caso se supera con la cuantía estimada en la demanda. Por ello, la competencia en razón de la cuantía determina que la alzada sea conocida por el Consejo de Estado. La providencia confirma esa competencia y resuelve el recurso en los términos de esa regla.síntesis automática
También resuelve: ¿La legitimación en la causa por pasiva corresponde a quien es parte material de la relación jurídica sustancial controvertida? ¿Puede una autoridad administrativa transferir válidamente el ejercicio de sus funciones a colaboradores u otras autoridades con funciones afines o complementarias mediante acto de delegación… ¿Puede el representante legal de una entidad estatal delegar integralmente la competencia para adelantar procesos de selección y celebrar contratos…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas

Sentencia — Sentencia 2021-12-14 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 08001233300020120020901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Incumplió el departamento del Atlántico la obligación contractual de pagar el precio por las obras ejecutadas por la sociedad contratista? Sí
El contratista puede exigir el pago del precio por las obras ejecutadas desde la fecha en que se firmó el acta de recibo final, y la entidad estatal incurre en mora si no efectúa el pago oportunamente, lo que implica reconocer el daño emergente y el lucro cesante. Si el contrato no contempla una tasa específica de interés moratorio, se aplica la tasa equivalente al doble del interés legal civil vigente al momento de la infracción, según lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 679 de 1994. Esto implica que el contratista tiene derecho a la indemnización de perjuicios materiales y a la cobranza de intereses moratorios desde la fecha en que la obligación se hizo exigible hasta la efectiva cancelación del valor adeudado.síntesis automática
También resuelve: ¿El departamento del Atlántico es contractualmente responsable del pago de los perjuicios materiales en modalidad de daño emergente y lucro cesante?
Consejo de Estado Providencia

No es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico

Sentencia — Sentencia 2022-04-20 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000232600020080060101 ACCION CONTRACTUAL
¿Es procedente el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico, que había sido denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, pese a que la contratista no atacó la legalidad de la decisión denegatoria y de su confirmación en la demanda de controversias contractuales? No
El contratista no puede obtener el reconocimiento judicial del incumplimiento y desequilibrio económico denegado por el contratante durante la ejecución del contrato, si no impugnó la legalidad del acto administrativo que lo rechazó en la vía judicial, debido a la presunción de legalidad y la fuerza ejecutoria del acto administrativo. Además, la entidad estatal no incurrió en incumplimiento por el impago de costos adicionales del componente global de manejo de tráfico, señalización y desvíos, ya que los pliegos de condiciones establecieron que estos se pagaban a precio global fijo sin ajustes. Finalmente, el funcionario que impuso la multa era competente para hacerlo, ya que la facultad de imponer multas o cláusulas penales de apremio es inherente a las facultades generales de ejecución del contrato, aunque no esté expresamente delegada en la normatividad vigente. Estas reglas reafirman la importancia de la impugnación oportuna de actos administrativos y la interpretación restrictiva de las facultades delegadas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó un incumplimiento de las obligaciones del IDU por el impago de los costos adicionales del componente global de los costos de manejo de tráfico… ¿El funcionario que impuso la multa, era competente para ello, de conformidad con la normatividad vigente en su momento? ¿El IDU tenía competencia temporal para imponer la multa contractual, por su carácter apremiante, que la hace procedente únicamente cuando el contrato, y particularmente las obligaciones incumplidas…
Consejo de Estado Providencia

El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares.

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 44001234000020140012001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El contrato demandado adolece de nulidad porque su objeto o sus obligaciones constituyen delegación de funciones tributarias indelegables en particulares? Sí
Un contrato estatal no adolece de nulidad por delegación de funciones tributarias cuando sus obligaciones se limitan a elaborar insumos y no implican gestionar ni cobrar tributos a los contribuyentes, pues esa función permanece en la Administración. La regla se apoya en que el objeto del contrato no prevé que el contratista liquide o cobre tributos, y en que la elaboración de la liquidación sirve de base a la gestión que realiza la entidad, sin trasladarle la gestión frente a los contribuyentes. Por ello, la nulidad no se configura por la sola naturaleza tributaria del objeto. En el asunto, la Sala revocó la sentencia de primera instancia que había declarado de oficio la nulidad del contrato, y liquidó el contrato sin reconocimiento a favor del contratista por no demostrar el cumplimiento de los requisitos para su pago. En la práctica, la liquidación de un contrato sin reconocimiento de pagos depende de que el contratista acredite el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿Es procedente la liquidación del contrato sin reconocimiento a favor del contratista porque no demostró que hubiera cumplido con los requisitos contractuales para el reconocimiento y pago por parte… ¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando el contrato no contiene una estipulación que fije el plazo para liquidación? ¿Es procedente la condena en costas en segunda instancia y la fijación de agencias en derecho?
REVOCA
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Providencia

Tampoco se advierte una indebida inversión de la carga probatoria por parte del juez de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2026-07-23 SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección C) FERNANDO IREGUI CAMELO Rad. 11001334306420170009802 ACCION CONTRACTUAL
“¿El contexto de la expedición de la Resolución No. 5997 de 2016 y la decisión que resolvió el recurso de reposición interpuesto en su contra (Resolución No. 6050 de 2016), constituye una actuación viciada por falta de competencia y por infracción a la prohibición de subdelegación de funciones prevista en el artículo 11 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con la exigencia del literal b) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, según la cual la audiencia sancionatoria contractual debe ser convocada y dirigida por el jefe de la entidad o su delegado?” No
El contratista no puede alegar falta de competencia o subdelegación de funciones en la expedición de las resoluciones sancionatorias, ya que la delegación de funciones por parte del jefe de la entidad fue válida y de conocimiento público, y la carga probatoria de desvirtuar dicha delegación recae sobre el contratista, quien no la cumplió. Además, la mención de una norma derogada en el oficio de convocatoria a la audiencia sancionatoria no vicia el debido proceso, dado que el contenido normativo de dicha norma sigue vigente bajo otra disposición legal aplicable a los hechos investigados. Esta decisión reitera y confirma la presunción de legalidad de los actos administrativos y la necesidad de que el contratista acredite cualquier vicio en la delegación de funciones, así como la irrelevancia de citar normas derogadas si su contenido sigue vigente en otra disposición legal.síntesis automática
Consejo de Estado Providencia

¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley?

Sentencia — Sentencia 2023-07-27 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 11001032600020110007000 ACCION DE REPETICION
¿El término para la presentación de la demanda en la acción de repetición se empieza a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena efectuado por la entidad o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo previsto en la ley? Sí
En el medio de control de repetición, el término de caducidad es de dos años contados desde el día siguiente a la fecha del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de dieciocho meses previsto en el inciso cuarto del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 fija el término de presentación de la demanda de repetición, y debe articularse con el plazo de pago de la condena. Segunda, el vencimiento del plazo de pago opera como fecha límite cuando el pago se realiza después, de modo que el término no puede prolongarse por el pago tardío. En el caso, la providencia modifica la sentencia de primera instancia en lo relativo al cómputo del término de caducidad, que debe contarse conforme a esas reglas. En la práctica, la entidad debe calcular el término desde el pago o desde el vencimiento de los dieciocho meses, según cuál ocurra primero.síntesis automática
También resuelve: ¿Los preceptos de la Ley 678 de 2001 son aplicables al proceso, toda vez que los hechos imputados a los demandados ocurrieron después de su entrada en vigencia? ¿Procede la acción de repetición contra los herederos del agente estatal? ¿Se acreditó que la conducta del demandado fue gravemente culposa?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados?

Sentencia — Sentencia 2024-03-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020170033401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Agencia Nacional de Minería debe reintegrar a la parte actora los valores pagados con ocasión de los actos anulados? Sí
Cuando se anula un acto que liquida regalías con un precio posterior, la entidad debe reintegrar lo pagado, porque el precio vigente para liquidar el trimestre es el que fijó el acto aplicable al período y no puede aplicarse retroactivamente a una obligación ya consolidada. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la resolución vigente para el trimestre, incluido el mes de julio, dispuso expresamente el precio aplicable, y el contribuyente lo acató. Segunda, la obligación de liquidar y pagar las regalías solo surgió después de la entrada en vigor del acto posterior y de culminado el período trimestral, por lo que la aplicación retrospectiva altera una situación jurídica consolidada. Tercera, el derecho conculcado quedó acreditado y el monto pagado con ocasión de los actos demandados no fue controvertido. La providencia revoca la decisión y ordena, a título de restablecimiento, el reintegro de los valores pagados. La consecuencia práctica es que la aplicación retrospectiva de un nuevo precio para regalías ya causadas no es válida y da lugar a la devolución de lo pagado en exceso.síntesis automática
También resuelve: ¿El efecto retrospectivo resulta válido a la luz del ordenamiento jurídico por cuanto no altera situaciones jurídicas ya consolidadas? ¿En la parte resolutiva se ratificó que la resolución aplicaba para la totalidad del tercer trimestre de 2009? ¿La UPME determinaba el precio del mineral para todos los periodos a más tardar iniciando cada trimestre calendario?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020150260101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, en un proceso de controversias contractuales que versa sobre el incumplimiento del contrato interadministrativo suscrito por la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC- y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación -ICFES-? Sí
El contratista está legitimado para interponer un medio de control de controversias contractuales contra la entidad estatal en casos de incumplimiento de contratos interadministrativos, siempre y cuando la controversia supere los 500 SMLMV, lo que permite la intervención del Consejo de Estado en segunda instancia. La Sala determina que la caducidad del medio de control no opera cuando el contrato no ha sido objeto de liquidación bilateral ni unilateral dentro del plazo legal, permitiendo así que la controversia sea debidamente ventilada en sede judicial. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente sobre la procedencia del medio de control de controversias contractuales y la legitimación de las partes para ejercerlo, garantizando así el acceso a la justicia en casos de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Resulta procedente el medio de control de controversias contractuales para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato interadministrativo No. 165 de 2013… ¿Se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)… ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales interpuesto para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo celebrado por las partes…
REVOCA