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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992

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Fecha
2022-11-21
Radicado
25000233600020130052601
Número interno
52109
Ponente
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Actor
CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS SOCIO -ECONOMICAS Y LABORALES -CENASEL
Demandado
BOGOTA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Para computar el término de caducidad de la acción incoada en el sub judice es determinante el régimen jurídico aplicable al negocio jurídico que originó esta controversia, ya que de ello depende la sujeción del contrato a las disposiciones sobre su liquidación; situación que, a su vez, determina la regla aplicable del artículo 164 del CPACA con base en la cual debe definirse el punto de inicio del conteo.… Pues bien, el convenio de asociación núm. 010 de 2007 fue celebrado con el propósito de implementar el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., adoptado mediante el Acuerdo No. 119 de 2004, que, como parte de su eje social, contemplaba el desarrollo de programas para la generación de ingresos de empleo, mediante mecanismos que promuevan la prosperidad colectiva y la inclusión social de poblaciones vulnerables.… En el convenio, además…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
  • Decreto 777 de 1992, art. 1
  • Ley 1150 de 2007

También resuelve

  • ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y…
  • ¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos…
  • ¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PLAN DE DESARROLLO INTERÉS PÚBLICO ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL LEY APLICABLE AL CONTRATO CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL DUDA RAZONABLE SOBRE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA DERECHO DE ACCIÓN EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL PRETENSIÓN SUBSIDIARIA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN APELACIÓN DE LA SENTENCIA LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO PUNTO NUEVO IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN DEBIDO PROCESO DERECHO AL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ADECUACIÓN DE LA DEMANDA CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN SINIESTRO ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA INTERÉS GENERAL SOPORTE CONTABLE DOCUMENTO CONTABLE AUSENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL INVERSIÓN GASTOS DE INVERSIÓN INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA REFORMATIO IN PEJUS PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS CONGRUENCIA DEL JUEZ OCURRENCIA DEL SINIESTRO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL CONDENA EN COSTAS COSTAS PROCESALES CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA CONFIRMACIÓN DEL FALLO AGENCIAS EN DERECHO CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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Titulación de la relatoría 44.205 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / PLAN DE DESARROLLO / INTERÉS PÚBLICO / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DUDA RAZONABLE SOBRE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo? Respuesta al problema jurídico: No Para computar el término de caducidad de la acción incoada en el sub judice es determinante el régimen jurídico aplicable al negocio jurídico que originó esta controversia, ya que de ello depende la sujeción del contrato a las disposiciones sobre su liquidación; situación que, a su vez, determina la regla aplicable del artículo 164 del CPACA con base en la cual debe definirse el punto de inicio del conteo. (…) Pues bien, el convenio de asociación núm. 010 de 2007 fue celebrado con el propósito de implementar el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., adoptado mediante el Acuerdo No. 119 de 2004, que, como parte de su eje social, contemplaba el desarrollo de programas para la generación de ingresos de empleo, mediante mecanismos que promuevan la prosperidad colectiva y la inclusión social de poblaciones vulnerables. (…) En el convenio, además, se dejó constancia de que CENASEL era un entidad privada sin ánimo de lucro (ONG) y que tenía la idoneidad suficiente para el desarrollo del objeto contractual. El negocio jurídico, cuya liquidación se discute en este proceso, fue celebrado así entre una entidad pública y una entidad privada sin ánimo de lucro, para impulsar actividades de interés público, conforme al plan distrital de desarrollo. Por ende, se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403 de 1992. En ejercicio de la atribución constitucional excepcional de regular los contratos previstos en el artículo 355 constitucional de forma directa y con rango legal, el Gobierno Nacional dispuso que tales negocios jurídicos “deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983” (artículo 1). Remitió, de esta forma, al derecho común para la regulación de estos contratos, salvo en lo previsto por el Decreto 777 de 1992 y lo atinente a las cláusulas exorbitantes, como lo ha considerado esta Sección. Este es, pues, el régimen de raigambre constitucional aplicable al convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, que, como tal, no era disponible para las partes contratantes, siendo además este régimen conocido por los suscribientes, según consta en la comunicación del 28 de enero de 2009, remitida por la directora general de la UAESP al representante legal de CENASEL (…), en la que dejó claro que el referido negocio jurídico no se regía por la Ley 80 de 1993. (…) Ahora bien, la Sección Tercera ha reiterado que las facultades excepcionales o exorbitantes —cuyo pacto es admitido en este tipo de convenios— comprenden todas las decisiones unilaterales que, por disposición legal, las entidades pueden tomar en el ámbito de la ejecución de los contratos estatales, en cuanto rompen la igualdad de las partes, colocando al contratista en una relación de subordinación jurídica; dentro de las que se mencionan las decisiones unilaterales de liquidación unilateral de los contratos, y los actos “que determinan u ordenan la exigibilidad de las garantías constituidas para amparar diversos riesgos de naturaleza contractual”. Sin embargo, el precitado artículo 1º del Decreto 777 de 1992 limitó las decisiones unilaterales admisibles en los contratos con entidades sin ánimo de lucro referidos en el artículo 355 de la Constitución. La liquidación unilateral no es así una facultad que pudiera incluirse en el contrato objeto de este litigio. (…) Para el 27 de diciembre de 2007, cuando fue suscrito el convenio de asociación núm. 10, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 —con la modificación que se produjo con la Ley 1150 (…) de 2007— en los que se preveían plazos sucesivos para la liquidación bilateral y unilateral, de cuatro (4) y dos (2) meses respectivamente. En este orden de ideas, el término de caducidad en el sub lite, por tratarse de un contrato en el que la liquidación unilateral no era admitida, debería contarse desde el momento en el que culminara el plazo para la liquidación bilateral. En la cláusula séptima del convenio de asociación núm. 010 de 2007 se pactó un plazo de un año (…). La suscripción del acta de inicio, a partir de la cual comenzaba el cómputo del plazo convenido, se produjo el 28 de diciembre de 2007 (…). Posteriormente, en el acto de modificación y prórroga núm. 1, el plazo fue ampliado en 4 meses y 18 días (…); en la núm. 2 el plazo fue prorrogado por 15 días (…); en la modificación y prórroga núm. 3 lo fue en 1 mes y 15 días (…); y, finalmente, en el núm. 4 se acordó una prórroga de 15 días más (…). Entonces, el convenio de asociación núm. 010 de 2009 terminó el 31 de julio de 2009, y el plazo para liquidarlo bilateralmente culminó el 31 de noviembre de 2007; de acuerdo con el artículo 136.10.d) del CCA, el plazo para el ejercicio oportuno de la acción culminaba el 1º de agosto de 2011; y la demanda fue presentada inoportunamente, el 25 de abril de 2013 (…). En su jurisprudencia unificada, esta Sección ha considerado que en caso de duda sobre la aplicación de las normas y reglas sobre la caducidad, “debe privilegiarse una interpretación favorable al ejercicio de la acción, que permita presentar ante los jueces reclamaciones de contenido indemnizatorio y, en general, que facilite el control de la actividad administrativa y la protección de garantías y derechos fundamentales”. Atendiendo a ello, así como al principio de seguridad jurídica, que se expresa también a través de las decisiones jurisdiccionales, y que justifica una institución limitativa del derecho de acción, como lo es la caducidad, la Sala tomará la fecha de ejecutoria de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, como punto de inicio del conteo del término de caducidad, como lo hizo el a quo al admitir la presente demanda (…), sin que la demandada formulara excepción sobre tal punto. En razón a lo anterior y al pronunciamiento jurisdiccional que negó un análisis de fondo sobre el asunto, por considerar que las resoluciones con las que el convenio de asociación núm. 10 de 2007 fue liquidado eran actos administrativos, en este asunto, la Sala, excepcionalmente, tomará como punto del inicio del conteo d la caducidad el 16 de marzo de 2011, día siguiente al de la ejecutoria de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, que se habría producido el 15 de marzo de 2011. Tras ello, el 4 de febrero de 2013 el demandante presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 4 de abril de 2013 (…). Y, finalmente, la demanda que dio origen a este proceso fue presentada oportunamente el 25 de abril de 2013 (…). Un juicio diferente sobre el ejercicio oportuno de la acción debe realizarse con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la nulidad absoluta del convenio de asociación por violación a la ley y los derechos fundamentales al debido proceso, ejercicio al derecho de defensa y de acceso a la justicia de CENASEL, pues, según el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, dicha pretensión debía someterse a juicio dentro de los dos (2) años siguientes al perfeccionamiento del contrato, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2007. Por ende, como la demanda fue presentada el 25 de abril de 2013, se superó con creces el término bienal prescrito en la citada norma. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, consultar providencias de 14 de agosto de 2008, Exp. 16230, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 23 de noviembre de 2016, Exp. 38310, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 6 de agosto de 2019, Exp. 62003, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 3 de abril de 2020, Exp. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca de las facultades excepcionales o exorbitantes, consultar providencias de 10 de junio de 2009, Exp. 36252, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 28 de noviembre de 2019, Exp. 36600, C.P. María Adriana Marín. En relación con el cómputo del término de caducidad del medio de control, cuando duda sobre la aplicación de las normas y reglas del caso, consultar providencia de 1º de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D Y E, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y, el relativo a un eventual enriquecimiento sin causa, considerando que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda? Respuesta al problema jurídico: No En procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso, no corresponde a la Sala resolver aspectos que, de manera previa, no hubiesen sido esgrimidos en el texto de la demanda (causa petendi y petitum). La doctrina ha precisado que la pretensión, cuyo fin consiste en la tutela de un interés jurídico determinado, tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón. El objeto es el efecto jurídico que específicamente es perseguido, el cual puede ser un derecho, una relación jurídica o la responsabilidad del demandado. Mientras, la razón de la pretensión, que se identifica con la causa petendi, es el fundamento del objeto, “o sea el conjunto de hechos que constituyen el relato histórico de las circunstancias de donde se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho en virtud de determinadas normas de derecho material”. Se ha sostenido así, en un sector de la doctrina, que la causa petendi comprende los fundamentos de derecho —además del sustento fáctico— de las pretensiones. Estos elementos de la pretensión determinan “el alcance y sentido del litigio, del proceso y de la cosa juzgada”. En el ordenamiento contencioso-administrativo colombiano, la inclusión del aspecto jurídico se determina en función de la acción o medio de control incoado. En asuntos de reparación directa, en razón al carácter abstracto del artículo 90 de la Constitución y la ausencia de un régimen legal positivo sobre la responsabilidad extracontractual del Estado, la jurisprudencia de esta Sección ha considerado reiteradamente que la causa petendi se circunscribe a los hechos en los que se funda la controversia. En el otro extremo, en asuntos de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sección ha considerado que el concepto de la violación, en el que se entrelazan los fundamentos fácticos y jurídicos de las pretensiones, configura la causa petendi, tomando en consideración que, en tales casos, corresponde al demandante abatir la presunción de legalidad del acto administrativo atacado, lo que implica la carga de identificar las normas violadas y el concepto de la violación, que impone al actor el artículo 137.4 del CCA. En tales asuntos, no obstante, el juzgador debe proteger los derechos fundamentales cuya violación advierta y dar primacía a la Constitución en caso de incompatibilidad con una norma inferior, pese a no estar referido en el concepto de la violación, como lo determinó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del mencionado artículo 137.4 del CCA. En este orden de ideas, en el Derecho administrativo colombiano, la integración de los fundamentos jurídicos en la causa petendi es determinada en función de la existencia de un régimen jurídico aplicable, de la presunción de legalidad del acto demandado —que conlleva unas cargas para quien lo impugna— y del carácter público superior de los intereses jurídicos en cuestión. Ahora bien, en las controversias contractuales, existe un régimen jurídico minucioso y se debaten intereses jurídicos que generalmente son particulares y transigibles, por lo que pueden ser objeto de un negocio jurídico, salvo ciertas excepciones que, como las facultades excepcionales, atienden a un interés público. Aparte, en ciertos casos, en las controversias contractuales se produce la impugnación jurisdiccional de actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad contractual. Por lo tanto, en las pretensiones sobre contratos estatales, la causa petendi comprende los fundamentos jurídicos de la demanda, particularmente en los asuntos en los que se suplique la nulidad de actos administrativos, en los que la acción de controversias contractuales, y la de nulidad y restablecimiento del derecho se refunden, como lo ha considerado recientemente la Subsección A de esta Sección. Esto, en todo caso, no impone una interpretación literal de la demanda, especialmente cuando se presenten asuntos complejos o se advierta vaguedad, ambigüedad o anfibología-. El concepto de la violación configura así la causa petendi, por lo que si, al incorporar razones no alegadas, esta es modificada, al pronunciarse, el juzgador estaría decidiendo fuera de lo pedido (“extra petita”). Con ello, se afectaría la defensa de los derechos de la contraparte, produciéndose así una violación al debido proceso, que impide al juzgador resolver sobre lo argumentado con fundamento en el principio iura novit curia. (…) Así pues, frente al cargo de alzada concerniente a la omisión del estudió de la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, se advierte que en la demanda no se planteó la indebida notificación como causal de nulidad de la citada resolución, sino que el demandante lo adujo tanto en el petitum como en la causa petendi, para demostrar que tal falencia le había impedido acudir a la jurisdicción de manera oportuna dentro del término de caducidad de 4 meses para ejercer las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho. Tras ello, en la audiencia inicial celebrada en este proceso, el a quo determinó que los hechos concernientes a las irregularidades en la notificación del citado acto administrativo tenían relación con “[…] la caducidad de la acción tema que fue discutido desde el auto admisorio de la demanda y que no fue alegada como excepción previa, razón por la cual, éstos hechos no harán parte de la fijación del litigio”; sin que tal decisión fuera objeto de reparo alguno por la parte demandante (…). En todo caso, al descartarse su configuración como actos administrativos, el cargo deviene inane. (…) En cuanto a la inconformidad que formuló el recurrente sobre un eventual enriquecimiento sin causa de la UAESP en detrimento de CENASEL, ocasionado por las resoluciones demandadas, al ordenarle la devolución de $1.087’035, se advierte que en el petitum y en la causa petendi de la demanda no se planteó que los actos administrativos demandados generaron un enriquecimiento sin causa de la entidad demandada en perjuicio del demandante. (…) En consecuencia, la Sala se abstiene de analizar dos anteriores reparos que adujo el apelante en su recurso, porque al hacerlo se atentaría el principio de congruencia, y, por ende, el debido proceso de la parte demandada. NOTA DE RELATORÍA: En relación con la escogencia del medio de control de lo contencioso administrativo, consultar providencia de 7 de octubre de 2009, Exp. 19486, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 31 de agosto de 2020, Exp. 44414, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 20 de noviembre de 2020, Exp. 47201, C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Acerca de la imposibilidad del juez de modificar o ajustar la causa petendi de la demanda, consultar providencias de 20 de febrero 1989, Exp. 4655, C.P. Antonio José de Irisarri; de 14 de febrero de 1995, Exp. S-123, C.P. Consuelo Sarria Oicos. Sobre la facultad del juez de interpretar las pretensiones de la demanda, consultar providencias de 22 de noviembre de 1991, Exp. 6223, C.P. Daniel Suárez Hernández de 23 de enero de 2003, Exp. 22113, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 29 de enero de 2009, Exp. 15662, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 10 de marzo de 2011, Exp. 18761, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 13 de febrero de 2013, Exp. 42248, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 17 de abril de 2013, Exp. 42532, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de agosto de 2015, Exp. 53497, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 15 de octubre de 2015, Exp. 34952, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 22 de octubre de 2015, Exp. 35736, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; de 29 de enero de 2016, Exp. 36245, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo; de 19 de agosto de 2016, Exp. 57380, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 27 de septiembre de 2016, Exp. 46796, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 3 de julio de 2020, Exp. 48260, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 31 julio de 2020, Exp. 62372, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Nava; de 9 de abril de 2021, Exp. 52028, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de agosto de 2009, Exp. 2003-00318. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 137 NUMERAL 4, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ADECUACIÓN DE LA DEMANDA / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Problema jurídico: ¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos administrativos, por lo que, en virtud de la facultad para interpretar la demanda, le resulta dable al juez encausar las pretensiones contra dichos actos demandados, desde la perspectiva del derecho privado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, por lo que las resoluciones demandadas en este asunto no ostentan la condición de actos administrativos, como fueron concebidas por el demandante —y por el a quo— esbozando, bajo ese presupuesto, las pretensiones y el concepto de la violación en el escrito introductorio. (…) En la jurisprudencia de esta Sección, en línea con la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se ha considerado reiteradamente que el juzgador tiene el deber de interpretar la demanda, en razón a la prevalencia del derecho sustancial, que orienta la función jurisdiccional; orientación que impone una interpretación de las normas adjetivas que tenga en cuenta en que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley. Esta interpretación debe realizarse, particularmente, cuando se advierta “ambigüedad, vaguedad o anfibología, […] sea por la complejidad del asunto, sea por cualesquiera falencia o defecto de suficiencia técnica, terminológica o descriptiva”. En estos casos, la labor hermenéutica debe atender al conjunto integral de las pretensiones, los hechos y argumentos jurídicos trazados en el libelo inicial, sin aferrarse al sentido literal de las palabras, para determinar el sentido prístino de los motivos de inconformidad expresados por el actor, como razón de la protección judicial deprecada. En todo caso, en ello deben seguirse los ejes definidos por la causa petendi y el petitum, que determinan la congruencia del fallo. (…) En este asunto, salta a la vista la ambigüedad sobre el alcance de los actos demandados. Por ello, esta Subsección, al definir (…) los problemas jurídicos, los encausará desde la perspectiva del derecho privado. En este régimen, como lo ha precisado la jurisprudencia, la liquidación que cualquiera de las partes efectúe equivale a un corte de cuenta que, a diferencia de los actos administrativos, no tienen un carácter ejecutivo ni ejecutoria, ni están amparados por la presunción de legalidad. El litigio, en lo atinente a una eventual falsa motivación, en lugar de enfocarse así en la aniquilación de la presunción de legalidad del acto, debe centrarse en el cumplimiento de las obligaciones contractuales de CENASEL, que esta —como actora— aduce en oposición al cruce de cuentas efectuado por la UAESP, de acuerdo con el cual, aquella debía cancelarle $1.084’035.265, por la “ausencia en el soporte de los gastos de los recursos entregados por la UAESP a CENASEL”. Mientras que, con respecto a la violación del debido proceso en la declaración de la ocurrencia del siniestro, el análisis se centrará, desde la perspectiva del derecho privado, en la procedencia de la noticia del siniestro que, como beneficiario, le correspondía al ente demandado. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad del juez de interpretar las pretensiones de la demanda, consultar providencias de 22 de noviembre de 1991, Exp. 6223, C.P. Daniel Suárez Hernández de 23 de enero de 2003, Exp. 22113, C.P. María Elena Giraldo Gómez; de 29 de enero de 2009, Exp. 15662, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; de 10 de marzo de 2011, Exp. 18761, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 13 de febrero de 2013, Exp. 42248, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 17 de abril de 2013, Exp. 42532, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 26 de agosto de 2015, Exp. 53497, C.P. Hernán Andrade Rincón (E); de 15 de octubre de 2015, Exp. 34952, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 22 de octubre de 2015, Exp. 35736, C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; de 29 de enero de 2016, Exp. 36245, C.P. Stella Conto Diaz del Castillo; de 19 de agosto de 2016, Exp. 57380, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 27 de septiembre de 2016, Exp. 46796, C.P. Guillermo Sánchez Luque; de 3 de julio de 2020, Exp. 48260, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 31 julio de 2020, Exp. 62372, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Nava; de 9 de abril de 2021, Exp. 52028, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 31 de agosto de 2009, Exp. 2003-00318. Acerca de la liquidación de contratos regidos por el derecho privado, consultar providencias de 8 de junio de 2018, Exp. 38120, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; y de 30 de septiembre de 2019, Exp. 43036, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 11 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / INTERÉS PÚBLICO / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / INTERÉS GENERAL / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / SOPORTE CONTABLE / DOCUMENTO CONTABLE / AUSENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / INVERSIÓN / GASTOS DE INVERSIÓN / INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REFORMATIO IN PEJUS / PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS / PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DEL JUEZ / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP? Respuesta al problema jurídico: No Los contratos, como fuente de obligaciones, vinculan a las partes, no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación o que por ley le pertenece. Las obligaciones deben ser, pues, cumplidas por las partes contratantes dentro del plazo pactado, so pena de incurrir en mora que, cuando sea el resultado de la culpa del deudor, salvo pacto en contrario, hace a éste, responsable de la totalidad de los daños causados a términos de lo preceptuado en el artículo 1604 del Código Civil. (…) En la resolución núm. 937 de 2010 (f. 789-792, C. 3), la UAESP ordenó a CENASEL el pago de $1.087’035.265 o la suma que resultara de la diferencia entre tal valor y lo cancelado por la aseguradora que garantizó el cumplimiento del contrato, al considerar (…) [el] incumplimiento de la obligación de CENASEL de presentar soportes contables de los fondos invertidos efectivamente en su implementación, [por lo que] la UAESP negó el desembolso de los aportes económicos para la ejecución del convenio de asociación núm. 10 de 2007. Como la actora y entonces contratista niega tal incumplimiento, procederá la Sala determinar si, de acuerdo con lo estipulado, y con los medios de convicción traídos a este contencioso contractual, el proceder antijurídico que la UAESP la endilgó a CENASEL en relación con la ejecución del convenio de asociación núm. 10 de 2007, se encuentra acreditado. (…) De conformidad con lo anterior, resulta claro que, en la relación jurídica entablada entre la UAESP y CENASEL —con el convenio de asociación núm. 10 de 2007 y sus cuatro (4) convenios modificatorios— esta última se obligó a desarrollar unas actividades, para el fomento de asociaciones y esquemas de negocio de los recicladores de Bogotá, en el marco del plan de desarrollo del Distrito Capital, adoptado mediante el acuerdo núm. 119 de 2004 (…). La ejecución de tales actividades se sustentaría con la entrega de documentos descriptivos, requiriéndose, además, para el desembolso de los recursos aportados por la UAESP, la entrega de soportes documentales contables, que dieran cuenta de la inversión efectiva de los recursos en las actividades comprendidas en los tres programas del convenio. Adicionalmente, CENASEL se sometió a una auditoría contable y fiscal sobre los fondos del convenio, para verificar su correcta inversión. (…) La verificación de la correcta inversión de los recursos destinados a los convenios previstos en el artículo 355 del Constitución tiene una importancia cardinal, atendiendo al origen histórico de esta especie de negocios jurídicos. Veamos. El artículo 355 constitucional proscribió los auxilios o donaciones de las ramas u órganos del poder público a favor de personas de derecho privado. Pero, a su vez, permitió la celebración de contratos para impulsar programas y actividades de interés público, acordes con los planes de desarrollo. En su estructura, la norma estableció así un mandato que no es absoluto, en cuanto pueden celebrarse ciertos contratos, para cuya reglamentación facultó directamente al Gobierno Nacional, que procedió, al efecto, con el Decreto 777 de 1992. La prohibición constitucional de auxilios o donaciones a particulares con fondos públicos respondió a la práctica dilapidadora que se presentó en Colombia, a partir de una mala interpretación de la filosofía inspiradora de la reforma constitucional de 1968, que buscaba fortalecer la justicia social, como lo han precisado la Corte Constitucional y esta Sección. Con tal práctica, los recursos, destinados a aparentes fines altruistas, eran asignados con criterios que no respondían a los planes y programas, sino a la liberalidad o incluso a “la voluntad subjetiva y algunas veces arbitraria del individuo facultado para ello”, sin retribución alguna por lo entregado y sin un control previo ni posterior a la asignación. Además de la disipación que esto produjo en los fondos públicos, se desfiguró la participación política y se erosionó la independencia del Congreso, puesto que, por un lado, el poder ejecutivo empleaba los auxilios como un instrumento para influir en las decisiones parlamentarias, y por otro lado, los congresistas que, a su vez, gozaban de recursos provenientes de auxilios parlamentarios, tenían una ventaja frente a sus contendores en la competencia electoral. Atendiendo a estos antecedentes, el constituyente colombiano tomó las previsiones normativas necesarias para que los contratos con personas de derecho privado sin ánimo de lucro no obraran (…) de mera liberalidad que sólo en ocasiones solían cumplir los objetivos que mediante ellos se propuso la entidad pública. Para ello, signó estas relaciones con una concepción teleológica atada al cumplimiento de intereses constitucionales. Para seguridad de que este nexo teleológico tuviera cabal ejecución, el Decreto 777 de 1992, prescribió que, de “los recursos públicos que reciba la entidad sin ánimo de lucro en razón del respectivo contrato, se efectuarán gastos únicamente para el cumplimiento del objeto del mismo” (artículo 11). Este precepto caería en vacío son la consiguiente previsión normativa para que la ejecución y el cumplimiento del contrato deban ser verificados y exigidos por un interventor, que forme parte de la entidad o sea contratado por ella, y esté facultado para “solicitar al contratista la información y los documentos que considere necesario en relación con el desarrollo del mismo” (artículo 6). Finalmente, dispuso este decreto en comento, a manera de sanción por la violación de las prohibiciones en él previstas, la terminación del contrato, la imposición de pena, y la responsabilidad personal y solidaria de quienes celebraran el contrato, bajo la verificación de la Procuraduría General de la Nación. (…) Así pues, en consideración a los términos del convenio de asociación núm. 010 de 2007 anteriormente expuestos, con las convenciones modificatorias celebradas, interpretados atendiendo a lo preceptuado en el artículo 355 de la Constitución y al Decreto 777 de 1992, que forman parte de las normas que gobiernan la relación jurídica entablada con aquel negocio jurídico, la presentación de soportes contables, echados en falta en las resoluciones núm. 937 de 2010 y 135 de 2011 (…), resultaba claramente necesaria y condición insoslayable para el desembolso de los aportes a cargo de la UAESP. Estaba así obligado CENASEL a la presentación de soportes contables, como una obligación principal del convenio, contrario a lo afirmado en el recurso. (…) Por otra parte, contrario a lo aducido en la apelación (…), en las estipulaciones contractuales no se pactó una contraprestación directa a favor de la entidad pública a cambio de un precio; si esto hubiere sido así, habrían obrado las partes en claro contrasentido con la función de esta especie de contratos. Y no puede ser interpretada en tal sentido la normativa del contrato, porque esa hermenéutica vendría contraria a los términos del convenio celebrado, en el que, según la cláusula sexta, las dos partes se obligaron a entregar aportes económicos para la implementación de unas políticas públicas, definidas en el plan de desarrollo del Distrito Capital, según sus consideraciones, y al objeto del convenio (…). Ahora bien, CONASEL no presentó los soportes contables de los fondos invertidos en la ejecución del convenio de asociación núm. 010 de 2007, que CENASEL estaba obligada a entregar a la UAESP para justificar la ejecución de los fondos públicos que en ejecución de aquel fueron desembolsados, como fundamento de la factura (…) y de los informes de ejecución (…) con los que pretendió el cobro del aporte a cargo de la UAESP. Tampoco fueron presentados por CENASEL los soportes contables requeridos, al rebatir, con escrito radicado el 10 de agosto de 2009 (…), el informe de la auditoría financiera y fiscal elaborado por el contador (…), auditoría ésta a la que se había sometido con la suscripción de la modificación y prórroga núm. 3 (…). No desconoce esta Sala que la demandante allegó comprobantes de declaración mensual de retención en la fuente presentadas en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y de diciembre de 2008, y de enero de 2009 (…), pero debe señalar que estas no dan cuenta de que los fondos del convenio hayan sido efectivamente invertidos en su ejecución, y apenas comprenden una parte del lapso de ejecución del convenio, que comenzó el 28 de diciembre de 2007, como consta en el acta de inicio (…). Tampoco demuestran la ejecución apropiada de los fondos, los formularios, con timbre de radicación, de la declaración del impuesto de industria, comercio y avisos, para el periodo de septiembre a diciembre de 2008 (…). Estima la Sala oportuno precisar, adicionalmente, que si bien la Administración podría haber acertado al fijar, en el corte de cuentas que efectuó, como deuda a su favor la suma de $1.087’035.265, no tenía la facultad de crear, como producto de su determinación y estimación unilateral, a través de un acto administrativo, con carácter ejecutivo y ejecutorio, esa obligación a cargo de CENASEL. De igual forma, precisa advertir que, la demanda de reconvención que la UAESP presentó en el presente proceso (…) protestando el incumplimiento contractual de CENASEL, con formulación de las pretensiones consiguientes de condena, fue rechazada, por caducidad, mediante providencia que no fue rebatida por la UAESP (…), y que tal decisión se encuentra en firme. Por tanto, en estricta congruencia con las pretensiones de la demanda y en función del principio de non reformatio in pejus, la decisión de litigio en esta segunda instancia se impone, pues, una respuesta negativa al primer problema jurídico por resolver en esta instancia, con la consecuente desestimación de los cargos de la alzada que en este se engloban. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la posibilidad del Gobierno Nacional de celebrar contratos para impulsar programas y actividades de interés público, consultar providencia de 23 de noviembre de 2016, Exp. 38310, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 6 de agosto de 2019, Exp. 62003, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 3 de abril de 2020, Exp. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y de la Corte Constitucional, C-372 de 1994; C-254 de 1996; C-671 de 1999; C-168 de 2001; C-022 de 2004; y C-027 de 2016. Acerca de los contratos con personas de derecho privado sin ánimo de lucro, consultar conceptos del 22 de abril de 1993, Rad. 504, C.P. Javier Henao Hidron; de 16 de septiembre de 1998, Rad. 1129, C.P. Augusto Trejos Jaramillo; y sentencias de la Corte Constitucional, C-251 de 1996; y C-661 de 1998. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 11, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604 MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Problema jurídico: ¿Al dar noticia sobre el siniestro amparado con la póliza de cumplimiento, la UAESP vulneró el debido proceso de CENASEL, por haber omitido la audiencia preceptuada por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007? Respuesta al problema jurídico: No [L]a facultad de declarar con fuerza ejecutiva y ejecutoria el siniestro, no estaba comprendida dentro de las facultades exorbitantes previstas en el Decreto 222 de 1983, cuyo pacto era admitido en contratos como el que es objeto de estudio, según el artículo 1º del Decreto 777 de 1992. Esta facultad administrativa era otorgada a las entidades públicas con fundamento en lo prescrito en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA. Como acto unilateral con fuerza ejecutiva, el de declaración del siniestro es un acto administrativo. La jurisprudencia administrativa ha sostenido que, en los contratos regidos por el derecho privado, el ente contratante estaba facultado para declarar el siniestro, por aplicación del CCA. Pero esta posición ha sido reevaluada, al considerar que la actividad contractual de las entidades sometidas al derecho privado no comporta el ejercicio de función administrativa. De cualquier forma, la declaración de la ocurrencia del siniestro no es un acto de imposición de una sanción, ni una restricción o limitación de la posición contractual, como lo ha precisado esta Corporación. Con tal declaración es ejercido un derecho a reclamar o hacer valer la póliza de seguros, el cual no tiene naturaleza sancionatoria. Este derecho se desprende del contrato de seguros, regulado en la legislación mercantil, que prevé la obligación del asegurado o beneficiario de dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro, además de su deber de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía; mientras corresponde al asegurador, para objetar el pago, la demostración de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Si la controversia persiste, deberá ser resuelta por el juez del contrato. (…) En este asunto, el recurrente ha sostenido que el Tribunal pasó por alto que no se probó que la UAESP hubiese realizado la audiencia previa a la expedición de los actos administrativos demandados, con la asistencia de CENASEL y (...) [la aseguradora], “hecho objetivo que por sí solo sin necesidad de otro análisis adicional, implicaba la nulidad sustantiva por violación de norma imperativa”, como lo es el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no rige la declaración del siniestro, pues, tanto esta, como la consecuente orden de hacer efectiva la póliza que cubría el amparo correspondiente al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, carecen de carácter sancionatorio. La manifestación de la UAESP constituyó así, bajo las reglas del contrato de seguro, una orden para dar noticia a la aseguradora sobre el siniestro acaecido, para lo que estaba facultado en razón a la póliza única de seguro de cumplimiento núm. 1150876 (…), cuya cobertura incluía los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio (…), conforme a la obligación que se estipuló en el numeral 12 de la cláusula segunda del convenio de asociación. (…) Por lo tanto, se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico, con la consecuente desestimación de los cargos de la alzada que en este se engloban. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la facultad para declarar la existencia del siniestro, consultar providencias de 10 de julio de 1997, Exp. 9286, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 6 de junio de 2007, Exp. 41001-23-31-000-2001-01343-01(30565), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 5 de julio de 2018, Exp. 52001-23-31-000-2011-00389-01(52495), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 19 de junio de 2019, Exp. 39800, C.P. Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68, DECRETO 222 DE 1983, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1075, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17 CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en segunda instancia, cuando la sentencia de primera instancia no es confirmada en todas sus partes? Respuesta al problema jurídico: No Conforme al artículo 188 del CPACA, en concordancia con el (...) artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia, debido a que la sentencia de primera instancia no fue confirmada en todas sus partes. Se mantendrá la condena en costas con el monto de agencias en derecho fijado en la sentencia impugnada, dado que la demandante fue la parte vencida en el proceso y este punto no es materia de esta instancia. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365
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Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109) Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio Económicas y Laborales (CENASEL), CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS Bogotá D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintidós (2022) Radicación número: Demandante: Demandado: Referencia: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109) Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio Económicas y Laborales (CENASEL). Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). Acción de controversias contractuales, apelación sentencia. Temas 1: Régimen de contratos regidos por el articulo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992. Tema 2: Cómputo del término de caducidad en contratos regidos por el articulo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992. Tema 3: Obligación de entregar soportes contables de los recursos económicos invertidos en la ejecución de contratos regidos por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992. Tema 4: Noticia del siniestro en contratos regidos por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 19 de junio de 2014, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda, entre otros aspectos. I. SÍNTESIS DEL CASO La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en adelante UAESP) liquidó unilateralmente el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, suscrito con el Centro Educativo Nacional de asesorías Socioeconómicas y Laborales (en adelante CENASEL), fijando como deuda a su favor la suma de $1.087'035.265, que debía ser cancelada por CENASEL, o la suma que resultara de la diferencia entre dicho valor y lo cancelado por la aseguradora Liberty Seguros S.A., en virtud de la póliza única de cumplimiento que otorgó en el marco del aludido negocio jurídico. Además, al liquidar el convenio, la UAESP declaró la ocurrencia del siniestro cubierto por los amparos de cumplimiento y calidad del servicio. La anterior decisión fue adoptada por la UAESP, al considerar que CENASEL había incumplido la obligación de entregar soportes contables de lo gastado con los recursos entregados para la ejecución del convenio. CENASEL esgrime como argumento soporte de su pretensión, que las resoluciones que instrumentaron la anterior decisión se expidieron violando su derecho al debido proceso, defensa y acceso a la justicia; emanaron de una autoridad que carecía de competencia; y fueron proferidas con desviación de poder y falsa motivación, entre otras razones. Agregó que tales actos le ocasionaron perjuicios materiales. I. ANTECEDENTES 2.1. El 25 de abril del 2013, CENASEL presentó demanda, en ejercicio de la acción contractual, contra la UAESP (f. 1-47, C. 1), pretendiendo, de manera principal, que 1 Radicado: 25000-23-36-000-2013-00526-01 (52109) Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorlas Socio Económicas y Laborales (CENASEL). se declare: (I) la existencia del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y su incumplimiento por la UAESP; (II) la nulidad de la resolución núm. 937 del 13 de diciembre de 2010 y de su confirmatoria, la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, mediante las cuales la UAESP liquidó el convenio de asociación núm. 010 de 2007, entre otras decisiones, y que, en su lugar, se realice su liquidación judicial según la propuesta anexa a la demanda o aquella que se realice con intervención de peritos; (iii) el incumplimiento de la UAESP por el impago de lo convenido, una vez CENASEL "entregó los productos a que se había obligado y [sic] previo contar con los vistos buenos del supervisor del proyecto como tampoco liquidar legalmente el Convenio No. 10 de 2007 al dar instrucciones contrarias a las inicialmente dadas y retener ilegalmente los desembolsos a que tiene derecho la entidad demandante"; y (1v) que la UAESP adeuda a CENASEL $1.287'900.000 por concepto de daño emergente, además de los intereses moratorios, por no haber pagado oportunamente, liquidados a partir del momento en que CENASEL entregó los productos pactados en el aludido convenio de asociación hasta que se realice su pago efectivo, conforme a la tasa prevista en el artículo 884 del Código de Comercio ("CCo"). De manera subsidiaria, CENASEL formuló como pretensiones, que se declare: (i) la existencia del convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007; (ii) la violación del principio de publicidad por la UAESP, por lá indebida notificación de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011 a CENASEL y a la aseguradora Seguros Liberty S.A., impidiendo que se enteraran oportunamente del acto administrativo, a efectos de adelantar las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho; (III) la nulidad absoluta del citado convenio de asociación por violación a la ley, ya los derechos fundamentales al debido proceso, ejercicio al derecho de defensa y de acceso a la justicia de CENASEL; (iv) el incumplimiento de la UAESP al convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, con la consecuente condena a favor de CENASEL al pago de los perjuicios; y (y) que por las anteriores "vías de hecho", se deje sin efecto la liquidación unilateral realizada por la UAESP, y que, en su lugar, se efectúe su liquidación judicial, según la propuesta anexa a la demanda o aquella que se realice con intervención de peritos. 2.1.1. Como asidero fáctico del petitum, el demandante expuso el relato que la Sala resume en los siguientes términos: 2.1.1.1. En el marco del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) de Bogotá D.C. 2006, la UAESP: suscribió con CENASEL el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 (f. 145-153, C. 3), que tuvo por objeto "promover procesos asociativos y fortalecer las capacidades de gestión económica y social y la proyección empresarial de las organizaciones de recicladores de oficio de la ciudad de Bogotá vinculadas a los proyectos de Inclusión Social, que viene desarrollando la UAESP, proporcionándole herramientas técnico-pedagógicas apropiadas a sus características y condiciones organizacionales". 2.1.1.2. En el convenio de asociación núm. 010 de 27 de 2007 se estipuló que la UAESP entregaría $2.862'000.000 por concépto de "honorarios" y que CENASEL entregaría $400'000.000; como supervisor del convenio, fue designado el Director Operativo de la UAESP; y, según la propuesta, el presupuesto se pagaba por productos. Por ende, el convenio se ejecutó por precios globales. 2.1.1.3. Durante la ejecución del convenio, las partes suscribieron cuatro (4) modificaciones, dentro de las que se encuentra la modificación y prórroga núm. 3 del 29 de mayo de 2009 (f. 200-202, C. 3), que incorporó la obligación de Radicado: 25000-2336-000-2013-00526-01 (52109) Actor: Centro Educativo Nacional de Asesorias Socio Económicas y Laborales (CENASEL). CENASEL de permitir la realización de una auditoría contable y fiscal a las cuentas de ejecución del convenio. 2.1.1.4. El 10 de julio de 2009, el contratista designado para adelantar la auditoría financiera y fiscal del convenio presentó informe a la UAESP (f.364- 433, C. 3). El 23 de julio del mismo año, la directora jurídica de la UEASP realizó un análisis sobre el aludido informe y le indicó al Director Operativo de la UAESP que "si las posibles inconsistencias en el ámbito tributario, contable y/o financiero, afectan la debida ejecución del contrato, el supervisor deberá requerir al contratista en ese sentido" (f. 444-446, C. 3). 2.1.1.5. El 29 de julio de 2009 se realizó el comité técnico del convenio, en el que se acordó que "CENASEL, debe entregar a la UAESP, la respuesta a los resultados de la auditoría a la mayor brevedad para tramitar el tercer pago del convenio"; y que "los asuntos pendientes (pago a promotores, desembolsos de la contrapartida y entrega de informes) se terminarán en la etapa de liquidación del convenio" (f. 711-712, C. 3). 2.1.1.6. El 31 de julio de 2009 culminó el plazo del convenio, sin que la UAESP hubiese requerido a CENASEL por inconsistencias en el manejo tributario, contable o financiero que afectaran la debida ejecución del convenio. 2.1.1.7. El 10 de agosto de 2009, CENASEL remitió escrito dirigido al Director Operativo de la UAESP, en el que se pronunció sobre las conclusiones de la auditoría financiera y fiscal del convenio (f. 447-478, C. 3). 2.1.1.8. La UAESP realizó el pago parcial de su aporte pactado en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, en dos desembolsos. Pero no canceló el saldo restante, muy a pesar de que CENASEL, luego de expirado el plazo del contrato, cobró dicha obligación a la UAESP con la presentación de varias facturas, y que la requirió en varias oportunidades, expresando que había cumplido con los entregables y con el objeto del convenio. Además, la UAESP asumió sus aportes como anticipos y no como pagos sobre la parte cumplida del contrato. 2.1.1.9. El 20 de enero de 2010, la UAESP defirió la decisión sobre el pago del saldo restante del aporte al exsupervisor del convenio (f.690, C. 3), quien, a través del informe presentado el 2 de febrero del mismo año, manifestó: que había recibido a satisfacción los productos entregados por CENASEL, que la liquidación del convenio se truncó con su retiro, y que "las observaciones presentadas en la Auditoria fueron requeridas al contratista [...] y respondidas por este, respuesta en donde se esclareció el acatamiento de los criterios del convenio en la elaboración del registrado [sic] financiero y sin que se haya evidenciado afectación en la ejecu

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https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300526011100103