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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020130052601-52109-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-11-21"
radicado: "25000233600020130052601"
numero: "52109"
ponente: "JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS"
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# Consejo de Estado: se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-11-21
- **Radicado:** 25000233600020130052601
- **Número interno:** 52109
- **Ponente:** JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** CENTRO EDUCATIVO NACIONAL DE ASESORIAS SOCIO -ECONOMICAS Y LABORALES -CENASEL
- **Demandado:** BOGOTA, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130052601-52109-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020130052601/760E2BF80709F6F8B13BE53A0A05AFAC39DD103A5648DE0F0F06D7C24537057B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300526011100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Problema jurídico

¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

No

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y…
- ¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos…
- ¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 136 núm. 10
- Decreto 777 de 1992, art. 1
- Ley 1150 de 2007

## Extracto

Para computar el término de caducidad de la acción incoada en el sub judice es determinante el régimen jurídico aplicable al negocio jurídico que originó esta controversia, ya que de ello depende la sujeción del contrato a las disposiciones sobre su liquidación; situación que, a su vez, determina la regla aplicable del artículo 164 del CPACA con base en la cual debe definirse el punto de inicio del conteo.… Pues bien, el convenio de asociación núm. 010 de 2007 fue celebrado con el propósito de implementar el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., adoptado mediante el Acuerdo No. 119 de 2004, que, como parte de su eje social, contemplaba el desarrollo de programas para la generación de ingresos de empleo, mediante mecanismos que promuevan la prosperidad colectiva y la inclusión social de poblaciones vulnerables.… En el convenio, además…

## Síntesis temática

El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, CONTRATO DE ASOCIACIÓN, PLAN DE DESARROLLO, INTERÉS PÚBLICO, ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL, LEY APLICABLE AL CONTRATO, CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO, TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, DUDA RAZONABLE SOBRE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA, DERECHO DE ACCIÓN, EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN, TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRETENSIÓN SUBSIDIARIA, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN, APELACIÓN DE LA SENTENCIA, LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO, PUNTO NUEVO, IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO, CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA, ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN, DEBIDO PROCESO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO, ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN, FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA, INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ, INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, ADECUACIÓN DE LA DEMANDA, CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO, CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN, INEXISTENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN, SINIESTRO, ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO, AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, INTERÉS GENERAL, SOPORTE CONTABLE, DOCUMENTO CONTABLE, AUSENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, INVERSIÓN, GASTOS DE INVERSIÓN, INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, REFORMATIO IN PEJUS, PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA NON REFORMATIO IN PEJUS, PROCEDENCIA DEL PRINCIPIO DE NON REFORMATIO IN PEJUS, CONGRUENCIA DEL JUEZ, OCURRENCIA DEL SINIESTRO, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO, COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA, CONFIRMACIÓN DEL FALLO, AGENCIAS EN DERECHO, CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO, PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO

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## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / PLAN DE DESARROLLO / INTERÉS PÚBLICO / ACTIVIDAD DE INTERÉS GENERAL / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SUPUESTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO / TÉRMINO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / DUDA RAZONABLE SOBRE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PRETENSIÓN SUBSIDIARIA / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo?
Respuesta al problema jurídico: No
Para computar el término de caducidad de la acción incoada en el sub judice es determinante el régimen jurídico aplicable al negocio jurídico que originó esta controversia, ya que de ello depende la sujeción del contrato a las disposiciones sobre su liquidación; situación que, a su vez, determina la regla aplicable del artículo 164 del CPACA con base en la cual debe definirse el punto de inicio del conteo. (…) Pues bien, el convenio de asociación núm. 010 de 2007 fue celebrado con el propósito de implementar el Plan de Desarrollo de Bogotá D.C., adoptado mediante el Acuerdo No. 119 de 2004, que, como parte de su eje social, contemplaba el desarrollo de programas para la generación de ingresos de empleo, mediante mecanismos que promuevan la prosperidad colectiva y la inclusión social de poblaciones vulnerables. (…) En el convenio, además, se dejó constancia de que CENASEL era un entidad privada sin ánimo de lucro (ONG) y que tenía la idoneidad suficiente para el desarrollo del objeto contractual. El negocio jurídico, cuya liquidación se discute en este proceso, fue celebrado así entre una entidad pública y una entidad privada sin ánimo de lucro, para impulsar actividades de interés público, conforme al plan distrital de desarrollo. Por ende, se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403 de 1992. En ejercicio de la atribución constitucional excepcional de regular los contratos previstos en el artículo 355 constitucional de forma directa y con rango legal, el Gobierno Nacional dispuso que tales negocios jurídicos “deberán constar por escrito y se sujetarán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre los particulares, salvo lo previsto en el presente Decreto y sin perjuicio de que puedan incluirse las cláusulas exorbitantes previstas por el Decreto 222 de 1983” (artículo 1). Remitió, de esta forma, al derecho común para la regulación de estos contratos, salvo en lo previsto por el Decreto 777 de 1992 y lo atinente a las cláusulas exorbitantes, como lo ha considerado esta Sección. Este es, pues, el régimen de raigambre constitucional aplicable al convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007, que, como tal, no era disponible para las partes contratantes, siendo además este régimen conocido por los suscribientes, según consta en la comunicación del 28 de enero de 2009, remitida por la directora general de la UAESP al representante legal de CENASEL (…), en la que dejó claro que el referido negocio jurídico no se regía por la Ley 80 de 1993. (…) Ahora bien, la Sección Tercera ha reiterado que las facultades excepcionales o exorbitantes —cuyo pacto es admitido en este tipo de convenios— comprenden todas las decisiones unilaterales que, por disposición legal, las entidades pueden tomar en el ámbito de la ejecución de los contratos estatales, en cuanto rompen la igualdad de las partes, colocando al contratista en una relación de subordinación jurídica; dentro de las que se mencionan las decisiones unilaterales de liquidación unilateral de los contratos, y los actos “que determinan u ordenan la exigibilidad de las garantías constituidas para amparar diversos riesgos de naturaleza contractual”. Sin embargo, el precitado artículo 1º del Decreto 777 de 1992 limitó las decisiones unilaterales admisibles en los contratos con entidades sin ánimo de lucro referidos en el artículo 355 de la Constitución. La liquidación unilateral no es así una facultad que pudiera incluirse en el contrato objeto de este litigio. (…) Para el 27 de diciembre de 2007, cuando fue suscrito el convenio de asociación núm. 10, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 —con la modificación que se produjo con la Ley 1150 (…) de 2007— en los que se preveían plazos sucesivos para la liquidación bilateral y unilateral, de cuatro (4) y dos (2) meses respectivamente. En este orden de ideas, el término de caducidad en el sub lite, por tratarse de un contrato en el que la liquidación unilateral no era admitida, debería contarse desde el momento en el que culminara el plazo para la liquidación bilateral. En la cláusula séptima del convenio de asociación núm. 010 de 2007 se pactó un plazo de un año (…). La suscripción del acta de inicio, a partir de la cual comenzaba el cómputo del plazo convenido, se produjo el 28 de diciembre de 2007 (…). Posteriormente, en el acto de modificación y prórroga núm. 1, el plazo fue ampliado en 4 meses y 18 días (…); en la núm. 2 el plazo fue prorrogado por 15 días (…); en la modificación y prórroga núm. 3 lo fue en 1 mes y 15 días (…); y, finalmente, en el núm. 4 se acordó una prórroga de 15 días más (…). Entonces, el convenio de asociación núm. 010 de 2009 terminó el 31 de julio de 2009, y el plazo para liquidarlo bilateralmente culminó el 31 de noviembre de 2007; de acuerdo con el artículo 136.10.d) del CCA, el plazo para el ejercicio oportuno de la acción culminaba el 1º de agosto de 2011; y la demanda fue presentada inoportunamente, el 25 de abril de 2013 (…). En su jurisprudencia unificada, esta Sección ha considerado que en caso de duda sobre la aplicación de las normas y reglas sobre la caducidad, “debe privilegiarse una interpretación favorable al ejercicio de la acción, que permita presentar ante los jueces reclamaciones de contenido indemnizatorio y, en general, que facilite el control de la actividad administrativa y la protección de garantías y derechos fundamentales”. Atendiendo a ello, así como al principio de seguridad jurídica, que se expresa también a través de las decisiones jurisdiccionales, y que justifica una institución limitativa del derecho de acción, como lo es la caducidad, la Sala tomará la fecha de ejecutoria de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, como punto de inicio del conteo del término de caducidad, como lo hizo el a quo al admitir la presente demanda (…), sin que la demandada formulara excepción sobre tal punto. En razón a lo anterior y al pronunciamiento jurisdiccional que negó un análisis de fondo sobre el asunto, por considerar que las resoluciones con las que el convenio de asociación núm. 10 de 2007 fue liquidado eran actos administrativos, en este asunto, la Sala, excepcionalmente, tomará como punto del inicio del conteo d la caducidad el 16 de marzo de 2011, día siguiente al de la ejecutoria de la resolución núm. 135 del 16 de febrero de 2011, que se habría producido el 15 de marzo de 2011. Tras ello, el 4 de febrero de 2013 el demandante presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, la cual se declaró fallida el 4 de abril de 2013 (…). Y, finalmente, la demanda que dio origen a este proceso fue presentada oportunamente el 25 de abril de 2013 (…). Un juicio diferente sobre el ejercicio oportuno de la acción debe realizarse con respecto a la pretensión subsidiaria de declaración de la nulidad absoluta del convenio de asociación por violación a la ley y los derechos fundamentales al debido proceso, ejercicio al derecho de defensa y de acceso a la justicia de CENASEL, pues, según el literal e) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, dicha pretensión debía someterse a juicio dentro de los dos (2) años siguientes al perfeccionamiento del contrato, lo que ocurrió el 27 de diciembre de 2007. Por ende, como la demanda fue presentada el 25 de abril de 2013, se superó con creces el término bienal prescrito en la citada norma.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la contratación estatal con entidades privadas sin ánimo de lucro, consultar providencias de 14 de agosto de 2008, Exp. 16230, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 23 de noviembre de 2016, Exp. 38310, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 6 de agosto de 2019, Exp. 62003, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 3 de abril de 2020, Exp. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Acerca de las facultades excepcionales o exorbitantes, consultar providencias de 10 de junio de 2009, Exp. 36252, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de 28 de noviembre de 2019, Exp. 36600, C.P. María Adriana Marín. En relación con el cómputo del término de caducidad del medio de control, cuando duda sobre la aplicación de las normas y reglas del caso, consultar providencia de 1º de agosto de 2019, Exp. 62009, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D Y E, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INCLUSIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / ALCANCE DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL ARGUMENTO NUEVO / PUNTO NUEVO / IMPROCEDENCIA DEL PUNTO NUEVO / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / LÍMITES DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / NUEVO ARGUMENTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / SUSTENTACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD POR INDEBIDA NOTIFICACIÓN / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA POR EL JUEZ / INTERPRETACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y, el relativo a un eventual enriquecimiento sin causa, considerando que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
En procura de salvaguardar el derecho fundamental al debido proceso, no corresponde a la Sala resolver aspectos que, de manera previa, no hubiesen sido esgrimidos en el texto de la demanda (causa petendi y petitum). La doctrina ha precisado que la pretensión, cuyo fin consiste en la tutela de un interés jurídico determinado, tiene dos elementos esenciales: su objeto y su razón. El objeto es el efecto jurídico que específicamente es perseguido, el cual puede ser un derecho, una relación jurídica o la responsabilidad del demandado. Mientras, la razón de la pretensión, que se identifica con la causa petendi, es el fundamento del objeto, “o sea el conjunto de hecho

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

oban.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la posibilidad del Gobierno Nacional de celebrar contratos para impulsar programas y actividades de interés público, consultar providencia de 23 de noviembre de 2016, Exp. 38310, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 6 de agosto de 2019, Exp. 62003, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 3 de abril de 2020, Exp. 46963, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y de la Corte Constitucional, C-372 de 1994; C-254 de 1996; C-671 de 1999; C-168 de 2001; C-022 de 2004; y C-027 de 2016. Acerca de los contratos con personas de derecho privado sin ánimo de lucro, consultar conceptos del 22 de abril de 1993, Rad. 504, C.P. Javier Henao Hidron; de 16 de septiembre de 1998, Rad. 1129, C.P. Augusto Trejos Jaramillo; y sentencias de la Corte Constitucional, C-251 de 1996; y C-661 de 1998.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 355, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 11, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 6, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1494, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1604
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE ENTIDAD ESTATAL CON ENTIDAD PRIVADA SIN ÁNIMO DE LUCRO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE ASOCIACIÓN / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN / SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO / COMPETENCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL PARA ADOPTAR DECISIÓN CONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBIDO PROCESO / DERECHO AL DEBIDO PROCESO / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Problema jurídico:
¿Al dar noticia sobre el siniestro amparado con la póliza de cumplimiento, la UAESP vulneró el debido proceso de CENASEL, por haber omitido la audiencia preceptuada por el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a facultad de declarar con fuerza ejecutiva y ejecutoria el siniestro, no estaba comprendida dentro de las facultades exorbitantes previstas en el Decreto 222 de 1983, cuyo pacto era admitido en contratos como el que es objeto de estudio, según el artículo 1º del Decreto 777 de 1992. Esta facultad administrativa era otorgada a las entidades públicas con fundamento en lo prescrito en los numerales 4 y 5 del artículo 68 del CCA. Como acto unilateral con fuerza ejecutiva, el de declaración del siniestro es un acto administrativo. La jurisprudencia administrativa ha sostenido que, en los contratos regidos por el derecho privado, el ente contratante estaba facultado para declarar el siniestro, por aplicación del CCA. Pero esta posición ha sido reevaluada, al considerar que la actividad contractual de las entidades sometidas al derecho privado no comporta el ejercicio de función administrativa. De cualquier forma, la declaración de la ocurrencia del siniestro no es un acto de imposición de una sanción, ni una restricción o limitación de la posición contractual, como lo ha precisado esta Corporación. Con tal declaración es ejercido un derecho a reclamar o hacer valer la póliza de seguros, el cual no tiene naturaleza sancionatoria. Este derecho se desprende del contrato de seguros, regulado en la legislación mercantil, que prevé la obligación del asegurado o beneficiario de dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro, además de su deber de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía; mientras corresponde al asegurador, para objetar el pago, la demostración de los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Si la controversia persiste, deberá ser resuelta por el juez del contrato. (…) En este asunto, el recurrente ha sostenido que el Tribunal pasó por alto que no se probó que la UAESP hubiese realizado la audiencia previa a la expedición de los actos administrativos demandados, con la asistencia de CENASEL y (...) [la aseguradora], “hecho objetivo que por sí solo sin necesidad de otro análisis adicional, implicaba la nulidad sustantiva por violación de norma imperativa”, como lo es el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007. Sin embargo, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 no rige la declaración del siniestro, pues, tanto esta, como la consecuente orden de hacer efectiva la póliza que cubría el amparo correspondiente al cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, carecen de carácter sancionatorio. La manifestación de la UAESP constituyó así, bajo las reglas del contrato de seguro, una orden para dar noticia a la aseguradora sobre el siniestro acaecido, para lo que estaba facultado en razón a la póliza única de seguro de cumplimiento núm. 1150876 (…), cuya cobertura incluía los amparos de cumplimiento del contrato y calidad del servicio (…), conforme a la obligación que se estipuló en el numeral 12 de la cláusula segunda del convenio de asociación. (…) Por lo tanto, se impone una respuesta negativa al segundo problema jurídico, con la consecuente desestimación de los cargos de la alzada que en este se engloban.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la facultad para declarar la existencia del siniestro, consultar providencias de 10 de julio de 1997, Exp. 9286, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; de 6 de junio de 2007, Exp. 41001-23-31-000-2001-01343-01(30565), C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 5 de julio de 2018, Exp. 52001-23-31-000-2011-00389-01(52495), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 19 de junio de 2019, Exp. 39800, C.P. Alberto Montaña Plata.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 68, DECRETO 222 DE 1983, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1075, DECRETO 777 DE 1992 - ARTÍCULO 1, LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 17
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / CONFIRMACIÓN DEL FALLO / AGENCIAS EN DERECHO / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿En vigencia del CPACA y del Código General del Proceso, resulta procedente la condena en costas en segunda instancia, cuando la sentencia de primera instancia no es confirmada en todas sus partes?
Respuesta al problema jurídico: No
Conforme al artículo 188 del CPACA, en concordancia con el (...) artículo 365 del CGP, no se condenará en costas en esta instancia, debido a que la sentencia de primera instancia no fue confirmada en todas sus partes. Se mantendrá la condena en costas con el monto de agencias en derecho fijado en la sentencia impugnada, dado que la demandante fue la parte vencida en el proceso y este punto no es materia de esta instancia.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-11-21. C.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS. Rad. 25000233600020130052601. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130052601-52109-sentencia).
