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Consejo de Estado
Providencia
La compraventa de bien ajeno es un acto que genera efectos en el derecho colombiano
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130132201
ACCION CONTRACTUAL
¿El registro del justo título, exigido para el ejercicio de la posesión de buena fe, requeriría mantener la anotación de la compraventa de cosa ajena? Sí
El registro del justo título exigido para la posesión de buena fe puede requerir que la anotación de una compraventa de cosa ajena se mantenga en el folio de matrícula, porque esa anotación es la que sustenta la adquisición del predio por usucapión. Esta regla se apoya en que la compraventa de bien ajeno genera efectos entre las partes aunque el vendedor no fuera titular del derecho, y en que su cancelación podría afectar la posibilidad de adquirir el predio por prescripción. Por ello la cancelación de esa anotación no es neutra para el poseedor de buena fe. En el caso concreto el predio segregado de un folio anterior no había sido transferido por el vendedor previo, y la inscripción de la venta de cosa ajena fue mantenida como justo título, lo que llevó a modificar la sentencia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la anotación de una venta de cosa ajena no debe cancelarse si puede servir de justo título para la usucapión.síntesis automática
También resuelve:
¿Debe mantenerse la anotación de la compraventa de cosa ajena, pero anotándose adicionalmente la resolución de contrato declarada en este proceso?
¿IDIPRON destinó recursos a la vigilancia del inmueble, conforme al documento contable aportado por la actora?
¿IDPRON tiene derecho a que se le abonen las expensas necesarias invertidas en la conservación de la cosa y el valor que hubieran podido tener los frutos del predio?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Ingreso del expediente al despacho judicial: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas
2022-07-15
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 13001233100020080071201
ACCION CONTRACTUAL
¿La Sala considera que es necesario decretar pruebas de oficio? Sí
Cuando el proceso se encuentra en apelación y el esclarecimiento de la verdad lo exige, la Sala puede decretar pruebas de oficio, de acuerdo con el artículo 169 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 del Decreto 2304 de 1989. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la decisión de la Procuraduría que finalizó el proceso disciplinario sobre los contratos de urgencia, y los soportes de los pagos realizados por la entidad contratante, son necesarios para verificar la ejecución del contrato. La segunda es que, como la fundación demandada está representada por un curador ad litem, los gastos de la práctica de la prueba deben asumirlos la parte actora. En el caso concreto la Sala decretó esas dos pruebas, pero no llegaron al proceso, porque no se consignó el valor de las copias requeridas a la Procuraduría y tampoco se aportó la constancia ni los soportes del pago. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se estima necesario decretar algunos medios de prueba documental?
¿Se aportó al proceso la constancia y los soportes del pago realizado por el Departamento de Bolívar?
Consejo de Estado
Providencia
El término de caducidad de dos años para el medio de control de controversias contractuales se suspende con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial.
Sentencia — Sentencia
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 81001233900020150008401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es oportuna la demanda de controversias contractuales presentada después de vencidos los dos años siguientes a la liquidación bilateral del contrato, cuando dentro de ese término se radicó solicitud de conciliación extrajudicial que suspendió la caducidad y la demanda se presentó antes del vencimiento del término reanudado? Sí
El contratista interpone la demanda de controversias contractuales dentro del plazo legal aplicable tras la suspensión temporal derivada de un trámite de conciliación extrajudicial fallido. De conformidad con lo previsto en el artículo 164, numeral 2, literal j), sub literal iii) del CPACA, cuando se trate de contratos que requieran liquidación y esta se haya efectuado de común acuerdo entre las partes, el término para presentar la demanda en ejercicio del medio de control de controversias contractuales es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de liquidación. En el presente caso, la liquidación del contrato fue suscrita por ambas partes el 5 de septiembre de 2013, y aunque el término vencía inicialmente el 6 de septiembre de 2015, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada el 28 de agosto de 2015 suspendió el plazo por noventa días, permitiendo que la demanda presentada de manera oportuna fuera tramitada y confirmada en su integridad por la corporación judicial.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el juez del contrato estudiar como desequilibrio económico las pretensiones que el demandante formuló como incumplimiento contractual…
¿Permite apartarse de la sentencia de primera instancia el recurso de apelación que se limita a afirmar de manera genérica que el análisis integral de las pruebas conducía a acceder a las…
¿El incumplimiento de la entidad demandada del deber de aportar los antecedentes administrativos con la contestación de la demanda releva al contratista demandante de la carga de probar el…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233100020030162501
ACCION CONTRACTUAL
¿Se acreditó el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados por el demandante? No
El contratista no acredita el nexo causal entre las suspensiones del contrato y los daños alegados, ya que no demuestra que las consecuencias económicas negativas sean resultado directo de las suspensiones acordadas por mutuo acuerdo con la entidad estatal. En este caso, las suspensiones pactadas antes de la suscripción del acuerdo de 4 de abril de 2000 fueron tomadas para superar dificultades económicas, y no se presentó prueba alguna que vincule estas suspensiones con un desequilibrio financiero o daños económicos en el contratista. Además, las partes acordaron zanjar reclamaciones futuras durante las suspensiones, y no se acreditó incumplimiento por parte de la entidad estatal en el reconocimiento y pago de costos adicionales. Por lo tanto, la Sala rechaza las pretensiones de declaración de incumplimiento y restablecimiento, y niega la indemnización por daños, al no existir evidencia que demuestre un desequilibrio económico del contrato por actos de la administración o incumplimiento de una de las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿Incumplió la entidad demandada sus obligaciones contractuales por el no pago de supuestos mayores costos durante las suspensiones del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
No está demostrada la configuración de la presunción de culpa grave del numeral 1° del artículo 6 de la Ley 678 de 2001
Sentencia — Sentencia
2024-03-13
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 73001233300020190016501
LEY 1437 REPETICION
¿Se reúnen los requisitos para la procedencia del medio de control de repetición y si la conducta de los demandados fue gravemente culposa por violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho, al no pagar al proveedor las facturas por el suministro de insumos médicos, lo que dio lugar al cobro del capital e intereses de mora mediante proceso ejecutivo? No
La culpa grave del agente no se presume por el solo hecho de que la entidad haya debido pagar una obligación, sino que debe demostrarse que el servidor omitió con negligencia la gestión de recursos disponibles o desconoció de manera manifiesta normas de derecho presupuestal. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la entidad debe acreditar que el presupuesto estaba disponible para pagar la deuda y que, pese a ello, los agentes omitieron su pago. Segunda, no se probó negligencia en la gestión de las obligaciones ni una utilización deficiente de los recursos financieros, ni una falta de organización del sistema contable o de costos. Tercera, sin esos supuestos no se configura la presunción de culpa grave del numeral 1 del artículo 6 de la Ley 678 de 2001. La providencia confirma la negativa de la repetición. La consecuencia práctica es que el retraso en el pago de facturas que dio lugar a una ejecución judicial no basta para repetir contra los gerentes, si no se prueba la disponibilidad presupuestal y la conducta gravemente negligente.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia del medio de control repetición interpuesto por condenas contra el Estado en virtud de actuaciones dolosas o gravemente culposas…
¿El término de caducidad del medio de control de repetición empezó a contar desde el pago efectivo de la condena?
¿La legitimación en la causa por activa en los procesos de repetición, recae sobre la entidad pública que asumió el pago de la condena judicial impuesta por el actuar doloso o gravemente culposo de…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito jurisprudencial de procedencia o prosperidad de una reclamación posterior.
Sentencia — Sentencia
2026-05-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 13001233300020170082001
Controversias contractuales
¿Los acuerdos modificatorios son expresión de la autonomía de la voluntad, corresponde al juez examinar su contenido para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama? Sí
Los acuerdos modificatorios suscritos durante la ejecución del contrato son expresión de la autonomía de la voluntad, por lo que corresponde al juez examinar su contenido y contexto para establecer si las partes regularon, ajustaron o zanjaron la diferencia económica que luego se reclama. La regla se sostiene en tres razones: el juez del contrato no puede deducir del silencio una renuncia tácita, ni convertir la ausencia de salvedades en un requisito de procedencia o prosperidad de la reclamación posterior; solo cuando el examen no revela una voluntad negocial de regular la diferencia procede el estudio de fondo; y el principio de buena fe objetiva no habilita al juez para crear requisitos adicionales de reserva. Esta regla reitera la unificación de la Sección Tercera. En consecuencia, la reclamación económica debe analizarse a partir de lo que las partes efectivamente pactaron en los acuerdos modificatorios, y no a partir de la falta de reservas en ellos. La providencia se confirma.síntesis automática
También resuelve:
¿Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solo a lo expresamente pactado, sino a todo lo que corresponde a su naturaleza.
¿Si la prórroga es para permitir al contratista remediar atrasos que le son atribuibles, la buena fe le impone revelar al momento de solicitarla o convenirla…
¿El acuerdo modificatorio se limitó a formalizar la prórroga, el incremento del anticipo y la incorporación de ajustes eléctricos, sin resolver la controversia patrimonial hoy planteada?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se rige por el artículo 355 de la Constitución y el Decreto 777 de 1992
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020130052601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control en el caso sub lite, teniendo en cuenta que la controversia versa sobre un contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro, cuya liquidación unilateral no era admitida conforme a la ley que gobierna el contrato y, considerando las pautas jurisprudenciales procedentes en caso de duda sobre las normas y reglas aplicables al cómputo del término respectivo? No
El contratista no configura la caducidad del medio de control en controversias contractuales cuando el contrato de asociación celebrado con una entidad privada sin ánimo de lucro no admite la liquidación unilateral, computándose el término de caducidad desde el vencimiento del plazo para la liquidación bilateral conforme al régimen jurídico aplicable, en este caso el Decreto 777 de 1992 y la Constitución. La regla establece que la liquidación unilateral no es una facultad admisible en contratos con entidades sin ánimo de lucro, por lo que el cómputo del término de caducidad debe iniciarse desde la finalización del plazo para la liquidación bilateral. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y refuerza la aplicación del principio de seguridad jurídica, garantizando la certeza en la interpretación y aplicación de las normas contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada concernientes a la causal de nulidad por falta de debida notificación de la resolución que liquidó unilateralmente el contrato y…
¿Dado que la entidad demandada no estaba facultada para liquidar unilateralmente el convenio de asociación, las resoluciones impugnadas en este asunto no ostentan la condición de actos…
¿Cumplió CENASEL las obligaciones pactadas en el convenio de asociación núm. 010 del 27 de diciembre de 2007 y, consecuentemente, no adeuda $1.084’035.265 a la UAESP?
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