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clave: "consejo_estado:providencia:25000233600020130049701-55657-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-10-27"
radicado: "25000233600020130049701"
numero: "55657"
ponente: "MARIA ADRIANA MARIN"
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# Consejo de Estado: el Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-10-27
- **Radicado:** 25000233600020130049701
- **Número interno:** 55657
- **Ponente:** MARIA ADRIANA MARIN
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
- **Actor:** RED ALMA MATER
- **Demandado:** BOGOTA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130049701-55657-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000233600020130049701/E633FFF8963D2560465EE6CF441674F1BB64950E9C6F190C3666104A932F2116/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002336000201300497011100103

## Problema jurídico

¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…
- ¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…
- ¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 1437 de 2011, arts. 104 y 152 núm. 5

## Extracto

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos, contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre del mismo año, en las la Secretaría de Educación Distrital dispuso la terminación del contrato N° 1961 de 2010, así como de las Resoluciones 009 y 10 de 2012, en las que la misma entidad liquidó unilateralmente el indicado negocio jurídico.

## Síntesis temática

La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.

## Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA, VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA, LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL, ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS, ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO, PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO, UNIVERSIDAD PÚBLICA, RÉGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PÚBLICO, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL, RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, LEY APLICABLE AL CONTRATO, CONTRATO ESTATAL, CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL, CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, PODER OFICIOSO DEL JUEZ, LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ, FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, CONTRATACIÓN DIRECTA, LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, OBJETO DEL CONTRATO, OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA, LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ, IMPROCEDENCIA DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LÍMITES DE TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, REQUISITOS DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, CONSTITUCIÓN DE ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, ENTIDAD PÚBLICA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, CARACTERÍSTICAS DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, ALCANCE DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, FINALIDAD DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL, ANULACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DE LA PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SIN FUERZA EJECUTORIA, PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO SIN FUERZA EJECUTORIA, CAUSALES DE PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EFECTOS DEL DECAIMIENTO DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO, PROCEDENCIA DEL CONTROL DE LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INAPLICABLE POR DECAIMIENTO, ACTO ADMINISTRATIVO NULO, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, FINALIDAD DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, BUENA FE, PRINCIPIO DE LA BUENA FE, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, OBJETO DEL PRINCIPIO DE LA BUENA FE, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO DEL CONTRATO, VALOR DEL CONTRATO ESTATAL, CALIDAD DEL PRODUCTO, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, VALIDEZ DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, MOTIVACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, FALTA DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, SUBCONTRATISTA, TERCERIZACIÓN, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, DAÑO EMERGENTE, NEGACIÓN DEL DAÑO EMERGENTE, NEGACIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE, INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL, PAGO AL CONTRATISTA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, LUCRO CESANTE, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE, NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, INGRESOS DEL CONTRATISTA, INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR, DAÑO AL BUEN NOMBRE, DERECHO AL BUEN NOMBRE, ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CESACIÓN DE PAGO, CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CONDENA EN COSTAS, COSTAS PROCESALES, CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS, OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES, PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS, REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS, EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES, IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS

## Guías prácticas relacionadas

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## Decisiones relacionadas

- [Consejo de Estado — A la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, pues la controversia gira en torno a la liquidación del contrato.](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130210002-60180-sentencia.md)
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- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: la suspensión de términos decretada por el Gobierno Nacional no implicó un aumento del término de caducidad](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:68001233300020220037101-69753-auto-interlocutorio.md)
- [Consejo de Estado — Consejo de Estado: se confirma el auto proferido por el Tribunal mediante el cual declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control](https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:13001233300020160072101-63604-auto-interlocutorio.md)

## Texto del documento

MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / TERMINACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia, puesto que el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –en vigor para la fecha de interposición de la demanda- estableció que a esta jurisdicción le corresponde decidir las controversias originadas en actos, contratos, omisiones, operaciones y hechos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas. En efecto, en esta oportunidad se somete a consideración de la Sala la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre del mismo año, en las la Secretaría de Educación Distrital dispuso la terminación del contrato N° 1961 de 2010, así como de las Resoluciones 009 y 10 de 2012, en las que la misma entidad liquidó unilateralmente el indicado negocio jurídico. Ahora, la controversia ostenta vocación de doble instancia, puesto que la cuantía fijada en la demanda es superior a los 500 S.M.L.M.V. ($294’750.000), establecidos en el artículo 152 – numeral 5 del C.P.A.C.A., vigente en la fecha en que fue incoado este proceso. En efecto, la parte actora tasó la cuantía en $7.800’376.113, como la sumatoria del daño emergente -correspondiente a las actividades ejecutadas por la Red Alma Mater, y no pagadas por la entidad demandada- y el lucro cesante solicitados en la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 104, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 165, numeral 2, literal j) del CPACA, en los procesos relativos a contratos, el término para demandar es de dos años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento; y en el caso de los contratos que requieran liquidación, de conformidad con el subapartado iv) de la misma norma, el término de caducidad de dos años allí establecido comienza a correr desde el día siguiente a la firma del acta de liquidación bilateral o desde la ejecutoria del acto que apruebe la liquidación unilateral, según el caso. En el presente juicio, (...) se demanda la nulidad de las Resoluciones 2835 del 6 de septiembre de 2011 y 3468 del 2 de noviembre del mismo año, en las que el ente demandado terminó unilateralmente el contrato estatal materia de controversia, así como de las Resoluciones 009 del 13 de junio de 2012 y 10 del 4 de septiembre de 2012, en las que fue liquidado dicho negocio jurídico, también de manera unilateral. En ese sentido, resulta aplicable la regla especial contenida en el artículo 165, numeral 2, literal j), subapartado iv) del CPACA, teniendo en cuenta, además, que unos y otros actos administrativos demandados en este proceso guardan directa y estrecha relación, toda vez que al disponer la terminación unilateral del negocio jurídico, la SED ordenó, precisamente, la liquidación del mismo. En ese sentido se advierte, de entrada, que el acto administrativo de cierre en el que se confirmó la liquidación fue notificado mediante aviso del 13 de septiembre de 2012 (...), de suerte que el término para demandar dicho balance de cuentas expiraba el 14 de septiembre de 2014. En todo caso, resulta palmario que en el asunto sub judice no operó el fenómeno de la caducidad, puesto que la demanda fue presentada el 22 de abril de 2013, cuando no habían transcurrido dos años siquiera desde la ejecutoria de la terminación unilateral del contrato, ni desde la fecha de expedición de la resolución que la dispuso (2835 del 6 de septiembre de 2011). Por tanto, hay lugar a concluir que la demanda fue interpuesta oportunamente.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 165 NUMERAL 2 LITERAL J
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / RÉGIMEN LEGAL DE LA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO / PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / UNIVERSIDAD PÚBLICA / RÉGIMEN LEGAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA / ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PÚBLICO / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público, que por estar integrada por varias instituciones de educación superior de carácter público u oficial, se encuentra regulada por el régimen aplicable a dichas universidades públicas integrantes?
Respuesta al problema jurídico: Si
La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional -Red Alma Mater- es una persona jurídica sin ánimo de lucro, integrada por varias instituciones de educación superior de carácter público u oficial. (...) [L]a Red Alma Mater es una persona de derecho público, ya que para entrar en esa categoría de entidades no requería que el Gobierno Nacional ni ninguna autoridad departamental, distrital o municipal autorizara a las universidades integrantes para conformar dicha asociación. En este punto la Sala se anticipa a señalar que las universidades estatales gozan de carácter autónomo y se ciñen únicamente a un régimen legal especial, todo ello por mandato de la propia Constitución Política; régimen contenido principalmente en la Ley 30 de 1992 y al que también se refiere el artículo 40 de la Ley 489 de 1998 (...). Ello guarda consonancia con el criterio establecido por la Corte Constitucional en la sentencia C-671 de 1999, en la cual, al resolver sobre la exequibilidad del artículo 95 de la Ley 489 de 1998, subrayó que al margen de que la persona sin ánimo de lucro creada por la asociación de entidades estatales se pueda o deba sujetar a las normas civiles y comerciales que gobiernan esa categoría de organismos, en todo caso, lo concerniente a las prerrogativas y potestades públicas, los regímenes de sus actos unilaterales, su contratación, los controles y la responsabilidad “serán los propios de las entidades estatales” -que para este caso lo serían las universidades públicas integrantes de la Red Alma Mater-, “según lo dispuesto en las leyes especiales sobre dichas materias” -que para las instituciones oficiales de educación superior, es la Ley 30 de 1992-.
FUENTE FORMAL:
LEY 30 DE 1992, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 40, LEY 489 DE 1998 - ARTÍCULO 95
ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL / RÉGIMEN LEGAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / LEY APLICABLE AL CONTRATO / CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE CONTRATO ESTATAL / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l acuerdo de voluntades materia del presente juicio fue un “contrato interadministrativo”, en razón a la naturaleza pública de la Secretaría de Educación Distrital y a la circunstancia de que la Red Alma Mater agrupaba a varias universidades estatales del país bajo una figura asociativa. En efecto, el negocio jurídico objeto de litigio reunió los elementos de un auténtico contrato estatal de carácter interadministrativo, celebrado en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puesto que las partes fijaron en él obligaciones encaminadas a cumplir unas políticas trazadas por la Secretaría de Educación Distrital, y prestaciones patrimoniales a favor de la parte ejecutora -Red Alma Mater- , así como unos efectos idénticos a los de cualquier otro contrato, caracterizado por su conmutatividad, en el que una de las partes, la Red hoy demandante, se obligó en favor del ente distrital a adelantar unas actividades y a entregar unos materiales, a cambio de un precio previamente establecido en las cláusulas por dichas partes. (...) Todas estas características están presentes en el contrato N° 1961 del 28 de diciembre de 2010, razón por la cual, es palmario que el acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater es un contrato estatal, que encuadra en la definición del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, ya señalado, y fue un contrato interadministrativo, en el que las partes no compartían intereses comunes y las prestaciones patrimoniales jugaban un papel preponderante, sin que se avizorara en el contenido obligacional incorporado a las cláusulas, ninguna voluntad asociativa entre los firmantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre las características propias de los contratos interadministrativos, consultar providencias de 23 de junio de 2010, Exp. 17860, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; de 20 de noviembre de 2019, Exp. 61429, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; y de 12 de agosto de 2019, Exp. 33555, María Adriana Marín. Acerca del convenio de cooperación, consultar providencia de 14 de junio de 2019, Exp. 25000-23-37-000-2010-02552-01(AP), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1498
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / PODER OFICIOSO DEL JUEZ / LÍMITES DE LA FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ / FACULTAD OFICIOSA DEL JUEZ PARA DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / REQUISITOS DE LA DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONTRATACIÓN DIRECTA / LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA / ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS / OBJETO DEL CONTRATO / OBJETO SOCIAL DEL CONTRATISTA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ
Problema jurídico:
¿El tribunal a quo contaba con mérito para examinar oficiosamente la validez o invalidez del contrato interadministrativo prescindiendo totalmente de los fundamentos de la demanda, si no consideraba procedente declarar la nulidad de dicho negocio jurídico y cuando se observa que, en todo caso, no hubo violación de la norma al celebrarse ese acuerdo de voluntades bajo la modalidad de selección de contratación directa?
Respuesta al problema jurídico: No
En el recurso de apelación la actora reprochó (...) la conclusión expuesta por el a quo sobre la supuesta ausencia de conexidad y relación entre el objeto del negocio jurídico y el objeto social de la Red Alma Mater. (...) [L]a Sala que, en efecto, en la sentencia impugnada (...) sólo se estructuró sobre un juicio oficioso de validez del contrato, que en todo caso resultó en que su nulidad no fuera declarada, pues además se tuvo por configurado el fenómeno de la cosa juzgada, cuando el mismo nunca tuvo ocurrencia en el sub judice -ya que si bien el 20 de mayo de 2014 se había dictado sentencia de nulidad absoluta del contrato N° 1961 de 2010 (dentro del proceso N° 250002326000201200002-00), la misma fue objeto de recurso y revocada por el Consejo de Estado el 5 de octubre de 2016-. En segundo término, no le asistió razón al a quo al sostener: i) que las obligaciones pactadas en el contrato a cargo de la Red Alma Mater no tenían relación directa con su objeto, señalado en sus estatutos, ii) que dicho objeto

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

correspondan a ítems no cubiertos por el primer desembolso ya descrito. En todo caso, la SED liquidó unilateralmente el valor de las actividades ejecutadas por la Red Alma Mater, quien sólo censuró en el juicio la tasación del valor de los materiales -lo que no se desvirtuó en el proceso, como ya se anotó-, sin reprochar lo demás.
INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LUCRO CESANTE / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE / IMPROCEDENCIA DEL LUCRO CESANTE / NEGACIÓN DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / PERJUICIOS POR LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INGRESOS DEL CONTRATISTA / INDEMNIZACIÓN POR LO DEJADO DE PERCIBIR / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DERECHO AL BUEN NOMBRE / ALCANCE DEL DERECHO AL BUEN NOMBRE / TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PROCEDENCIA DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CALIDAD DEL PRODUCTO / CESACIÓN DE PAGO / PAGO AL CONTRATISTA / CONTRATO INTERADMINISTRATIVO / CONCEPTO DE LUCRO CESANTE / DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE
Problema jurídico:
¿Debe reconocerse el lucro cesante solicitado en la demanda por concepto de ingresos no percibidos por la contratista y por la afectación del buen nombre de la misma, dada la terminación del contrato interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
En lo atinente al lucro cesante, la actora solicitó la suma de $575’526.290, simplemente como los “ingresos no percibidos”, calculados “sobre la base de los ingresos operacionales y no operacionales de la asociación y sus gastos”, así como sobre la afectación del buen nombre de la Red Alma Mater por la terminación del convenio. Como se desprende del artículo 1615 del Código Civil, el lucro cesante es “la ganancia o provecho que deja de reportarse” a causa del daño -que en este caso consistiría en la nulidad de los actos de terminación anticipada y unilateral del contrato N° 1961 de 2010-. Así, en principio, dado que todo contrato se celebra con el propósito de que sea ejecutado en su totalidad, el acto de una de las partes que llegue a impedirlo puede dar lugar a que se indemnice a la otra por lo que no pudo percibir por culpa de la primera. Sin embargo, en este caso no se demostró el carácter cierto que debe tener el perjuicio del lucro cesante derivado de la terminación anticipada del contrato, pues al margen del acto administrativo que dispuso la clausura de la relación contractual, surgieron procesos de auditoría que cuestionaron la transparencia de todo el proceso -incluyendo la falta de suficientes estudios previos, la no justificación del proyecto general ni su inscripción oportuna en el Banco de Proyectos y la ausencia de estudios de mercado que justificaran adecuadamente el valor del contrato- y cuestionamientos del supervisor del contrato en los que recomendó no seguir efectuando desembolsos hasta que pudiera verificarse tanto la calidad del material pedagógico suministrado como la cualificación de los capacitadores. Por tanto, al margen de la nulidad de las resoluciones de terminación unilateral del contrato (...), en desarrollo del contrato se determinó la suspensión de pagos y del cronograma debido a irregularidades del material suministrado y a otras fallas que la SED pretendió dilucidar y ajustar con la contratista, sin éxito. En esa medida, estaba en entredicho la vocación de continuidad y de normal finalización del contrato, máxime cuando la estructura de los pagos dependía de la verificación previa y puntual de la destinación de los recursos; todo ello, independientemente de la terminación anticipada que se adoptó en las Resoluciones 2835 y 3468 de 2011, y de las motivaciones que en tales actos administrativos esbozó la entidad. Por lo demás, aunque la parte actora fundamenta la pretensión del lucro cesante y su cuantía sobre la base de los ingresos operacionales de la contratista, lo cierto es que dicho perjuicio se cimenta, en realidad, en el valor del negocio jurídico y los costos de su ejecución, por lo cual, desde ese punto de vista planteado por la demandante, tampoco sería posible reconocer el lucro cesante en los términos solicitados en el libelo. En razón a todo lo anterior, se denegarán las pretensiones económicas de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1615
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / OBLIGACIÓN DEL PAGO DE LAS COSTAS PROCESALES / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REQUISITOS DE LA CONDENA EN COSTAS / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD PARCIAL DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente la condena en costas a la parte actora, dada la prosperidad parcial de las pretensiones de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: No
De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en la sentencia debe disponerse sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por el estatuto procesal civil. A su vez, el artículo 365 del Código General del Proceso establece que hay lugar a condenar en costas, entre otras, a la parte vencida en el juicio y a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación que haya interpuesto, sin perjuicio de que, a la luz del numeral 5 de la misma norma, el juez pueda abstenerse de imponer las costas o hacerlo de manera parcial, si prospera una parte de las pretensiones de la demanda. Por tanto, en el presente caso la Sala se abstendrá de imponer condena en costas a la sociedad demandante, por cuanto prosperaron algunos de los argumentos de su recurso de apelación y se accedió a una de las súplicas del libelo. Sin perjuicio de ello, es de anotar que no resulta de recibo el argumento esbozado en la apelación, en el sentido de que, de confirmarse el fallo impugnado, en todo caso no sería procedente la imposición de costas a la demandante, dado que el artículo 365 del Código General del Proceso no preveía que esa condena fuera “objetiva”, como lo había precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado. Tal planteamiento no se ajusta a derecho porque, contrario a lo manifestado por la recurrente, bajo el régimen del CGP la condena en costas no tiene ningún componente subjetivo y depende de la comprobación de aspectos tales como la gestión de quien apodere judicialmente a la contraparte y la prosperidad o no de la demanda, acto o recurso, según el caso. Con todo, dadas las circunstancias anteriormente señaladas sobre la prosperidad parcial de la apelación y, por consiguiente, de la demanda, en el presente caso no se impondrá condena en costas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365

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Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-10-27. C.P. MARIA ADRIANA MARIN. Rad. 25000233600020130049701. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000233600020130049701-55657-sentencia).
