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Consejo de Estado
Providencia
No tienen asidero las aseveraciones de la llamada en garantía
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-10-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020190223801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se cumplió la carga en cabeza de la llamada en garantía para que la prueba fuera decretada, pues determinó en la solicitud probatoria los hechos sobre los cuales versaría el informe? No
En la solicitud de una prueba de informe, la parte debe exponer de manera concisa y clara los hechos que pretende probar, porque esos hechos son el objeto de la prueba y permiten juzgar su conducencia, pertinencia y utilidad. El artículo 275 del Código General del Proceso no exige expresamente esa precisión, pero el artículo 168 del mismo código, aplicable por remisión del artículo 211 del CPACA, exige que la prueba recaiga sobre hechos jurídicamente relevantes. Por ello no se trata de aportar el cuestionario del informe, sino de identificar los hechos. Cuando la solicitud omite esa indicación, lo procedente es negar la prueba. En el caso concreto la llamada en garantía apeló el auto que negó el informe solicitado a una empresa pública, y la decisión fue confirmada porque la solicitud no cumplió esa carga. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que quien pide un informe debe enunciar desde la solicitud los hechos a probar.síntesis automática
También resuelve:
¿Es posible solicitar que el representante administrativo de la entidad rinda informe bajo gravedad de juramento sobre los hechos debatidos que le conciernan y que se determinen en la solicitud de la…
¿Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La parte demandante incumplió con su carga probatoria
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100019960260202
ACCION CONTRACTUAL
¿La parte demandante incumplió con su carga probatoria toda vez que no demostró el daño? Sí
En la acción de nulidad y restablecimiento frente a un acto precontractual, el demandante debe probar el daño para obtener la indemnización, y no basta con demostrar que la entidad se apartó del deber de buena fe o de los principios de la función administrativa. Una razón es que el demandante debía acreditar los costos asociados a la etapa precontractual, que corresponden al interés negativo, y no los pidió ni los probó. Otra razón es que si se analizara el interés positivo, es decir, la utilidad esperada del contrato frustrado, tampoco se acreditó su valor. En el caso, la Sala reconoció que la entidad no actuó de buena fe durante la invitación y la adjudicación, pero concluyó que de ese comportamiento no puede predicarse un daño, porque el daño no se acreditó, y confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente sobre el interés positivo; no indica si reitera, unifica o cambia precedente, y su consecuencia práctica es que la irregularidad precontractual solo genera indemnización si el proponente prueba el perjuicio con soportes concretos.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandante debía demostrar que con motivo de la elaboración y presentación de la oferta se le causaron perjuicios que debían ser indemnizados?
¿En la sentencia impugnada el juez decidió no darle valor al dictamen pericial por presentar inconsistencias e imprecisiones que afectaban su credibilidad?
¿Se evidencia que el Instituto de Seguros Sociales faltó al deber de buena fe en la etapa precontractual y contravino los principios de igualdad e imparcialidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes
Sentencia — Sentencia
2022-09-12
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020160011000
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas de repetición interpuestas en contra de los representantes de las entidades del orden nacional? Sí
Las demandas de repetición interpuestas contra los representantes de las entidades del orden nacional se conocen en única instancia por el Consejo de Estado, y la caducidad de esa acción se rige por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sin aplicar el artículo 94 del Código General del Proceso. La regla se apoya en tres razones. Primera, el numeral 13 del artículo 149 del CPACA atribuye esa competencia cuando se demanda a representantes de entidades nacionales. Segunda, la universidad en cuyo nombre actuó el demandado tiene el carácter de ente universitario del orden nacional por el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, la Ley 34 de 1976 y el acuerdo de su consejo superior. Tercera, el régimen de caducidad de la repetición está regulado de manera íntegra en el CPACA, por lo que no admite integración normativa en los términos del artículo 306. En consecuencia, la Subsección computa el término sin aplicar el artículo 94 del CGP. El documento reitera el criterio sobre la norma aplicable a la caducidad de la repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿La regulación normativa de la caducidad del medio de control de repetición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de manera íntegra y expresa…
¿Para el cómputo del término de caducidad del medio de control de repetición debe tenerse en cuenta la norma vigente al momento de los hechos…
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre quien expidió los actos administrativos que dieron lugar a la condena contra el Estado y que fueron declarados nulos en el proceso de nulidad y…
Consejo de Estado
Providencia
El artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones
Sentencia — Sentencia
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000233600020130167002
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios oficial implica un cambio en el régimen jurídico del contrato estatal inicialmente celebrado? No
La cesión de la posición contractual en favor de una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial no altera el régimen jurídico del contrato estatal ni sus prerrogativas. La regla se apoya en el artículo 896 del Código de Comercio, que dispone que la cesión comprende las acciones, privilegios y beneficios propios de la naturaleza y condiciones del contrato, de modo que las prerrogativas pactadas y las propias de los contratos estatales se transfieren al cesionario. Además, las partes reconocieron ese efecto al momento de pactar la cesión, y el cesionario es una entidad pública descentralizada del orden departamental, por lo que el régimen sustancial del contrato no muta con la cesión. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, el contrato cedido sigue sometido a las reglas que lo gobernaban antes de la cesión, y el cambio de titular no modifica las prerrogativas que tenía la administración.síntesis automática
También resuelve:
¿La Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P., puede ejercer válidamente las prerrogativas unilaterales del contrato estatal que le fueron cedidas?
¿Es aplicable el artículo 136, numeral 10 del CCA para determinar la caducidad de la acción en un contrato estatal de ejecución sucesiva liquidado unilateralmente por la administración?
¿Puede un contrato de transacción tener efectos jurídicos respecto de pretensiones no incluidas expresamente en su contenido, como los perjuicios derivados del incumplimiento contractual…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El uso indiscriminado de la solicitud de medidas cautelares patrimoniales no puede constituir un mecanismo para eludir el requisito previo a demandar de la conciliación extrajudicial.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020240157501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El despacho admite la exigencia del requisito previo de conciliación extrajudicial en la etapa de admisión de la demanda cuando la solicitud de medidas cautelares presentada por la sociedad demandante no demuestra un carácter patrimonial que permita acudir de manera directa a la jurisdicción contenciosa? No
El contratista no puede evadir el requisito previo de conciliación extrajudicial en la etapa de admisión de la demanda, incluso cuando solicite medidas cautelares, a menos que demuestre que su caso reviste un carácter patrimonial que le permita acceder directamente a la jurisdicción contenciosa. Este requisito se impone para promover la solución alternativa de conflictos y evitar la litigiosidad innecesaria, y su incumplimiento puede llevar a la inadmisión de la demanda. La Sala reitera la obligación de agotar la conciliación extrajudicial en casos contractuales y de reparación directa, salvo excepciones específicas, y subraya que la falta de agotamiento de este requisito en la etapa de admisión puede resultar en la terminación del proceso sin posibilidad de reinicio, a menos que se produzca la caducidad del derecho.síntesis automática
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-05-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 08001233300020230048301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles? Sí
El juez deberá rechazar las pruebas ilícitas, notoriamente impertinentes, inconducentes y manifiestamente superfluas o inútiles, conforme al artículo 168 del Código General del Proceso aplicado por remisión del CPACA. Para ello, debe examinar que los medios probatorios sean permitidos por el ordenamiento, estén relacionados con el caso y sean necesarios para acreditar hechos no suficientemente probados por otros medios. La conducencia de la prueba se refiere a su idoneidad para demostrar lo pretendido, la pertinencia a su relación directa con los hechos en controversia, y la utilidad a su ligazón necesaria con el hecho que se quiere probar. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo criterios más claros sobre la admisibilidad de la prueba en procesos contractuales, lo que implica que los jueces deben ser más rigurosos en la evaluación de las pruebas solicitadas.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay lugar a denegar la prueba testimonial solicitada por falta de especificación de su objeto?
¿Resulta procedente el decreto del interrogatorio de parte del representante legal de la entidad pública demandada?
¿Las pruebas documentales solicitadas deben ser negadas por tratarse de pruebas susceptibles de ser obtenidas directamente a través de un derecho de petición?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición
Sentencia — Sentencia
2023-05-12
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020130016600
LEY 1437 REPETICION
¿Tiene competencia el Consejo de Estado para conocer del medio de control de repetición, en única instancia, contra quien obró como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, representante legal de una persona jurídica pública del orden nacional y otro servidor de menor jerarquía? Sí
La entidad estatal conoce de las demandas que promueven las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. Asimismo, el Consejo de Estado conoce, en única instancia, de los procesos de repetición que el Estado ejerce contra los representantes legales de los órganos y entidades, según lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 149 del CPACA, constituyendo la caducidad un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica que opera de pleno derecho ante la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial dentro del término legal concedido.síntesis automática
También resuelve:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en este caso?
¿Tiene legitimación en la causa por pasiva, en repetición, el servidor público que calificó y evaluó el desempeño de una empleada declarada insubsistente mediante resoluciones expedidas por la…
¿El régimen jurídico aplicable a este caso de repetición contra servidor público, es la Ley 678 de 2001 debido a que los hechos que produjeron la condena al Estado ocurrieron en el 2007?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea
Sentencia — Sentencia
2023-08-22
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 76001233100020120052501
ACCION DE REPETICION
¿Se acreditó una conducta gravemente culposa por parte de los miembros de la fuerza aérea, al accionar negligente e imprudentemente sus armas de dotación oficial contra el vehículo que transportaba personal de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca? Sí
En la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública, el uso de armas de dotación oficial contra un vehículo sin agotar las medidas eficaces disponibles constituye culpa grave. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el empleo de las armas es la última alternativa, de modo que el agente debe agotar previamente los medios menos lesivos para detener el vehículo. Segunda, la existencia de medidas eficaces, como dar una orden de pare, esperar que el vehículo reduzca su marcha o enviar personal de apoyo, excluye que el disparo sea una reacción justificada. En el caso, los servidores accionaron sus armas de manera voluntaria y negligente al percibir la llegada del vehículo, pese a contar con otras opciones. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la responsabilidad en repetición por culpa grave. En la práctica, la culpa grave en el uso de armas se acredita por la omisión de las alternativas previas, y no solo por el resultado del disparo.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer las acciones de repetición contra funcionarios públicos?
¿El término de caducidad de la acción de repetición empezó a contar desde el día siguiente a la fecha del pago de la sentencia condenatoria proferida dentro del proceso de reparación directa?
¿La legitimación en la causa por pasiva recae sobre los agentes del Estado que causaron el daño que dio lugar a la condena contra el Estado?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones
Sentencia — Sentencia
2021-12-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233300020160112301
LEY 1437 REPETICION
¿Los procesos de repetición podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso del expediente? Sí
El contratista puede interponer la acción de repetición ante el Consejo de Estado sin sujetarse al turno respectivo, siempre y cuando se respete el año de ingreso del expediente, según la Sección Tercera del Consejo de Estado. Esta regla se fundamenta en la necesidad de agilizar la resolución de estos procesos, sin menoscabo del debido proceso y la competencia por razón de la cuantía, conforme al artículo 150 de la Ley 1437 de 2011. Además, el cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena, según el literal L del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Esto implica que el ejercicio del derecho de acción es oportuno si se presenta dentro del plazo legal desde la fecha del pago. Asimismo, el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional están legitimados en la causa por activa por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago de la condena impuesta en el proceso contencioso administrativo. Por último, la valoración de la prueba trasladada requiere cumplir con el principio de contradicción de la prueba, en virtud del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, garantizando así la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.síntesis automática
También resuelve:
¿El cómputo del término de caducidad de la acción de repetición empieza a correr a partir de la fecha en la que efectivamente se realice el pago de la condena cuyo reintegro se pretende?
¿El ejercicio del derecho de acción al interponer la acción de repetición se hizo oportunamente?
¿Recae sobre el Ministerio de Defensa Nacional y el Ejército Nacional la legitimación en la causa por activa, por ser las personas jurídicas de derecho público directamente perjudicadas con el pago…
Consejo de Estado
Providencia
El pago deberá hacerse bajo todos respectos en conformidad al tenor de la obligación.
Sentencia — Sentencia
2023-04-13
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020170002900
LEY 1437 REPETICION
¿La demandada en repetición desvirtuó la presunción de culpa grave de violación manifiesta e inexcusable de normas de derecho e inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones? Sí
La entidad pública que resulta condenada judicialmente o que concilia extrajudicialmente ante las instancias competentes como consecuencia directa e ineludible de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente estatal cuenta con la acción de repetición consagrada expresamente en el artículo 90 de la Constitución Política y el artículo 142 del CPACA como el mecanismo procesal y judicial principal, idóneo, específico y efectivo establecido por el ordenamiento jurídico para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial y el recobro total y definitivo de lo pagado, cuyo término legal de caducidad se computa rigurosamente a partir del día siguiente a la fecha del pago efectivo realizado por la administración pública conforme a las normas especiales aplicables.síntesis automática
También resuelve:
¿La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de los procesos de repetición contra los agentes que, con su conducta dolosa o gravemente culposa…
¿La acción de repetición procede para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial cuando una entidad pública sea condenada o haya conciliado producto de la culpa grave o del dolo de un…
¿La entidad que pagó una condena, por los perjuicios que sufrió un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor público…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La entidad tenía un plazo de 18 meses para efectuar el pago correspondiente
Sentencia — Sentencia
2023-05-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 63001233300020180023401
LEY 1437 REPETICION
¿Se presentó de forma oportuna la demanda de repetición en el caso sub examine, considerando que, aunque a este asunto le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, la condena objeto de recaudo del sub lite se profirió en un proceso de reparación directa que inició su trámite en vigencia del Decreto 01 de 1984? Sí
La entidad pública que promueve el medio de control de repetición bajo la Ley 1437 de 2011 respecto de una condena dictada en un proceso de reparación directa iniciado en vigencia del Decreto 01 de 1984 cuenta con un plazo de 18 meses para efectuar el pago desde el día siguiente a la ejecutoria del fallo, conforme al artículo 177 de dicho decreto. Para contabilizar el término de caducidad de la acción de repetición resulta determinante la fecha del pago o el vencimiento de ese plazo legal, lo que ocurra primero. Adicionalmente, en atención al principio de congruencia previsto en el artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, tanto el juez de primera instancia como el superior jerárquico deben circunscribir la valoración de la conducta del agente estatal exclusivamente a las omisiones y hechos imputados en la demanda, estándoles vedado analizar actuaciones u obligaciones adicionales no atribuidas en el escrito inicial.síntesis automática
También resuelve:
¿Existe legitimación en la causa por activa por parte de la demandante en cuanto es la persona sobre la que recae el interés jurídico que se debate en este proceso, es decir…
¿El juez de primera instancia desconoció el principio de congruencia de la sentencia, al pronunciarse sobre unas actuaciones que no fueron imputadas en la demanda?
¿Resulta procedente el estudio de los cargos de alzada que no hicieron parte del petitum y de la causa petendi de la demanda?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130049701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…
¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 15001233300020180069302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares y no a personas naturales particulares? Sí
En la Sentencia se afirmó que las normas permiten que las entidades estatales en asocio con personas naturales o jurídicas particulares creen personas jurídicas con una única condición y es que sean sin ánimo de lucro. Considero errada esta afirmación, puesto que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 permite, solamente, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas… ; es decir, la habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares y no a personas naturales particulares. Cualquier convenio celebrado al amparo de tal norma con una persona natural lo fue en ausencia de competencia por parte de la entidad para celebrar tal contrato; razón esta por la que comparto la declaratoria de nulidad.
También resuelve:
¿Los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución constituyen una tipología negocial diferente de los convenios de asociación y la creación de personas jurídicas normados en el…
¿Los negocios jurídicos anulados fueron celebrados para eludir los procedimientos de selección que correspondían de conformidad con el EGCAP?