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Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-05-19
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020220038401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:
¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?
¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?
¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene competencia esta Corporación para resolver mediante auto de ponente
Auto interlocutorio — Auto que rechaza solicitud de nulidad
2025-10-01
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 63001233300020220005801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Tiene competencia esta Corporación para resolver mediante auto de ponente, la solicitud de nulidad procesal presentada por la parte demandante con posterioridad a la ejecutoria de la providencia que concedió el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia? Sí
El Consejo de Estado tiene competencia para resolver mediante auto de ponente la solicitud de nulidad procesal presentada por la parte demandante después de la ejecutoria de la providencia que concedió el recurso de apelación, en virtud del control de legalidad previsto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011. Asimismo, la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 del Código General del Proceso se configura cuando no se notifica debidamente el auto admisorio de la demanda a un litisconsorte necesario o a un sujeto con interés directo en el proceso, en armonía con el artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Por otro lado, la solicitud de nulidad procesal no puede ser admitida cuando quien la presenta no ostenta la calidad de sujeto procesal ni se encuentra directamente afectado por la causal invocada, conforme al artículo 135 del Código General del Proceso, lo que implica que las solicitudes de nulidad presentadas por quien no tiene legitimación en la causa por activa deben ser rechazadas.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configura la causal de nulidad del numeral 8 del artículo 133 del CGP cuando no se notifica debidamente el auto admisorio de la demanda a un litisconsorte necesario o a un sujeto con interés…
¿Puede ser admitida una solicitud de nulidad procesal presentada por quien no ostenta la calidad de sujeto procesal ni se encuentra directamente afectado por la causal invocada?
¿Procede la remisión del expediente a solicitud de la Controlaría General de la República?
RECHAZA
Consejo de Estado
Providencia
Es procedente la declaratoria de la nulidad absoluta del contrato por violación de los procedimientos de selección previstos en la ley.
Sentencia — Sentencia
2022-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233300020150008501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
El problema jurídico a resolver consiste en determinar si la contratista acreditó haber ejecutado el contrato y si, en consecuencia, tenía derecho a la remuneración acordada, sin que para ello sea impedimento la liquidación unilateral del contrato adoptada mediante acto administrativo, toda vez que el control de legalidad sobre dicho acto fue incluido como parte del litigio de conformidad con lo resuelto en la audiencia inicial. Sí
El contratista no tiene derecho a la remuneración acordada si no acredita el cumplimiento de las condiciones pactadas para hacer exigible el pago, independientemente de que el contrato haya sido unilateralmente liquidado por la entidad estatal, siempre que el control de legalidad de dicha liquidación forme parte del litigio. La Sala confirmará la decisión apelada porque el contratista no probó haber ejecutado el contrato a satisfacción de la entidad demandada, por lo que no puede prosperar la pretensión de indemnización de perjuicios. Además, la Sala no declara la nulidad absoluta del contrato por no encontrar manifiesta la supuesta finalidad desviada en su suscripción, y reitera que la eventual transgresión del principio de planeación no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta. En cuanto a las costas, se condena a la parte vencida conforme al artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y se fijan las agencias en derecho en la suma de quince millones de pesos.síntesis automática
También resuelve:
¿La eventual transgresión del principio de planeación no está prevista en la ley como causal de nulidad absoluta?
¿Cuáles son los presupuestos para que proceda la condena en costas en segunda instancia?
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud de vinculación de terceros con interés legítimo es improcedente si se formula cuando el proceso está ingresado para sentencia.
Sentencia — Sentencia
2026-07-15
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020230057301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En el proceso se encuentra acreditada la caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El tercero procesal o subcontratista que pretenda intervenir en un medio de control de controversias contractuales debe formular su solicitud de vinculación dentro de la oportunidad legal comprendida desde la admisión de la demanda y hasta antes del auto que fija fecha para la audiencia inicial. En esta sentencia, la Sala confirma la decisión apelada que declaró probada la caducidad del medio de control de controversias contractuales y, asimismo, declara improcedente la solicitud de vinculación presentada por una sociedad en calidad de tercero con interés legítimo por haber actuado como subcontratista. Dicha petición se extinguió temporalmente conforme al artículo 224 del CPACA al ser formulada de manera tardía, cuando el expediente ya se encontraba en el despacho judicial para resolver de fondo el litigio.síntesis automática
También resuelve:
¿Las partes estipularon que el contrato sería objeto de liquidación bilateral o unilateral dentro de los seis meses siguientes a su vencimiento?
¿Al no sustituir el interventor a la entidad contratante, esta última es quien debe suscribir el acta de recibo de las obras y el acta de liquidación del contrato?
¿La Sala confirma la sentencia anticipada, teniendo en cuenta que se concluye que la demanda fue presentada de manera extemporánea?
DECLARA IMPROCEDENTE
Consejo de Estado
Providencia
No procede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuando la parte recurrente no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia para alegar la falta de competencia del tribunal arbitral.
Sentencia — Sentencia
2025-12-01
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020250006900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuando la parte recurrente no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia para alegar la falta de competencia del tribunal arbitral? No
El contratista no puede invocar la causal de anulación del laudo arbitral prevista en el numeral 2 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012, cuando no interpuso recurso de reposición contra el auto de asunción de competencia para alegar la falta de competencia del tribunal arbitral, a menos que demuestre que no estaba en condiciones de agotar ese requisito. El tribunal arbitral tiene competencia para valorar pruebas que incluyen negocios jurídicos y documentos producidos entre una de las partes del contrato de concesión y un tercero, siempre y cuando dicha valoración no se refiera a derechos y obligaciones entre las partes del contrato original, sino a la determinación de perjuicios causados. Además, la discrepancia frente a la interpretación jurídica o valoración probatoria del tribunal no habilita la anulación del laudo si este expone los fundamentos que sustentan la decisión y realiza un análisis probatorio adecuado. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, estableciendo criterios claros para la procedibilidad de recursos de anulación y la competencia del tribunal arbitral en la valoración de pruebas.síntesis automática
También resuelve:
¿Desconoció el Tribunal Arbitral su ámbito competencial al valorar un contrato celebrado entre una de las partes del contrato de concesión y un tercero…
¿La discrepancia frente a la interpretación jurídica o valoración probatoria del Tribunal habilita la anulación del laudo referida en el numeral 7 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012?
¿Se configura la causal 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 cuando el Tribunal se pronuncia sobre supuestas relaciones contractuales o efectos económicos derivados de contratos con terceros…
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
Convenio interadministrativo: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020140067401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La diferencia entre convenio y contrato administrativo radica en que en los convenios se busca cumplir, de manera conjunta, las funciones a cargo de las entidades públicas que suscriben el acuerdo o prestar los servicios que les han sido encomendados por la ley, mientras que en un contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, siendo protagonista el interés meramente económico o ganancial? Sí
El convenio interadministrativo y el contrato interadministrativo se distinguen por su finalidad: el primero busca cumplir de manera conjunta las funciones a cargo de las entidades públicas que lo suscriben, o prestar los servicios que la ley les encomienda, bajo los principios de colaboración y coordinación, mientras que en el contrato existe una amalgama de derechos y obligaciones recíprocas, en la que es protagonista el interés económico o ganancial. La regla se sostiene en dos razones. Primera, ambas figuras expresan un consenso de voluntades de entidades públicas, pero tienen diferencias sustanciales que impiden usarlas de manera indistinta. Segunda, en el caso el instrumento tenía por objeto que la empresa social del Estado ejecutara componentes de un proyecto del plan de desarrollo del ente contratante, sin que las entidades aunaran esfuerzos en sus funciones, por lo que se trataba de un contrato interadministrativo. Por ello se confirmó la decisión. La providencia reitera la distinción entre ambas figuras.síntesis automática
También resuelve:
¿El negocio jurídico celebrado entre las partes obedeció a un contrato interadministrativo, el cual, al relacionarse con las actividades a cargo del Hospital de Kennedy…
¿Se presentó oportunamente la demanda de controversias contractuales interpuesta para demandar el incumplimiento del contrato interadministrativo, considerando que…
¿El Fondo de Desarrollo Local de Kennedy actuó sin competencia funcional al declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se procede a actualizar a valor presente la cuantía del lucro cesante reconocida en el auto apelado.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-12-14
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019951170402
ACCION CONTRACTUAL
¿Se reconoce a favor del demandante una suma dineraria por concepto de pérdida de oportunidad? Sí
En la celebración de un contrato estatal de obra, la pérdida de oportunidad de obtener utilidades puede indemnizarse como lucro cesante cuando se acredita la probabilidad de obtener el beneficio esperado, y la utilidad proyectada se calcula a partir de un incremento estimado con base en los porcentajes del IPC durante los cinco años siguientes a la declaratoria de caducidad. Esa probabilidad se mide con el criterio de Laplace, de modo que cada escenario tiene el mismo grado de ocurrencia. Además, cada utilidad anual proyectada se indexa a la fecha de la providencia con la fórmula fijada por la jurisprudencia del Consejo de Estado. La entidad demandada había objetado la primera experticia, pero no se opuso a los métodos estadísticos y probabilísticos usados en el dictamen, de modo que esos métodos no fueron controvertidos. En el caso, el auto reconoció una suma por pérdida de oportunidad y actualizó a valor presente el lucro cesante reconocido en la decisión apelada. La providencia modifica la decisión anterior en este punto. Su consecuencia práctica es que el perjuicio por pérdida de oportunidad debe cuantificarse con un dictamen pericial que sustente cada escenario probabilístico.síntesis automática
También resuelve:
¿Si bien la entidad demandada formuló objeción contra la primera experticia no se oponía a los métodos estadísticos y probabilísticos utilizados en el dictamen?
¿El Consejo de Estado admitió como ejercicio probatorio la alternativa de presentar las certificaciones de los contratos o la facturación de los mismos?
¿Existe prueba de que la ganancia obtenida por el actor hubiera alcanzado, frente a los contratos efectivamente ejecutados…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2023-10-27
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020130049701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato…
¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público…
¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
¿El Hospital Occidente de Kennedy II Nivel E.S.E. incurrió en un incumplimiento total del contrato interadministrativo, pero no por la falta de culminación de las actividades a las que estaba obligado, sino por el desbordamiento del objeto social de los subcontratistas que decidieron asumir dichas actividades por fuera de su capacidad legal, lo que implica, frente al referido contrato interadministrativo, la imposibilidad jurídica de ejecutarlo?
Aclaración voto — Aclaración de voto
2023-05-15
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020140067401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Hospital Occidente de Kennedy II Nivel E.S.E. incurrió en un incumplimiento total del contrato interadministrativo, pero no por la falta de culminación de las actividades a las que estaba obligado, sino por el desbordamiento del objeto social de los subcontratistas que decidieron asumir dichas actividades por fuera de su capacidad legal, lo que implica, frente al referido contrato interadministrativo, la imposibilidad jurídica de ejecutarlo? Sí
Si bien comparto la decisión confirmatoria de la Sala en la que se consideró que en el proceso no se desvirtuó la presunción de legalidad de las resoluciones atacadas, a través de las cuales la Alcaldía Local de Kennedy declaró el incumplimiento del Hospital Occidente de Kennedy II Nivel E.S.E. del contrato interadministrativo suscrito entre este y el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy, considero necesario hacer una precisión frente a las razones que soportan la existencia de un incumplimiento del contratista, pese a que Valparaíso y ASEPROF, a los que aquel subcontrató, culminaron las actividades del referido contrato interadministrativo a las que se habían obligado.