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PERSONA JURÍDICA SIN ANIMO DE LUCRO

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Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición 2025-05-09 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020240004800 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
El Decreto 1595 de 2015 precisó que el ONAC tiene como función principal proveer los servicios de acreditación a los organismos de evaluación de la conformidad con sujeción a las normas nacionales e internacionales en materia de acreditación, con alcance en reglamentos técnicos, normas técnicas y otros documentos normativos… .
NO REPONE
Consejo de Estado Providencia

Razón por la cual no se puede predicar que las madres comunitarias ostenten la calidad de funcionarias públicas.

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 50001233300020150012902 LEY 1437 REPETICION
¿Se acreditó que las demandadas ostentaron la condición de ex agentes del Estado o de particulares con función pública? No
El contratista no ostenta la condición de ex agente del Estado o de particular con función pública simplemente por prestar un servicio público, ya que el ejercicio de dicha actividad no implica necesariamente el ejercicio de potestades inherentes al Estado. En este caso, la Asociación de Padres de Familia Hogares Comunitarios celebró el contrato de aporte 050 de 1999 con el ICBF para ejecutar los aportes en favor de niños de escasos recursos económicos, sin que se le transfiriera una función pública. Las madres comunitarias, en su calidad de voluntarias, no tenían relación laboral con el ICBF ni con la asociación, y su participación en el programa de "Hogares de Bienestar" se consideraba una contribución voluntaria, no una relación laboral. Esta decisión reitera la distinción entre el ejercicio de la función pública y la prestación del servicio público, lo que implica que no todas las personas que prestan servicios públicos pueden ser consideradas agentes del Estado o particulares con funciones públicas.síntesis automática
También resuelve: ¿Toda prestación de un servicio público comporta el ejercicio de una función pública? ¿Con el fin de proteger y garantizar la integración y realización armónica de la familia, el Estado puede celebrar negocios jurídicos con particulares con la finalidad de que estos sujetos privados… ¿Al tratarse de un asunto en el que se ventila un interés público, es improcedente condenar en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrían solicitar la nulidad absoluta del contrato, la que también puede ser declarada de oficio por el juez.

Sentencia — Sentencia 2025-02-03 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 15001233300020190028001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El medio de control de controversias contractuales es el medio de control procedente para conocer sobre la responsabilidad contractual? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, con fundamento en el artículo 104 del CPACA, pues el convenio… fue suscrito por el municipio de Puerto Boyacá [y la corporación] -entidad con un 51% de capital público- en el marco de sus funciones. El Consejo de Estado es competente para desatar los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, [conforme] el artículo 150 y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA, dada la vocación de doble instancia del proceso, [dado] que la pretensión [mayor], supera los 500 SMLMV. En virtud del artículo 141 del CPACA, cualquiera de las partes de los contratos estatales puede demandar para que se declare su existencia o su nulidad, [se] declare el incumplimiento, [se] condene a quien se considere responsable a indemnizar los perjuicios y/o se liquide el contrato, entre otras declaraciones y condenas.
También resuelve: ¿El municipio de Puerto Boyacá contaba con dos años para impugnar el contrato, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la decisión que liquidó unilateralmente el acuerdo convencional? ¿En virtud de la colaboración que debe preponderar entre las entidades del Estado, existe la posibilidad de cooperación entre estas, mediante la celebración de convenios interadministrativos? ¿En los contratos administrativos las relaciones negociales no se encuentran sujetas a un objetivo común, pues la contratista actúa a cambio de una retribución patrimonial por el cumplimiento de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-24 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 25000233600020170147901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ante la falta de acreditación de la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses respecto de los computadores objeto del contrato de suministro, era improcedente aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado en favor de la Unión Temporal demandante? Sí
El contratista no puede aplicar la fórmula de reajuste por la variación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en favor de la Unión Temporal demandante cuando no acredita la fecha en que se efectuaron los pagos en dólares estadounidenses por los computadores objeto del contrato de suministro, ya que la cláusula de reajuste establece que solo se aplica si la variación de la TRM supera el 8,81%, lo cual requiere pruebas precisas sobre la fecha de los pagos. La entidad estatal actuó de buena fe al negarse a aplicar la fórmula por falta de evidencia, garantizando al contratista la posibilidad de allegar la información faltante. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con la carga de la prueba en contratos estatales que implican pagos en moneda extranjera, y subraya que la falta de acreditación de la fecha de los pagos impide la aplicación de la fórmula de reajuste, lo que puede afectar significativamente los reclamos por sobrecostos.síntesis automática
También resuelve: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto por tratarse de una controversia contractual en la que es parte una persona jurídica sin ánimo de lucro de… ¿Computadores para Educar es una persona jurídica sin ánimo de lucro de carácter público y con capital estatal, que cuenta con capacidad plena para acudir a los procesos judiciales? ¿Al tratarse de una asociación constituida por entidades del orden nacional, su régimen de contratación será aquel que rige a dichas entidades públicas que conformaron a la persona jurídica sin ánimo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El Convenio 93 de 2010 es un contrato de suministro

Sentencia — Sentencia 2023-03-10 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 25000233600020140045001 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Convenio 93 de 2010 es un contrato de suministro que, al haber sido celebrado sin agotar un proceso preceptivo de licitación pública o selección abrevia, es absolutamente nulo? Sí
La entidad estatal y una institución de educación superior que celebran bajo la apariencia de convenio interadministrativo o de cooperación un acuerdo para proveer bienes propios de la actividad de un comerciante, que no forman parte del objeto de dicha institución ni de su régimen especial de contratación, suscriben en realidad un contrato de suministro. Cuando este negocio jurídico de ejecución sucesiva se celebra sin agotar previamente el proceso preceptivo de selección abreviada o licitación pública exigido por la ley, adolece de nulidad absoluta por objeto ilícito que contraviene el derecho público de la Nación y por omitir los requisitos legales para su celebración, conforme al artículo 44 de la Ley 80 de 1993 en concordancia con el artículo 1741 del CC. Ante dicha irregularidad, el juez contencioso administrativo tiene el deber legal de declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato estatal y proceder a liquidar las restituciones o prestaciones mutuas, aun cuando se hubiera impuesto pena pecuniaria por incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿La declaración de la nulidad absoluta del contrato de ejecución sucesiva, como el contrato de suministro, conlleva a la liquidación de las prestaciones mutuas o restituciones mutuas cuando en el… ¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para declarar de oficio la nulidad absoluta del convenio celebrado entre personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por entidades… ¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a las instituciones de educación superior (universidades estatales u oficiales) y cuáles son las excepciones?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia

Sentencia — Sentencia 2023-10-27 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 25000233600020130049701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de los procesos de controversias contractuales iniciados para demandar los actos mediante los cuales se da por terminado y se liquida de forma unilateral un contrato estatal? Sí
La competencia en segunda instancia para conocer de los procesos de controversias contractuales en que se demanda la nulidad de los actos mediante los cuales la entidad pública da por terminado y liquida unilateralmente un contrato estatal corresponde al Consejo de Estado, conforme al artículo 104 del CPACA y a la cuantía que fija el numeral 5 del artículo 152. Una razón es que el artículo 104 atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en actos, contratos y hechos sujetos al derecho administrativo en los que intervienen entidades públicas, y la demanda controvertía la terminación y las resoluciones de liquidación unilateral de un contrato interadministrativo. Otra razón es que la cuantía de las pretensiones superaba los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que da vocación de doble instancia. En el caso, la parte actora reclamó el daño emergente y el lucro cesante derivados de la terminación y la liquidación unilateral, y la Sala modificó la decisión de primera instancia. Su consecuencia práctica es que la vía de controversias contractuales es la adecuada para impugnar la terminación y liquidación unilateral cuando la cuantía supera el umbral legal.síntesis automática
También resuelve: ¿Se presentó de forma oportuna el medio de control de controversias contractuales incoado para demandar la nulidad de los actos que terminaron y liquidaron unilateralmente un contrato… ¿La Asociación de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional constituye una persona jurídica sin ánimo de lucro de derecho público… ¿El acuerdo de voluntades celebrado entre la Secretaría de Educación Distrital y la Red Alma Mater constituye un contrato estatal, que encuadra en la definición de un contrato interadministrativo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: la habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares

Aclaración voto — Aclaración de voto 2023-11-30 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ Rad. 15001233300020180069302 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares y no a personas naturales particulares? Sí
En la Sentencia se afirmó que las normas permiten que las entidades estatales en asocio con personas naturales o jurídicas particulares creen personas jurídicas con una única condición y es que sean sin ánimo de lucro. Considero errada esta afirmación, puesto que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 permite, solamente, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas… ; es decir, la habilitación legal del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se refiere a personas jurídicas particulares y no a personas naturales particulares. Cualquier convenio celebrado al amparo de tal norma con una persona natural lo fue en ausencia de competencia por parte de la entidad para celebrar tal contrato; razón esta por la que comparto la declaratoria de nulidad.
También resuelve: ¿Los contratos a que se refiere el artículo 355 de la Constitución constituyen una tipología negocial diferente de los convenios de asociación y la creación de personas jurídicas normados en el… ¿Los negocios jurídicos anulados fueron celebrados para eludir los procedimientos de selección que correspondían de conformidad con el EGCAP?