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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra

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Fecha
2022-08-31
Radicado
05001233100019910645501
Número interno
38412
Ponente
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
SOCIEDAD INYCONEL LTDA.
Demandado
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra

Lo que dijo la Sala

Las partes celebraron el convenio adicional… del contrato de obra pública… . En la cláusula segunda pactaron, ante el retraso presentado en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, la ampliación del plazo por 45 días calendario… . En la cláusula quinta del convenio adicional… , pactaron la exención de responsabilidad de la entidad por las circunstancias que dieron lugar a la ampliación del plazo… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista no puede reclamar por sobrecostos originados por una mayor permanencia en la obra, cuando las partes en el marco de la autonomía de la voluntad pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. La intención de las partes, claramente exteriorizada en el contrato, prevalece y no es posible interpretar el contrato de manera que vaya en contra de lo acordado por los contratantes. Esta regla reitera la importancia de la autonomía de la voluntad en la contratación estatal y la necesidad de respetar la intención de las partes, lo que implica que los contratistas deben cumplir con los acuerdos pactados y renunciar a cualquier reclamación en los términos acordados.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo?

Respuesta: No

Fundamentos

  • Decreto 410 de 1971, art. 870
  • Ley 57 de 1887, arts. 1546, 1602 y 1618

También resuelve

  • ¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública…
  • ¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales…
  • ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES DEBERES DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACUERDO DE VOLUNTADES PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL MUTUO DISENSO EXPRESO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS REAJUSTE DE PRECIO REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL FALTA DE PRUEBA IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL ACTA DE REAJUSTE DE OBRA PÚBLICA CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ESTADO DE URGENCIA MANIFIESTA DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CONTRATO ADICIONAL ESTATAL SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN APELANTE ÚNICO COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA INCUMPLIMIENTO DEL PAGO REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO SISTEMA DE SANA CRÍTICA CONTRATO ESTATAL REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL VIGENCIA DEL DECRETO CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATO ADMINISTRATIVO CLASES DE OBRA PÚBLICA ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL PRÓRROGA DEL PLAZO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL PROCESO COGNOSCITIVO DEL DICTAMEN PERICIAL CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL

Guías del tema

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Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Prestaciones ejecutadas sin contrato

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Titulación de la relatoría 26.471 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / DEBERES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / RENUNCIA A PRESENTAR RECLAMO JUDICIAL / MUTUO DISENSO EXPRESO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Es procedente reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por mayor permanencia en la obra, a pesar de que las partes en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo? Respuesta al problema jurídico: No Las partes celebraron el convenio adicional (…) del contrato de obra pública (…). En la cláusula segunda pactaron, ante el retraso presentado en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, la ampliación del plazo por 45 días calendario (…). En la cláusula quinta del convenio adicional (…), pactaron la exención de responsabilidad de la entidad por las circunstancias que dieron lugar a la ampliación del plazo (…). Solo cuando conste de manera inequívoca que la intención de las partes es distinta de lo que expresan los términos del contrato (art. 1602 CC), es posible recurrir a la definición de esa voluntad a través de los diferentes criterios previstos por el Código Civil. (…) La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente exteriorizada en el contrato permite concluir que los contratantes acordaron que la entidad no sería responsable por los sobrecostos por mayor permanencia de obra causados por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni por la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia. Pactaron expresamente que el contratista renunciaría a cualquier reclamación o acción por esta circunstancia. Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes [pacta sunt servanda] y, por regla general, se extinguen por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). (…) Las partes, en el marco de la autonomía de la voluntad, pactaron que la entidad no sería responsable por el retraso en el suministro de proyectos y el listado para domiciliarias, ni la ampliación del plazo derivada de esa circunstancia, y decidieron que el contratista no realizaría reclamaciones por este motivo. Por ello, no es posible reconocer la reclamación del demandante por los sobrecostos originados por esa situación, pues ello iría en contravía de lo acordado por los contratantes. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia en ese punto. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la interpretación de los contratos y la voluntad de las partes, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 1924; y sentencia de 6 de marzo de 1972. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1740 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL / CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / REAJUSTE DE PRECIO / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / FALTA DE PRUEBA / IMPROCEDENCIA DEL REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE REAJUSTE DE OBRA PÚBLICA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA PRUEBA DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que la demandada incumplió el pago de las actas de reajuste reclamadas, según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública, dado que sometieron la exigibilidad de la obligación a la presentación de las actas a la entidad? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 86 del Decreto 222 de 1983 dispuso que en los contratos de obra pública celebrados a precio global o por precios unitarios se podrían pactar revisiones periódicas de los mismos, en función de las variaciones que ocurran en los factores determinantes de los costos. El reajuste de precios del contrato busca impedir que las variaciones de los factores que son determinantes en el precio, por fenómenos económicos como la inflación o el aumento de costos, afecten el equilibrio económico del contrato. Por ello, es usual pactar fórmulas actuariales que permitan ajustar los precios iniciales, con fundamento en las variaciones de sus componentes en el mercado, para que correspondan a la realidad de los costos en el momento de ejecución de las prestaciones a cargo del contratista. La ausencia de pacto de cláusula de reajuste no impide que el contratista reclame, vía judicial, la actualización de los precios. En este evento, el afectado deberá acreditar la variación negativa de precios y la incidencia de esta variación en su ecuación de costos. (…) Conforme la intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), exteriorizada en la cláusula séptima, el contratista debía presentar las actas que cumplieran los requisitos pactados a la entidad para que, en el plazo de 30 días calendario siguientes a su presentación, Empresas Públicas de Medellín pagara su valor. De forma que, según lo pactado en el contrato, para que surgiera la obligación de pago de las actas de reajuste, era necesaria su presentación ante la entidad, pues la ocurrencia de ese hecho determinaba el inicio del plazo para el pago efectivo de la prestación y el eventual incumplimiento y mora de la entidad tras su vencimiento (art. 1608 y 1627 CC). (…) Como no obra prueba de que Empresas Públicas de Medellín hubiera emitido órdenes para pagar las actas de reajuste n.º 6, n.º 7, n.º 9 y n.º 10, que corresponden a las fechas de las actas reclamadas en la demanda, ni se probó la suscripción del acta de reajuste de enero de 1991, no se puede determinar la fecha de su presentación para su cobro. No es posible, pues, concluir que la demandada incumplió el pago de las actas reclamadas según lo pactado por las partes en el contrato de obra pública n.º 3/DJ-9767/1, dado que sometieron la exigibilidad de la obligación a la presentación de las actas a la entidad, aspecto que no fue probado por la parte demandante. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. (…). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. Como no obra prueba que acredite que la demandada hubiera incumplido el pago de las actas de reajuste definitivo de obra de noviembre y diciembre de 1990 y enero y febrero de 1991, la Sala no accederá a las pretensiones en este punto. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el reajuste de precios en los contratos de obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de febrero de 2001, rad. 13682, C. P. Ricardo Hoyos Duque. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 86, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1608, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1627, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757 PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / REQUISITOS DEL ACTIO IN REM VERSO / EVENTOS DE PROCEDENCIA DEL ACTIO IN REM VERSO / NATURALEZA JURÍDICA DE LA ACTIO IN REM VERSO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ELEMENTOS DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / REQUISITOS DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ESTADO DE URGENCIA MANIFIESTA / DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA / SUBSIDIARIEDAD DE LA ACTIO IN REM VERSO Problema jurídico: ¿El desplazamiento patrimonial alegado por el demandante, que tiene origen en el contrato de obra pública, perseguido a través de la acción de controversias contractuales, cumple los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa causa? Respuesta al problema jurídico: No La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario. En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso, a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica —contrato de obra pública n.º 3/DJ-9767/— que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa. Por ello, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el carácter subsidiario de la acción de enriquecimiento sin justa causa, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 19 de noviembre de 1936; Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1986, rad. 3785, C. P. Jorge Valencia Arango; sentencia de 7 de junio de 2007, rad. 14669, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 25 de noviembre de 2004, rad. 25560, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; y sentencia de 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULA DE CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de los contratos administrativos? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuya causa sea la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñan funciones administrativas según el artículo 82 CCA. El artículo 17 del Decreto 222 de 1983 establecía que la jurisdicción contencioso administrativa conocería de los litigios derivados de los contratos administrativos. En consonancia, el artículo 87 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, dispuso que cualquiera de las partes de un contrato administrativo o privado con cláusula de caducidad podía demandar mediante la acción de controversias contractuales. Como el contrato de obra pública (…) es un contrato de administrativo, de conformidad con el artículo 16 de ese decreto, la jurisdicción administrativa es la encargada de conocer de esta controversia. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.10 CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 10, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 17, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se legan los perjuicios por incumplimiento de un contrato? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan perjuicios por incumplimiento de un contrato (arts. 1546 y 1602 CC y 87 CCA). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602 APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ADICIONAL ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 624 CGP, que modificó el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, prescribe que los términos se rigen por las leyes vigentes al momento en que empiezan a correr. El artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, disponía que el término para formular las pretensiones relativas a los contratos caducaría en dos años de ocurridos los motivos de hecho o derecho que le sirvan de fundamento. Como el demandante reclamó varios incumplimientos, la Sala estudiará el término para interponer la demanda de forma separada. Frente al sobrecosto por mayor permanencia en obra, como el 8 de febrero de 1991 se firmó el contrato adicional (…) en el cual se regularon las consecuencias contractuales frente a la suspensión del contrato (…), esto es, en vigencia del artículo 136 CCA, antes de la modificación introducida por la Ley 446 de 1998, esta es la norma que rige la materia. Como el término de dos años para intentar la acción de controversias contractuales inició el 9 de febrero de 1991 y la demanda se interpuso el 6 de septiembre de 1991, se presentó de forma oportuna. Respecto al incumplimiento en el pago de las actas de reajuste definitivo de (…), como el demandante adujo que presentó las cuentas de cobro el 30 de junio de 1991 (…) y la demanda se interpuso el 6 de septiembre de 1991, se presentó de forma oportuna (…). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 624, LEY 446 DE 1998 RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL PAGO / REAJUSTE DEL PRECIO DEL CONTRATO / ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA Problema jurídico: ¿El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante único? Respuesta al problema jurídico: Si Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC, esto es, en lo referente al sobrecosto por mayor permanencia en obra, el incumplimiento en el pago de las actas de reajuste definitivo y en caso de que no prosperen, el enriquecimiento sin justa causa de la entidad. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las copias simples? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PRIVADO / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA Problema jurídico: ¿El documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, el mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 251 CPC (retomado por el art. 243 CGP), los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 243 CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VIGENCIA DEL DECRETO / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLASES DE OBRA PÚBLICA / ENTIDAD DESCENTRALIZADA MUNICIPAL Problema jurídico: ¿El régimen jurídico aplicable al contrato de obra pública es el Decreto 222 de 1983, toda vez que éste se perfeccionó en vigencia de dicho estatuto y una de las partes es un establecimiento público? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en todo contrato se entienden incluidas las leyes vigentes al tiempo de su celebración, con excepción de las concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos del contrato y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado. En este último evento, la norma dispone que la infracción será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido esa infracción. (…) El artículo 81 del Decreto 222 de 1983 dispuso que se denominaba contrato de “obras públicas” al que se celebren para la construcción, montaje, instalación, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de bienes inmuebles de carácter público o directamente destinados a un servicio público. La regulación actual contenida en el artículo 32.1 de la Ley 80 de 1993 difiere sustancialmente de la contenida en el régimen anterior, pues identificó el contrato de obra como aquel que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. La diferencia central radica en que en la Ley 80 de 1993 no se le confiere al contrato de obra el calificativo de “pública”, ni condiciona su tipificación a que los trabajos recaigan sobre un inmueble de “carácter público o directamente destinado a un servicio público”. Para la fecha de suscripción del contrato obra pública n. 0 9/DJ-647/33, 13 de mayo de 1993 (…), Empresas Públicas de Medellín era un establecimiento público, es decir, era una entidad descentralizada del orden municipal (…). Conforme al Decreto 222 de 1983, el de obra pública era un contrato administrativo (artículo 16). Como el contrato de obra pública n.º 3/DJ-9767/1, en el que una de las partes era un establecimiento público, se perfeccionó el 20 de marzo de 1991, su régimen jurídico, según el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, en lo relativo a los tipos de contratos, clasificación, efectos, responsabilidad y terminación, es el Decreto 222 de 1983. NOTA DE RELATORÍA: Con relación a las disposiciones por las cuales se rige el contrato estatal de obra pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de mayo de 1988, rad. 4303, C. P. Carlos Betancur Jaramillo. FUENTE FORMAL: DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 16, DECRETO 222 DE 1983 - ARTÍCULO 81, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38, LEY 19 DE 1982 - ARTÍCULO 5, LEY 801 DE 1993 - ARTÍCULO 32.1 MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / EJECUCIÓN DE OBRA ADICIONAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL PLAZO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿El contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal, los costos administrativos y en general los que se produzcan, por la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables? Respuesta al problema jurídico: Si La mayor permanencia en obra, ya sea por el incumplimiento del contrato o por un desequilibrio económico, corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato —aun cuando no implique, necesariamente, mayores cantidades de obra y obras adicionales—que deben ser reconocidos por la entidad, porque tienen su origen en circunstancias no imputables al contratista. En efecto, la ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos —administrativos, de personal y equipos— prevista inicialmente por el contratista. Por ello, el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal y los costos administrativos —y en general los que se produzcan— por la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables. También hay lugar a reconocer los mayores costos cuando la mayor permanencia en obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada. En este caso, será necesario cuantificar el valor de la obra adicional. En todo caso, deberán acreditarse los sobrecostos reales en que incurrió, porque no es dable suponerlos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la mayor permanencia en la obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de enero de 2004, rad. 10779, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / PROCESO COGNOSCITIVO DEL DICTAMEN PERICIAL / CONCLUSIONES DEL DICTAMEN PERICIAL / FUNDAMENTACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INEFICACIA DEL DICTAMEN PERICIAL / ACTA DE REAJUSTE DE OBRA PÚBLICA / REAJUSTE DE PRECIOS EN EL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿El dictamen pericial rendido, cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser valorado y admitido por el juez? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. (…) Las conclusiones del dictamen deben tener justificación no solo en la opinión del experto, sino en soportes que ofrezcan respaldo a su labor. Estos soportes brindan firmeza al dictamen y el perito puede acudir a exámenes o investigaciones que le permitan elaborar un concepto preciso y detallado, tal como lo prevé el artículo 237.6 CPC. En armonía, el artículo 241 CPC ordena que el juez deberá analizar la conducencia en relación con el hecho que se pretende probar y la competencia del perito. De modo que, es preciso verificar que (i) sea un experto en la materia técnica analizada; (ii) no haya motivos para dudar de su imparcialidad; (iii) no se acredite objeción por error grave; (iv) esté debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas; (v) se haya permitido su contradicción y (vi) otras pruebas no lo desvirtúen. En el proceso se practicó un dictamen pericial para determinar el valor de los reajustes dejados de pagar (…). Los peritos fundamentaron el dictamen en las actas de obra ejecutada y los reajustes correspondientes, sus valores y las fechas de pago que obran en el expediente. Concluyeron que las actas de reajuste definitivo (…), habían sido pagadas de forma extemporánea. Los peritos no relacionaron los documentos que sustentan el incumplimiento de estas actas de reajuste definitivo. (…) No era posible, entonces, inferir la relación de las actas de reajuste definitivo n.º 7 y 10 con las órdenes de pago n.º 45476 y n.º 508816, ni la fecha de su pago, pues esas órdenes fueron proferidas para pagar conceptos diferentes, según lo consignado en ellas. La Sala no acoge el dictamen pericial, porque su fundamento carece de firmeza y precisión y no tiene eficacia probatoria según los artículos 233, 237 y 241 CPC. (…) FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 6, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199106455011100103