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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra

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Fecha
2024-04-24
Radicado
25000232600020120075901
Número interno
63438
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
INCOPAV S.A., INSCO LTDA., CONSORCIO ALO 2008
Demandado
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra

Lo que dijo la Sala

La Sala encuentra que el contrato No. 153 de 2007 se suspendió y se adicionó en tiempo y en dinero, ante los ajustes que se debieron efectuarse a los diseños preliminares de la obra entregados por el IDU durante la etapa de licitación, pero no por ello puede predicarse una violación al principio de planeación, ni tampoco el reconocimiento que reclama la actora por la mayor permanencia… .

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

Cuando el pliego de condiciones impone al contratista la carga de revisar, verificar, ajustar y complementar los diseños y estudios que la entidad entrega de manera incompleta, la suspensión y la adición de tiempo y dinero derivadas de esos ajustes no configuran violación del principio de planeación ni dan lugar al reconocimiento de costos administrativos por mayor permanencia en obra. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, el contratista que presenta su oferta conociendo que la entidad no entregó diseños y estudios definitivos asume la obligación de apropiarse de ellos mediante la revisión y complementación previstas en el pliego. Segundo, la apropiación de los diseños mediante acta demuestra que el ajuste fue una obligación asumida por el contratista y no una falla de planeación imputable a la entidad. La providencia concluye que no hay lugar al reconocimiento reclamado; en la práctica, el contratista que alegue mayor permanencia por deficiencias de los diseños debe demostrar que estos le impedían ejecutar la obra en las condiciones del pliego.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra, producto de la vulneración del principio de planeación por la falta de definición de los diseños y estudios para la obra por parte del IDU?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Procede el reconocimiento de los costos por mayor permanencia en la obra por actividades de mejoramiento que no estaban contempladas en el contrato original?
  • ¿Procede el reconocimiento de volúmenes de rajón descontados por la interventoría en el Acta No. 7 y dejados de pagar por el IDU?
  • ¿Procede practicar la liquidación judicial del contrato?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

REVOCA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL LICITACIÓN PÚBLICA MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEBERES DEL CONTRATISTA INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO FALTA DE PRUEBA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA DISEÑO DE VÍA PÚBLICA PLANOS DE OBRA PÚBLICA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACUERDO DE VOLUNTADES NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA ESTIPULACIONES DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR FACULTADES DEL INTERVENTOR APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PAGO DEL CONTRATO PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO TASA DE INTERÉS MORATORIO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL INTERÉS MORATORIO COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRATO ESTATAL PARTES DEL CONTRATO ESTABLECIMIENTO PÚBLICO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONTROVERSIAS CONTRACTUALES RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL CONDICIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE MUTUO TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE IUS VARIANDI INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL PLIEGO DE CONDICIONES INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL DEBERES DEL JUEZ INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Supervisión e interventoría Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato

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Titulación de la relatoría 37.404 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / CONTROVERSIAS EN EL CONTRATO DE OBRA / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / LICITACIÓN PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / OFERTA PRESENTADA A LA ADMINISTRACIÓN / SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / DEBERES DEL CONTRATISTA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALTA DE PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Hay lugar al reconocimiento de los costos administrativos por la mayor permanencia en obra, producto de la vulneración del principio de planeación por la falta de definición de los diseños y estudios para la obra por parte del IDU? Respuesta al problema jurídico: No [L]a Sala encuentra que el contrato No. 153 de 2007 se suspendió y se adicionó en tiempo y en dinero, ante los ajustes que se debieron efectuarse a los diseños preliminares de la obra entregados por el IDU durante la etapa de licitación, pero no por ello puede predicarse una violación al principio de planeación, ni tampoco el reconocimiento que reclama la actora por la mayor permanencia (…). A partir de las pruebas que reposan en el plenario, queda claro que al presentar su oferta y suscribir el contrato el CONSORCIO tenía conocimiento de que el IDU no entregó diseños y estudios definitivos para la obra, al punto de que en los pliegos de condiciones se estableció que, a pesar de que el IDU proporcionaba "un CD con la información de los estudios y diseños existentes”, correspondía al contratista revisar, verificar, ajustar y complementar “las memorias de cálculo, planos de diseño y demás documentación relevante” hasta apropiarse de ellos, que fue justamente lo que hizo mediante Acta No. 5, de modo que no encuentra asidero que a la entidad demandada se le endilgue responsabilidad por no entregar diseños definitivos o por haber sido necesario efectuar verificaciones, ajustes y complementaciones por parte de la actora a los estudios y diseños preliminares proporcionados en la etapa de licitación. (…) [L]a Sala advierte que, en todo caso, la parte actora no probó que se hubiesen generado sobrecostos durante la etapa de preconstrucción, producto de la suspensión del plazo del contrato (…). En consecuencia, la Sala descarta el cargo elevado en el recurso de apelación. MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / MEJORAMIENTO DE VÍA PÚBLICA / DISEÑO DE VÍA PÚBLICA / PLANOS DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO ESTATAL / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO ESTATAL / PLAZO DEL CONTRATO ESTATAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE PLANEACIÓN PRECONTRACTUAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de los costos por mayor permanencia en la obra por actividades de mejoramiento que no estaban contempladas en el contrato original? Respuesta al problema jurídico: No En la demanda se sostuvo que la mayor permanencia en la obra obedeció por actividades de mejoramiento de la subrasante que no estaban contempladas en el contrato original, producto de la deficiencia de los diseños, argumento que fue reiterado por la actora en el recurso de apelación, al señalar que la ejecución de obras no previstas inicialmente desplazaron el cronograma de las obras. Sobre el particular y de acuerdo con el material probatorio recaudado, se observa que el CONSORCIO y el IDU con la suscripción de las adiciones adoptaron las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, al punto de que en dos oportunidades se adicionó el contrato en valor para que realizara aquellas obras no previstas inicialmente en el contrato original para garantizar la estabilidad de la obra (…), además de la ampliación del plazo, también en dos oportunidades, para ejecutar y culminar las actividades faltantes. No está de más señalar que los reconocimientos de sumas adicionales fueron solicitados por el mismo contratista, aunado al hecho de que en los acuerdos por medio de los cuales se ampliaron el plazo contractual quedó plasmado que no se generarían costos para el IDU. (…) [D]e manera que ahora, en sede judicial, no tiene vocación prosperidad la pretensión relacionada por la mayor permanencia en obra, porque ello ya fue zanjado con los acuerdos de voluntades que se concretaron en las adiciones al contrato en cuestión. (…) Así las cosas, para la Sala el cargo que se analiza no está llamado a prosperar, por cuanto, a más de haberse contemplado desde el inicio que podrían tener lugar modificaciones a los diseños, planos y estudios entregados junto con el pliego de condiciones, al advertirse la necesidad de ejecutar actividades que inicialmente no estaban contempladas y que impactaban el plazo y el valor acordado, mediante los acuerdos modificatorios celebrados por los contratantes regularon lo concerniente al mayor valor requerido con ocasión de los cambios en los planos y especificaciones y las obras extras y adicionales que de allí se derivaron, así como el mayor plazo que ello implicó. (…) Todo lo expuesto conduce a descartar la pretensión relativa a la mayor permanencia en la obra originada en la ejecución de actividades adicionales que implicaron la extensión del plazo contractual, como resultado de la alegada falta de planeación, sobre la cual se insistió en el recurso de apelación. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los acuerdos válidos y exigibles, decididos por las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad en consonancia con el principio de buena fe contractual, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 12 de diciembre de 2022, rad. 59382, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO ESTATAL / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA / ESTIPULACIONES DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR / FACULTADES DEL INTERVENTOR / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PAGO DEL CONTRATO / PROCEDENCIA DEL INTERÉS MORATORIO / TASA DE INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de volúmenes de rajón descontados por la interventoría en el Acta No. 7 y dejados de pagar por el IDU? Respuesta al problema jurídico: Si En el recurso de apelación el CONSORCIO señaló que debían reconocerse los volúmenes de rajón que fueron descontados “arbitrariamente” por la interventoría y que no fueron pagados, aduciendo al respecto que las partes pactaron que este ítem se mediría como material suelto ingresado a la obra. (…) En el presente asunto, a juicio de la Sala la intención de las partes (artículo 1608 CC) fue clara en que el ítem no previsto originalmente de suministro, transporte e instalación de rajón tenía un valor unitario de $45.678 por m3 (metro cúbico), con la precisión de que el rajón se cuantificaría “por el número de viajes que ingresen a la obra”, lo que se constata con la aprobación por parte del IDU del “Análisis de Precios Unitarios”, visto bueno que otorgó sin objeción alguna, lo que permite entender que, además de aceptar el valor unitario del m3 de rajón, también avaló la manera cómo debía cuantificarse. Lo anterior cobra mayor fuerza atendiendo al hecho de que en las actas Nos. 6 y 7, según se desprende del cruce de correspondencia, el IDU pagó al contratista el “ítem 4NP suministro, transporte e instalación de rajón”, con base en la cuantificación “por el número de viajes que ingresen a la obra”. En este sentido, debe recordarse que, de conformidad con el artículo 1.622 del Código Civil, las cláusulas del contrato pueden interpretarse “... por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra parte”, regla de hermenéutica que se denomina “interpretación auténtica”, pues proviene de los propios contratantes, de manera tal que de su comportamiento se deduce su voluntad real y su mutuo entendimiento acerca del contenido y alcance de sus estipulaciones. Es cierto que, luego de haberse pagado durante un tiempo de la ejecución el ítem 4NP teniendo en cuenta “el número de viajes que ingresen a la obra”, se dispuso cambiar la manera de cuantificar el ítem de suministro, transporte e instalación de rajón, ya no por el número de volquetas que ingresaban a la obra sino por el método de “carteras topográficas”, lo que incluso sucedió, pues la interventoría descontó una suma considerable, como se observa en el “Acta No. 13 de recibo parcial de obra No. 7”, suscrita el 30 de enero de 2009. Al respecto, la Sala advierte que pretender cambiar la forma de cuantificación del referido ítem, ya cuando con antelación se había aprobado por parte del IDU la medición teniendo en cuenta el número de viajes -e incluso pagado ciertas actas durante la ejecución-, evidencia un desconocimiento de la buena fe contractual, al ir en contra de sus propios actos. (…) En la demanda la parte actora reclama el pago de la suma de $113.847.162, por concepto de las cantidades de material piedra rajón descontadas y no pagadas (…). [R]evisadas las pruebas que obran en el expediente, la Sala advierte que le asiste razón a la parte actora en cuanto a la reclamación de la suma descontada por la interventoría, que a su vez se traduce en el incumplimiento por parte del IDU de su obligación de pago, de ahí que deba reconocérsele ese rubro, cuya actualización se hace (…) En lo concerniente al pago de intereses de mora sobre la suma descontada del acta No. 7 por el ítem 4NP (…), la Sala precisa que, de acuerdo con las “cláusulas comunes a los contratos celebrados por el Instituto de Desarrollo Urbano”, en caso de mora los intereses se causarían “a la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el DANE, teniendo en cuenta lo establecido por el numeral 8 del artículo 4° de la Ley 80 de 1993”. (…) [E]n el sub examine, ante la mencionada discrepancia sobre el monto adeudado y su consiguiente indeterminación, para la Sala los intereses de mora comenzaron a causarse al vencimiento del plazo previsto para liquidar el contrato de obra (17 de enero de 2011), por ser la última oportunidad en la que se efectúan reconocimientos a que haya lugar. Ahora bien, para calcular los intereses moratorios respectivos, el monto correspondiente ($77.136.438,6) se liquidará con el 12% anual -es decir, el doble del interés legal civil que es del 6% - o proporcional por fracción de tiempo, de acuerdo con la fórmula tradicionalmente utilizada por el Consejo de Estado en asuntos similares (…). Bajo este contexto, la Sala revocará la sentencia apelada, para en su lugar declarar el incumplimiento en la obligación de pago que se evidenció por parte del IDU, pues no canceló lo que le correspondía al CONSORCIO ALO 2008, producto del descuento que realizó la interventoría en el Acta No. 7. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la interpretación de los contratos estatales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de mayo de 2012, rad. 22714, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 39249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 1º de agosto de 2002, rad. 6907 y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 27 de mayo de 2008, rad. 11001-31-03-028-2000. Sobre el cálculo del interés moratorio, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de septiembre de 2016, rad. 51341, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1608, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1622 CONTRATO DE OBRA / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / PAGO DEL CONTRATO / INTERÉS MORATORIO Problema jurídico: ¿Procede practicar la liquidación judicial del contrato? Respuesta al problema jurídico: Si A juicio de la Sala, y de acuerdo con lo expuesto con antelación con base en el material probatorio recaudado, en lo que respecta a la liquidación judicial del contrato de obra No. 153 de 2007, la Sala lo liquida con un saldo a favor de la parte demandante que asciende a la suma de $272’.903.140, 55, por concepto del rubro que no se pagó por el descuento del Acta No. 7, más intereses moratorios causados. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / ESTABLECIMIENTO PÚBLICO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / COMPETENCIA PARA RESOLVER EL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto dentro de la acción de controversias contractuales contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo, dada la vocación de doble instancia del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias sobre contratos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo (CCA), modificado por el artículo 1° de la Ley 1107 de 2006 (…). En este caso la controversia gira en torno al contrato de obra No. 153 de 2007, que fue suscrito entre el IDU y EL CONSORCIO. Pues bien, como la entidad contratante es un establecimiento público, al tenor de lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 2 de la Ley 80 de 1993 ostenta la calidad de entidad estatal y, por ende, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para decidir las controversias en las que sea parte. Por su parte, esta Sala del Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 16 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, adicionada mediante providencia del 25 de octubre de 2017, y por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, dado que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 NUMERAL 1 LITERAL A ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el mecanismo adecuado para pretender el incumplimiento del contrato y el restablecimiento económico del mismo? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. (…) Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. Dicho lo anterior, cabe señalar que en el presente caso la acción contractual ejercida es la adecuada, por cuanto la parte actora pretende: (i) que se declare que operó el silencio administrativo frente a la petición que radicó el CONSORCIO ante el IDU, con el propósito de que reconociera que durante la ejecución del contrato suscrito por tales partes dicha entidad incumplió sus obligaciones y que, por tal razón, se generó la ruptura del equilibrio económico del contrato (…) que, como consecuencia de lo anterior, se condene al ente demandado a pagar sumas por las cantidades de material rajón descontadas y no pagadas al contratista, por el saldo no recibido de administración con ocasión de una mayor permanencia en obra y por las obras globales no ejecutadas por el CONSORCIO, producto de la reducción de la meta física del contrato en cuestión; además de todo lo anterior, la parte demandante solicita (v) que se liquide el respectivo negocio jurídico. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / PARTES DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿Las partes se encuentran legitimadas para actuar en el presente caso? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo establecido en el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la legitimación en la causa en las acciones contractuales se encuentra, en principio, en cabeza de las partes del contrato, de modo que el CONSORCIO y el IDU poseen el interés jurídico que se debate en el sub examine y se encuentran legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente, porque son los extremos de la relación contractual que suscitó la controversia bajo análisis en esta sede judicial. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala advierte que la ejecución del negocio jurídico en cuestión es de tracto sucesivo, por tratarse de la construcción de una obra, razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, el contrato objeto de estudio requiere de liquidación. En lo que a este caso interesa, resulta pertinente traer a colación la regla consagrada en el artículo 136 del CCA, numeral 10, literal d), modificado por la Ley 446 de 1998, norma aplicable al caso concreto (…). En la cláusula décimo quinta del contrato de obra (…) las partes acordaron que aquel debía liquidarse dentro de los 6 meses siguientes a la suscripción del acta de recibo final de la obra. Como dicha acta fue firmada el 15 de mayo de 2010, el negocio jurídico debía liquidarse de común acuerdo a más tardar el 16 de noviembre de 2010. En vista de que dicha actuación no se llevó a cabo, ha de tenerse en cuenta el lapso de 2 meses para la liquidación unilateral -hasta el 17 de enero de 2011-, como lo establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, numeral 10, literal d), por lo que los 2 años de la caducidad empezaron a correr el 18 de enero 2011 (…), pues el contrato de obra objeto de estudio tampoco fue liquidado unilateralmente por la entidad contratante dentro de ese plazo. En ese sentido, el plazo para interponer la demanda vencía el 18 de enero 2013 y, teniendo en cuenta que el CONSORCIO la interpuso el 3 de mayo de 2012, la Sala concluye que fue presentada en la oportunidad legal establecida (…). FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL D, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / AUSENCIA DE CARGA ARGUMENTATIVA DEL RECURSO DE APELACIÓN / IMPROCEDENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El marco fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los cargos planteados en contra de la decisión recurrida? Respuesta al problema jurídico: Si [D]e conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, el superior no puede enmendar la providencia del a quo en la parte que no fue objeto del recurso de apelación. Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación, cabe resaltar que la Sala Plena de esta Sección, mediante sentencia del 9 de febrero de 2012, unificó su jurisprudencia refiriendo que el mencionado recurso se encuentra sujeto o limitado a los argumentos planteados por el recurrente y que, por tal motivo, toda inconformidad con lo resuelto por el a quo que no se alegue en la alzada, está llamada a excluirse del debate de segunda instancia en virtud del principio dispositivo y de congruencia. (…) [M]ediante el recurso de apelación se garantiza el derecho de impugnación contra una decisión judicial, y por ende es obligación del recurrente controvertir los argumentos del juez de primera instancia con sus propias consideraciones, en aras de solicitarle al superior que decida sobre el asunto que presenta ante la segunda instancia. (…) [L]a Sala advierte que no se pronunciará sobre la pretensión principal (…), relativa a que se declare que operó el silencio administrativo frente a la petición que radicó el CONSORCIO ante el IDU, con el propósito de que se reconociera que durante la ejecución del contrato en cuestión dicha entidad incumplió sus obligaciones y que ello generó la ruptura del equilibrio económico del contrato. (…) [E]n el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO no se presentó cargo alguno contra la determinación que al respecto se adoptó en la sentencia de primera instancia, consistente en la negativa de la aludida pretensión principal (…). [L]a Sala se abstendrá de estudiar lo concerniente a la pretensión para el reconocimiento de las obras globales no ejecutadas, en tanto este punto no fue apelado (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia del ad quem con ocasión del recurso de apelación cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 2012, rad. 21060, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN Problema jurídico: ¿El régimen aplicable al contrato de obra suscrito por el IDU, es el establecido en la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si Como el contrato que dio origen a la presente controversia, fue suscrito por el IDU, establecimiento público del orden Distrital, y su objeto consistió en la “Construcción de la calzada oriental de la Avenida Longitudinal de Occidente entre el Río Bogotá y la Avenida Bosa, en Bogotá D.C”, cabe concluir que el régimen aplicable es el previsto en la Ley 80 de 1993, estatuto vigente al tiempo de su celebración (…). FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala analizará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los testimonios que provienen de personas que tuvieron un vínculo laboral o contractual con las partes del proceso, los cuales resultan sospechosos? Respuesta al problema jurídico: Si Relacionados los testimonios, se observa que los declarantes tuvieron un vínculo laboral o contractual con las partes, en especial con el CONSORCIO. En los términos del artículo 217 del CPC, quienes tengan relación de dependencia con alguna de las partes del proceso pueden considerarse como sospechosos para declarar; sin embargo, la Sala advierte que este tipo de declaraciones no pueden desecharse de plano, sino que deben valorarse con mayor rigor, de acuerdo con las demás pruebas que reposan en el expediente y las circunstancias de cada caso, todo ello basado en la sana crítica. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 217 DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / EFICACIA PROBATORIA DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJETIVO DEL DICTAMEN PERICIAL Problema jurídico: ¿El perito rindió su dictamen sobre las cuestiones que le correspondía resolver, relacionadas con el contrato de obra, por lo que no es procedente la objeción por error grave formulada? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala resolverá la objeción presentada frente al (…) dictamen pericial, porque el tribunal de instancia no se pronunció al respecto. (…) [L]a jurisprudencia ha señalado que, para la prosperidad de la objeción por error grave de un dictamen pericial, se requiere de la existencia de una equivocación de gran magnitud, no cualquier error. Dicha equivocación debe conducir a conclusiones igualmente erradas. Además, la objeción por error grave debe referirse al objeto de la peritación y no a las conclusiones o inferencias de los peritos (…). Asimismo, esta Sala ha considerado que la ausencia de soportes para realizar el dictamen no conlleva a concluir que dicha prueba haya incurrido en un vicio por error grave. En ese contexto, la Sala negará la objeción por error grave formulada, pues el perito rindió su dictamen sobre las cuestiones que le correspondía resolver, relacionadas con el contrato de obra (…), concretamente en lo atinente a los diseños y estudios entregados por parte del IDU, de ahí que la experticia recayó sobre las materias que debían ser analizadas. (…) [L]a Sala encuentra que los reproches formulados tienen que ver precisamente con la materia objeto de discusión en este proceso (…), circunstancia que no constituye una razón para desestimar la prueba cuestionada sino más bien un elemento de juicio para su valoración, la que se realizará posteriormente al abordar el estudio de las pretensiones de la demanda de cara a los cargos de la alzada. En consecuencia, las objeciones planteadas no prosperan. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la objeción por error grave en el dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 25 de agosto de 2011, rad. 14461, C. P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 18 de febrero de 2015, rad. 29794, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 21 de junio de 2018, rad. 40353, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 28 de marzo de 2019, rad. 47843, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONDICIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / PRINCIPIO DE REBUS SIC STANTIBUS / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL CONTRATO DE MUTUO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / TEORÍA DEL HECHO DEL PRÍNCIPE / IUS VARIANDI OBITER DICTUM El equilibrio o la equivalencia entre derechos y obligaciones de los contratos es un instituto que propende por asegurar que durante la ejecución del contrato se mantengan las mismas condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato. En tal sentido, las condiciones económicas y/o financieras que las partes tuvieron en cuenta al momento de presentar oferta y de celebrar el contrato, deben mantenerse durante el cumplimiento y ejecución del mismo, de tal suerte que, frente al principio “pacta sunt servanda”, que como es sabido hace referencia a la firmeza y solidez del vínculo contractual, se erige la denominada “cláusula rebus sic stantibus”, instituto en virtud del cual las estipulaciones contractuales son acordadas por las partes sobre la base de las circunstancias presentes al momento en el que son convenidas; si bien los contratos son ley para las partes, ante la alteración sustancial de la economía del contrato por la ocurrencia de circunstancias sobrevinientes e impredecibles, las partes tienen derecho a pedir el restablecimiento del equilibrio económico. Con todo, debe anotarse que no cualquier variación de la ecuación financiera constituye un rompimiento del equilibrio económico o financiero del contrato, comoquiera que existen riesgos propios que se derivan de la actividad contractual, los cuales deben ser asumidos por las partes. En este sentido, se ha señalado que la equivalencia prestacional puede verse afectada principalmente: (i) por actos de la entidad contratante que modifiquen las condiciones “ius variandi”; (ii) por actos de la administración como Estado “hecho del príncipe”; y (iii) por factores externos a las partes que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de enero de 2016, rad. 38449, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico: sentencia de 29 de enero de 2018, rad. 52666, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿La configuración del incumplimiento no solo se presenta por la infracción de las estipulaciones plasmadas en el texto contractual, sino también de aquellas contenidas en todos los documentos que lo integran? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l incumplimiento contractual supone la inobservancia de las obligaciones contraídas por virtud de la celebración del negocio jurídico, bien sea por su inejecución absoluta o por su ejecución imperfecta o tardía, a lo que cabe agregar que la configuración del incumplimiento no solo se presenta por la infracción de las estipulaciones plasmadas en el texto contractual, sino también de aquellas contenidas en todos los documentos que lo integran, como es el caso, por ejemplo, de los pliegos de condiciones. De igual modo, puede tener ocurrencia cuando la actuación de las partes desconoce los principios que orientan la contratación, los cuales igualmente se entienden incorporados en el negocio jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el incumplimiento del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de febrero de 2020, rad. 63123, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 22 de agosto de 2013, rad. 22947, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque. DIFERENCIA ENTRE LA RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM Problema jurídico: ¿La teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, y el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual? Respuesta al problema jurídico: Si [M]ientras la teoría del equilibrio o equivalencia de la ecuación económica procura garantizar que en la ejecución del contrato se mantengan las condiciones técnicas, económicas o financieras existentes al momento de su celebración, el incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud del negocio jurídico por ellas acordado se ubica en el marco de la responsabilidad contractual, es decir, aquella que surge de la inejecución o ejecución imperfecta o tardía de una obligación estipulada en un contrato existente y válido. Por tanto, aun cuando se advierte cierta confusión en la propia legislación y la jurisprudencia, que en torno al tema tampoco ha sido del todo consistente, pues en algunas decisiones se ha identificado el incumplimiento del contrato como una de las causas generadoras de la ruptura del equilibrio económico, no deben confundirse la responsabilidad contractual y la teoría del equilibrio o equivalencia económica del contrato, dadas las diferencias que se advierten no solo en los presupuestos, sino también en los efectos o consecuencias jurídicas que emergen en uno y otro caso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la diferencia entre el incumplimiento del contrato y el desequilibrio económico del contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 15 de febrero de 1999, rad. 11194, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 21 de junio de 1999, rad. 14943, C. P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de 15 de julio de 2020, rad. 28794, C. P. Guillermo Sánchez Luque. PLIEGO DE CONDICIONES / INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTENIDO DE PLIEGO DE CONDICIONES / NATURALEZA JURÍDICA DEL PLIEGO DE CONDICIONES / OBLIGACIÓN DEL CONTRATANTE FRENTE AL PLIEGO DE CONDICIONES / FORMACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO / ELEMENTO ESENCIAL DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El pliego de condiciones forma parte esencial del contrato, a la vez que constituye fuente de derechos y obligaciones de las partes y es determinante en la interpretación e integración del negocio jurídico? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l pliego de condiciones ostenta una doble naturaleza jurídica; antes de la adjudicación del contrato, se constituye en un acto administrativo de carácter general que rige el desarrollo del proceso de selección, y una vez celebrado el contrato integra la relación contractual, convirtiéndose en el marco jurídico o conjunto de reglas que determina el contenido y alcance del negocio jurídico. Además, como de manera uniforme y reiterada la jurisprudencia ha precisado la Sección Tercera del Consejo de Estado, los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato, a la vez que constituyen fuente de derechos y obligaciones de las partes y son determinantes en la interpretación e integración del negocio jurídico. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la naturaleza jurídica del pliego de condiciones, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2015, rad. 40660, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 26 de abril de 2006, rad. 16041, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de enero de 2004, rad. 10779, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 2 de julio de 2021, rad. 51910, C. P. Jaime enrique Rodríguez Navas. APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / DEBERES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿En aplicación de la buena fe contractual, le corresponde al juez del contrato, en cada caso, interpretar los acuerdos celebrados entre las partes? Respuesta al problema jurídico: Si [R]ecientemente la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 27 de julio de 2023 expediente No. 39121-, unificó su criterio en torno a la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes -acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones- (…). En este orden de ideas, a partir de la aplicación de la buena fe contractual, expresamente consagrada en los artículos 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, le corresponde al juez del contrato, en cada caso, interpretar los acuerdos celebrados entre las partes y el comportamiento jurídicamente relevante que hubieren observado, junto con las demás particularidades del asunto sometido a su decisión, para establecer si lo pretendido en la demanda se encuentra en contradicción con el sentido que ha de atribuirse a las manifestaciones de la voluntad y a la conducta observada por las partes durante la ejecución del contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la ausencia de reclamaciones o salvedades en los otrosíes, acuerdos modificatorios, prórrogas, adiciones o suspensiones contractuales, cita: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 27 de julio de 2023, rad. 39121, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1603

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201200759011100103