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clave: "consejo_estado:providencia:25000232600020110138901-68443-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: el término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2022-09-23"
radicado: "25000232600020110138901"
numero: "68443"
ponente: "MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO"
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# Consejo de Estado: el término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2022-09-23
- **Radicado:** 25000232600020110138901
- **Número interno:** 68443
- **Ponente:** MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** ANDRES BRADFORD PERAZA, MARAN LTDA, UNIÓN TEMPORAL MARÁN
- **Demandado:** INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU.
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110138901-68443-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/25000232600020110138901/FA4D7030FA40F5C9E819DB44755676220C716427D6CDB6CE44F1983D9E46220B/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201101389011100103

## Problema jurídico

¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Puntos clave

- ¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras?
- ¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra…
- ¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, arts. 136 núm. 10 y 87

## Extracto

El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento y ruptura del equilibrio económico del contrato… , aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada. Para establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, corresponde dar aplicación a la regla prevista en el literal c) del numeral 10) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para aquellos eventos en los que el contrato de tracto sucesivo es liquidado bilateralmente, caso en el que los dos años se contarán desde la firma del acta. Está demostrado que el contrato… fue liquidado bilateralmente mediante acta… .

## Síntesis temática

El contratista puede ejercer la acción de controversias contractuales dentro del término de dos años que comienza a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública, según establece el artículo 136 numeral 10 literal c) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando el contrato es liquidado bilateralmente y se reanuda el término de caducidad si se presenta una solicitud de conciliación extrajudicial antes de que éste vence. La entidad estatal cumple parcialmente con su obligación de entregar oportunamente los estudios y diseños al contratista para la fase previa a la ejecución de las obras, lo que no implica necesariamente la extensión del plazo del contrato, ya que la mora del contratista en revisar y ajustar estos documentos puede ser la causa principal de la demora. Este precedente reitera la importancia de cumplir con los plazos establecidos en el contrato y la necesidad de presentar la acción de controversias en tiempo y forma.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO, CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL, CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, AUDIENCIA FALLIDA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL, REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA, PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, PARTES DEL CONTRATO, PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, UNIÓN TEMPORAL, OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL, LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA, INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL, AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO, CONTRATISTA, REVISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, MORA DEL CONTRATANTE, MORA DEL CONTRATISTA, CLÁUSULAS DEL CONTRATO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL, CONTRATO ADICIONAL, CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRATIVO, PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL, RECLAMACIÓN ECONÓMICA, RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS, ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, PRUEBA DOCUMENTAL, ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES, SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, PRÓRROGA DEL CONTRATO, INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, BUENA FE CONTRACTUAL, APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL, INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO, INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA, IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS, PRÓRROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, RUBRO DE IMPREVISTOS EN EL CONTRATO ESTATAL, SOLICITUD DE NULIDAD, CONDUCTA OMISIVA DE LA PARTE DEMANDANTE, VALIDEZ DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL, IMPROCEDENCIA DE LA NULIDAD, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTABLECIMIENTO PUBLICO DISTRITAL, EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO, ECUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO ESTATAL, EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL, RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN, PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL INTERÉS PÚBLICO, NORMA DE ORDEN PÚBLICO, APLICACIÓN DE LA NORMA DE ORDEN PÚBLICO, PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA, RECLAMACIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA, SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL, SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ADICIÓN AL CONTRATO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, SUSPENSIÓN DEL CONTRATO, PRINCIPIO DE PREVISIBILIDAD, CONOCIMIENTO DEL RIESGO EXTRAORDINARIO, ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL, REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES, CONSENTIMIENTO, CONSENTIMIENTO EXPRESO, PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONDICIONES DE VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL, VICIOS DEL CONSENTIMIENTO, CAPACIDAD, CAPACIDAD CONTRACTUAL, CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRACTUAL, OBJETO LÍCITO, ACTO JURÍDICO, EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / OBLIGACIÓN DE TRACTO SUCESIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CONTRACTUAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / FINALIDAD DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / TRÁMITE DE LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / AUDIENCIA FALLIDA DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / REANUDACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la firma del acta de liquidación bilateral del contrato de obra pública?
Respuesta al problema jurídico: Si
El presente debate versa sobre el supuesto incumplimiento y ruptura del equilibrio económico del contrato (…), aspecto que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 87 del C.C.A., corresponde ventilarse a través del cauce de la acción contractual impetrada. Para establecer la oportunidad en el ejercicio de la acción, corresponde dar aplicación a la regla prevista en el literal c) del numeral 10) del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, para aquellos eventos en los que el contrato de tracto sucesivo es liquidado bilateralmente, caso en el que los dos años se contarán desde la firma del acta. Está demostrado que el contrato (…) fue liquidado bilateralmente mediante acta (…). En este punto, cobra relevancia señalar que (…), faltando tres días para vencerse los dos años del término de caducidad de la acción, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial (…), trámite que culminó (…) tras declararse fallida la audiencia de conciliación por ausencia de ánimo conciliatorio, según constancia expedida en esa misma fecha. Al día siguiente, se reanudaron los tres días que faltaban para cumplirse los dos años (…). [L]a Sala concluye que la acción se ejerció dentro del término legalmente establecido.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10 LITERAL C, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / CONSTRUCCIÓN DE VÍA PÚBLICA / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / PARTES DEL CONTRATO / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO / UNIÓN TEMPORAL / OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿El Instituto de Desarrollo Urbano cumplió parcialmente con su deber de entregar oportunamente al contratista los estudios y diseños para la fase previa a la ejecución de las obras?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]stá demostrado que, previo procedimiento de licitación pública, (…) el IDU y la unión temporal (…) celebraron el contrato (…), cuyo objeto fue la construcción de accesos a barrios y pavimentos locales, programa de pavimentos (…) por un (…) un plazo de seis meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación, que se discriminaban en razón de un mes para la etapa de pre-construcción y cinco meses para la etapa de construcción. La etapa pre-constructiva tenía como finalidad que el contratista revisara los estudios y diseños del proyecto y, si era del caso, los ajustara, al punto de que terminara “apropiándolos” como si los hubiera efectuado directamente él. Era obligación de la entidad entregar al contratista los estudios y diseños para que la unión temporal procediera a efectuar labores de revisión y evaluación (…). Si bien no se estableció un término preciso para que la administración entregara al contratista los estudios y diseños sobre los cuales recaerían las actividades en la fase previa a la ejecución de las obras, de la lectura de la previsión en comento se establece que esto debía realizarse antes de la suscripción del acta de inicio de la etapa de pre-construcción, pues, una vez esta fase iniciara, el contratista tendría 8 días para presentar las revisiones. (…) El carácter parcial del cumplimiento de la obligación de entregar los estudios y diseños por parte de la entidad igualmente está llamado a deducirse del contenido del acta 5 de apropiación de diseños, a la que se hizo anterior referencia.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / OBLIGACIONES DEL CONTRATO ESTATAL / LABOR DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA EJECUTAR CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL CONTRATO / CONTRATISTA / REVISIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / MORA DEL CONTRATANTE / MORA DEL CONTRATISTA
Problema jurídico:
¿El incumplimiento de la Unión Temporal en su deber de revisar, evaluar y ajustar los documentos de los estudios y diseños para la ejecución de la obra, dio lugar a la extensión del plazo del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
Con todo, lo dicho no es suficiente para concluir que la entrega parcial y escalonada de los estudios y diseños por la administración -en tanto no fue agotada en un solo momento antes de la firma del acta de inicio- hubiese sido la causa que generó la extensión del plazo en esta fase, por dos razones: En primer lugar, surge con claridad que la labor de revisión y ajuste de los diseños y estudios suministrados por el instituto fue dispendiosa y pormenorizada que, además de estar a cargo de la unión temporal, según el pacto expreso, demandó más tiempo del inicialmente contemplado, siendo esta la causa principal que llevó a la extensión del plazo de esta primera fase y sobre la cual se pronunció ampliamente el a quo, sin que se alegaran razones de inconformidad frente a sus decisiones-. Como segundo aspecto, se impone destacar que, a pesar de que las entregas de algunos documentos relacionados con los estudios y diseños sufrieron retardo, ante la evidencia de que se suministraron con posterioridad al inicio de la fase de preconstrucción, no puede perderse de vista que, de cualquier manera, las partes acordaron que iniciarían las obras de construcción de forma paralela a la realización de los ajustes a los estudios y diseños, cuestión que permite colegir que la falta de entrega completa de los referidos documentos, contrario a lo sostenido por el apelante, no produjo la ampliación del plazo de la etapa previa y con ello la mayor permanencia en obra de la fase pre-constructiva, en consideración a que, a pesar de ello, fue posible proseguir con la ejecución de las actividades de obra programadas. Además, esta situación se debió no solo a la circunstancia de que no se había entregado a la contratista la totalidad de los estudios y diseños por el IDU, sino al hecho de que, respecto de aquellos que sí se habían suministrado oportunamente, la unión temporal tampoco había cumplido su deber de efectuar las revisiones y evaluaciones que recaían sobre su contenido, lo que también, junto con la inobservancia de obligaciones ambientales a cargo de la contratista, dio lugar a que se extendiera la etapa pre constructiva. (…) De conformidad con lo expuesto, la Sala encuentra infundado el cargo de la parte demandante. A pesar de presentarse un retardo en la entrega de la totalidad de los estudios y diseños por parte del IDU, el contratista tampoco cumplió cabal y oportunamente sus obligaciones contraídas en esa fase en relación con los estudios y diseños que sí se entregaron, a lo que se suman las gestiones que debían adelantarse durante esa etapa por parte de la unión temporal en torno a la evaluación y ajustes de los documentos mencionados, que demandaron más tiempo, circunstancia que condujo a que se prolongara más del previsto inicialmente, hechos que, en suma, fueron los determinantes de la ampliación del período pre-constructivo.
CLÁUSULAS DEL CONTRATO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CLÁUSULAS DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / CONTRATISTA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ / PRUEBA DOCUMENTAL / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El juez de primera instancia valoró adecuadamente el documento en el que el contratista solicitó el restablecimiento económico del contrato al IDU, pero negó dicha pretensión al advertir el carácter vinculante de la renuncia que la Unión Temporal hizo a las reclamaciones contenidas en las cláusulas de los contratos adicionales?
Respuesta al problema jurídico: Si
Son dos los argumentos en controversia que están llamados a ventilarse en este apartado: En primer lugar, en cuanto se refiere al argumento de la impugnación en el que dice que el tribunal desconoció los distintos documentos en los que la contratista solicitó al IDU el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y aquellos conceptos de la interventoría y la entidad en los que daban viabilidad a sus peticiones, surge con nitidez para la Sala que el a quo no los ignoró ni dejó de apreciar su contenido. Lo que aconteció fue que, al valorarlos, tras un ejercicio analítico, estimó que esos documentos no podrían contravenir las cláusulas insertadas en los contratos adicionales al contrato 085, en los que se advertía que su ampliación no generaba sobrecostos para el IDU, en tanto ello comportaría una transgresión al principio de buena fe contractual. Tampoco es cierto que el tribunal hubiera desatendido los conceptos de la interventoría y del IDU en los que convalidaban el reconocimiento de las aspiraciones de la unión temporal como consecuencia de la mayor permanencia en obra. En efecto, el tribunal se aprestó al examen de esos documentos, en desarrollo de lo cual sostuvo que el concepto favorable emitido por la dirección técnica de malla vial del IDU para el reconocimiento de mayores costos por mayor permanencia en las áreas de gestión social, siso ambiental, plan de manejo de tráfico, señalización y desvíos por el valor reclamado por la unión temporal contratista, no resultaba vinculante, toda vez que otra dependencia de la misma entidad -Dirección Legal del IDU- posteriormente advirtió su improcedencia, de cara al pacto introducido en los contratos adicionales 2, 3 y 5, según el cual las prórrogas del plazo contractual no generarían costos adicionales para la entidad contratante. Se observa pues que, frente a estas cuestiones, no se presentó una verdadera razón de discordia por parte del apelante. Es claro que su alegato se ciñó a indicar que el tribunal desconoció múltiples circunstancias acaecidas en desarrollo de la ejecución contractual en torno a la solicitudes de restablecimiento del equilibrio económico y a la suscripción de conceptos que las favorecían, cuando lo cierto es que, no obstante haber reparado sobre su existencia, el juzgador consideró que tales elementos no eran suficientes para despojar de vigor el carácter vinculante de la renuncia a las reclamaciones contenidas en los contratos adicionales.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la ampliación del plazo para ejecutar el contrato, ver sentencia del 7 de diciembre de 2021, Exp. 65962, C,P. Marta Nubia Velásquez Rico, sentencia del 4 de marzo de 2022, Exp. 53376, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 19 de junio de 2020, Exp. 49572, C.P. María Adriana Marín.
CLÁUSULAS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONTRATO ADICIONAL / CONTRATO ADICIONAL ADMINISTRATIVO / INAPLICACIÓN DE CLÁUSULAS DEL CONTRATO / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RECLAMACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / INDEMNIZACIÓN AL CONTRATISTA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / IMPROCEDENCIA DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PLAZO DEL CONTRATO ADICIONAL / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONT

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

le e incierto para la parte que expresa libremente su voluntad. De ahí que ante el advenimiento de la circunstancia ya conocida en su origen y dimensión, los intereses económicos que podrían verse afectados ingresan al campo de la plena libertad de disposición y se tornan transigibles o renunciables. El anterior postulado encuentra su fundamento en el artículo 15 del Código Civil, al tenor del cual “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la renuncia”. En efecto, en este terreno se desvanecen los supuestos que habrían servido de base fáctica y jurídica de la irrenunciabilidad a las reclamaciones derivadas y que las gravaban con la ineficacia de pleno derecho, toda vez que, ante el conocimiento previo de la situación alteradora y de las secuelas perjudiciales que esto podría comportar, la parte afectada bien podría autorregular su proceder contractual a efectos de que lo que se apresta a convenir no contenga en desfavor suyo una prestación de imposible cumplimiento ni de extensión ilimitada. La premisa expuesta descansa igualmente en los principios de la autonomía de la voluntad de las partes, de la buena fe y rectitud contractual. Es por esto que, en relación con los efectos que se derivan de las renuncias expresas a las reclamaciones elevadas en el marco de un contrato estatal, por las extensiones del plazo y la afectación económica que ello pudiera desencadenar, la jurisprudencia reiterada de la Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que tal manifestación constituye la expresión de la autonomía privada de la voluntad y, en tal virtud, resulta obligatoria y vinculante.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la manifestación de la autonomía de la voluntad en las relaciones contractuales, ver sentencia del 29 de octubre de 2012, Exp. 21429, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 15
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES / CONSENTIMIENTO / CONSENTIMIENTO EXPRESO / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DE LA INTENCIÓN DE LAS PARTES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / RECLAMACIÓN ECONÓMICA / RENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CONDICIONES DE VALIDEZ DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿La renuncia expresa del contratista a presentar reclamaciones derivadas de la prórroga del contrato le impuso la carga de asumir las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante la extensión del plazo contractual?
Respuesta al problema jurídico: Si
[N]o resulta jurídicamente viable que, luego de sentar su anuencia respecto del impacto nocivo que la prolongación del vínculo obligacional pudiera acarrear, la parte de la que emanó la renuncia a la reclamación, cuyo alcance podría asimilarse al de un acto transaccional y dispositivo frente a su derecho patrimonial, pueda apartarse, incumplir y desconocer los términos en que quedó trabada la negociación ínsita en el acta de prórroga libremente concertada. (…) De las circunstancias anotadas surge la fuerza vinculante de la renuncia expresa que no tácita- a las reclamaciones derivadas de la extensión del plazo en las que se traslada al particular la carga de asumir las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante ese período. Aplicadas las reflexiones que anteceden al caso concreto, ha de decirse que basta con mirar las motivaciones que dieron lugar a las ampliaciones del plazo de que fue objeto el contrato 085, para concluir que en todas ellas se hizo expresa referencia a las causas que dieron lugar a su extensión y al tiempo que se iban a tardar las partes para ponerse al día con las obras pendientes. (…) [L]a contratista, previo a la suscripción de los acuerdos de extensión del plazo conocía no solo el origen, sino las medidas que se adoptarían para mitigar esos retardos y el período en que las prestaciones a su cargo habrían de cumplirse, pese a lo cual en cada de uno de los contratos adicionales libremente prestó su consentimiento para sellar los compromisos allí adquiridos, bajo la prevención de que “la presente prórroga no genera ningún costo para el IDU”, texto que se introdujo de manera idéntica en los contratos adicionales 2, 3 y 5. Por contera, a juicio de esta instancia, no puede considerarse que esas estipulaciones adolecieran de ineficacia, puesto que, por las razones explicadas, no se encuadran en los supuestos normativos de la Ley 80 de 1993 que determinaron esa consecuencia jurídica. Tampoco resulta acertado considerar que las estipulaciones en comento son inexistentes, como lo afirma la recurrente.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la fuerza vinculante de la renuncia expresa a las reclamaciones, ver sentencia de 26 de agosto de 2022, Exp. 58485, C.P. José Roberto Sáchica Méndez, sentencia del 5 de febrero de 2022, Exp. 45762, C.P. María Adriana Marín. Igualmente ver sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del 8 de septiembre de 2011, Exp. 11001-3103-026-2000-04366-01, M.P William Namén Vargas.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993
REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OBLIGACIONES / CONSENTIMIENTO / VICIOS DEL CONSENTIMIENTO / CONSENTIMIENTO EXPRESO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CAPACIDAD / CAPACIDAD CONTRACTUAL / CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRACTUAL / OBJETO LÍCITO / ACTO JURÍDICO / EFICACIA DEL ACTO JURÍDICO
Problema jurídico:
¿Cuáles son las solemnidades exigidas para el nacimiento y perfeccionamiento de un acto jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
El legislador previó en el artículo 1502 del Código Civil que, para que una persona se obligue frente a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que: i) sea legalmente capaz, ii) haya consentimiento y iii) existan un objeto y causa lícitos. De lo anterior se extrae que los elementos de consentimiento, capacidad, objeto y causa son de la esencia de todo negocio jurídico, es decir, su ausencia los torna inexistentes. Lo propio sucede con las solemnidades exigidas por la ley para el nacimiento de determinados actos jurídicos. En ese sentido cabe advertir que la inexistencia de un acto jurídico se predica de aquellos eventos en los que este no nace ni produce ningún efecto, por no reunir los elementos esenciales para su perfeccionamiento, de ser el caso, las solemnidades que le sean aplicables; sin embargo, más allá de la censura de comportar una estipulación que contravenía normas de orden público, la apelante nada replicó sobre la falta de los elementos de su esencia.
FUENTE FORMAL:
LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1502

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2022-09-23. C.P. MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO. Rad. 25000232600020110138901. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:25000232600020110138901-68443-sentencia).
