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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda

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Fecha
2025-08-19
Radicado
25000232600020110042702
Número interno
71070
Ponente
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección B)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION DE REPARACION DIRECTA
Actor
VICTOR MANUEL BUITRAGO, EDUNDINA CASTAÑEDA MONTAÑO, VICTOR ALFONSO BUITRAGO CASTAÑEDA
Demandado
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO-TRANSMILENIO SA TRANSMILENIO, TRANSMASIVO S.A., COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRASNPORTES S.A., SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda

Relevancia Reitera la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

La Ley 640 de 2001- vigente para el momento de la presentación de la demanda-, estableció en los artículos 35 y 36 la exigencia del agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial, como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa; inicialmente dicha exigencia se aplicaba únicamente para las acciones de reparación directa y controversias contractuales, pero a partir de la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 a la Ley 270 de 1996 también fue exigida para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial configura la ineptitud de la demanda y conduce al rechazo de plano de la misma. La regla se apoya en los artículos 35 y 36 de la Ley 640 de 2001, vigentes al presentarse la demanda, que exigen ese agotamiento como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y en que su extensión a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mantiene el mismo efecto. Por ello, la conciliación adelantada solo por la víctima directa no satisface el requisito para los demás demandantes, aun cuando actúen como litisconsortes facultativos. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la conciliación adelantada por uno de los demandantes no aprovecha a los demás, y la excepción de ineptitud sustantiva debe prosperar respecto de ellos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1285 de 2009, art. 13
  • Ley 270 de 1996
  • Ley 640 de 2001, arts. 35 y 36

También resuelve

  • ¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de…
  • ¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas…
  • ¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA CONCILIACIÓN CONCILIACIÓN PREJUDICIAL CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL LEY 640 DE 2001 VIGENCIA DE LA LEY 640 DE 2001 AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACCIÓN DE NULIDAD ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA INCUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD RECHAZO DE PLANO DE LA DEMANDA VÍCTIMA INDIRECTA LITISCONSORCIO FACULTATIVO INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA TRANSMILENIO BUSES DE TRANSMILENIO EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS PROPIETARIO DEL VEHÍCULO POSEEDOR TENEDOR IMPRUDENCIA CONDUCTOR DE VEHÍCULO CONCESIONARIO CELEBRACIÓN DE CONTRATO CONCEJO DE BOGOTÁ INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA TRASLADADA TRASLADO DE PRUEBA TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL ACCIDENTE DE TRÁNSITO VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO DAÑO DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES LESIONES FÍSICAS DEFORMIDAD FÍSICA PERMANENTE LESIONES FÍSICAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO ACREDITACIÓN DEL DAÑO EXISTENCIA DEL DAÑO CONFIGURACIÓN DEL DAÑO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO SOCIEDAD CONCESIONARIA CONCESIONARIO DE VEHÍCULO REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO ACTIVIDAD PELIGROSA DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA PROCESO PENAL MOTOCICLISTA TESTIMONIO INFORME TÉCNICO CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NEGLIGENCIA INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO CONCURRENCIA DE CULPA CONTRATO DE CONCESIÓN CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS TRANSPORTE TERRESTRE MASIVO CONTRATISTA CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN CLÁUSULA DE INDEMNIDAD INOPONIBILIDAD TERCERO DAMNIFICADO RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO HECHO DEL TERCERO ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR MOTOCICLISTA ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR COLISIÓN DE VEHÍCULOS VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL INFORME DE POLICÍA DE TRÁNSITO INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN SALUD MENTAL DEFORMIDAD FÍSICA DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD FALLO EXTRA PETITA VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA DAÑO A LA SALUD CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA IMPROCEDENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL DICTAMEN MÉDICO CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL GRADO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL FALTA DE PRUEBA ELEMENTOS DEL DAÑO A LA SALUD TASACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD VALORACIÓN DE LA PRUEBA ARBITRIO JUDICIAL GRAVEDAD DE LAS LESIONES FÍSICAS INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL MUERTE DE LA PERSONA SUCESIÓN ILÍQUIDA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS PERJUICIO MORAL PERJUICIO MORAL POR LESIONES CORPORALES CONCEPTO DE PERJUICIO MORAL TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL PERJUICIO MATERIAL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE LUCRO CESANTE CONSOLIDADO APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO ACTIVIDAD LABORAL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR RELIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE BASE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE SALARIO MÍNIMO LEGAL RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE

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Titulación de la relatoría 51.014 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONCILIACIÓN / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / LEY 640 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY 640 DE 2001 / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / PROCEDENCIA DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACCIÓN DE NULIDAD / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INCUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / RECHAZO DE PLANO DE LA DEMANDA / VÍCTIMA INDIRECTA / LITISCONSORCIO FACULTATIVO / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA / PROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Ley 640 de 2001- vigente para el momento de la presentación de la demanda-, estableció en los artículos 35 y 36 la exigencia del agotamiento del requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial, como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa; inicialmente dicha exigencia se aplicaba únicamente para las acciones de reparación directa y controversias contractuales, pero a partir de la modificación introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 a la Ley 270 de 1996 también fue exigida para las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. La consecuencia del incumplimiento de ese requisito, según lo previsto en el artículo 36 de la Ley 640 de 2001, es el rechazo de plano de la demanda, lo cual implica que su inobservancia impide el ejercicio del correspondiente medio de control judicial; este condicionamiento, según lo expresado por la Corte Constitucional en la sentencia C1195 de 2001, no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia, en la medida que constituye una exigencia razonable orientada a promover la solución anticipada de los conflictos y a descongestionar la jurisdicción. Precisado lo anterior, la Sala encuentra que le asiste razón a la empresa (…) [de transporte] en cuanto que solamente se acreditó el agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial respecto (…) [de la víctima directa], pero no en relación con los [demás] demandantes (…) A partir de los elementos probatorios (…), no existe duda de que el trámite de conciliación extrajudicial, de obligatorio cumplimiento para quien funge como parte demandante según las normas procesales vigentes para el momento de la presentación de la demanda, únicamente se agotó en relación con el (…) [afectado directo], pues, tales documentos dan cuenta que dicha persona fue la única que, a través de apoderado, convocó a las empresas demandadas con el fin de intentar llegar a un acuerdo previamente a ejercer la correspondiente acción de reparación directa. En contraste, no obra en el expediente documento alguno que permita inferir que los [demás] demandantes hubieran convocado a las empresas demandadas con el fin de agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial; tampoco es jurídicamente admisible considerar que dicho requisito se entienda cumplido por la actuación de (…) [la víctima directa], toda vez que, no hay duda de que este actuó a nombre propio y que respecto de los demás demandantes solo reúne la condición de un litisconsorte facultativo; es decir, actuó de manera independiente, sin que sus actos afectaran o beneficiaran a los demás. Debido a lo anterior, en la parte resolutiva de la presente decisión se declarará probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebido agotamiento del requisito de conciliación extrajudicial respecto de los [demás] demandantes (…) Por la razón antes referida, solo procede emitir un pronunciamiento de fondo respecto del (…) [afectado directo] (...). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el rechazo de plano de la demanda por la falta de agotamiento de la conciliación como requisito de procedibilidad, consultar la sentencia de la Corte Constitucional, C1195 del 15 de noviembre de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. FUENTE FORMAL: LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13 , LEY 270 DE 1996, LEY 640 DE 2001, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 35, LEY 640 DE 2001 - ARTÍCULO 36 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA / EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / TRANSMILENIO / BUSES DE TRANSMILENIO / EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL DISTRITO / SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS / PROPIETARIO DEL VEHÍCULO / POSEEDOR / TENEDOR / IMPRUDENCIA / CONDUCTOR DE VEHÍCULO / CONCESIONARIO / CELEBRACIÓN DE CONTRATO / CONCEJO DE BOGOTÁ / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INEXISTENCIA DE LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA Problema jurídico: ¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de Transporte Masivo, en razón de sus competencias de contratación, gestión y control del sistema? Respuesta al problema jurídico: Si La demandada Transmilenio SA, empresa industrial y comercial del Estado, manifestó en la apelación no tener legitimación en la causa por pasiva, porque no reúne la condición de propietaria, tenedora, poseedora, locataria ni operaria del vehículo articulado implicado en el accidente; asegura que no realiza de manera directa la actividad de transporte público de pasajeros y, que de conformidad con el Acuerdo Distrital no. 004 de 1999 y el Decreto 309 de 2009, su función se limita a la gestión, planeación y control del sistema integrado de transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Al respecto, debe recordarse que esta Sala se pronunció recientemente en un caso de características similares, en el cual se demandó a Transmilenio SA por los daños derivados de un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado un vehículo automotor adscrito al Sistema Integrado de Transporte Masivo; en esa oportunidad, se concluyó que Transmilenio SA sí ostenta legitimación en la causa por pasiva, dado que la responsabilidad que se le atribuyó derivaba de la conducta imprudente del conductor de un bus operado por una empresa concesionaria, dentro de un sistema cuya organización, gestión y planeación está a cargo de dicha entidad. En esa misma providencia, se resaltó que corresponde a Transmilenio SA celebrar los contratos necesarios para la prestación del servicio de transporte masivo, conforme a las funciones asignadas en el artículo 3 del Acuerdo No. 4 de 1999 expedido por el Concejo Distrital de Bogotá, disposición que le atribuye expresamente dichas competencias. Por consiguiente, en aplicación del criterio antes fijado, la Sala reitera dicha posición en el presente asunto, motivo por el cual denegará la solicitud elevada por Transmilenio SA de declarar la excepción de ausencia de legitimación en la causa por pasiva. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa de Transmilenio en los procesos originados por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de Transporte Masivo, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 10 de octubre de 2024, exp. 64.417, CP Alberto Montaña Plata. FUENTE FORMAL: ACUERDO 4 DE 1999 - ARTÍCULO 3 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRUEBAS EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / TRASLADO DE PRUEBA / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas, todas las partes del proceso las emplearon para sustentar sus pretensiones o defensas? Respuesta al problema jurídico: Si [D]ebe precisarse que el artículo 174 del Código General del Proceso —vigente para el momento en que se decretaron las pruebas en este proceso— prevé que las pruebas trasladadas pueden ser valoradas “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella”; en este caso, es evidente que ni Transmilenio SA ni (…) [la otra empresa de transporte] fueron parte en el proceso penal del cual se solicitó el traslado de pruebas. No obstante, debe destacarse que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado, se ha entendido que, incluso cuando las pruebas trasladadas desde otro proceso no fueron practicadas contra la parte a quien se oponen, ni con su audiencia, ni han sido objeto de ratificación, pueden ser valoradas si (i) son allegadas a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquella, (ii) o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación. En el presente caso, es evidente que las pruebas contenidas en el expediente penal pueden ser valoradas respecto del demandante y de Transmilenio SA, por cuanto, ambas partes solicitaron expresamente su incorporación, en la demanda sustitutiva y en la correspondiente contestación, respectivamente. En cuanto a (…) [la otra empresa de transporte], si bien manifestó su oposición al decreto de dichas pruebas en la contestación de la demanda, lo cierto es que, en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación fundamentó su defensa en elementos probatorios provenientes del expediente penal trasladado, por ende, excluir dichas pruebas sería contrario al principio de lealtad procesal, razón por la cual serán valoradas en esta instancia. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración de la prueba trasladada, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 9 de diciembre de 2004, exp. 14.174, C.P. Germán Rodríguez Villamizar y el 29 de marzo de 2012, exp. 21.380, C.P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO / VÍCTIMA DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO / DAÑO / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / LESIONES / LESIONES FÍSICAS / DEFORMIDAD FÍSICA PERMANENTE / LESIONES FÍSICAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACREDITACIÓN DEL DAÑO / EXISTENCIA DEL DAÑO / CONFIGURACIÓN DEL DAÑO Problema jurídico: ¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación? Respuesta al problema jurídico: Si Con base en las pruebas (…), se tiene plenamente acreditado el daño reclamado, consistente en las lesiones sufridas por (…) [el afectado directo], las cuales generaron una deformidad física permanente y una alteración funcional del miembro inferior derecho que comprometió su capacidad de locomoción; dichas secuelas derivaron de una fractura subcapital en la cadera derecha, un acortamiento de la extremidad afectada y una deformidad en rotación externa; aunque no se logró establecer con certeza si la afectación funcional era de carácter permanente, esta circunstancia no desvirtúa la existencia del daño ya que, se trata de un aspecto que corresponde analizar en el apartado relativo a la tasación de los perjuicios. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / TRANSMILENIO / SOCIEDAD CONCESIONARIA / CONCESIONARIO DE VEHÍCULO / PROPIETARIO DEL VEHÍCULO / DAÑO CAUSADO POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / LESIONES FÍSICAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / REGÍMENES DE RESPONSABILIDAD EN EL ACCIDENTE DE TRÁNSITO / ACTIVIDAD PELIGROSA / DAÑO EN EJERCICIO DE ACTIVIDAD PELIGROSA / CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / PROCESO PENAL / MOTOCICLISTA / TESTIMONIO / INFORME TÉCNICO / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / IMPRUDENCIA / NEGLIGENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO / CONCURRENCIA DE CULPA / CONTRATO DE CONCESIÓN / CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS / TRANSPORTE TERRESTRE MASIVO / CONTRATISTA / CLÁUSULAS DEL CONTRATO DE CONCESIÓN / CLÁUSULA DE INDEMNIDAD / INOPONIBILIDAD / TERCERO DAMNIFICADO / RESPONSABILIDAD SOLIDARIA / CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Resulta procedente atribuir responsabilidad a Transmilenio S.A. y a la empresa concesionaria por las lesiones que padeció la víctima en un accidente de tránsito ocurrido por la imprudencia del conductor de un bus articulado, pese a que el contrato de concesión asignaba los riesgos operativos al concesionario mediante cláusulas de indemnidad? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l Consejo de Estado en reiteradas ocasiones ha señalado que la conducción de vehículos automotores es considerada, por regla general, una actividad peligrosa por lo cual, en principio, es posible ventilar las pretensiones en este tipo de eventos sobre la égida del régimen de responsabilidad objetivo con base en el título de imputación jurídica de riesgo excepcional; de manera que, al demandante le basta acreditar que la actividad peligrosa fue la causa del daño cuya reparación solicita, al paso que la entidad demandada para exonerarse de responsabilidad deberá demostrar la existencia de una causal de exoneración, es decir, un factor que rompa el nexo causal (fuerza mayor, hecho de un tercero o hecho de la propia víctima) (…) La evidencia documental y testimonial recaudada, tanto en el marco del proceso penal como dentro del expediente del proceso contencioso administrativo, permite establecer que, según la versión del conductor del vehículo articulado que fue penalmente investigado (…) los hechos se desencadenaron cuando un motociclista que transitaba por la avenida Caracas, en sentido sur-norte, perdió el control de su vehículo luego de pasar por un tramo de la vía con material suelto (greda o barro), lo cual generó su volcamiento; al percatarse del accidente, el conductor del vehículo afiliado a la empresa (…) [de transporte], quien transitaba en el mismo sentido, realizó una maniobra evasiva consistente en un viraje hacia el carril contrario, hecho que provocó que sobrepasara los separadores de calzada (tachones) e ingresara en contravía en el carril en sentido norte-sur- y, finalmente, colisionara frontalmente con un bus de servicio público urbano que se desplazaba en dirección contraria. Según lo informado por los agentes de la Policía Nacional que hicieron presencia en el lugar de los hechos después de su ocurrencia, así como también por el perito que analizó la dinámica del siniestro, el físico forense (…) se constató que el conductor del vehículo automotor articulado circulaba a una velocidad aproximada de 41 km/h, inferior al límite permitido, pero, que dadas las condiciones específicas del entorno —superficie húmeda, presencia de barro, tráfico mixto y peso del articulado—, dicha velocidad resultaba inapropiada y exigía un mayor nivel de precaución. El informe técnico pericial no. 0037/Fisica-SIAT-Tránsito elaborado por el mencionado experto (…) y lo expresado por esta persona en la audiencia de continuación de juicio oral del 1 de noviembre de 2009 seguida ante el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, evidenció que la velocidad a la que transitaba el articulado le permitía a su conductor maniobrar adecuadamente en condiciones normales, pero, que debido a la existencia de material suelto en la vía y la magnitud del vehículo, se interpreta que debió rodar a una menor velocidad y manteniendo una distancia mayor respecto de los vehículos que le precedían, deber de cuidado que en el presente caso se desconoció por transgredir la normativa de tránsito, dado que no solamente invadió el carril contrario, sino que, igualmente, pasó por alto lo establecido en el último inciso del artículo 108 de la Ley 769 de 2002, según la cual “en todos los casos, el conductor deberá atender al estado del suelo, humedad, visibilidad, peso del vehículo y otras condiciones que puedan alterar la capacidad de frenado de este, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que antecede”. Lo anteriormente expuesto sirvió de sustento para que el conductor del vehículo afiliado a la empresa (…) [de transporte] fuera hallado penalmente responsable por los delitos de homicidio culposo en concurso homogéneo y sucesivo por parte del Juzgado 20 Penal de Conocimiento del Circuito de Bogotá, decisión que fue confirmada parcialmente en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien ratificó que la conducta imprudente del operador (…) [de la empresa de tensporte] fue determinante en la ocurrencia del accidente. En particular, los jueces penales resaltaron que el conductor del bus articulado, dada su condición de garante por ser operador de un vehículo de transporte público de grandes dimensiones, estaba obligado a extremar las medidas de precaución, especialmente frente a un entorno de alto riesgo y debido la presencia de otros actores viales más vulnerables, tales como el motociclista que transitaba delante del bus operado por (…) [la empresa de transporte]. También debe señalarse que, si bien en este caso se constató que el accidente tuvo lugar por causa de un comportamiento imprudente del conductor del vehículo automotor articulado afiliado a (…) [la empresa de transporte], la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en el marco de actividades peligrosas la existencia de factores subjetivos tales como la transgresión de reglamentos, la violación del deber objetivo de cuidado o el desconocimiento del ordenamiento no implican que la controversia deba enmarcarse exclusivamente en el título de atribución jurídica de falla del servicio, dado que su utilidad se encuentra enfocada en la determinación de la participación del agente en la producción del daño, tal como sucede en el presente caso en el cual es palmario que la causa eficiente del daño fue el comportamiento del conductor del vehículo articulado. Lo anteriormente anotado responde al cuestionamiento realizado por Transmilenio SA en cuanto a que el daño no le es imputable por el hecho de no haber incurrido en falla del servicio, porque, es claro que su demostración no se requiere cuando de los hechos se deriva el ejercicio de una actividad peligrosa y es menester la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad. En tal sentido, se concluye que el accidente no fue causado por un hecho imprevisible o irresistible atribuible de manera exclusiva a un tercero, sino que, estuvo directamente relacionado con la conducta negligente del conductor del vehículo articulado, quien, a pesar de conocer las condiciones adversas del tramo vial, omitió adoptar las medidas necesarias para prevenir el siniestro; en consecuencia, se configura la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocasionados a la víctima del accidente. Tampoco resulta acertado el planteamiento de (…) [la empresa de transporte] dirigido a sustentar una supuesta concurrencia de actividades riesgosas, esto es, que la víctima estaba ejecutando una actividad peligrosa por cuanto el (…) [afecto directo] se desplazaba como pasajero en una buseta de servicio público; para la Sala, de ese hecho no se deriva que él estuviera desarrollando una actividad peligrosa capaz de incidir en la producción del hecho dañoso ni se sigue que esa actividad tuviera la virtualidad para anular el comportamiento causal del conductor del bus articulado. En esos términos, es pertinente precisar que, si bien la Compañía (…) de Transportes era la empresa a la cual se encontraba afiliada la buseta de transporte público urbano en la que se desplazaba el (…) [afectado directo], lo cierto es que, en el escrito de sustitución de demanda no se formularon pretensiones en su contra, razón por la cual el tribunal no realizó un análisis específico sobre su eventual responsabilidad y tampoco es jurídicamente viable hacerlo en esta instancia. (…) De este modo, la Sala estima que le asistió razón a la primera instancia respecto de la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual de Transmilenio SA y de (…) [la otra empresa de transporte], debido a que: a) En relación con (…) [la empresa de transporte], no hay duda y no existe discusión entre las partes del proceso acerca de que el bus articulado de placas VEB-908, era de propiedad de dicha empresa para el momento de los hechos; en consecuencia, es claro que (…) [dicha empresa] debe responder por los daños ocasionados con sus vehículos, en tanto la prestación del servicio se realiza en el marco de su objeto social y conforme a los reglamentos societarios correspondientes. También resulta palmario que la empresa ejerce un control directo sobre la operación de las rutas, asume la responsabilidad en la selección y vigilancia del personal encargado de la conducción de los vehículos y obtiene un provecho económico derivado de la actividad organizada; por tanto, le es imputable la responsabilidad patrimonial por los perjuicios que se deriven del desarrollo de dicha actividad, lo cual justifica su deber de resarcir los daños causados a terceros. En cuanto a Transmilenio SA (…) el ente accionado aduce que según el contrato de concesión no. 016 de 2003 celebrado con (…) [la empresa de transporte], es el concesionario quien debe asumir los riesgos operativos y mantener indemne a Transmilenio SA frente a cualquier reclamación de terceros. Para responder a dicho argumento, debe advertirse que en el proceso se acreditó que, en efecto, Transmilenio SA celebró con la empresa (…) [de transporte] el contrato de concesión no. 016 del 6 de mayo de 2003 “para la prestación del servicio público de transporte terrestre masivo urbano de pasajeros en el sistema Transmilenio”, esto significa que (…) [la empresa de transporte] es un contratista de Transmilenio SA encargado de la prestación de un servicio público, situación frente a la cual la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que la responsabilidad que les asiste a las entidades públicas por hechos de sus contratistas es directa, debido a que actúan como agentes suyos cuando celebran y ejecutan contratos con las entidades estatales, dinámica en la cual colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social, aseveración que se soporta normativamente en el artículo 3º de la Ley 80 de 1993. Igualmente, es claro que de conformidad con las cláusulas 11.6 a 11.9 del referido contrato de concesión, Transmilenio SA también se beneficia económicamente de la actividad de transporte público ejercida por el concesionario (…) y tiene derecho a recibir participación sobre sus ingresos; de ahí que no sea de recibo afirmar que sea una empresa ajena a la actividad ejercida por la propietaria del automotor articulado involucrado en el accidente de tránsito. También aduce Transmilenio SA en la apelación que, según dicho contrato de concesión, el concesionario es quien debe asumir los riesgos operativos y mantener indemne al concedente frente a cualquier reclamación de terceros (…) Frente a ello, la Sala destaca que esta Corporación ha afirmado de manera consistente y pacífica que las referidas cláusulas de indemnidad no pueden interpretarse como fundamento de exoneración de un ente público, dado que esta solamente tiene validez entre las partes del contrato, pero no es oponible a terceros, razón por la cual no se les puede trasladar a las víctimas los efectos de una estipulación en cuya negociación no participaron. En estos términos, le asistió razón a la primera instancia en el sentido de determinar que tanto (…) [la empresa de trasporte] como Transmilenio SA deben ser declarados solidariamente responsables del daño reclamado por el (…) [afectado directo], sin que por otra parte se cuestionara la distribución correspondiente al pago de indemnización en razón de un 50% a cargo de cada una de ellas; a lo cual debe agregarse que esto no impide que los beneficiarios reclamen la totalidad del pago correspondiente a los perjuicios a solo una de ellas y, que quien page tenga derecho a repetir en dicho porcentaje a quien no lo hizo. (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la conducción de vehículos automotores considerada como actividad peligrosa, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 30 de octubre de 2013, exp. 27.355, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo y el 11 de octubre de 2021, exp. 49.224, C.P. Fredy Ibarra Martínez. Sobre la existencia de factores subjetivos en el marco de actividades peligrosas que no enmarcan la controversia en el título de atribución de falla del servicio, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 25 de agosto de 2011, exp. 21.654, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez. Sobre la concurrencia de actividades peligrosas, consultar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, proferida el 23 de octubre de 2002, exp. 6315, M.P. Carlos Ignacio Jaramillo. Sobre la indebida interpretación de las cláusulas de indemnidad como fundamento de exoneración de un ente público, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 30 de octubre de 2013, exp. 24.985, C.P. Danilo Rojas Betancourth y el 23 de septiembre de 2009, exp. 17.892, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la responsabilidad de las entidades publicas por los hechos de sus contratistas directos, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferidas el 19 de febrero de 2024, exp, 62.227, C.P. José Roberto Sáchica Méndez y el 23 de noviembre de 2014, 31.182, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 3 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / HECHO DEL TERCERO / MOTOCICLISTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR MOTOCICLISTA / ACCIDENTE DE TRÁNSITO POR COLISIÓN DE VEHÍCULOS / VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO / INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INFORME DE POLICÍA DE TRÁNSITO / TESTIMONIO / INSUFICIENCIA DE LA PRUEBA / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / IMPRUDENCIA / INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / CONDUCTOR DE VEHÍCULO / CONDUCTOR DE VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO Problema jurídico: ¿Resulta procedente exonerar de responsabilidad a las empresas demandadas por el hecho exclusivo de un tercero -motociclista-, cuando la conducta imprudente del conductor del bus articulado constituyó la causa eficiente del daño? Respuesta al problema jurídico: No Por otra parte, ambas empresas apelantes coinciden en sostener que el tribunal de primera instancia incurrió en un error, debido a que no hizo un análisis adecuado sobre la configuración de la causal eximente de responsabilidad por el hecho exclusivo de un tercero ni sobre las pruebas que, según afirman, acreditan dicha circunstancia; en particular, señalan que fue la conducta del motociclista que perdió el control de su vehículo el hecho que desencadenó la maniobra evasiva del bus articulado y el posterior impacto con la buseta de transporte público. En atención a lo anterior, la Sala procede a verificar si, en efecto, se presentó una indebida valoración probatoria, para lo cual examinará cada uno de los elementos de prueba que, según los recurrentes, fueron erróneamente apreciados por el a quo: a) En relación con el dictamen no. 0037/Fisca-SIAT-Tránsito suscrito por el físico forense (…), lo mismo que su correspondiente declaración rendida en audiencia de juicio oral dentro del proceso penal, es preciso observar que se trata de una prueba fundamental que permite establecer que la causa adecuada del siniestro vial fue el comportamiento del conductor del vehículo articulado; a dicha conclusión se arriba a partir de los diversos elementos valorados por el perito, entre ellos, los informes del accidente recaudados en el proceso, las fotografías tomadas en el lugar de los hechos, la información recolectada personalmente por el experto en el sitio del accidente el mismo día en que ocurrió, así como también su conocimiento y experiencia en reconstrucción de accidentes de tránsito; con base en estos elementos, del dictamen se deriva que el accidente se habría podido evitar si el conductor del bus articulado hubiese transitado a menor velocidad y conservado una mayor distancia frente a los vehículos que le antecedían. De igual manera, cabe destacar que dicha interpretación del dictamen pericial no fue exclusiva del fallador de primera instancia en el presente proceso, sino que, también fue compartida por los jueces penales en las distintas instancias —incluida la casación—, quienes, tras su estudio, coincidieron en concluir que el (…) [conductor del vehículo de transporte masivo] incurrió en una conducta que contribuyó de manera determinante en el accidente, entre las cuales se destacan: las condiciones de la vía (barro y material suelto), el carácter mixto del carril —compartido por distintos actores viales—, el volumen y peso del bus articulado, la experiencia técnica requerida para su adecuada conducción y el desconocimiento de normas de tránsito, como la prohibición de invadir el carril contrario y la obligación de mantener una distancia prudencial respecto de los vehículos que lo preceden, factores que fueron determinantes en la ocurrencia del accidente, a diferencia del deslizamiento del motociclista, cuyo atropellamiento también se habría podido evitar si no se hubiese invadido el carril contrario. Por lo tanto, no resulta atendible la afirmación según la cual el dictamen fue objeto de una indebida valoración probatoria ya que, de su análisis no es posible arribar a una conclusión distinta que la asumida por los jueces penales y el fallador de primera instancia; atribuir la causa del daño exclusivamente a la pérdida de control del motociclista constituye una hipótesis que se sustenta principalmente en la versión del conductor del vehículo articulado, antes que en el análisis técnico y objetivo contenido en el dictamen pericial sobre la dinámica del siniestro vial. b) Respecto del Informe Ejecutivo FPJ-3 de fecha 5 de mayo de 2009, diligenciado por el subintendente de la Policía Nacional (…), así como también del testimonio rendido por él en la audiencia de juicio oral del proceso penal, se advierte que, si bien en dichas pruebas se afirma que los hechos “muy probablemente” ocurrieron en el momento en que la motocicleta de placas BSG-41 perdió el control, lo cierto es que, dicho informe no contiene un análisis técnico y detallado sobre la causa del accidente. Se trata, más bien, de una interpretación subjetiva de los hechos elaborada por el agente de tránsito con base en lo observado tras su llegada al lugar del siniestro, la cual —según lo reconoció expresamente— se produjo aproximadamente cuarenta (40) minutos después de ocurrido el accidente; en tal medida, no puede considerarse esta prueba como un elemento con suficiente respaldo que permita demostrar, de manera contundente, la configuración del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad. c) En cuanto al testimonio (…) debe advertirse que este no fue valorado en la sentencia de primera instancia y, adicionalmente, en el presente proceso no se aportó el respectivo soporte de audio y video de su declaración rendida ante el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá; solo obra una breve reseña en el acta de la audiencia de juicio oral del 1º de noviembre de 2009, de la cual se desprende que el declarante era subintendente de la Policía Nacional, fotógrafo judicial y que suscribió el acta de levantamiento de los cadáveres. Según dicha acta, el testigo confirmó la presencia de lodo sobre la calzada y la existencia de una huella de arrastre atribuida a la motocicleta; aunque aparentemente manifestó que el bus articulado realizó una maniobra evasiva para esquivar al motociclista y colisionó con la buseta, lo cierto es que tal circunstancia no permite sostener, por sí sola, que esa maniobra haya sido inevitable ni que el accidente no pudiera haberse prevenido con una conducción más diligente. Además, se trata de un funcionario que no presenció los hechos directamente ni hizo un análisis sobre la posibilidad de adoptar una conducta distinta que evitara el resultado lesivo. Su testimonio, por tanto, no constituye un medio probatorio con la solidez necesaria ni suficiente para constatar la existencia del hecho exclusivo de un tercero como causal eximente de responsabilidad, más aún cuando no es posible valorar integralmente su contenido por falta del registro audiovisual correspondiente. d) Finalmente, en relación con el testimonio del (…) subintendente de la Policía Nacional y perito en criminalística que practicó la inspección técnica a la motocicleta de placas BSG-41, debe indicarse que tampoco se remitió el soporte de audio y video de su declaración, y que en el expediente solo reposa una referencia escueta en el acta de la audiencia de juicio oral del 7 de septiembre de 2020 rendida ante el Juzgado 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá; de dicha reseña se destaca que el testigo se limitó a ratificar el contenido del acta de inspección, en la cual se concluyó que la motocicleta presentaba un estado general aceptable, salvo por el desgaste de sus llantas, condición que podría haber favorecido la pérdida de control o estabilidad. En ese contexto, debe resaltarse que, si bien está demostrado en el expediente que la motocicleta perdió el control y se deslizó sobre la calzada, y que dicha circunstancia motivó la maniobra evasiva del bus articulado e incluso su invasión del carril contrario, lo realmente relevante es que el accidente igualmente se habría podido evitar si el conductor del vehículo de (…) [la empresa de transporte] hubiese adoptado una conducción acorde con las condiciones de la vía —caracterizada por la presencia de barro y tráfico mixto—, desplazándose a menor velocidad y manteniendo una mayor distancia frente a los vehículos precedentes. Por consiguiente, no puede considerarse configurada la causal eximente del hecho exclusivo de un tercero, en tanto que el análisis integral de las pruebas revela que el comportamiento del conductor del bus articulado fue realmente el hecho determinante en la producción del siniestro vial. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / LESIONES FÍSICAS / LESIONES FÍSICAS EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / SALUD MENTAL / DEFORMIDAD FÍSICA / DECISIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD / FALLO EXTRA PETITA / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DAÑO A LA SALUD / CONCEPTO DE DAÑO A LA SALUD / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL / IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA / IMPROCEDENCIA DE LA INCONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL Problema jurídico: ¿El Tribunal de primera instancia vulneró el principio de congruencia y el debido proceso, al reconocer indemnización por daño a la salud, cuando en la demanda se solicitó la reparación por daño a la vida de relación o condiciones de existencia? Respuesta al problema jurídico: No En la demanda se solicitó indemnización por concepto de “daño a la vida de relación o condiciones de existencia”, sin que se diera una explicación exacta de las razones de dicha pretensión, aunque, en los hechos de la demanda se manifestó que el (…) [afectado directo] “se ha visto gravemente afectado tanto en su salud física como mental” y, en el acápite de competencia y cuantía se expresó que los valores pretendidos en la demanda obedecen a que la víctima quedó con “deformidad física y se alteró su vida social”. La sentencia de primera instancia no precisó las razones por las cuales equiparó el “daño a la vida de relación o condiciones de existencia” al daño a la salud y simplemente accedió a este último, circunstancia por la cual la empresa Transmasivo SA manifestó que el tribunal incurrió en un reconocimiento extra petita que vulnera el principio de congruencia y el debido proceso. Respecto de ese argumento, es pertinente señalar que en el año 2011 la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado redefinió las categorías de perjuicios inmateriales en la jurisdicción contenciosa administrativa y abolió las denominaciones autónomas de “daño a la vida de relación” y “alteración grave a las condiciones de existencia” en los casos en que el daño consiste en una lesión a la integridad psicofísica, razón por la cual ya no son reconocidas como tipologías de perjuicios. Así, después de una larga evolución jurisprudencial, la Sección Tercera de la Corporación precisó que el daño a la salud comprende la afectación a la órbita psicofísica del sujeto (integridad corporal, psicológica, sexual, estética, etc.) y, por tanto, difiere por completo de otro tipo de denominaciones tales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia. De este modo, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, la Sección Tercera del Consejo de Estado estableció el contenido y alcance del daño a la salud, entendido como perjuicio inmaterial cuando la víctima sufre alteraciones físicas o sicológicas. En el presente caso es claro que, a pesar de la falta de precisión de la demanda respecto del perjuicio que denomina “daño a la vida de relación o condiciones de existencia”, se refiere en realidad a la afectación física que sufrió el (…) [afectado directo] por causa del accidente de tránsito, razón por la cual, el hecho de que el tribunal de primera instancia hubiera adecuado dicha solicitud indemnizatoria al concepto de “daño a la salud” en modo alguno implica una transgresión del principio de congruencia o una decisión extra petita; por el contrario, acompasa con el principio de reparación integral, postulado que determina que el daño debe ser reparado en su total y plena magnitud. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la redefinición de las categorías de perjuicios inmateriales, consultar las sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, proferida el 14 de septiembre de 2011, exp. 38.222, C.P. Enrique Gil Botero y el 14 de septiembre de 2011, exp. 19.031, C.P. Enrique Gil Botero. Sobre el contenido y alcance del daño a al salud, consultar la sentencia de unificación del Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, proferida el 28 de agosto de 2014, exp. 28-804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / DAÑO A LA SALUD / DICTAMEN MÉDICO / CALIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / GRADO DE PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL / FALTA DE PRUEBA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / ELEMENTOS DEL DAÑO A LA SALUD / TASACIÓN DEL DAÑO A LA SALUD / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ARBITRIO JUDICIAL / GRAVEDAD DE LAS LESIONES FÍSICAS / INFORME TÉCNICO / INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL / MUERTE DE LA PERSONA / SUCESIÓN ILÍQUIDA / RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer indemnización por concepto de daño a la salud en favor de la sucesión de la víctima, pese a la ausencia de un dictamen que determine con exactitud el porcentaje de pérdida de capacidad laboral? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a empresa (…) [de transporte] también cuestionó que ante la ausencia de un dictamen que determinara el porcentaje de disminución laboral padecida por (…) [la víctima], el tribunal en aplicación del arbitrio juris fijara un porcentaje del 60%; para dicha apelante, ese porcentaje no es proporcional pues, destaca que, frente a lesiones más graves, el artículo 12.4.1.4 del Decreto 1507 de 2014 prevé un máximo de disminución del 35% para quienes no pueden ponerse de pie, lo cual contrasta con el caso del accionante quien sí podía caminar, aunque con un trastorno de marcha, afectación que según los testigos (…) habría tenido mejoría luego de las correspondientes sesiones de terapia. Al respecto, es cierto que no fue posible practicar dictamen alguno que determinara el porcentaje de disminución de capacidad laboral de la víctima debido que esta falleció en el trascurso del proceso, empero, esto no impide el reconocimiento y tasación del perjuicio de “daño a la salud”, en relación con lo cual la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 2014 precisó la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento de este tipo de perjuicio, para cuyo efecto deben tenerse tener en consideración las siguientes variables: (i) la pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente); (ii) la anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental; (iii) la exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano; (iv) la reversibilidad o irreversibilidad de la patología; (v) la restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria; (vi) excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria; (vii) las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado; (viii) los factores sociales, culturales u ocupacionales; (ix) la edad; (x) el sexo y, (xi) las demás que se acrediten dentro del proceso. Asimismo, advirtió que en ejercicio del arbitrio iudice, para el reconocimiento del referido perjuicio debe tomarse en cuenta la gravedad y naturaleza de la lesión padecida (…) En el presente asunto, a partir de los informes técnicos legales de lesiones no fatales emitidos por la Dirección Regional de Bogotá del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del 8 de junio de 2009, 14 de septiembre de 2009 y 9 de marzo de 2011, referidos en el acápite del daño, es claro que (…) [la víctima] sufrió una deformidad física de manera permanente consistente en una cicatriz ostensible en la cara anterior de la cadera derecha; igualmente una perturbación funcional en la locomoción, no obstante, en relación con esto último, dichos dictámenes no pudieron precisar si esta afectación de la marcha fue permanente, pues, esta circunstancia debía definirse “al finalizar todo el tratamiento”. (…) Lo expresado por los (…) testigos no solamente corrobora que la víctima sufrió una deformidad física permanente, también que afectó su posibilidad de desplazamiento y la realización de actividades cotidianas y de esparcimiento; si bien los dictámenes de medicina legal no pudieron determinar en su momento si la afectación en la locomoción fue definitiva, del contexto se deriva que esa perturbación sí lo fue, dado que el accidente ocurrió el 5 de mayo de 2009 y aún persistía para cuando los testigos declararon el 16 de febrero de 2021, hecho al cual se suma que la víctima falleció tan solo unos meses después, el 4 de agosto de 2021. En ese orden de ideas, para efectos de la tasación de la pérdida de capacidad laboral mediante el uso del arbitrio iuris, se considera pertinente y razonable acudir a los criterios establecidos en el Decreto 1507 de 2014; en particular, lo previsto en el artículo 12.3 de dicha norma, que fija los parámetros para la calificación de la deficiencia derivada de trastornos de la postura y la marcha por afectación de una extremidad inferior (…) En consecuencia, con fundamento en el criterio normativo citado, se advierte que la deficiencia funcional que presentaba el (…) [afectado directo] puede ubicarse en la clase 2, dado que podía ponerse en pie y caminar con ayuda de un bastón, aunque, de manera limitada; si bien dicha categoría contempla una pérdida del 20% de capacidad laboral, la Sala estima razonable fijarla en un 30%, en atención a las circunstancias particulares del caso, que no solo involucran restricciones en la movilidad, sino también afectaciones relevantes en otras actividades de la vida cotidiana, tales como las relacionadas con el esparcimiento y el relacionamiento con seres queridos y amigos; en consecuencia, se reconocerá a título de daño a la salud una indemnización equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, en favor de la sucesión ilíquida del mencionado señor (…), debido a que la pérdida de capacidad laboral se estimó en un porcentaje igual al 30%, lo cual se acompasa con lo expresado por la referida sentencia de unificación sobre la materia, según la cual debe reconocerse esa cantidad cuando la gravedad de la lesión es “igual o superior al 30% e inferior al 40%”. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la valoración probatoria que debe hacer el juez para acceder al reconocimiento del daño a la salud, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 28 de agosto de 2014, exp. 31.170, C.P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: DECRETO 1507 DE 2014 - ARTÍCULO 12.3 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR LESIONES CORPORALES / CONCEPTO DE PERJUICIO MORAL / TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PARÁMETROS PARA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / GRAVEDAD DE LAS LESIONES FÍSICAS / PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL / DAÑO A LA SALUD / SUCESIÓN ILÍQUIDA / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer y cuantificar la indemnización por perjuicio moral en favor de la sucesión de la víctima, con base en el porcentaje de pérdida de capacidad laboral determinado? Respuesta al problema jurídico: Si En lo concerniente al daño moral se resalta que este se entiende como el dolor y aflicción que una situación nociva genera en la víctima como afectación negativa de la esfera sentimental de la persona y se presume en relación de los familiares cercanos de quien ha sufrido un padecimiento de esa naturaleza. Respecto de la cuantificación del perjuicio moral en sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación59 se determinaron los lineamientos para la tasación de tales perjuicios para casos de lesiones personales en favor de la víctima directa y sus familiares, para cuyo efecto se fijó como referente en la liquidación la valoración de la gravedad o levedad de la lesión reportada por la víctima. Sobre este perjuicio, la primera instancia reconoció la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sobre la base de considerar que la pérdida de capacidad laboral (…) [de la víctima] era del 60%. En ese contexto, para que la tasación de la indemnización por perjuicio moral guarde concordancia con lo expresado en esta instancia en el acápite de daño a salud y de acuerdo a la sentencia de unificación donde se señalaron los parámetros de su fijación, es claro que como el grado de afectación se tasó en un 30%, debe reconocerse para la víctima directa por concepto de perjuicios morales la cantidad sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes que deben ser pagados a la sucesión ilíquida del (…) [afectado directo]. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los lineamientos para la tasación de tales perjuicios para casos de lesiones personales, consultar la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, proferida el 28 de agosto del 2014, exp. 31.172, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE CONSOLIDADO / TESTIMONIO / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / ACTIVIDAD LABORAL / SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / LESIONES FÍSICAS / RELIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / BASE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS / INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PARA CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO LEGAL / SUCESIÓN ILÍQUIDA / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE Problema jurídico: ¿Resulta procedente reconocer indemnización por concepto de lucro cesante en favor de la sucesión de la víctima, cuando no se acreditó con exactitud la pérdida de ingresos, pero sí la imposibilidad de continuar desempeñando sus labores en las mismas condiciones en las que lo hacía antes del siniestro? Respuesta al problema jurídico: Si De las pruebas recaudadas se establece que, al momento del accidente de tránsito, el (…) [afectado directo] tenía 58 años de edad; a su vez, los testimonios obrantes en el expediente permiten concluir que se trataba de una persona laboralmente activa y, si bien no es posible determinar con exactitud si dejó de percibir ingresos derivados de su actividad en la lavandería o qué ocurrió con su labor como operador de maquinaria pesada, sí resulta evidente que, a raíz del accidente, quedó en condiciones físicas que le impedían desempeñar sus labores en las mismas circunstancias en que lo hacía antes del siniestro. En consecuencia, en concordancia con lo expuesto sobre al daño a la salud, esta instancia procederá a efectuar un nuevo cálculo del lucro cesante; para ello tomará como base el ingreso equivalente al 30% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de esta providencia, esto es, $427.050; el período a indemnizar corresponde al comprendido entre la fecha del accidente (5 de mayo de 2009) y el fallecimiento (…) [de la víctima] (4 de agosto de 2021), lo que equivale a 147 meses, la liquidación del perjuicio se realizará conforme a la fórmula de lucro cesante consolidado (…) En este orden de ideas, le corresponderá a la sucesión ilíquida del (…) [afectado directo] por concepto de lucro cesante la suma de noventa y un millones trescientos noventa mil quinientos dieciséis pesos ($91.390.516).

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=250002326000201100427021100103