Titulación de la relatoría 14.328 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIDA CAUTELAR / MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PATRIMONIAL / CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / RECHAZO DE LA DEMANDA / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / ADMISIÓN DE LA DEMANDA / CONCILIACIÓN / ALCANCE DE LA CONCILIACIÓN / CAPACIDAD DE CONCILIACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO / ELEMENTOS DE LA CONCILIACIÓN / LEY 640 DE 2001 / CONCILIACIÓN JUDICIAL / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA CONCILIACIÓN COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD / AGOTAMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DE LA CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / AUTO QUE INADMITE LA DEMANDA / SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Problema jurídico:
¿El despacho admite la exigencia del requisito previo de conciliación extrajudicial en la etapa de admisión de la demanda cuando la solicitud de medidas cautelares presentada por la sociedad demandante no demuestra un carácter patrimonial que permita acudir de manera directa a la jurisdicción contenciosa?
Respuesta al problema jurídico: No
[A]sí pues, ha de mencionarse que el auto recurrido se notificó mediante anotación en el estado electrónico del 28 de febrero de 2025, de ahí que el término de 3 días para interponer el recurso de apelación venció el 5 de marzo de la misma anualidad. En ese orden de ideas, como el recurso objeto de análisis se formuló y sustentó ante el Tribunal de primer grado el 4 de marzo de 2025, es necesario concluir que su presentación fue oportuna. [P]ara desatar el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si el defecto advertido por el a quo en el auto inadmisorio, respecto al deber de acreditar el requisito previo para demandar consistente en la conciliación extrajudicial, era exigible en la etapa de admisión de la demanda, para lo cual habrá de determinarse si la solicitud de medidas cautelares que presentó la sociedad demandante reviste un carácter patrimonial que la faculte para acudir a esta jurisdicción de manera directa. De los requisitos para la admisión de la demanda y las consecuencias del incumplimiento El CPACA establece los requisitos que la demanda debe observar para que proceda su admisión. Estos están relacionados con el cumplimiento de los presupuestos encaminados a que la litis pueda resolverse de fondo, en el marco de las garantías procesales de las partes y de los terceros, sin afectar, en todo caso, el derecho de acceso a la administración de justicia de quienes presentan a los jueces los litigios para obtener una solución. (…), [L]a presentación de la demanda debe someterse al cumplimiento de unos requisitos previos, entre estos, el del agotamiento de la conciliación extrajudicial cuando se persiga acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo formulando pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa o controversias contractuales. (…) [T]oda demanda contendrá la designación de las partes y sus representantes; lo que se pretenda expresado con precisión y claridad; los hechos y omisiones que fundamenten las pretensiones debidamente determinados, clasificados y numerados; los fundamentos de derecho; la petición de las pruebas; la estimación razonada de la cuantía y, el lugar y dirección donde las partes y el apoderado recibirán las notificaciones. (...) Adicionalmente, (...) el operador judicial al conocer del asunto verificará con el propósito de establecer si se encuentran satisfechas, evitar futuras nulidades y lograr el saneamiento del proceso. Así, en caso de que el juez de conocimiento advierta el incumplimiento de alguno de los requisitos formales previstos en las normas citadas, deberá inadmitir la demanda indicando claramente la irregularidad o falencia de que adolece, para que el interesado pueda subsanarla en el plazo de 10 días (…) [U]no de los motivos de rechazo del libelo introductorio se configura cuando no se subsanan dentro del término legal establecido (…), los defectos advertidos por el juez o magistrado en el auto inadmisorio. Por las anteriores razones, si la decisión de rechazo de la demanda se fundamenta en el incumplimiento de la orden de corregir dentro de la oportunidad legal los requisitos legales exigidos, dicho rechazo resulta fundado. Esta decisión tiene como efecto la terminación de la actuación procesal que se hubiere adelantado, sin perjuicio de que la parte pueda nuevamente ejercer la acción en aquellos casos en los que no hubiere operado el fenómeno de la caducidad. [E]l legislador instituyó la conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos en relación con el procedimiento contencioso administrativo (…), lo contempló como un requisito previo a la radicación de la demanda en tales asuntos, con el propósito de promover su uso antes de acudir al juez y en consideración a la alta litigiosidad en el país. En específico, el artículo 3726 del estatuto en comento prescribe que, previo a incoar las acciones de reparación directa y contractual, las partes formularían solicitud de conciliación extrajudicial en el caso de que el asunto fuera conciliable. [E]ntretanto se surtiera el trámite de la conciliación extrajudicial, el término de la caducidad se vería suspendido, proceder excepcional que tuvo por fin armonizar el deber de ejercer el derecho de acción en los plazos previstos por el ordenamiento jurídico con el hecho de que, mientras se agota el requisito de procedibilidad en estudio, no es posible radicar el escrito inicial, de ahí que sea razonable que durante tal interregno no se contabilice el término para ejercer la acción. Con todo, la conciliación prejudicial (…) no llegó a adquirir la categoría de requisito de procedibilidad, porque el entonces Ministerio de Justicia y del Derecho no expidió la certificación sobre la suficiencia del número de funcionarios conciliadores, que determinaba la entrada en vigor de dicho requisito. (…) [C]uando los asuntos fueran conciliables, la conciliación constituiría requisito de procedibilidad, entre otros, en los asuntos contractuales, momento a partir del cual cobró obligatoriedad su agotamiento para poder ejercer el derecho de acción. (…) A su turno, dentro de los requisitos previos para demandar el de agotar el trámite de la conciliación extrajudicial cuando los asuntos sean conciliables en el caso del medio de control de controversias contractuales, además de los casos de reparación directa o nulidad y restablecimiento del derecho, tanto así que, en concordancia (…), durante la audiencia inicial el juez debía dar por terminado el proceso cuando no se agotaban los requisitos de procedibilidad, (…) se concluyó que por la misma circunstancia se terminaría el proceso, solo que antes de la audiencia inicial. Más recientemente, (…) en los casos en que el trámite de la conciliación extrajudicial constituya un requisito de procedibilidad, este se agotaría previo a ejercer el derecho de acción. En ese orden, (…) reiteraron que cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de la conciliación extrajudicial constituye un requisito de procedibilidad establecido por el legislador como presupuesto obligatorio que debe cumplirse de manera previa a demandar en la jurisdicción de lo contencioso administrativo al formular pretensiones de nulidad con restablecimiento del derecho, reparación directa y controversias contractuales. Por su parte, (…) disponen que el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial será facultativo, entre otros eventos, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial, lo que hace referencia, por una parte, a la naturaleza misma de la cautela y, por la otra, a que los efectos económicos que esta pueda producir en el patrimonio de las personas naturales o jurídicas que las han solicitado o que deban soportarlas sea directa e inmediata. [A]sí, la finalidad de las medidas cautelares de contenido patrimonial es garantizar el cumplimiento de una eventual condena, en situaciones en las que podría verse afectado o disminuido el patrimonio de quien tendría a su cargo la obligación de responder. En consecuencia, el objeto de estas medidas cautelares debe ser el patrimonio de la parte contraria y, deben propender por garantizar el cumplimiento de la sentencia. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la solicitud de medidas cautelares no constituye una oportunidad para que la parte demandante subsane las deficiencias de los requisitos previos para demandar o evada el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Los anteriores argumentos evidencian que la conciliación extrajudicial tiene el carácter de requisito previo para iniciar, entre otros, el medio de control de controversias contractuales y, por tal virtud, en caso de que el juez de conocimiento advierta su omisión y, que, el asunto no se enmarque en alguno de los supuestos en que podría demandarse directamente, deberá rechazar de plano la demanda, (…). Para el Tribunal Administrativo de Antioquia hay lugar a rechazar la demanda ya que no fueron corregidos los defectos advertidos en el auto inadmisorio. Lo anterior, por cuanto no se acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, el cual considera obligatorio en este caso, dada la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas. Mientras que, para la parte actora, no resulta exigible acreditar el agotamiento de la conciliación extrajudicial, en razón a que se pidieron medidas cautelares de carácter patrimonial. De entrada, se precisa que, con independencia de la procedencia o no de la medida cautelar -cuestión que no es objeto de análisis en esta oportunidad-, el estudio que debe hacer el operador jurídico en la etapa de admisión de la demanda, frente al cumplimiento del requisito previo de la conciliación extrajudicial, se circunscribe a determinar si se configura alguna de las excepciones previstas en el ordenamiento jurídico para acceder directamente a la jurisdicción, en este caso, puntualmente, si la cautela deprecada reviste contenido patrimonial. Lo anterior, atendiendo a que se trata de una institución que limita el acceso a la administración de justicia, por lo que su exigencia debe ser interpretada en forma restrictiva. En el escrito cautelar presentado junto a la demanda, [demandante] solicitó el decreto de las siguientes medidas: i) ordenar la suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio iniciado por la entidad contratante, con ocasión del supuesto incumplimiento contractual; ii) embargar las sumas de dinero depositadas por [demandada] en cuentas bancarias de las que esta es titular y; iii) “congelar” los recursos financieros que amparan las obligaciones del contrato objeto de estudio garantizadas por el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y el rubro presupuestal (RP) respectivos. En ese orden, la Sala advierte que, aunque la petición de ordenar la suspensión del procedimiento sancionatorio por incumplimiento contractual puede generar consecuencias económicas, esa medida no tiene en sí misma carácter patrimonial, ya que su propósito es suspender la actuación administrativa iniciada por la entidad demandada. Por el contrario, la petición de embargo de cuentas bancarias y el “congelamiento” de los recursos garantizados con el CDP y RP sí son de naturaleza patrimonial, ya que, la primera, implica la retención de bienes que integran el patrimonio del demandado, puntualmente, de las sumas de dinero depositadas en las cuentas bancarias de las que este es titular y, la segunda, tendría la virtualidad de afectar el presupuesto de [demandada], en la medida que los recursos financieros sobre los que recaen el CDP y RP se mantendrían “congelados” para el cumplimiento de las obligaciones contractuales que se encuentran en discusión. En ese orden de ideas, la Sala considera que, al margen de su procedencia, las medidas cautelares de embargo y “congelamiento de recursos” tienen connotación Por consiguiente, erró el Tribunal Administrativo de Antioquia cuando, como orden de corrección, exigió a la sociedad actora acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, ya que su agotamiento era facultativo, (…). Por las razones explicadas, no podía el tribunal a quo rechazar la demanda por no corrección (…), cuando los presupuestos señalados en el auto inadmisorio no tenían sustento jurídico, porque, como ya se indicó, las medidas cautelares solicitadas son de carácter patrimonial. En todo caso, la Sala encuentra necesario precisar que la solicitud de medidas cautelares no constituye una oportunidad para que la parte demandante subsane las deficiencias de los requisitos previos para demandar o evada el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. En ese sentido, el uso indiscriminado de la solicitud de medidas cautelares patrimoniales no puede constituir un mecanismo para eludir el requisito previo a demandar de la conciliación extrajudicial.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre categoría de requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 30 de octubre de 2013, exp. 25000-23-36-000-2013-00436-01 (48067), C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, auto de 3 de noviembre de 2020, exp. 05001-23-33-000-2019-02027-01 (65979), C.P. Alberto Montaña Plata. Sobre medidas cautelares para asegurar el cumplimiento de la sentencia, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 21 de septiembre de 2020, exp. 25000-23-36-000-2018-00546-01 (65640), C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1716 DE 2019, LEY 1285 DE 2009 - ARTÍCULO 13, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 125, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 161, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 169 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 243, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 161 NUMERAL 1, LEY 1474 DE 2011 - ARTÍCULO 86, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 180, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 20, LEY 2080 DE 2021 - ARTÍCULO 62, LEY 2082 DE 2021 - ARTÍCULO 26