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Consejo de Estado
Providencia
Efectuó lo que denominó “advertencias preventivas”
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2024-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 70001233100019980074801
ACCION CONTRACTUAL
¿El despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita? Sí
Mediante memoriales de 15 y 22 de octubre de 2024, el representante legal de SPL Salgado Abogados y Consultores S.A.S., sociedad perita en el proceso de la referencia, presentó memorial con el propósito que se ordenara la entrega de información que considera “fundamental” para llevar a cabo el dictamen pericial encomendado y que se le concediera un plazo adicional de 45 días para elaborar su experticia. Por otra parte, el despacho considera razonable otorgar el plazo adicional de 15 días hábiles, solicitado por la sociedad demandante, para allegar la información requerida por la perita para la elaboración del dictamen, en los términos señalados en el proveído de 29 de octubre de 2024, razón por la cual se accederá a esa solicitud.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
El Código General del Proceso dispone que las decisiones judiciales deben basarse en pruebas regular y oportunamente aportadas y que las partes deben probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-05-29
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 50001233300020150012901
LEY 1437 REPETICION
¿En el presente caso, la parte omitió la carga que sobre ella impuso el legislador de ser diligente con las pruebas que pretende hacer valer en el proceso, por lo que ineludiblemente dicho incumplimiento acarrea la consecuencia negativa de que la prueba solicitada no sea decretada? Sí
El juez debe abstenerse de decretar una prueba documental que la parte pudo obtener mediante derecho de petición, salvo que la entidad no hubiera atendido ese derecho y ello se acredite. La parte tiene el deber de procurar la prueba por esa vía en la medida de sus posibilidades, y no solo de solicitarla en la oportunidad procesal. Esta carga se vincula con los principios de igualdad y lealtad procesal, de modo que el juez exige la diligencia desde las posibilidades de cada parte. En el caso analizado, la parte omitió la carga de ser diligente con las pruebas que pretendía hacer valer, por lo que la consecuencia negativa es que la prueba solicitada no sea decretada. Por ello se confirmó el auto proferido en la audiencia inicial que negó la prueba. En cuanto a las costas, la providencia señala que no hay lugar a condenarlas, aunque el recurso se resolvió de forma desfavorable, por tratarse de un asunto de interés público.síntesis automática
También resuelve:
¿Hay lugar a la condena en costas cuando se trata de un asunto de interés público?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se aportó al proceso copia del convenio interadministrativo sujeto a la interventoría
Sentencia — Sentencia
2023-07-14
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020180035402
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los incumplimientos contractuales alegados por el apelante en el recurso, fueron los mismos planteados en la demanda? No
La Sala confirmará la sentencia apelada, toda vez que los incumplimientos alegados en el recurso de apelación no fueron planteados en la demanda, razón por la cual sería contrario al debido proceso y a la lealtad procesal cambiar el debate en segunda instancia e incluir asuntos que las demandadas no tuvieron la oportunidad de discutir… . En todo caso, no se aportó al proceso copia del convenio interadministrativo sujeto a la interventoría… , de modo que no resulta posible establecer a ciencia cierta cuáles fueron las obligaciones que derivaron de este y si el interventor cumplió o no las obligaciones de vigilancia respecto de su debida ejecución, razón adicional que impide la prosperidad de las pretensiones e impone la confirmación del fallo apelado.
También resuelve:
¿Es procedente denegar la pretensión de liquidación judicial del contrato porque no se aportaron las bases probatorias para ello?
¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2025-03-31
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 70001233100019980074801
ACCION CONTRACTUAL
¿Se encuentra el juez contencioso administrativo facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, particularmente respecto de los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen? No
El juez contencioso administrativo no está facultado para apartarse del criterio técnico expresado por el perito judicial, especialmente respecto a los elementos técnicos o científicos requeridos para la elaboración del dictamen, ya que la labor de la perito comprende aspectos especializados que escapan del conocimiento del juez, quien debe limitarse a establecer las medidas que faciliten la práctica de la prueba, sin intervenir en la determinación de la información necesaria para el dictamen. Además, el juez puede conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial si la perito informa que no ha recibido la documentación o información indispensable para su elaboración, lo que implica que el plazo total para la entrega del dictamen se extienda en consecuencia. Asimismo, aunque el juez, las partes y los apoderados pueden hacer observaciones a los peritos y presenciar los exámenes y experimentos, no pueden intervenir en las deliberaciones de los peritos ni en la elaboración del dictamen, y deben realizar todas las actuaciones a través de los canales habilitados por la autoridad judicial para garantizar el principio de igualdad y el deber de lealtad procesal.síntesis automática
También resuelve:
¿Está facultado el juez para conceder una prórroga del término inicialmente fijado para la práctica del dictamen pericial…
¿Las partes y el Juez tienen permitido intervenir en la elaboración del dictamen pericial y las deliberaciones de los peritos?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
No debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto
Sentencia — Sentencia
2022-08-22
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 63001233100020080003201
ACCION DE REPETICION
¿Debe aplicarse la Ley 678 de 2001 en los aspectos sustanciales de este asunto, considerando que, los hechos que sustentaron la condena en contra del demandante ocurrieron el 8 de junio de 1998, cuando fue suscrito el oficio 056447 con el que se ordenó la entrega del vehículo automotor? No
Esta Corporación ha precisado que, en virtud del principio de irretroactividad, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos a partir de su vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. En ese orden, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, continuarán rigiéndose por la normativa anterior.
También resuelve:
¿La existencia de una condena judicial en firme, que impuso una sentencia condenatoria en contra del ente demandante, presta mérito como presupuesto de la responsabilidad del funcionario…
¿El actuar gravemente culposo del inspector de tránsito demandado no se configuró, debido a que la Ley 678 de 2001 no estaba en vigor cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a la condena del…
¿Aunque los testimonios provienen de exfuncionarios de la entidad demandada en el proceso de reparación directa y resultan sospechosos, no pueden desecharse de plano por el juez…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
La Imprenta Nacional de Colombia, solicitó que se decretaran los testimonios de las señoras
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-01-23
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020210026602
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El objeto de la prueba testimonial solicitada fue expresado debidamente? No
El contratista no puede solicitar pruebas testimoniales sin enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, ya que esto vulnera el derecho de defensa de la contraparte y el principio de lealtad procesal, al no permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa de forma efectiva. La Sala reitera que la enunciación del objeto de la prueba debe ser clara, expresa y suficiente para que la contraparte pueda prepararse adecuadamente, y que la identificación del testigo y la especificación de los hechos a declarar son requisitos indispensables para el decreto de la prueba. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de una solicitud de prueba testimonial precisa y completa para su admisión en el proceso.síntesis automática
También resuelve:
¿Al Despacho le asiste competencia funcional para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones dictadas por los tribunales administrativos?
¿En los eventos en los que se soliciten testimonios deberá identificarse al testigo y enunciarse concretamente los hechos objeto de la prueba?
¿´Procede la condena en costas a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de repetición: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-10-04
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233100020110197701
ACCION DE REPETICION
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001? No
En la acción de repetición, la Ley 678 de 2001 se aplica a los hechos ocurridos desde su vigencia hasta su derogatoria, por el principio de irretroactividad, mientras que los hechos anteriores siguen rigiéndose por la normativa previa. Cuando el hecho dañoso es posterior a la vigencia de la ley, esta rige la valoración del dolo o de la culpa grave del agente, y no las nociones generales del régimen anterior. La primera razón es la irretroactividad como regla general del ordenamiento. La segunda es la excepción de efectos retroactivos, que opera de manera limitada y no desplaza la regla. La tercera es que la aplicación temporal depende de la fecha de los hechos que originaron la condena y no de la fecha de la sentencia. La providencia confirma la decisión y reitera esta jurisprudencia sobre la aplicación temporal de la ley. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe fijar primero la fecha de la conducta del agente para determinar el régimen probatorio aplicable, y verificar si la norma de 2001 resulta aplicable antes de formular la presunción de dolo o culpa grave.síntesis automática
También resuelve:
¿La culpa es una conducta reprochable por violación al deber de cuidado, al no prever los efectos nocivos de los actos o al confiar imprudentemente en poder evitar aquellos que se previeran…
¿Cuenta con valor probatorio la prueba testimonial trasladada, cuando se observa que contó con la participación de la parte contra quien se aduce?
¿Cuentan con valor probatorio los dictámenes periciales trasladados, cuando se observa que no contaron con la audiencia del hoy demandado al no ser parte en ese trámite procesal y que tampoco fueron…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-06-06
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 52001233300020180024501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El recurso de reposición es procedente contra el auto que niega el decreto de pruebas, por lo que la adecuación del recurso al de apelación fue una decisión equivocada por parte del Tribunal? Sí
El recurso de reposición procede contra todos los autos interlocutorios dictados en el proceso contencioso administrativo, salvo norma legal restrictiva expresa. La providencia analiza la actuación de un tribunal que había adecuado erróneamente un recurso de reposición interpuesto contra un auto denegatorio de pruebas testimoniales para tramitarlo como apelación. Al resolver el caso, el despacho superior aclara que, conforme al artículo 242 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, la reposición es el mecanismo idóneo frente a cualquier auto que no cuente con una prohibición legal específica. Como el ordenamiento no restringe la procedencia del recurso de reposición frente a los autos que niegan decretar pruebas testimoniales solicitadas por las partes, se concluye que la adecuación procesal efectuada por el tribunal de primera instancia fue equivocada, restableciendo la competencia para tramitar el recurso interpuesto.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede el Consejo de Estado revisar la procedencia de un recurso interpuesto, incluso si fue concedido por el juez de primera instancia?
¿Es procedente decretar la inspección judicial únicamente cuando no sea posible demostrar los hechos por otros medios probatorios?
¿Debe confirmarse el rechazo de una solicitud probatoria cuando los documentos requeridos ya obran en el expediente por haber sido previamente decretados como prueba?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente para conocer del presente proceso en segunda instancia
Sentencia — Sentencia
2024-06-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020090030301
ACCION CONTRACTUAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la demanda de controversias contractuales interpuesta por la Fiduprevisora S.A. contra una aseguradora, para reclamar el pago de unas indemnizaciones pactadas en unos contratos de seguro de responsabilidad? Sí
Cuando una entidad estatal de naturaleza industrial y comercial reclama el pago de indemnizaciones pactadas en contratos de seguro de responsabilidad, la controversia es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, y el Consejo de Estado conoce de la segunda instancia cuando la cuantía supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006, atribuye a la jurisdicción las controversias originadas en la actividad de las entidades públicas, entre ellas las empresas industriales y comerciales del Estado; el valor del amparo que se aduce afectado por otra demanda determina la cuantía, según el numeral 5 del artículo 132 de ese código; y la vocación de doble instancia depende de esa cuantía. En el caso, el monto del amparo de indemnización profesional de las pólizas superaba el umbral legal, por lo que la sala asumió la competencia en segunda instancia y modificó la sentencia. El documento no señala que reitere, unifique o matice precedente; la consecuencia práctica es que el valor del amparo afectado, y no solo el de la póliza, determina la cuantía de la controversia.síntesis automática
También resuelve:
¿La institución jurídica de la prescripción extintiva es la consecuencia que trae para el titular de un derecho o para quien lo persigue…
¿La prescripción de los derechos derivados del contrato de seguro opera mediante un término ordinario y otro extraordinario…
¿Operó el fenómeno jurídico de la prescripción ordinaria de los derechos derivados de los contratos de seguro de responsabilidad celebrados por Fiduprevisora S.A.…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2022-07-13
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000233600020130198901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Cuál es la incidencia en el proceso judicial del comportamiento de las partes en el procedimiento contractual? No
El contratista no puede reclamar en el proceso judicial por daños causados durante la ejecución del contrato si su propia conducta vulneró el principio de buena fe objetiva, ya que este comportamiento determina la prosperidad de las pretensiones en el escenario judicial. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado que el silencio de la contratista al suscribir contratos adicionales sin salvedades constituye una violación al principio de buena fe, lo que impide que posteriormente reclame por la alteración del equilibrio económico contractual. Además, la Sala establece que no existe incumplimiento contractual cuando las partes mancomunadamente deciden prorrogar el plazo del contrato sin generar costos adicionales, y que la diferencia entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico radica en que este último puede ser causado por actos del Estado o factores externos imprevisibles, mientras que el incumplimiento implica una falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de una de las partes. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la importancia del principio de buena fe en la contratación estatal y la necesidad de distinguir entre incumplimiento y alteración del equilibrio económico contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Está probado en el proceso el incumplimiento contractual alegado?
¿Cuál es la diferencia que hay entre el incumplimiento del contrato y la ruptura del equilibrio económico del contrato para el estudio de la responsabilidad?
¿Cuál es el concepto y presupuestos de la mayor permanencia en obra?
Consejo de Estado
Providencia
La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000232600020120001701
ACCION CONTRACTUAL
¿La solicitud de conciliación prejudicial se presentó cuando ya había operado la caducidad? Sí
El término de 4 meses pactado para realizar la liquidación bilateral del contrato corrió entre el 4 de agosto y el 4 de diciembre de [2008] y el de 2 meses para que el Distrito lo hiciera unilateralmente, entre el 5 de diciembre de 2008 y el 5 de febrero de 2009, por lo cual el plazo para presentar la demanda operó entre el día 6 de esos mismos mes y año y el 6 de febrero de 2011. La solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 13 de octubre de 2011, es decir, cuando ya había operado la caducidad, por lo cual no tuvo la virtualidad de suspender el término. Como la demanda se presentó el 12 de enero de 2012, se concluye que fue extemporánea. Al margen de la fecha en que se firmó la denominada acta de liquidación y más allá de los reproches que motivaron la alzada que se asociaron a tal aspecto, la demanda se presentó de manera extemporánea, lo que impone a la Sala confirmar la decisión de primera instancia.
También resuelve:
¿Resulta cuestionable que la parte demandante pretenda desconocer lo consignado expresamente en el documento que ella misma aportó?
¿Se conduce al supuesto de inexistencia de liquidación dado que tampoco hubo un acto unilateral que adoptara el balance final del negocio jurídico?
¿En la interpretación de las normas que consagran la caducidad como en el análisis de los supuestos fácticos de cada caso, deben aplicarse los principios pro homine, pro actione y pro damato?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
No procede la causal de recurso extraordinario de anulación por decisión extra petita en el laudo arbitral
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020230011000
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Procede la causal de recurso extraordinario de anulación por decisión extra petita en el laudo arbitral que acogió la pretensión subsidiaria de la pretensión principal y reconoció el pago de mayores áreas diseñadas? No
Un laudo arbitral no incurre en decisión extra petita cuando acoge una pretensión subsidiaria formulada dentro de la demanda reformada, pues el tribunal resuelve sobre lo pedido y no excede el marco de las pretensiones planteadas por las partes. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la decisión se funda en un análisis de las obligaciones asumidas por las partes, de su modificación durante la ejecución contractual y de las pruebas que el tribunal encontró acreditadas, de modo que no se aparta de la controversia sometida a su conocimiento. Segundo, el reconocimiento del pago de mayores áreas diseñadas, junto con el rechazo de la excepción de ausencia de prueba del daño, se apoya en hechos probados y en la pretensión formulada, por lo que la causal de anulación prevista en el numeral 9 del artículo 41 de la Ley 1563 de 2012 no se configura. La providencia declara infundado el recurso extraordinario de anulación; en la práctica, la parte que alegue decisión extra petita debe demostrar que el laudo resolvió algo distinto de lo pedido, y no basta con discrepar de la forma en que se acogió la pretensión.síntesis automática
También resuelve:
¿Tiene competencia la Sección Tercera del Consejo de Estado conocer en única instancia de los recursos de extraordinarios de anulación contra el laudo arbitral en los que hizo parte una entidad…
¿Los árbitros, con sujeción al principio de habilitación, se encuentran investidos transitoriamente de la función de administrar justicia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley?
¿El recurso extraordinario de anulación procede frente a errores in procedendo y por las causales taxativas que la ley consagra?
INFUNDADO
Consejo de Estado
Providencia
La Sala valorará las pruebas documentales que obran en la actuación trasladada
Sentencia — Sentencia
2022-05-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 52001233300020140002701
LEY 1437 REPETICION
¿Cuáles son los presupuestos para la valoración de la prueba trasladada? Sí
Las pruebas documentales de un proceso trasladado pueden valorarse cuando las partes tuvieron oportunidad de conocerlas y de formular reparos en la primera instancia, mientras que los testimonios no ratificados en el proceso al que se trasladan no se valoran, salvo que la parte contra la que se aducen coadyuve el traslado o los mencione en sus actos procesales. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que los documentos fueron conocidos por las partes, que no formularon reparo oportuno. La segunda es que la entidad demandada invocó esas pruebas en sus alegatos de conclusión de primera instancia para sostener la conducta gravemente culposa del patrullero, de modo que, por lealtad procesal, no puede desconocerlas. Con base en ello, la Sala tiene en cuenta las declaraciones de los testigos y la indagatoria del proceso penal, porque sirvieron de fundamento a la sentencia parcialmente favorable a la parte actora. La providencia reitera el precedente de la Sala citado en la nota de relatoría de 18 de mayo de 2017, y no indica que modifique un criterio anterior.síntesis automática
También resuelve:
¿En qué eventos se configura la culpa grave en cabeza del servidor público?
¿El régimen aplicable a la responsabilidad del agente del Estado en el medio de control de repetición debe ser de carácter subjetivo?
¿El agente de la Policía incurrió en alguna infracción de tránsito que diera lugar al accidente?
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido?
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000232600020110042702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido? Sí
El incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial configura la ineptitud de la demanda y conduce al rechazo de plano de la misma. La regla se apoya en los artículos 35 y 36 de la Ley 640 de 2001, vigentes al presentarse la demanda, que exigen ese agotamiento como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y en que su extensión a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mantiene el mismo efecto. Por ello, la conciliación adelantada solo por la víctima directa no satisface el requisito para los demás demandantes, aun cuando actúen como litisconsortes facultativos. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la conciliación adelantada por uno de los demandantes no aprovecha a los demás, y la excepción de ineptitud sustantiva debe prosperar respecto de ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de…
¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas…
¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato
Sentencia — Sentencia
2024-12-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 41001233300020140021101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversia contractual derivada de un contrato para la administración de recursos del régimen subsidiado, que fue suscrito por una entidad territorial? Sí
El contratista puede acudir al medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos jurídicos de naturaleza contractual que no son actos administrativos, sino que se rigen por el derecho privado y la autonomía de la voluntad de las partes. En este caso, la entidad estatal suscribió un contrato de administración de recursos del régimen subsidiado con una EPS, y en el marco de este acuerdo, la entidad territorial liquidó unilateralmente el contrato mediante resoluciones que, a pesar de ser calificadas inicialmente como actos administrativos, fueron determinadas como actos jurídicos contractuales por la Sala. La competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para conocer controversias derivadas de contratos de administración de recursos del régimen subsidiado se establece en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Concursal, lo que permite que el medio de control de controversias contractuales sea procedente para examinar la responsabilidad contractual en lugar del juicio de legalidad. Esta decisión reitera y matiza la interpretación de la naturaleza de los actos jurídicos en contratos de administración de recursos del régimen subsidiado, permitiendo una mayor flexibilidad en la aplicación del derecho privado en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Los actos expedidos en el marco del contrato de administración de recursos y aseguramiento del régimen subsidiado, no son actos administrativos sino actos jurídicos contractuales?
¿Las resoluciones expedidas por el municipio de Neiva, por medio de las cuales liquidó unilateralmente el contrato de aseguramiento suscrito con Comfamiliar, son actos jurídicos contractuales?
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales para cuestionar los actos jurídicos de naturaleza contractual…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El laudo objeto del recurso extraordinario de revisión resolvió una controversia surgida
Sentencia — Sentencia
2022-09-19
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020220005900
LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Compete al Consejo de Estado conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC-, corporación sin ánimo de lucro, de naturaleza y participación mixta, descentralizada e indirecta por servicios, que cumple una función pública de acreditación? Sí
La Sección Tercera del Consejo de Estado ha determinado que el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), como entidad sin ánimo de lucro y descentralizada e indirecta por servicios, cumple una función pública de acreditación. Por lo tanto, el Consejo de Estado tiene competencia para conocer el recurso extraordinario de anulación contra el laudo arbitral en el que es parte el ONAC, en concordancia con el artículo 149.7 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de anulación de laudos arbitrales, es de carácter excepcional, restrictivo y extraordinario, que no constituye una instancia más dentro del correspondiente proceso…
¿Las decisiones adoptadas por un árbitro sin jurisdicción o competencia, se revelan como una contravención de normas imperativas y de orden público…
¿Resulta procedente la causal de anulación relativa a la falta de jurisdicción o competencia, considerando que, para dicha causal…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta
Sentencia Unificación — FALLO
2013-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 52001233100019960745901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Sí
El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:
¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?
Consejo de Estado
Providencia
La legitimación que ostentan las partes para formular o contradecir las pretensiones de una demanda, surge en virtud de una relación jurídica sustancial derivada de la participación en una circunstancia fáctica o en una situación jurídica que puede ser de índole contractual, legal o reglamentaria.
Sentencia — Sentencia
2022-11-21
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020130003401
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La legitimación en la causa por activa y por pasiva está determinada por el interés legítimo frente a un derecho discutido entre las partes que acuden como demandante y demandado, y la relación sustancial que nace de dicha controversia? Sí
El contratista y la entidad estatal están legitimados en la causa para intervenir en un proceso contractual cuando tienen un interés legítimo en el derecho discutido y una relación sustancial con la controversia, lo que implica que la legitimación en la causa por activa y por pasiva se determina en función de la relación jurídica sustancial derivada de la participación en la circunstancia fáctica o situación jurídica que origina la disputa. En el caso concreto, la entidad estatal que celebró el contrato y que incumplió sus obligaciones es la única legitimada en la causa por pasiva, mientras que la otra parte que reclama el incumplimiento tiene legitimación en la causa por activa, ya que ambos tienen un interés legítimo en la controversia contractual y están vinculados funcional o materialmente a los hechos que dan origen a la reclamación. Esta decisión reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre la legitimación en la causa en controversias contractuales, estableciendo que la relación contractual es el fundamento esencial para determinar la legitimación de las partes en el proceso.síntesis automática
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SIN DECISION