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Consejo de Estado
Providencia
Durante la audiencia inicial se decidió sobre los aspectos planteados en la solicitud de adición
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-09-11
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020180047901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Durante la audiencia inicial se decidió sobre los aspectos planteados en la solicitud de adición y no comportó afectación alguna para la parte recurrente? Sí
El artículo 180 del CPACA prescribe que el auto que fija fecha y hora para la audiencia no será susceptible de recursos, por ende, no hubiere podido ser recurrido por la [aseguradora];… si bien el artículo 302 del CGP establece que cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una vez resuelta la solicitud, no es menos cierto que durante la audiencia inicial se decidió sobre los aspectos planteados en la solicitud de adición y no comportó afectación alguna para la parte recurrente, máxime cuando la petición no fue elevada por ella, y si se toma en consideración que, al ser resuelta en la diligencia, pudo ser conocida y controvertida por medio de los recursos legales ordinarios.
También resuelve:
¿Se niega el decreto de los testimonios y la exhibición de documentos por parte de la entidad demandante?
¿Los testimonios solicitados por la aseguradora son impertinentes?
¿Las causales que dan lugar a declarar la nulidad se rigen por los principios de taxatividad y/o especificidad?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida
Sentencia — Sentencia
2023-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 41001233100020050156801
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en razón a la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 132 y numeral 1 del artículo 129 del C.C.A., toda vez que el monto de la mayor de las pretensiones indemnizatorias ascendió a $330.089.063.44 por concepto del valor del suministro de material de Terraplén para los Ítems de obra No. 3, 18 y 19, suma que excede la cuantía establecida para que un proceso de controversias contractuales fuera de doble instancia a la fecha de la presentación de la demanda .
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales fue interpuesta dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que dieron lugar a la reclamación?
¿El incumplimiento contractual de la entidad demandada da lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato?
¿La ausencia de reclamaciones en las adiciones, prórrogas o suspensiones del contrato, es impedimento para analizar los argumentos del demandante y para denegar las pretensiones?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación
Sentencia — Sentencia
2025-10-17
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 52001233300020180000801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede una entidad estatal negarse válidamente a realizar desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estos están sujetos al cumplimiento de condiciones suspensivas no acreditadas dentro del plazo de ejecución contractual? Sí
El contratista no puede exigir válidamente el cumplimiento de desembolsos pactados en un convenio de asociación cuando estas obligaciones están sujetas a condiciones suspensivas no cumplidas dentro del plazo de ejecución contractual, según establece la Sala. La entidad estatal puede negarse a realizar estos desembolsos si las condiciones suspensivas no se han acreditado, ya que la exigibilidad de dichas obligaciones depende de la ocurrencia de dichos eventos futuros. La Sala reitera que la realización de los desembolsos debe cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en el convenio, y que la falta de cumplimiento de estas condiciones dentro del plazo contractual impide que la obligación se haga exigible. Esto implica que la entidad estatal no incumple el convenio al no efectuar los desembolsos cuando las condiciones no se han cumplido, y que la Sala revoca la decisión de declarar probada la excepción de contrato no cumplido en favor del contratista.síntesis automática
También resuelve:
¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural incumplió el convenio de asociación al no efectuar el segundo y tercer desembolsos pactados…
¿Vulnera el principio de congruencia y el debido proceso que el juez declare probada una excepción no propuesta expresamente por la parte demandada, si está debidamente acreditada en el expediente?
¿Puede declararse la responsabilidad contractual del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) por el supuesto incumplimiento de su obligación de liquidar bilateralmente un convenio…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido?
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000232600020110042702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido? Sí
El incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial configura la ineptitud de la demanda y conduce al rechazo de plano de la misma. La regla se apoya en los artículos 35 y 36 de la Ley 640 de 2001, vigentes al presentarse la demanda, que exigen ese agotamiento como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y en que su extensión a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mantiene el mismo efecto. Por ello, la conciliación adelantada solo por la víctima directa no satisface el requisito para los demás demandantes, aun cuando actúen como litisconsortes facultativos. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la conciliación adelantada por uno de los demandantes no aprovecha a los demás, y la excepción de ineptitud sustantiva debe prosperar respecto de ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de…
¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas…
¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Y se habrá causado un daño especial a la persona preventivamente privada de su libertad y posteriormente absuelta
Sentencia Unificación — FALLO
2013-10-17
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 52001233100019960745901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿En casos de privación injusta de la libertad donde la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio del in dubio pro reo es aplicable el título de imputación del daño especial? Sí
El contratista puede obtener prosperidad en una acción de reparación directa por privación injusta de la libertad, incluso cuando la víctima fue absuelta en el proceso penal por aplicación del principio in dubio pro reo, ya que la responsabilidad del Estado se basa en el daño especial causado a la persona privada de libertad, independientemente de la regularidad del procedimiento penal. La Sala establece que la imputación del daño especial es aplicable en estos casos, reconociendo que la privación de libertad, aunque excepcional y en beneficio de la colectividad, afecta de manera perjudicial a la víctima individual. La corporación reitera la jurisprudencia existente sobre la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad por privación injusta de la libertad, lo que implica que los jueces administrativos deben examinar las eximentes de responsabilidad en cada caso concreto.síntesis automática
También resuelve:
¿Se cumplen los requisitos para admitir la prueba trasladada del proceso penal contra el demandante?
¿Los documentos aportados en copia simple tienen mérito probatorio en el proceso contencioso administrativo?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia funcional para conocer en segunda instancia en casos de responsabilidad por daños causados por la administración de justicia?
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: la norma no distinguió el tipo de controversia
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-05-14
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020170238601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿En la liquidación unilateral es la Administración quien adquiere la competencia para precisar el balance final de las obligaciones contractuales que faciliten la extinción del vínculo? Sí
El criterio adoptado en el fallo objeto de aclaración, que condiciona la incidencia del término de liquidación de los contratos en la contabilización de los dos años previstos en la premisa general del artículo 164, numeral 2, literal j del [CPACA], a que el “conflicto se relacione directamente con los temas que deben ser definidos en tal etapa, no así respecto de aquellos que han quedado precisados desde mucho antes”, no se condice con la exigencia de estricta legalidad, interpretación restrictiva y pro actione… porque, sencillamente, no hay norma jurídica que establezca cuáles conflictos tienen esa relación directa o cuáles no admiten, bajo ningún punto de vista, su variación posterior total o parcial.
También resuelve:
¿En los contratos regidos por el derecho privado el deber de liquidar ha de constar en una estipulación que gobierne el acuerdo?
¿En ningún aparte de la ley procesal se impone a las partes aguardar el inicio de su reclamación hasta la etapa de liquidación?