⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
No prospera este cargo de la apelación, formulado por la Fiscalía General de la Nación
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-11-25
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600019990115504
ACCION CONTRACTUAL
¿El ánimo de poseer del inmueble de buena fe cesaba con la notificación a la demandada del libelo en el que se solicitó la resolución de la compraventa? Sí
El contratista de buena fe pierde su ánimo de poseer el inmueble con la notificación a la entidad estatal del libelo que solicita la resolución del contrato de compraventa, según establece la Sala. Esta regla se fundamenta en que únicamente las mejoras realizadas antes de dicha notificación son reconocidas, conforme a la fecha límite de la buena fe del poseedor. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, lo que implica que en casos futuros, el cálculo de mejoras y el reconocimiento de la posesión de buena fe se ajustarán a esta nueva interpretación, afectando directamente la valoración de los derechos del contratista en relación con el bien inmueble.síntesis automática
También resuelve:
¿El valor histórico de la condena en abstracto no podía ser uno indexado ya, pues ello infringe la sentencia de condena y la norma aplicable?
¿La compensación de los totales aquí indicados arroja un saldo a cargo de la Fiscalía General de la Nación y a favor de la sociedad demandada?
¿La posesión de buena fe deja de existir si el poseedor alega en juicio la resolución de la compraventa bajo la cual comenzó a poseer?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-04-24
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 25000232600020100006601
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿La preclusión en aplicación del principio in dubio pro reo supone una privación injusta de la libertad? No
El contratista no puede obtener reparación por privación injusta de la libertad cuando la preclusión de la investigación se basa en el principio in dubio pro reo, ya que esta medida no implica una actuación arbitraria de la Fiscalía General de la Nación ni una privación injusta de la libertad. En el caso analizado, la Sala confirmó que la preclusión de la investigación por lavado de activos no implicaba una privación injusta de la libertad, ya que la medida de aseguramiento se había adoptado en cumplimiento de los requisitos legales y con base en indicios graves de responsabilidad. La Fiscalía aplicó el principio in dubio pro reo debido a dudas sobre la participación delictiva del contratista, lo que no constituía una actuación arbitraria ni una privación injusta de la libertad. Como resultado, la Sala reiteró que la responsabilidad patrimonial del Estado no se configura en estos casos, a menos que se demuestre claramente que la privación de la libertad fue injusta y arbitraria.síntesis automática
También resuelve:
¿Resultaba razonable inferir que la ahora demandante había participado en la comisión del delito de lavado de activos?
¿Para la Fiscalía se tornaba en dudosa la participación de la demandante en el delito de lavado de activos?
¿Corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue legal, razonable, proporcionada y necesaria?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se confirmará la sentencia de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2024-09-27
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020200034201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio?
¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos?
¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia
Sentencia — Sentencia
2025-02-21
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000232600020070050301
ACCION CONTRACTUAL
¿El fuero de atracción constituye un fenómeno procesal a partir del factor de conexión de la competencia, el criterio de especialidad y los principios de economía, eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y el acceso efectivo a la administración de justicia, en la medida que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado, en los casos en que estas son demandadas de forma concomitante con sujetos de derecho público? Sí
El fuero de atracción es un fenómeno procesal que extiende la jurisdicción del juez administrativo a personas de derecho privado cuando son demandadas junto con sujetos de derecho público, siempre y cuando exista una conexión de competencia basada en la misma fuente y naturaleza del daño, y una probabilidad fundada de condena. Este criterio se aplica excepcionalmente para garantizar la economía, eficiencia y seguridad jurídica, y no altera las reglas de responsabilidad aplicables a los particulares, que siguen siendo las del derecho privado. En el caso concreto, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se pronunció sobre la responsabilidad de una sociedad privada y una persona natural, junto a la Beneficencia de Cundinamarca, por el incumplimiento de un contrato de arrendamiento que causó la pérdida de mejoras en el inmueble, debido a la conexión de hechos y daños involucrados. Esta jurisprudencia reitera y matiza la aplicación del fuero de atracción, permitiendo su uso en casos de concausalidad y litisconsorcio necesario, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.síntesis automática
También resuelve:
¿En virtud de la competencia por conexidad y el fuero de atracción, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad de la sociedad privada…
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa interpuesta para demandar el incumplimiento de un contrato de arrendamiento…
¿Cuenta con legitimación en la causa por activa el gerente de la sociedad demandante, al suscribir el contrato de arrendamiento motivo de controversias en su doble condición de persona natural y…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020170020701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:
¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?
¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…
¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde a la entidad estatal demandante acreditar plenamente el incumplimiento contractual y las circunstancias constitutivas de gravámenes sobre predios.
Sentencia — Sentencia
2026-05-22
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 70001233300020200001701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cumplió la carga probatoria sobre la existencia de la obligación relativa a predios libres de gravámenes y autorizados? No
La entidad estatal demandante asume la carga probatoria de demostrar los hechos en que funda sus pretensiones de incumplimiento contractual, conforme al artículo 1757 del Código Civil y el artículo 167 del Código General del Proceso. La corporación judicial revoca parcialmente la sentencia de primera instancia al concluir que la ejecución de obras en un predio afectado por medidas cautelares o la sustitución de inmuebles sin autorización previa no constituyen por sí mismas un incumplimiento contractual imputable al contratista, toda vez que la administración no acreditó el daño ni la exigencia contractual infringida. Asimismo, la sala absuelve a la compañía aseguradora y declara que no hay lugar a condena en costas en esta instancia procesal.síntesis automática
También resuelve:
¿El cambio de uno de los predios sin aviso al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y sin acreditación de titularidad…
¿Justifica la confesión ficta, la declaratoria de incumplimiento del convenio por ejecución inadecuada de rubros y omisiones contractuales de Fensuagro como el cambio de predio sin reporte…
¿Procede la acumulación de la cláusula penal indemnizatoria con la restitución de las sumas entregadas en virtud del convenio?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por la ocupación de los predios denominados “La Argentina”
Sentencia — Sentencia
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 25000233600020190046001
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por la ocupación de los predios denominados “La Argentina”, en razón al ejercicio provisional de la servidumbre de hidrocarburos autorizado por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Monterrey en el marco del proceso establecido en la Ley 1274 de 2009? Sí
El contratista debe presentar la demanda de reparación directa dentro del plazo de dos años a partir de la ocurrencia del hecho dañoso o de cuando el demandante lo conoció, siempre que demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia. En este caso, la entidad estatal autorizó el desistimiento del proceso de servidumbre de hidrocarburos el 22 de septiembre de 2016, lo que consolidó el daño para la demandante al revelar que no recibiría la indemnización prevista. La demanda fue presentada el 21 de junio de 2019, después de la suspensión del término de caducidad por la solicitud de conciliación prejudicial, por lo que se considera oportuna. Sin embargo, para el daño derivado de la resolución del contrato de promesa de compraventa, el plazo venció el 14 de julio de 2018, antes de la presentación de la demanda, por lo que no se considera oportuna. Este fallo modifica la interpretación previa sobre la caducidad del medio de control de reparación directa, permitiendo que las demandas sean presentadas dentro del plazo legal ajustado a las particularidades del caso.síntesis automática
También resuelve:
¿Se presentó de manera oportuna la demanda incoada por el daño que generó la práctica y permanencia de la medida cautelar de inscripción de la demanda que llevó a la resolución del contrato de…
¿Para la constitución de la servidumbre de hidrocarburos se requiere, además del mandato legal, un instrumento que la concrete, esto es, el convenio con el afectado o una orden judicial…
¿En virtud de lo dispuesto en la Ley 1274 de 2009, resulta procedente indemnizar de manera anticipada los perjuicios que cause la constitución de la servidumbre de hidrocarburos…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección
Sentencia — Sentencia
2023-06-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 05001233300020130029501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elaboración de estudios previos es una obligación legal en todos los procesos de selección de los contratos sometidos al régimen jurídico del Estatuto General de Contratación y omitir la realización de estos vicia de nulidad el negocio jurídico? Sí
La elaboración de los estudios previos es una obligación legal de ineludible cumplimiento en todos los procesos de selección, incluida la contratación directa, y su omisión sustenta la nulidad absoluta del negocio jurídico. La regla se apoya en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que imponen esos estudios como condición previa a la celebración de los contratos estatales, y en que la necesidad y la conveniencia de enajenar el bien deben quedar determinadas en ellos. Además, la identificación errónea de la norma violada no altera la causa de la pretensión, de modo que el análisis no vulnera el debido proceso ni el principio de congruencia. En el asunto, la pretensión de nulidad absoluta del contrato de aporte y venta de un predio se fundó en la ausencia de esos estudios, y la Sala modificó la sentencia apelada. En la práctica, la entidad que contrata sin estudios previos expone el negocio a la nulidad absoluta, aun si la parte demandante invoca mal la norma aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿El Juez en segunda instancia está facultado para referirse a los aspectos que sean objeto del recurso de apelación?
¿Para la celebración del contrato de enajenación de bien inmueble, el Alcalde necesitaba la autorización expresa del Concejo Municipal?
¿Era obligatorio que previo a la celebración del contrato se agotara el procedimiento de selección abreviada?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido?
Sentencia — Sentencia
2025-08-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 25000232600020110042702
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Debe declararse probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, por indebido agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial, cuando dicho trámite solo fue adelantado por la víctima directa, sin que los demás demandantes, en calidad de litisconsortes facultativos, lo hubieran cumplido? Sí
El incumplimiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial configura la ineptitud de la demanda y conduce al rechazo de plano de la misma. La regla se apoya en los artículos 35 y 36 de la Ley 640 de 2001, vigentes al presentarse la demanda, que exigen ese agotamiento como condición previa para acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, y en que su extensión a las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, introducida por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, mantiene el mismo efecto. Por ello, la conciliación adelantada solo por la víctima directa no satisface el requisito para los demás demandantes, aun cuando actúen como litisconsortes facultativos. El documento no indica que reitere, unifique o matice un precedente. Como consecuencia práctica, la conciliación adelantada por uno de los demandantes no aprovecha a los demás, y la excepción de ineptitud sustantiva debe prosperar respecto de ellos.síntesis automática
También resuelve:
¿Transmilenio S.A. tiene legitimación en la causa por pasiva frente a las demandas de reparación directa originadas por accidentes de tránsito de buses concesionados del Sistema Integrado de…
¿Resulta procedente valorar las pruebas trasladadas del proceso penal cuando, pese a la oposición inicial de una de las demandadas…
¿Configuró un daño antijurídico las secuelas físicas y funcionales sufridas por la víctima, aun cuando no existe certeza sobre el carácter permanente de su limitación?
MODIFICA