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Consejo de Estado Providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia Unificación

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Fecha
2023-07-27
Radicado
05001233100019990215101
Número interno
39121
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
CONVEL S.A.S.
Demandado
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Síntesis de la providencia

Acción de controversias contractuales: Sentencia Unificación

Relevancia Unifica la jurisprudencia.

Lo que dijo la Sala

Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

En los contratos estatales, el juez debe estudiar las pretensiones relativas a la ejecución aunque la parte no haya formulado reclamación específica ni salvedad al suscribir suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o contratos adicionales. La regla se sostiene en dos razones. Primera, el alcance de estos acuerdos debe interpretarse en cada caso, pues su firma no implica necesariamente la renuncia a reclamar. Segunda, el deber del juez consiste en desentrañar la verdadera intención de las partes frente a esos acuerdos, con el fin de determinar si la reclamación está vigente. En el caso, la providencia niega la pretensión de la parte que alegaba que su silencio al firmar los acuerdos impedía el estudio de sus reclamaciones. En la práctica, la firma de prórrogas o adicionales sin salvedad no cierra automáticamente la discusión de los perjuicios de la ejecución, y el juez examinará si las partes quisieron renunciar a ellos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos, es deber del juez estudiar las pretensiones, desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos?

Respuesta: Si

También resuelve

  • ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas?
  • ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se legan los perjuicios originados en una…
  • ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

NIEGA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBERES DEL JUEZ DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ADICIÓN AL CONTRATO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO PRÓRROGA DEL CONTRATO INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO NORMATIVA DEL CONTRATO BUENA FE CONTRACTUAL CONDICIONES DEL CONTRATO ACUERDO DE VOLUNTADES PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RECURSO DE APELACIÓN APELANTE ÚNICO LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DOCUMENTO PÚBLICO AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO DOCUMENTO PRIVADO AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO SISTEMA DE SANA CRÍTICA DICTAMEN PERICIAL ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL CONTRATO ESTATAL REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL CRITERIO PARA PROFERIR LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN FINALIDAD DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL CONTROL JUDICIAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA CONCEPTO DE BUENA FE OBLIGACIÓN CONTRACTUAL VALORACIÓN DE LA PRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EXTINCIÓN DEL CONTRATO SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PRÓRROGA DEL PLAZO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL COBRO DEL INTERÉS MORATORIO CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO PRUEBA DEL INTERÉS MORATORIO MEDIOS DE PRUEBA PRUEBA PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA REVOCATORIA DE LA SENTENCIA

Guías del tema

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Adición y prórroga del contrato Suspensión del contrato Prestaciones ejecutadas sin contrato

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Titulación de la relatoría 38.344 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / DEBERES DEL JUEZ / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ADICIÓN AL CONTRATO / SUSPENSIÓN DEL CONTRATO / PRÓRROGA DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / NORMATIVA DEL CONTRATO / BUENA FE CONTRACTUAL / CONDICIONES DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL Problema jurídico: ¿Aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos, es deber del juez estudiar las pretensiones, desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos? Respuesta al problema jurídico: Si Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado. COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La jurisdicción Contencioso Administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 CPC, el valor de la pretensión mayor supera la suma prevista en el artículo 132.5 CCA. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 82, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 20 NUMERAL 2, LEY 1107 DE 2006 - ARTÍCULO 1 PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se legan los perjuicios originados en una relación contractual? Respuesta al problema jurídico: Si La acción de controversias contractuales es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se alegan los perjuicios originados de una relación contractual (art. 90 CN y 87 CCA). FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Problema jurídico: ¿Se configuró la caducidad de la acción de controversias contractuales? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 136.10.c CCA dispone que la demanda se puede intentar en los contratos que requieran liquidación y esta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos años contados desde la firma del acta. La demanda se interpuso en tiempo –23 de junio de 1999– pues el 28 de enero de 1999 las partes suscribieron el acta bilateral de liquidación del contrato de obra (…), que requería de liquidación de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 al ser de tracto sucesivo. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 RECURSO DE APELACIÓN / APELANTE ÚNICO / LÍMITES DE LA COMPETENCIA FUNCIONAL DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA Problema jurídico: ¿El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante único? Respuesta al problema jurídico: Si Como la sentencia fue recurrida por la demandada, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 CPC, esto es, respecto a los costos por mayor permanencia en obra y los intereses moratorios ocasionados por el pago tardío de las actas n.° 6 y 7 de obras complementarias y del reajuste n.° 6, que corresponden a los asuntos por los cuales fue condenada. Como el superior no puede reformar en perjuicio del apelante único [non reformatio in peius], la Sala solo se referirá a estos asuntos, sin pronunciarse sobre la reclamación por horario extendido ni al pago extemporáneo de las actas el reajuste definitivo n.° 1 al 5 y los ajustes al IVA, negadas en primera instancia. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 357 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio las copias simples? Respuesta al problema jurídico: Si Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO / DOCUMENTO PRIVADO / AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PRIVADO / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / SISTEMA DE SANA CRÍTICA Problema jurídico: ¿El documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención y se presume auténtico, el mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica? Respuesta al problema jurídico: Si Según el artículo 251 CPC, los documentos son públicos o privados. El documento es público si es otorgado por funcionario en ejercicio de su cargo o con su intervención y es privado si no reúne los requisitos para ser público. El documento público se presume auténtico y el documento privado es auténtico en los casos previstos en el artículo 252 CPC. El mérito probatorio de los documentos lo asigna el juez (arts. 264, 277 y 279 CPC), luego de la apreciación de las pruebas en su conjunto, según las reglas de la sana crítica (art 187 CPC). FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 187, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 251, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 252, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 264, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 277, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 279 DICTAMEN PERICIAL / ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / IMPROCEDENCIA DE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE EN EL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / SISTEMA DE SANA CRÍTICA Problema jurídico: ¿El error grave del dictamen pericial se presenta cuando se cambian las cualidades propias del objeto examinado o se toma por objeto de observación una cosa fundamentalmente distinta a la que es materia del dictamen? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 238.4 CPC establece que las partes podrán objetar el dictamen por error grave, siempre que este haya sido determinante para las conclusiones de los peritos. El error grave se presenta cuando se cambian las cualidades propias del objeto examinado o se toma por objeto de observación una cosa fundamentalmente distinta a la que es materia del dictamen, pues al apreciarse equivocadamente el objeto, necesariamente las conclusiones son erróneas. El perito concluyó que se ocasionaron sobrecostos por trabajo en horario extendido con fundamento en los registros del contratista, e intereses moratorios por el pago tardío de actas de obra ejecutada. Sostuvo que los costos por mayor permanencia en obra fueron “compensados” por unos cobros adicionales reconocidos al contratista. El SENA sostuvo que el perito hizo una apreciación equivocada, pues (i) no se debía reconocer suma alguna por horario extendido de los empleados del contratista, dado que había pagado las obras extra y se había adicionado el valor del contrato; y (ii) no procedía el reconocimiento de intereses moratorios, porque en las actas no se consignó la fecha de su elaboración ni la de la ejecución de las obras. Las razones aducidas por el SENA como objeciones no se refieren a errores en la representación del objeto de la peritación, sino a aspectos que los peritos presuntamente no tuvieron en cuenta al momento de elaborar el dictamen pericial, circunstancia que no implica la configuración del error grave. (…) [L]os argumentos esgrimidos por el demandado no evidencian un error de esa naturaleza, no prospera la objeción formulada por el SENA. La prueba se analizará, pues, de acuerdo con los parámetros de la sana crítica. NOTA DE RELATORÍA: Con relación a la objeción por error grave del dictamen pericial, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 17 de mayo de 2007, rad. 05001-23-31-000-2000-03341-01AG, C. P. Ruth Stella Correa Palacio. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238 NUMERAL 4 CONTRATO ESTATAL / REGULACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL OBITER DICTUM [E]l contrato estatal se rige por las disposiciones comerciales y civiles, salvo lo previsto por las normas de orden público previstas en la Ley 80 y sus modificaciones (arts. 5.1 Ley 57 de 1887 y 3° de la Ley 153 de 1887). NOTA DE RELATORÍA: Con relación a las disposiciones por las cuales se rige el contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de febrero de 2020, rad. 31628, C. P. Guillermo Sánchez Luque. FUENTE FORMAL: LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 3, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / SALVEDADES EN EL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / OBJETO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el estado de ejecución de las obligaciones, la liquidación puede ser bilateral, unilateral y judicial? Respuesta al problema jurídico: Si La liquidación de los contratos celebrados por la Administración Pública es el acto jurídico por el cual se determina el estado de ejecución de las obligaciones. Deben liquidarse los contratos de ejecución sucesiva, es decir aquellos en que el objeto debe ejecutarse en actos escalonados y no solo en un acto único, y en los demás que lo requiera (art. 60 Ley 80 de1993 subrogado art. 217 Decreto Ley 19 de 2012). La liquidación puede ser: (i) de mutuo acuerdo entre las partes (bilateral), (ii) unilateral, es decir por la Administración directamente y (iii) judicial. La liquidación de mutuo acuerdo (arts. 32 y 40 Ley 80 de 1993), constituye un negocio jurídico. Un acuerdo negocial entre personas capaces de disponer, regido por las reglas sobre el consentimiento libre de vicios –error, fuerza y dolo– (arts. 1502, 1508 a 1516 CC). Si no se dejan “salvedades” –concretas y específicas–, las reclamaciones respecto de las prestaciones pendientes de ejecutar no podrán ser reconocidas por el juez del contrato, dado que ello desconocería el contenido del negocio jurídico (arts. 1602 y 1603 CC). Dicho negocio es susceptible de control judicial, por virtud de salvedades en ella contenidas, por los vicios del consentimiento o por eventos sobrevinientes a su perfeccionamiento. Ante el fracaso de la liquidación bilateral o voluntaria, la Administración tiene con la prerrogativa de adoptar unilateralmente un ajuste de cuentas definitivo, sujeto a los recursos legales y al control judicial, que, en el marco razonable del poder dispositivo conferido, refleje los débitos y créditos a favor de la entidad y el contratista. En la ausencia de las dos anteriores modalidades –ya sea por inexistencia total o parcial o por la pérdida de sus efectos vinculantes por causal de nulidad– corresponde al juez proceder a liquidar el contrato. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la liquidación de los contratos celebrados con la administración pública, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de junio de 2010, rad. 18971, C. P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 9 de agosto de 1984, rad. 3215, C. P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia de 16 de octubre de 1980, rad. 1960, C. P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 4 de junio de 2008, rad. 16293, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 31 de agosto de 2006, rad. 14287, C. P. Mauricio Fajardo Gómez. FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 19 DE 2012 - ARTÍCULO 217, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1502, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1508-1516, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 40, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 60 CRITERIO PARA PROFERIR LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / FINALIDAD DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE PRÓRROGA DEL CONTRATO ESTATAL / AUSENCIA DE SALVEDADES EN EL ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / DEBERES DEL JUEZ / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DE INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIONES DEL CONTRATO ESTATAL / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / CONTROL JUDICIAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN / RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿En la Sección Tercera, hay criterios jurisprudenciales diferentes con relación a los efectos de la ausencia de salvedades cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes? Respuesta al problema jurídico: Si [H]ay dos criterios jurisprudenciales respecto de los efectos que produce la ausencia de “salvedades” cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes. Como una de esas posturas adoptadas ha sido revisar, siempre, si se dejaron “salvedades”, con independencia de si tal circunstancia fue motivo de excepción o apelación, la Sala estudiará este punto con el fin de unificar jurisprudencia, en tanto es necesario para estudiar el caso. (…) Según un primer criterio de la Sección Tercera, guardar silencio respecto de reclamaciones económicas al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales, cuyo propósito precisamente fuera el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, impedía la prosperidad de las reclamaciones por hechos anteriores a dichos acuerdos en sede judicial. En estas decisiones se estudió la intención de las partes al celebrar esos acuerdos y las pruebas de las reclamaciones hechas por el demandante para determinar la prosperidad de las pretensiones. La Sala concluyó que esos acuerdos regularon los asuntos objeto de litigio y que no era posible reclamar posteriormente lo ya regulado. La aplicación de este criterio jurisprudencial corresponde a una interpretación posible del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 y de la buena fe objetiva, que, no obstante, será revisada y replanteada. (…) En contraposición, en recientes pronunciamientos, la Subsección A y la Subsección C han sostenido que cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución del contrato, la ausencia de salvedades no implica una decisión desestimatoria de las pretensiones ni constituye un “requisito” para el reconocimiento de pretensiones. Según esta postura, se debe analizar el acuerdo de las partes y su alcance para definir la controversia. NOTA DE RELATORÍA: Con relación a los efectos de la ausencia de salvedades en las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual u otrosíes, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de noviembre de 2001, rad. 13356, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 14 de septiembre de 2022, rad. 67712, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 10 de septiembre de 2014, rad. 27648, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 20 de octubre de 2014, rad. 24809, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 28 de mayo de 2015, rad. 35625, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 1 de julio de 2015, rad. 37613, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 29 de julio de 2015, rad. 37170, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 9 de julio de 2021, rad. 61234, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 18 de noviembre de 2021, rad. 48815, C. P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia de 26 de enero de 2022, rad. 64897, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 10 de junio de 2022, rad. 61168, C. P. Alberto Montaña Plata; sentencia de 26 de noviembre de 2015, rad. 54563, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 25 de febrero de 2016, rad. 41901, C. P. Olga Mélida Valle de De La Hoz; sentencia de 24 de abril de 2017, rad. 55836, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 23 de octubre de 2017, rad. 55855, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 29 de enero de 2018, rad. 52666, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 8 de mayo de 2020, rad. 64701, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 13 de agosto de 2020, rad. 51833, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 23 de octubre de 2020, rad. 45190, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 20 de noviembre de 2020, rad. 38097, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 5 de febrero de 2021, rad. 46726, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 19 de febrero de 2021, rad. 65277, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. 43055, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 4 de septiembre de 2021, rad. 54004, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 52577, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 22 de noviembre de 2021, rad. 52430, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 4 de febrero de 2022, rad. 45762, C. P. María Adriana Marín; sentencia de 5 de mayo de 2020, rad. 42962, C. P. Marín Bermúdez Muñoz. FUENTE FORMAL: LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 4, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 27, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 3, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 8, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 4 NUMERAL 9, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3 BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / CONCEPTO DE BUENA FE / ACUERDO DE VOLUNTADES / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / DEBERES DEL JUEZ / DEBER DE ESTUDIAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / ANÁLISIS DE FONDO DE LA INFORMACIÓN / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / EXTINCIÓN DEL CONTRATO / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿La buena fe en la ejecución del contrato, impone al juez estudiar cuál fue el comportamiento de las partes, sus obligaciones y definir responsabilidades contractuales con ocasión a su ejecución y a la normatividad que los rige, resolver de fondo la controversia? Respuesta al problema jurídico: Si Los contratos estatales deben celebrarse y ejecutarse de buena fe. De manera que obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella (arts. 1603 CC y 871 C.Co). (…) La buena fe, en la ejecución del contrato, se ha entendido como objetiva, es decir que no parte de la “creencia” del sujeto de actuar ajustado a la ley, sino en respetar el pacto, cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución. Esta regla de conducta impone al juez estudiar cuál fue el comportamiento de las partes frente a la ejecución de sus obligaciones, desentrañar, según el tipo de contrato, qué corresponde a cada una de acuerdo con la naturaleza de la obligación y definir, con base en esos comportamientos, cuál es la responsabilidad con ocasión de la ejecución del contrato. La buena fe, entonces, no habilita la (sic) juez para, vía jurisprudencia, crear “requisitos para la prosperidad de las pretensiones” o, a la manera de presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito, implantar exigencias generales y abstractas, no establecidas en la ley (art 17 CC), que impidan estudiar el fondo de los conflictos sobre la ejecución del contrato -como lo son las “salvedades” en los acuerdos modificatorios–. El juez debe tener en cuenta lo expresado por las partes, valorar las pruebas e indagar el alcance de las modificaciones pactadas para determinar así, las responsabilidades que a cada una de ellas les atañen. Si no se resuelve de fondo la controversia, so pretexto de un silencio indeterminado derivado de la firma de acuerdos posteriores, se olvidaría que el deber fundamental del juez del contrato es desentrañar la intención de las partes y estudiar de fondo las pretensiones. El silencio no puede ser interpretado por el juez del contrato como una declaración dispositiva. (…) Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes (pacta sunt servanda). Su fuerza obligatoria impone, pues, que las prestaciones acordadas deban ejecutarse en forma íntegra, efectiva y oportuna. En consecuencia, por regla general, sólo se extingue por el mutuo disenso de las partes (arts. 1602 y 1625 CC), por la declaración judicial de resolución o de terminación, cuando se acredita el incumplimiento de las obligaciones por uno de los contratantes (arts. 1546 y 1625.9 CC y 870 C. Co) o por la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa (arts. 1625.8 y 1740 CC). NOTA DE RELATORÍA: Sobre el deber del juez de analizar el contrato y los acuerdos posteriores para determinar si la ejecución del objeto se ajustó a lo pactado y la intención de las partes, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 2020, rad. 1100131-03-019-2011-00361-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 7 de febrero de 2008, rad. 2001-0691501; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 14 de febrero de 2000, rad. 5577; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1 de agosto de 2002, rad. 6907; Consejo de Estado, sentencia de 5 de mayo de 2020, rad. 42962, C. P. Martín Bermúdez Muñoz; sentencia de 20 de noviembre de 2020, rad. 38097, C. P. Guillermo Sánchez Luque; sentencia de 23 de octubre de 2020, rad. 45190, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 24 de septiembre de 2021, rad. 54004, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 5 de febrero de 2021, rad. 46726, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 7 de mayo de 2021, rad. 43055, C. P. María Adriana Marín. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 870, DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 871, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1546, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1603, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 8, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1625 NUMERAL 9, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1740 MAYOR PERMANENCIA EN LA OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / PRÓRROGA DEL PLAZO / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿El contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal, los costos administrativos y en general los que se produzcan, por la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables? Respuesta al problema jurídico: Si La mayor permanencia en obra, ya sea por el incumplimiento del contrato o por un desequilibrio económico, corresponde a los costos que se ocasionan por la prolongación en el tiempo de la ejecución del contrato –aun cuando no implique, necesariamente, mayores cantidades de obra y obras adicionales– que deben ser reconocidos por la entidad, porque tienen su origen en circunstancias no imputables al contratista . En efecto, la ampliación del plazo puede aumentar los valores de la estructura de costos –administrativos, de personal y equipos– prevista inicialmente por el contratista . Por ello, el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo, los costos de personal y los costos administrativos – y en general los que se produzcan– por la mayor permanencia en obra, siempre que estén debidamente demostrados y no sean causados por hechos que le sean imputables. También hay lugar a reconocer los mayores costos cuando la mayor permanencia en obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada. En este caso, será necesario cuantificar el valor de la obra adicional. En todo caso, deberán acreditarse los sobrecostos reales en que incurrió, porque no es dable suponerlos. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la mayor permanencia en la obra, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2011, rad. 18080, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 20 de noviembre de 2008, rad. 17031, C. P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de enero de 2004, rad. 10779, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FORMALIDADES DEL CONTRATO ADICIONAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / INTENCIÓN DE LAS PARTES DEL CONTRATO / DEBERES DEL JUEZ / INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / PRINCIPIO DE PACTA SUNT SERVANDA / ADICIÓN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Se deben reconocer los costos por mayor permanencia en obra cuando las partes de común acuerdo negocian tanto la ampliación del plazo como el precio del contrato? Respuesta al problema jurídico: No En los contratos sometidos a la Ley 80 de 1993, no obstante, la exigencia de la formalidad del escrito, esos tratos preliminares resultan de suma importancia para desentrañar el alcance del contrato o de los acuerdos que, durante su ejecución, suscriben las partes. No implica ello en modo alguno admitir, dada la formalidad sustancial exigida por la ley, la posibilidad de que las partes modifiquen con su conducta el contrato. Se trata de reconocer que las negociaciones de las partes, durante la etapa de formación del negocio jurídico o los contratos adicionales, modificatorios y otrosíes, permiten determinar la intención de las partes y, por ende, constituyen un criterio esencial para la labor de interpretación por el juez del contrato (arts. 23 y 28 de la Ley 80). Las pruebas allegadas al proceso permiten concluir que los costos ocasionados por la ampliación del plazo, consignada en la modificación del contrato n.° 00007 del 4 de diciembre de 1997, fueron objeto de negociación preliminar. En efecto, el contratista propuso que se debía prorrogar el contrato “o” se debían reconocer una remuneración adicional para lograr ejecutar el contrato en el periodo establecido originalmente. La entidad aceptó la oferta de ampliación del plazo contractual, y descartó pactar sobrecosto alguno por ese concepto, dada la propuesta del contratista. La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), reflejada en los tratos preliminares y en el acuerdo suscrito el el (sic) 4 de diciembre de 1997, pues, permite concluir que los contratantes modificaron únicamente el plazo del contrato y consideraron que no era necesaria una remuneración. (…) El juez del contrato debe respetar lo pactado en las modificaciones al contrato, pues es ley para las partes y, por ende, deben cumplirse (art. 1602 CC). El consentimiento no puede ser desconocido por reclamaciones posteriores del demandante para obtener reconocimientos de sobrecostos, por el factor tiempo que no formaron parte del acuerdo. (…). Para la Sala resulta claro, pues, que tanto el plazo como el precio fueron objeto de negociación y acuerdo por las partes. (…) Frente a la segunda ampliación, el 17 de diciembre de 1997, el contratista pidió al SENA una ampliación del plazo para ejecutar obras extra solicitadas por la entidad (…), las partes volvieron a extender el plazo de ejecución de la obra (…) y adicionaron el valor del contrato en (…) para atender obras complementarias de escalas y muros de contención (…), el contratista realizó trabajos de ajustes y limpieza final (…), las partes firmaron acta de recibo de obra (…). Es regla general de interpretación de los actos jurídicos que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras (art. 1618 CC). Esta intención puede desentrañarse tomando en consideración varios elementos, como lo son la naturaleza del contrato, las circunstancias que influyeron en su celebración y la aplicación práctica de las partes en la ejecución de las obligaciones derivadas del acuerdo, entre otros. (…) La intención de las partes [communis intentio] (art. 1618 CC), que aparece claramente en la modificación del contrato del 29 de diciembre de 1997, permite concluir que las partes estipularon, por concepto de la segunda ampliación del plazo, una adición al valor del contrato para atender obras complementarias de escalas y muros de contención, que cubrió los costos ocasionados por el factor tiempo. En cualquier caso, la Sala reitera (…), que no hay pruebas que acrediten que por esa ampliación se causaron mayores costos administrativos por permanencia en obra. Además, no se probó que la entidad, al pactar esta modificación, incurriera en la prohibición del artículo 5.3 de la Ley 80 de 1993 (…). NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la interpretación de los contratos y la intención de las partes, cita: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 3 de junio de 1946; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 23 de noviembre de 2020, rad. 1100131-03-019-2011-00361-01; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de agosto de 1924; y sentencia del 6 de marzo de 1972. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 2012, rad. 23191, C. P. Danilo Rojas Betancourth. FUENTE FORMAL: LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1602, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1618, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 23, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 28, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 5 NUMERAL 3 COBRO DEL INTERÉS MORATORIO / CAUSACIÓN DEL INTERÉS MORATORIO / FALTA DE RECONOCIMIENTO DEL INTERÉS MORATORIO / IMPROCEDENCIA DEL PAGO DE INTERÉS MORATORIO / PRUEBA DEL INTERÉS MORATORIO / MEDIOS DE PRUEBA / PRUEBA PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / INEFICACIA DE LA PRUEBA PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Se acreditó que la entidad demandada estuviera obligada a pagar intereses moratorios reclamados por el contratista? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 233 CPC dispone que la peritación constituye un medio de prueba a través del cual se constatan hechos relevantes para el litigio, que exigen de especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. La ley procesal determina que la pericia debe contener dos partes relacionadas entre sí: el proceso cognoscitivo y las conclusiones. (…) El perito conceptuó que debido a que en las actas no se consignó la fecha de su elaboración ni la de las obras, debió tomar “el mes posterior al final del periodo para el cual se reajustó la obra por concepto de actualización de precios entre el momento en que se cotizó y el momento en que se ejecutó y se hizo el acta de obra”. Concluyó que la entidad debía (…) por concepto de intereses moratorios. Según lo pactado por las partes en la cláusula séptima del contrato, los intereses moratorios se causarían si la entidad pagaba las cuentas de cobro presentadas por el contratista con su respectiva acta con posterioridad a los 30 hábiles siguientes a su radicación. Como el perito no tomó la fecha de radicación de los señalados documentos para fundamentar el dictamen pericial, sus conclusiones son ajenas a lo pactado por las partes en el contrato n.° 0007. La Sala, entonces, no acoge el dictamen pericial, porque su fundamento carece de firmeza y precisión. No tiene eficacia probatoria según los artículos 233, 237 y 241 CPC. (…) De manera que, las pruebas documentales allegadas al proceso no permiten acreditar la fecha en la que el contratista entregó las cuentas de cobro junto con sus respectivas actas a la entidad. Tampoco obran pruebas testimoniales mediante las cuales se pueda definir el momento de radicación de la cuenta de cobro. Como no existe certeza frente a esa fecha, no se acreditó que la entidad estuviera obligada a pagar los intereses moratorios reclamados, pues según la cláusula séptima del contrato n.° 00007, la fecha de entrega de los citados documentos determinaba el inicio del término cuyo vencimiento daría lugar al nacimiento de esa obligación. Según el artículo 1757 CC, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. De modo que, el acreedor debe demostrar el surgimiento de la obligación con la prueba del hecho jurídico generador de la misma o el deudor – si excepciona– debe probar su extinción (carga de la prueba). Al demandante, pues, es a quien le corresponde probar hechos que sirvan de fundamento a las pretensiones. En concordancia, el artículo 177 CPC, aplicable por remisión expresa de los artículos 168 y 267 CCA, prevé que las partes deben probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 168, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 177, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 233, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237 NUMERAL 6, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 241, LEY 57 DE 1887 - ARTÍCULO 1757 ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa? Respuesta al problema jurídico: No La jurisprudencia tiene determinado que para la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa o actio in rem verso se requiere de la ausencia de una causa jurídica del desplazamiento patrimonial y que el demandante carezca de cualquier otra acción que le permita reparar la situación, dado su carácter subsidiario. En el ámbito de esta jurisdicción, supondría plantear la controversia de naturaleza extracontractual (reparación directa) y como último recurso a falta de otra acción. Como el desplazamiento patrimonial alegado tiene origen en una causa jurídica –el contrato n.° 0007–, que fue perseguida a través del medio de control de controversias contractuales, no se cumplen los presupuestos para la procedencia del enriquecimiento sin justa. Por ello, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la procedencia de la acción de enriquecimiento sin justa causa, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de septiembre de 1986, rad. 3785, C. P. Jorge Valencia Arango; sentencia de 7 de junio de 2007, rad. 14669, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 25 de noviembre de 2004, rad. 25560. C. P. Germán Rodríguez Villamizar; y sentencia de 19 de noviembre de 2012, rad. 24897, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=050012331000199902151011100103