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Consejo de Estado
Providencia
Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de reposición
2022-02-25
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600020020129001
ACCION CONTRACTUAL
¿Es competente el Consejo de Estado para conocer sobre la apelación de autos interlocutorios? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer de la apelación de autos interlocutorios en virtud del artículo 180 del Código Contencioso Administrativo, que establece que el recurso de reposición procede contra los autos interlocutorios no susceptibles de apelación, siendo decidido por el Despacho conforme al artículo 146A del mismo código. Además, el artículo 311 del Código Contencioso Administrativo determina que la firmeza de las providencias solo se produce una vez ejecutoriado el auto que resuelva la solicitud de aclaración o complementación, lo que permite que el recurso sea interpuesto oportunamente. La interpretación literal del Decreto 212 de 2018, que cambia el reparto de competencias establecido en los Decretos 655 de 2011 y 445 de 2015, confirma que la Secretaría de Hacienda del Distrito es competente para la representación judicial en los procesos iniciados antes del 1 de enero de 2012, mientras que la Secretaría de Movilidad asume esa responsabilidad para los procesos posteriores a dicha fecha. Esta regla implica que las entidades estatales deben ajustarse a las disposiciones legales vigentes para ejercer sus competencias en la representación judicial.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
No se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
Sentencia — Sentencia
2022-05-16
Sección Primera
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDES
Rad. 11001031500020220003701
ACCIONES DE TUTELA
¿Se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, respecto del defecto por desconocimiento del precedente? No
El desconocimiento del precedente como defecto de la acción de tutela contra providencia judicial no supera el requisito de relevancia constitucional cuando el actor se limita a enlistar las sentencias presuntamente desconocidas, sin identificar las reglas y subreglas jurisprudenciales, los supuestos fácticos y los problemas jurídicos análogos. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que no basta citar las providencias: la parte debe demostrar que las reglas fijadas en ellas son aplicables a un caso análogo, según el criterio de la Sección de 19 de abril de 2021. La segunda es que, en este caso, el actor no cumplió esa carga argumentativa mínima. Por el contrario, en lo relativo a los defectos fáctico y sustantivo, la Sala concluye que no se configuran, pues la cláusula penal del acuerdo marco fija una suma equivalente al diez por ciento del valor de las órdenes de compra y su valoración no fue irrazonable. En consecuencia, la Sala no comparte la decisión de primera instancia en cuanto a esos defectos, aunque concluye que no se configuran. La providencia reitera el criterio de la Sección de 2021, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Se configura el defecto fáctico por la incorrecta valoración de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios número CCE-134-1-AMP-2014…
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Providencia
Contratación estatal: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2026-02-26
SECCION TERCERA CUNDINAMARCA (Subsección A)
JUAN CARLOS GARZON MARTINEZ
Rad. 11001333603420210028201
ACCION CONTRACTUAL
¿El Juzgado de primera instancia incurrió en error de interpretación del artículo 1º del Decreto 392 de 2018 y desconoció el principio de selección objetiva al encontrar que el acto de adjudicación no adolecía de nulidad por otorgar puntaje ponderable a una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección? No
El contratista no puede ser privado del puntaje adicional previsto en el artículo 1º del Decreto 392 de 2018 por presentar una certificación de planta de personal expedida antes de la fecha de cierre del proceso de selección, siempre y cuando dicha certificación permita verificar objetivamente el cumplimiento del requisito de tener trabajadores con discapacidad en la planta de personal. La Sala establece que la norma no impone que el documento deba expedirse exactamente el mismo día del cierre, sino que busca garantizar que la entidad contratante cuente con información cierta y verificable sobre la situación laboral del proponente al momento de la evaluación. En el caso concreto, el contratista aportó una certificación del revisor fiscal que indicaba el número total de trabajadores y aquellos en condición de discapacidad, certificación respaldada por el Ministerio de Trabajo, lo que permitió verificar el cumplimiento del requisito en su esencia. La Sala reitera que en materia de contratación estatal se debe dar aplicación al principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente formal, lo que implica que no se puede rechazar una propuesta por la ausencia de requisitos meramente formales.síntesis automática
También resuelve:
¿Puede o no el juez acudir o no a la Real Academia Española para precisar el significado de palabras o expresiones de una norma?
Consejo de Estado
Providencia
El recurso de apelación procede contra el auto que rechace la demanda y según lo dispuesto en el literal g, modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021, este recurso será decidido en Sala.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233300020240160601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra autos proferidos por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación contra autos dictados por Tribunales Administrativos que rechazan la demanda, conforme al artículo 150 del Código Procesal Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el numeral 1 del artículo 243 del mismo código, modificado por la Ley 2080 de 2021. Este recurso debe interponerse y sustentarse oportunamente dentro de los tres días siguientes a la notificación por estado, tal como establece el numeral 3 del artículo 244 del CPACA. Respecto a la vigencia del contrato estatal de tracto sucesivo, este permanece vigente una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado la liquidación, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, lo que implica que el vínculo contractual se mantiene vigente para efectuar el corte de cuentas entre las partes.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de apelación contra el auto que rechazó la demanda fue presentado y sustentado oportunamente?
¿El régimen jurídico aplicable a la presentación oportuna del medio de control de controversias contractuales es el vigente al momento de la interposición de la demanda?
¿Permanece vigente un contrato estatal de tracto sucesivo una vez vencido el plazo de ejecución, mientras no se haya realizado su liquidación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto
Sentencia — Sentencia
2024-06-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 25000232600020100049601
ACCION CONTRACTUAL
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por los Tribunales Administrativos? Sí
Cuando la controversia contractual se origina en la actividad negocial de una entidad pública y la suma de las pretensiones supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver la apelación contra la sentencia de un tribunal administrativo. La regla se sostiene en tres razones: la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 1107 de 2006; la apelación de esas sentencias corresponde a la corporación, conforme al artículo 129 del mismo código; y la suma de las pretensiones se determina con el artículo 20, numeral 2, del Código de Procedimiento Civil. En el caso, la suma de las pretensiones superó el umbral del artículo 132, numeral 5, del Código Contencioso Administrativo, por lo que la corporación asumió la competencia y resolvió el recurso. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que la cuantía de la demanda, y no la instancia del tribunal, determina la competencia en la apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido por la Ley?
¿La unión temporal Jerusalén Ciudad Bolívar está legitimada en la causa por activa y el IDU por pasiva?
¿Tiene valor probatorio el documento aportado en copia simple?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada.
Sentencia — Sentencia
2026-04-27
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000233600020150237601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de la controversia derivada del contrato de prestación de servicios a través del medio de control de controversias contractuales, por tratarse de un presunto incumplimiento relacionado con la liquidación y pago de la bonificación de éxito pactada? Sí
El contratista puede recurrir al medio de control de controversias contractuales ante el Consejo de Estado en segunda instancia para resolver disputas relacionadas con la liquidación y pago de bonificaciones de éxito pactadas en contratos de prestación de servicios, siempre que la cuantía de la pretensión exceda los 500 SMLMV. La demanda debe presentarse dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA, que comienza a correr una vez vencido el plazo para la liquidación del contrato, incluso si este no se realiza. Además, la declaración de la representante legal del IDU, aunque no puede considerarse confesión judicial debido a la prohibición legal, puede ser valorada como prueba testimonial anticipada para interpretar el alcance de las estipulaciones contractuales, siempre que se ajuste a los principios de sana crítica y coherencia. Esta decisión modifica precedentes y establece un marco claro para la aplicación del medio de control de controversias contractuales en casos de incumplimiento relacionados con bonificaciones de éxito.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de controversias contractuales fue presentada dentro del término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA…
¿Resulta procedente otorgar valor probatorio, como testimonio anticipado y sin desconocer la prohibición legal respecto de la confesión…
¿Procede interpretar la cláusula relativa a la bonificación de éxito del contrato de prestación de servicios con fundamento en la intención común de las partes…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no es pues pertinente la cita del artículo 1615 del Código Civil que, fue referido en esta sentencia
Aclaración voto — Aclaración de voto
2022-08-31
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100019910645501
ACCION CONTRACTUAL
¿La validez del pacto de exoneración de responsabilidad, puede suponer una condonación del dolo futuro, contravenir el derecho público, las buenas costumbres o el orden público y suponer una obligación sujeta a una condición meramente potestativa? No
Creo conveniente aclarar que, pese a que es válido el pacto de exoneración de responsabilidad, como de forma implícita se admite en esta sentencia, esta estipulación no puede suponer una condonación del dolo futuro, ni contravenir el derecho público, las buenas costumbres o el orden público, ni suponer una obligación sujeta a una condición meramente potestativa. Advierto, por demás, que, pese a que en la sentencia se hace referencia a un criterio subjetivo de hermenéutica contractual —preponderante en el ordenamiento jurídico colombiano, según el artículo 1618 del Código Civil— tal interpretación no es aplicada, limitándose así el intérprete aquí a lo literal de las palabras, es decir, a una interpretación objetiva.