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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: no se acreditó que los actos demandados adolecen de los vicios alegados por la recurrente que la entidad demandada no plasmó

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Fecha
2023-11-01
Radicado
68001233100020120013001
Número interno
62025
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
QBE SEGUROS S.A.
Demandado
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: no se acreditó que los actos demandados adolecen de los vicios alegados por la recurrente que la entidad demandada no plasmó

Lo que dijo la Sala

La compañía de seguros considera que las Resoluciones n.º 3020 del 9 de julio de 2010 y 5198 del 2 de noviembre de 2010 son nulas, porque el INVIAS no plasmó debidamente los supuestos de hecho y de derecho acerca de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización y tampoco soportó probatoriamente lo anterior. La motivación es un elemento del acto administrativo que, por regla general, le impone a la administración la carga de exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por tanto, si aquellos no corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un error en los mismos, se configura el vicio de falsa motivación.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El acto que declara la existencia de un siniestro en un contrato estatal incurre en falsa motivación solo cuando los fundamentos de hecho y de derecho que invoca la entidad no corresponden con la realidad, y que quien alega ese vicio debe probarlo, pues le corresponde la carga de demostrar el supuesto de hecho de la norma que invoca. Una razón es que en el caso no se acreditó que los fundamentos sobre la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo, y la cuantificación del perjuicio, no correspondieran con la realidad. Otra razón es que la entidad no omitió plasmar las pruebas que soportaron su decisión ni dejó de motivar el acto, de modo que no se configuró la falsa motivación. En el caso, la compañía de seguros pretendió la nulidad de las resoluciones que declararon el siniestro y la cuantía de la indemnización, pero la Sala confirmó la negación de las pretensiones. La providencia cita precedente de la Sección sobre la declaratoria de siniestro; su consecuencia práctica es que el asegurador que impugna la declaratoria debe probar la discordancia entre los hechos del acto y la realidad, y no basta con afirmarla.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se acreditó que los actos demandados adolecen de los vicios alegados por la recurrente, esto es, que la entidad demandada no plasmó en debida forma los supuestos de hecho y de derecho acerca de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización, y tampoco soportó probatoriamente, por ello hay lugar a declarar su nulidad y a reconocer el restablecimiento solicitado en la demanda?

Respuesta: No

También resuelve

  • ¿Se acreditó que las obras contratadas no fueron ejecutadas por la sociedad contratista INSCO LTDA., lo que constituye nulidad de los actos administrativos demandados ante la inexistencia de riesgo…
  • ¿Se acreditó que los actos administrativos discutidos en lo contencioso administrativo deben ser declarados nulos porque la póliza que se pretende afectar no estaba vigente para la época de…
  • ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que el INVIAS sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal…

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

CONFIRMA

Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES APELACIÓN DE LA SENTENCIA CONTRATO DE OBRA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO FUNDAMENTOS DE HECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS FALTA DE PRUEBA INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO CARGA DE LA PRUEBA CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL SUBCONTRATO RIESGO ASEGURABLE EXCLUSIÓN DEL RIESGO ASEGURABLE OCURRENCIA DEL SINIESTRO DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO TÉRMINO PARA EL AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ENTIDAD ESTATAL INVÍAS COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA ENTIDAD ASEGURADORA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONTRATO ESTATAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL DEBERES DEL CONTRATISTA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL CLASES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA RECURSO DE APELACIÓN LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA FALLO ULTRA PETITA FALLO CITRA PETITA GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO TESTIGO SOSPECHOSO TESTIMONIO SOSPECHOSO VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO

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Liquidación del contrato Caducidad de la acción contractual Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Garantía única y efectividad de la póliza Anticipo y pago anticipado

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Titulación de la relatoría 28.635 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / APELACIÓN DE LA SENTENCIA / CONTRATO DE OBRA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FUNDAMENTOS DE HECHO / FUNDAMENTOS DE DERECHO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS / FALTA DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE LA FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que los actos demandados adolecen de los vicios alegados por la recurrente, esto es, que la entidad demandada no plasmó en debida forma los supuestos de hecho y de derecho acerca de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización, y tampoco soportó probatoriamente, por ello hay lugar a declarar su nulidad y a reconocer el restablecimiento solicitado en la demanda? Respuesta al problema jurídico: No La compañía de seguros considera que las Resoluciones n.º 3020 del 9 de julio de 2010 y 5198 del 2 de noviembre de 2010 son nulas, porque el INVIAS no plasmó debidamente los supuestos de hecho y de derecho acerca de la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización y tampoco soportó probatoriamente lo anterior. La motivación es un elemento del acto administrativo que, por regla general, le impone a la administración la carga de exponer los fundamentos de hecho y de derecho que soportan su decisión. Por tanto, si aquellos no corresponden con la realidad, bien sea porque no existen o por un error en los mismos, se configura el vicio de falsa motivación. Así, tratándose de la declaratoria del siniestro, si los fundamentos de hecho y de derecho que aduce la entidad para proceder a su declaratoria no se acompasan con aquellos que dan lugar a su aplicación, el acto demandado estará viciado y habrá de declararse su nulidad. (…) [L]a Sala estima que en el presente caso no se encuentra acreditado el vicio alegado por la recurrente, pues no se advierte que los fundamentos de hecho y de derecho expuestos por la Administración en las Resoluciones n.º 3020 del 9 de julio de 2010 y 5198 del 2 de noviembre de 2010, en cuanto a la ocurrencia del siniestro de buen manejo y correcta inversión del anticipo y la cuantificación del perjuicio, no correspondan con la realidad. Además, tampoco se observa que la entidad pública demandada hubiese omitido plasmar debidamente las pruebas que soportaron su decisión o que hubiese proferido la decisión sin motivación. (…) [L]a parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, de donde el vicio alegado -falsa motivación- requiere de prueba, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal onus, impide su reconocimiento. NOTA DE RELATORÍA: Frente a la declaratoria del siniestro por parte de la Administración, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 27 de marzo de 2014, rad. 29857, C. P. Danilo Rojas Betancourth. CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / LEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / SUBCONTRATO / RIESGO ASEGURABLE / EXCLUSIÓN DEL RIESGO ASEGURABLE / FALTA DE PRUEBA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que las obras contratadas no fueron ejecutadas por la sociedad contratista INSCO LTDA., lo que constituye nulidad de los actos administrativos demandados ante la inexistencia de riesgo asegurable? Respuesta al problema jurídico: No La recurrente alega que las obras contratadas fueron ejecutadas por la sociedad INGECCOL S.A. y no por la sociedad contratista INSCO Ltda., circunstancia que, a su juicio, “es constitutiva de la inexistencia del riesgo asegurable” y afecta la validez de la Resolución n.º 218999 del 2 de abril de 2009 y su confirmatoria, esto es, la Resolución n.º 4202 del 15 de julio de 2009, así como también de la Resolución n.º 3020 del 9 de julio de 2010 y su confirmatoria, es decir, la Resolución n.º 5198 del 2 de noviembre de 2010. A este respecto, cabe precisar que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, en el presente caso no se discute la existencia, nulidad, ni el incumplimiento del contrato de seguros suscrito entre la sociedad INSCO Ltda. y la aseguradora QBE; la controversia gira en torno a la legalidad de los administrativos referidos y bajo esta óptica se abordará el examen del presente cargo. (…) [L]as pruebas documentales (…) -por sí solas- no permiten concluir que en efecto la sociedad INGECCOL S.A. hubiese ejecutado las labores a cargo de la sociedad INSCO Ltda. y mucho menos que esta última las haya subcontratado con aquella, no solamente porque las afirmaciones provenientes de la empresa SATVA no tienen un respaldo probatorio que las soporte, sino también porque en el proceso obran elementos de prueba que las contradicen. (…) [P]ara la Sala resulta claro que la premisa aducida por la parte actora para soportar su cargo no se encuentra acreditada, comoquiera que no se demostró que efectivamente la sociedad INGECCOL S.A. haya ejecutado el contrato n.º 1350 del 22 de agosto de 2005 y mucho menos que la sociedad INSCO Ltda. hubiese subcontratado las obras a su cargo, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el planteamiento de los cargos, lo que constituye el contorno de la decisión del juez administrativo, quien deberá resolver sobre la validez del acto demandado dentro de los límites establecidos en la demanda, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 9 de diciembre de 2011, rad. 20410, C. P. Danilo Rojas Betancourth y sentencia de 22 de octubre de 2012, rad. 20738, C. P. Enrique Gil Botero. OCURRENCIA DEL SINIESTRO / DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / TÉRMINO PARA EL AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / NULIDAD DEL ACTO DE DECLARACIÓN DE EXISTENCIA DEL SINIESTRO / ACREDITACIÓN DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO / GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / VIGENCIA DE LA PÓLIZA DEL CONTRATO DE SEGURO / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DEL VICIO DE NULIDAD ALEGADO / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Se acreditó que los actos administrativos discutidos en lo contencioso administrativo deben ser declarados nulos porque la póliza que se pretende afectar no estaba vigente para la época de ocurrencia del siniestro? Respuesta al problema jurídico: No La parte actora considera que la ocurrencia del siniestro se configuró estando vencida la póliza. Para soportar su cargo, adujo que la garantía única de cumplimiento n.º 61100000889 estuvo vigente hasta 30 de noviembre de 2008 y que las Resoluciones n.º 3020 del 9 de julio de 2010 y 5198 del 2 de noviembre de 2010 se profirieron después de su vencimiento. Igualmente, indicó que el aviso de siniestro se produjo transcurrida la vigencia de la póliza. De conformidad con la jurisprudencia de esta Sección, el siniestro debe ocurrir durante el plazo de vigencia de la póliza para que la aseguradora resulte obligada a indemnizar; sin embargo, su declaratoria mediante acto administrativo puede darse en vigencia o con posterioridad a la misma, pero dentro del término de prescripción establecido en el artículo 1081 del Código de Comercio. (…) [C]ontrario a lo afirmado por la actora, la declaratoria del siniestro fue oportuna, pues aunque el acto administrativo se profirió con posterioridad a la vigencia de la póliza, ciertamente el siniestro, que resulta ser lo importante, ocurrió durante su cobertura, sumado al hecho de que la decisión de la Administración se profirió dentro del término de prescripción. Al respecto, en el proceso se acreditó que, según lo indicado en la póliza, la garantía estaría vigente hasta el 30 de noviembre de 2008 (…), sumado al hecho de que por expresa disposición del Decreto 4828 de 2008, aquella, en todo caso, debía extenderse hasta la liquidación del contrato. (…) [R]esulta forzoso concluir que no está probado el vicio invocado por la recurrente, pues en el presente caso se acreditó que la declaratoria del siniestro fue oportuna, comoquiera que aquel acaeció estando en vigencia la póliza, razón por la cual el cargo alegado no está llamado a prosperar. Sumado a lo anterior, no se puede perder de vista que el requerimiento efectuado por la Administración al contratista para que amortizara los saldos pendientes, contrario a lo afirmado por la recurrente, tuvo lugar durante la vigencia de la póliza. En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 4 de abril de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, esto es, al constatar: que los actos acusados no adolecen de falsa motivación; que no se probó que la sociedad INGECCOL S.A. haya ejecutado el contrato; y que la declaratoria del siniestro fue oportuna. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el término para la ocurrencia del siniestro y la vigencia de la póliza, cita: Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 11 de julio de 2002, rad. 7255, C. P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16494, C. P. Enrique Gil Botero; sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 50623, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; sentencia de 3 de mayo de 2001, rad. 12724, C. P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 29 de mayo de 2014, rad. 27563, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 21 de marzo de 2007, rad. 29102, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 22 de abril de 2009, rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 31 de agosto de 2015, rad. 48459, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y sentencia de 17 de abril de 2013, rad. 23359, C. P. Hernán Andrade Rincón. FUENTE FORMAL: DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 1081, DECRETO 4828 DE 2008 COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / ENTIDAD ESTATAL / INVÍAS / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA Problema jurídico: ¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que el INVIAS sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal; y el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, dada la vocación de doble instancia del proceso? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisdicción de lo contencioso administrativo, en tanto guardián de la constitucionalidad y legalidad administrativa, conoce de las controversias sobre contratos del Estado. A esta jurisdicción está adscrito este tipo de debate en sede judicial. El presente litigio versa sobre legalidad de la Resolución (…), mediante las cuales el INVIAS declaró el siniestro de incumplimiento parcial del contrato de obra (…), a propósito de lo cual conviene resaltar que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es la competente para decidir las controversias en las que dicha entidad sea parte, comoquiera que ostenta la calidad de entidad estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5213 del Decreto 2171 de 1992, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 80 de 1993. Por su parte, el Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia (…), proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía para el año 2011 supera los 500 SMLMV, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 132-5 y 181 del CCA., vigentes a la fecha de presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 129, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 132 NUMERAL 5, DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 181, DECRETO 2171 DE 1992 - ARTÍCULO 5213, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 2 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / OBJETO DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales es el mecanismo adecuado para pretender la nulidad de actos administrativos de naturaleza contractual y el consecuente restablecimiento del derecho? Respuesta al problema jurídico: Si De acuerdo con el artículo 87 del CCA, subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, la acción contractual es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos en desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De igual manera, el Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. Bajo el anterior contexto, en el presente caso la acción contractual ejercida por la parte demandante es adecuada, por cuanto en el libelo introductorio se pretende la nulidad de (…) actos administrativos de naturaleza contractual (…) y se solicita el consecuente restablecimiento del derecho. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 87, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 32 ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / ENTIDAD ASEGURADORA Problema jurídico: ¿Las partes se encuentran legitimadas para actuar en el presente caso? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso se concluye que la sociedad QBE Central de Seguros S.A. y el Instituto Nacional de Vías -INVIAS- están legitimados en la causa por activa y por pasiva, respectivamente. La primera, porque expidió la garantía única de cumplimiento (…), a través de la cual se ampararon los siniestros cuya ocurrencia fue declarada en los actos administrativos acusados -amparo de cumplimiento y de buen manejo y correcta inversión del anticipo-, de donde se colige que le asiste un interés para demandar su nulidad, y el segundo porque profirió dichos actos (…). NOTA DE RELATORÍA: Sobre la legitimación en la causa por activa porque le asiste un interés para demandar, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de julio de 2021, rad. 50731, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la legitimación en la causa por activa de las entidades aseguradoras en controversias contractuales, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de agosto de 2020, rad. 45183, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO ACUSADO Problema jurídico: ¿La acción de controversias contractuales se interpuso dentro del término establecido en la ley? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala abordará el examen de caducidad teniendo en cuenta para ello el plazo previsto en el numeral 10º del artículo 136 del CCA, aplicable al caso concreto en virtud de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, según el cual la acción contractual caducará al vencimiento del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento. De acuerdo con lo anterior, en el sub judice se advierte que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: (i) que la Resolución n.º 4202 del 15 de julio de 2009, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra Resolución n.º 2189 del 2 de abril de 2009, se notificó mediante edicto desfijado el 4 de septiembre de 2009 (…); (ii) que la Resolución n.º 5198 del 2 de noviembre de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución n.º 3020 del 9 de julio de 2010, se notificó mediante edicto desfijado el 13 de diciembre de 2010 (…); y (iii) que la demanda, aun sin tener en cuenta el trámite conciliatorio adelantado por la actora, se radicó el 15 de junio de 2011, esto es, dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente a la notificación de los actos administrativos referidos. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 NUMERAL 10, LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 40 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTRATO DE OBRA / RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Problema jurídico: ¿El régimen aplicable al contrato de obra suscrito por INVIAS, es el establecido en la Ley 80 de 1993? Respuesta al problema jurídico: Si Teniendo en cuenta que el contrato (…), en marco del cual se expidieron los actos administrativos contractuales que se cuestionan en la presente demanda, fue suscrito por el INVIAS con el propósito de realizar “EL DISEÑO, LA RECONSTRUCCIÓN, LA PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMETACIÓN DE LA VÍA (…)”, se colige que el régimen aplicable al negocio jurídico es el establecido en la Ley 80 de 1993, sin perjuicio de la remisión al derecho privado prevista en el artículo 13 ibídem, estatuto vigente al tiempo de su celebración, de modo que este será el marco normativo bajo el cual se abordará el análisis de las pretensiones de la demanda. Cabe añadir que el numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de obra (…), y que el numeral 2º ibídem prevé que son contratos de consultaría, entre otros, “los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”. De igual manera, en cuanto a su contenido, es de resaltar que el estatuto general de contratación de la administración pública establece que las estipulaciones contractuales han de ajustarse a las disposiciones legales que correspondan a la naturaleza y la esencia del negocio jurídico de que se trate, pudiendo la partes acordar libremente, en el marco de su autonomía de la voluntad, las cláusulas que consideren convenientes o necesarias y que no contraríen el ordenamiento jurídico. FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 13, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 1, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 32 NUMERAL 2 CONTRATO ESTATAL / CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / DEBERES DEL CONTRATISTA / GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / PÓLIZA DE GARANTÍA CONTRACTUAL / PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO / OCURRENCIA DEL SINIESTRO / CLASES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / OBLIGATORIEDAD DE GARANTÍAS EN EL CONTRATO ESTATAL Problema jurídico: ¿Es deber de los contratistas constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento, con el fin de trasladar a un tercero la obligación de concurrir al pago de la respectiva indemnización de perjuicios, en caso de que se produzca el incumplimiento de las prestaciones a cargo de aquellos? Respuesta al problema jurídico: Si Con el propósito de asegurar el cumplimiento total y oportuno del objeto contratado y de proteger el patrimonio público, el legislador determinó que es deber de los contratistas, salvo las excepciones consagradas en la ley, constituir a favor de las entidades contratantes garantías de cumplimiento -pólizas, garantías bancarias etc.-, con el fin de trasladar a un tercero la obligación de concurrir al pago de la respectiva indemnización de perjuicios, en caso de que se produzca el incumplimiento de las prestaciones a cargo de aquellos. Así, en el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, vigente al momento de la celebración del contrato que dio lugar a la expedición de los actos administrativos acusados (…), establece el principio de economía (…). La norma referida fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 (…). Al amparo estas normas y a diferencia de los particulares y/o beneficiarios del seguro, surge para la Administración la facultad de declarar la ocurrencia del siniestro por medio de un acto administrativo debidamente motivado, con carácter ejecutivo y ejecutorio, que -por regla general- no tiene naturaleza sancionatoria y, por tanto, puede ser impugnado en sede administrativa o demandado judicialmente por el contratista o la aseguradora. Además de lo anterior, cabe agregar que dicha facultad igualmente conlleva la prerrogativa de cuantificar el perjuicio cuando haya lugar, con el fin de determinar el monto que deberá pagar la compañía de seguros y/o el contratista. (…) [L]as garantías de cumplimiento con naturaleza indemnizatoria que se expiden a favor de las entidades contratistas comportan las siguientes características: son una especie de seguro de daños; dada su naturaleza indemnizatoria no basta la ocurrencia del siniestro sino que es indispensable que se haya causado un daño al patrimonio del acreedor; el monto a indemnizar no necesariamente corresponde al valor asegurado, sino al del perjuicio efectivamente ocasionado al patrimonio del acreedor; y la suma a indemnizar no puede ser mayor al valor asegurado en la póliza. NOTA DE RELATORÍA: Sobre los contratos de seguros para garantizar el cumplimiento de obligaciones emanadas del contrato estatal, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 22 de abril de 2009, rad. 14667, C. P. Myriam Guerrero de Escobar y sentencia de 28 de noviembre de 2019, rad. 36600, C. P. María Adriana Marín. Respecto de la ocurrencia del siniestro, características y naturaleza, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 14 de octubre de 2021, rad. 50623, C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, sentencia de 11 de julio de 2012, rad. 19519, C. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; sentencia de 23 de junio de 2010, rad. 16494, C. P. Enrique Gil Botero. FUENTE FORMAL: LEY 1150 DE 2007 - ARTÍCULO 32, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 25 NUMERAL 19 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO / BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO / MODIFICACIÓN DE PRETENSIONES DE LA DEMANDA / ALTERACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / RECURSO DE APELACIÓN / LÍMITES DEL RECURSO DE APELACIÓN / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IMPROCEDENCIA DEL FALLO EXTRA PETITA / FALLO ULTRA PETITA / FALLO CITRA PETITA / GARANTÍAS DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL Problema jurídico: ¿Es procedente que la Sala analice el argumento según el cual el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipó no cubría la no amortización del anticipo, el cual fue incluido por primera vez en el recurso de apelación, variando de esta manera la causa petendi? Respuesta al problema jurídico: No Con relación al primer reparo formulado en el recurso de apelación, frente al cual la recurrente adujo que el INVIAS no debió hacer efectiva la garantía única de cumplimiento, porque el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo no cubría la no amortización del anticipo, la Sala se abstendrá de examinar este planteamiento, comoquiera que no hizo parte de los cuestionamientos expuestos en la demanda, lo que en estricto sentido se traduce en una modificación de la causa petendi. De hecho, en caso de emitirse un pronunciamiento sobre este particular se estaría desconociendo el principio de congruencia, que impide al juez sorprender a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no fueron materia de debate a lo largo del proceso, a excepción de aquellos que deben resolverse de oficio, en garantía del debido proceso y del derecho de defensa y contradicción. Al respecto, es menester anotar que de conformidad con lo establecido en el artículo 305 del CPC, hoy artículo 281 del CGP, que consagra el principio de congruencia, debe existir consonancia o coherencia correlativa entre la providencia judicial y las pretensiones y los hechos que se aducen en la demanda, así como las excepciones propuestas. De este modo, si se resuelven aspectos no pretendidos en la demanda se estaría dictando un fallo extra petita; si se condena más allá de lo pedido se trataría de una providencia ultra petita; y si no se resuelven todas las pretensiones o las excepciones, la decisión sería infra o citra petita. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el principio de congruencia de las sentencias, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 18 de diciembre de 2020, rad. 62573, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 18 de diciembre de 2020, rad. 64129, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 18 de diciembre de 2020, rad. 64270, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 19 de noviembre de 2020, rad. 65854, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 5 de marzo de 2021, rad. 65440, C. P. Nicolás Yepes Corrales; sentencia de 27 de noviembre de 2017, rad. 59913, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; sentencia de 5 de marzo de 2020, rad. 64627A, C. P. María Adriana Marín; sentencia del 1° de marzo de 2006, rad. 15898, C. P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 27 de septiembre de 2018, rad. 42769, C. P. María Adriana Marín; y sentencia de 14 de febrero de 2019, rad. 58894, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico. FUENTE FORMAL: DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 305, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO / PROCEDENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA COPIA SIMPLE DE DOCUMENTO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los documentos aportados en copia simple? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala analizará los documentos aportados en copia simple, siempre que no hayan sido tachados de falsedad por alguna de las partes o exista alguna disposición que haga exigible el requisito de las copias auténticas o de una determinada copia, de conformidad con lo dispuesto por esta Corporación en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de las copias simples, ver: Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de unificación del 28 de agosto de 2013, rad. 25022, C. P. Enrique Gil Botero. DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO Problema jurídico: ¿Tienen valor probatorio los testimonios que provienen de personas que estuvieron vinculadas laboralmente con la entidad demandada y con el contratista, los cuales resultan sospechosos? Respuesta al problema jurídico: Si [E]s menester precisar que, comoquiera que los testimonios referidos provienen de personas que estuvieron vinculadas laboralmente con la con la entidad demandada y con el contratista, a juicio de la Sala sus declaraciones resultan sospechosas, por lo cual serán valoradas con la especial severidad que se requiere. Al respecto, vale reiterar que conforme lo ha manifestado esta Corporación, los testimonios que resulten sospechosos no pueden desecharse de plano, sino que deben ser examinados y valorados con mayor rigurosidad, de cara a las demás pruebas que reposen en el expediente y de acuerdo con las circunstancias propias de cada asunto litigioso. NOTA DE RELATORÍA: Sobre el valor probatorio de la declaración del testigo sospechoso, ver: Consejo de Estado, Sección tercera, sentencia de 28 de febrero de 2011, rad. 20262, C. P. Ruth Stella Correa Palacio.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012331000201200130011100103