Titulación de la relatoría 22.197 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / COMPETENCIA PARA LA RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / CUANTÍA DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PROCESO DE DOBLE INSTANCIA / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida por un tribunal administrativo en primera instancia?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 11 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dada la vocación de doble instancia del proceso, teniendo en cuenta que la cuantía excede los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el 2016, año en el cual se presentó la demanda . Lo anterior, conforme a lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 5° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 5
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTROVERSIAS DEL CONTRATO ESTATAL / EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTATAL / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales es procedente para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con el artículo 141 del CPACA , el medio de control de controversias contractuales es el mecanismo procesal idóneo para acceder ante el juez en procura de obtener una decisión de fondo frente a cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal. Es así como, resulta procedente utilizar esta herramienta procesal para cuestionar las actuaciones desarrolladas durante la ejecución y liquidación del contrato estatal, así como la legalidad de los actos administrativos proferidos dentro del desarrollo de éste. Así, puede cualquiera de las partes solicitar: (i) que se declare la existencia o nulidad de un contrato estatal; (ii) que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales; (iii) que se ordene su revisión; (iv) que se declare su incumplimiento; (iv) que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios derivados del mismo; y (v) que se hagan otras declaraciones y condenas. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso la acción contractual ejercida por la demandante es adecuada, por cuanto en el líbelo introductorio se pretende que se declare el rompimiento del equilibrio económico y el incumplimiento del contrato por parte de la EAAAZ y que, como consecuencia, se condene a la entidad al pago de los perjuicios causados.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 141
PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CÓMPUTO DEL TERMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿El medio de control de controversias contractuales fue interpuesto dentro de los dos años siguientes a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato?
Respuesta al problema jurídico: Si
El literal j) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, dispone que el medio de controversias contractuales caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento (...) resulta pertinente destacar que el derecho común no contempla la liquidación del contrato y, por tanto, en los contratos que se encuentren sujetos al derecho privado aquella no se requiere, a menos que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, hubieren acordado llevar a cabo la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo convenido para dicho efecto deberá tenerse en cuenta en el conteo del término preclusivo. En el presente asunto, el contrato materia de la controversia se rige de modo preferente por las normas del derecho privado -aspecto que será materia de posterior análisis- es decir que no le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 y, por tal motivo, en principio, no requiere de liquidación. Sin embargo, las partes acordaron la liquidación del contrato (...) la Sala encuentra establecido que en el presente asunto la acción fue ejercida dentro de los dos años de que trata el literal j), numeral 2, del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 (...) la Sala efectuará el cómputo de caducidad a partir del día siguiente a la fecha de suscripción del acta de liquidación bilateral del contrato, comoquiera que la misma, de fecha 15 de abril de 2015, se realizó vencido el plazo de 4 meses pactado en el contrato para la liquidación de mutuo acuerdo, pero dentro de los 2 años siguientes al vencimiento de dicho lapso. En consecuencia, el término de caducidad del medio de control debe contarse a partir del día 16 de abril de 2015, de suerte que la oportunidad para interponer la demanda vencía el 16 de abril de 2017. A su vez se encuentra que el 24 de noviembre de 2015 la actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial, tramite que se adelantó ante la procuraduría Sexta Judicial II para Asuntos Administrativos y que finalizó el 16 de febrero de 2016 cuando se declaró fallida . En consecuencia, dado que la demanda se radicó el 25 de noviembre de 2016 , resulta claro que fue presentada dentro del término establecido en la ley para el ejercicio del derecho de acción.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL J, LEY 80 DE 1993
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / RÉGIMEN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS / RÉGIMEN CONTRACTUAL APLICABLE A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN
Problema jurídico:
¿Los contratos celebrados por empresas de servicios públicos se rigen principalmente por el derecho privado?
Respuesta al problema jurídico: Si
De acuerdo con la naturaleza de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá E.S.P., se advierte que el régimen de sus contratos es el previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 , de conformidad con los cuales el contrato que ocupa la atención de la Sala se rigió por el derecho privado, con excepción de aspectos puntuales previstos en la ley. En efecto, al tenor del artículo 31 de la Ley 142 de 1994, los contratos que celebran las entidades estatales que prestan servicios públicos no se encuentran sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (...) la Sala advierte que el contrato celebrado entre las partes el 29 de diciembre de 2010, cuyo objeto consistió en la “CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR Y COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS DE BARANDILLAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ – CUNDINAMARCA”, se rige de modo preferente por el derecho privado.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente al régimen exceptuado del Estatuto General de Contratación, consultar sentencia de 24 de octubre de 2016, Exp. 45607, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 31, LEY 142 DE 1994 - ARTÍCULO 32
RÉGIMEN EXCEPTUADO DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA / PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN LA CONTRATACIÓN ESTATAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO / ACUERDO DE VOLUNTADES / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE RESPETO DEL ACTO PROPIO / PRINCIPIO QUE PROHÍBE IR CONTRA LOS ACTOS PROPIOS
Problema jurídico:
¿En ejercicio de la autonomía de la voluntad es posible pactar la liquidación de contratos sujetos a régimen exceptuado o llevarla a cabo de mutuo acuerdo aún sin estipulación del contrato en la que así lo hubieren convenido?
Respuesta al problema jurídico: Si
Ahora bien, en tratándose de regímenes exceptuados las normas del derecho común no contemplan la liquidación del contrato y, desde luego, no son aplicables las disposiciones que sobre el particular dispone la Ley 80 de 1993. Con todo, en el marco de los negocios sujetos al derecho privado las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, por supuesto pueden pactar llevar a cabo la liquidación de su contrato e, incluso, aún sin estipulación contractual que así lo contemple, en la práctica pueden acordar de consuno un balance final de las contraprestaciones derivadas del negocio jurídico que han celebrado, con el propósito de finiquitar las cuentas y establecer quién debe a quién y cuánto. En este evento, sin lugar a dudas, dicho acuerdo de voluntades tiene fuerza vinculante, de modo que, en virtud de su obligatoriedad para las partes, de los postulados de la buena fe y del respeto por los actos propios (venire contra factum propium non valet), no puede ser desconocido posteriormente ante la instancia judicial por parte de quien lo suscribió, salvo que se invoque un vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o que aquello que se reclama en sede judicial no hubiere sido materia del cruce de cuentas convenido .
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la liquidación de contratos con régimen exceptuado del Estatuto General de Contratación, consultar sentencia de 27 de agosto de 2020, Exp. 48284, C.P. María Adriana Marín
MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / INTERÉS MORATORIO / ACUERDO DE VOLUNTADES / LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / CONTROL JUDICIAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO ESTATAL / ASUNTO NO SUSCEPTIBLE DE CONTROL JUDICIAL
Problema jurídico:
¿El incumplimiento contractual por parte de la demandada al incurrir en mora en el pago del acta final de obra no es pasible de reclamación en sede judicial porque en la liquidación del contrato las partes estuvieron de acuerdo con saldo final a favor del contratista por la ejecución de la obra?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e advierte que la controversia relacionada con el incumplimiento contractual alegado por la actora con fundamento en el pago tardío del acta final de obra, originado a su vez en la tardanza en liquidar bilateralmente el contrato, y los consiguientes intereses reclamados en el libelo introductorio a partir del vencimiento del plazo de 4 meses pactado en el contrato para llevar a cabo la liquidación, a que se refieren las pretensiones segunda y tercera de la demanda, no son pasibles de reclamación en sede judicial, porque en la liquidación del contrato las partes convinieron expresamente que el saldo final a favor del contratista por la ejecución de la obra ascendía a la suma $802.586.546.oo, no siendo de recibo que la parte actora, con posterioridad, pretenda el cobro de los intereses que, a su juicio, se causaron sobre dicho monto por un periodo anterior a la fecha en la que suscribió el acuerdo liquidatorio en comento. En efecto, analizando en forma integral el acuerdo de liquidación del contrato estipulado por las partes, a fin de determinar la intención de los contratantes y el contenido genuino de lo estipulado en la referida acta de liquidación bilateral, la Sala encuentra que una vez finalizado el contrato, el Consorcio no solicitó adelantar la liquidación del contrato ni reclamó intereses moratorios y, por el contrario, acordó expresamente que el saldo final adeudado al 15 de abril de 2015 por la ejecución del contrato ascendía a la suma de $802.586.546.oo, monto convenido por las partes en el acta de liquidación que suscribieron, en la que justamente acordaron dicha suma como saldo final y definitivo a favor del consorcio como resultado de la ejecución negocio jurídico en cuestión, sin que sobre el particular hubiere sido expuesta una tardanza en la celebración de dicho acuerdo de voluntades ni, menos aún, la actora hubiere realizado alguna mención o cualquier tipo de manifestación relacionada con intereses causados sobre dicho monto por la circunstancia de haberse convenido la liquidación encontrándose vencido el plazo de 4 meses pactado en el contrato para su realización. Así las cosas, en virtud del negocio jurídico celebrado entre los contratantes con efectos vinculantes, pacto negocial que no puede ser desconocido por el juez del contrato, no es pasible de reclamación por vía judicial la pretensión de los intereses moratorios que solicita la actora, pues al establecer de consuno el saldo final adeudado a favor del contratista ambas partes estuvieron de acuerdo en liquidar bilateralmente el contrato a pesar de haber vencido el lapso que inicialmente habían contemplado para dicho efecto en el contrato y convinieron expresamente que el monto final a cargo de la entidad contratante ascendía a la suma de $802.586.546.oo, sin reproche o constancia sobre la supuesta tardanza en llevar a cabo el pluricitado cruce final de cuentas del contrato.
CONTRATO ESTATAL REGIDO POR EL DERECHO PRIVADO / CONTRATO DE DERECHO PRIVADO DE LA ADMINISTRACIÓN / RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / PRESUPUESTOS DE LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN / CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA
OBITER DICTUM
Ahora bien, conviene precisar que tratándose de contratos sujetos al derecho privado la procedencia de un eventual restablecimiento de las condiciones contractuales frente al desequilibrio económico sobreviniente, se abre paso a partir de la denominada “teoría de la imprevisión”, siempre que se trate de circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva y ajenas a las partes, que generen una excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones o una alteración fundamental en el equilibrio prestacional , de conformidad con lo previsto en el artículo 868 del Código de Comercio. En efecto, en el derecho privado, que es el régimen sustancial aplicable al negocio subjudice, lo concerniente a la conmutatividad o equivalencia entre las prestaciones contractuales se encuentra regulado expresamente en el artículo 868 del estatuto mercantil, en virtud del cual, para que se estructure la teoría de la imprevisión, se requiere: (i) que el contrato sea bilateral, conmutativo y de ejecución sucesiva, periódica o diferida; (ii) que se presenten circunstancias extraordinarias, imprevistas e imprevisibles, posteriores a la celebración del contrato; (iii) que esas circunstancias alteren o agraven la prestación a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesivamente onerosa; y (iv) que el acontecimiento sea ajeno a las partes y no corresponda a un riesgo asumido en el contrato . Los anteriores presupuestos, que son concurrentes, deben encontrarse plenamente acreditados, carga probatoria que recae en el demandante, a quien le corresponde demostrar el rompimiento de la equivalencia contractual a causa de un hecho imprevisto e imprevisible, ajeno a las partes y que se produjo con posterioridad a la celebración del contrato, así como probar los sobrecostos extraordinarios derivados del mismo.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la teoría de la imprevisión en contratos sujetos al derecho privado, consultar sentencia de 8 de mayo de 2020, Exp. 39386, C.P. María Adriana Marín; sentencia de 19 de marzo de 2020, Exp. 63572, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y sentencia de 28 de septiembre de 2011, Exp. 15476, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 410 DE 1971 - ARTÍCULO 868
IMPUESTO / IMPUESTO DE ESTAMPILLA / DESCUENTO DEL IMPUESTO DE ESTAMPILLA / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE ESTAMPILLA / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO / PAGO DE ESTAMPILLA / OBLIGACIÓN LEGAL / INEXISTENCIA DEL DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA
Problema jurídico:
¿Se configuró la ruptura del equilibrio económico del contrato por el pago de estampillas que fue retenido al contratista al cancelar las facturas correspondientes a las actas parciales de obra?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a Sala encuentra que no está llamada a prosperar la reclamación por los descuentos efectuados que planteó el contratista en su demanda, toda vez que el pago de impuestos, tasas y contribuciones corresponde al cumplimiento de una obligación impuesta por la ley, que nace cuando se reúnen los elementos que estructuran la obligación tributaria (sujeto activo, sujeto pasivo, hecho generador, base gravable y tarifa), mismos que son definidos única y exclusivamente por el legislador, sin que puedan ser materia de pacto entre las partes. (...) Así las cosas, no le asiste razón a la parte actora cuando manifiesta que la EAAAZ incumplió el contrato porque retuvo el pago de estampillas que no fueron contempladas en el pliego de condiciones y que fueron superiores a las informadas en la etapa precontractual. Lo cierto es que, por un lado, la común intención de las partes, exteriorizada en la cláusula tercera del contrato (hecho probado 6.3.6) y en los pliegos de condiciones que forman parte integral del negocio celebrado (hecho probado 6.3.3), era que el contratista debía asumir las obligaciones tributarias que surgieran con ocasión del mismo y, por otro lado, que dichas obligaciones que debía sufragar el Consorcio eran aquellas aplicables en virtud de las normas correspondientes, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887. (...) De lo anterior surge con meridiana claridad que no era necesario que se identificaran en los pliegos de la licitación las retenciones tributarias que debía soportar el contratista de acuerdo con las normas pertinentes ni las mismas debían ser objeto de pacto expreso en el contrato y, menos aún, que pueda desprenderse de ello un incumplimiento contractual por parte de la entidad contratante, máxime cuando, se itera, en los pliegos y en el contrato se reiteró que le correspondía al Consorcio el pago de los gravámenes que a su cargo se causaran con ocasión de la celebración y ejecución del contrato (hechos probados 6.3.3 y 6.3.6) y que en los pliegos de la licitación se indicó expresamente que el oferente debía considerar en su propuesta la totalidad de los costos y gastos que pudieren tener incidencia en los precios de la oferta, indicando de modo expreso que dentro de aquellos resultaba necesario evaluar e incluir lo atinente a los impuestos aplicables al contrato. (...) las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar y, en consecuencia, en la parte resolutiva la Sala confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
FUENTE FORMAL:
LEY 153 DE 1887 - ARTÍCULO 38
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas contra la parte demandante toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e condenará en costas a la parte demandante toda vez que el recurso de apelación que interpuso no prosperó. La liquidación de las costas la hará de manera concentrada el a quo, en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso, tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 365.8 ejusdem, es decir, teniendo en cuenta para dicha liquidación las costas que aparezcan efectivamente probadas en el proceso. En relación con la agencias en derecho en segunda instancia , de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del artículo 366 del Código General del Proceso, en concordancia con el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, vigente para el momento de la presentación de la demanda, según el cual tratándose de procesos declarativos en general que se surten en segunda instancia la tarifa de agencias en derecho será mínimo un (1) y máximo seis (6) SMLMV, la Sala fija las agencias en derecho en esta instancia 1 SMLMV, que corresponden a la suma de $1.000.000, en razón de la naturaleza, calidad y cuantía del proceso, así como también de la actuación desplegada por la entidad demandada .
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la fijación de las agencias en derecho, consultar sentencia de 5 de marzo de 2021, Exp. 51034, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 3, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 NUMERAL 4