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¿Cuáles son los presupuestos para determinar la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia para resolver asuntos de controversias contractuales? Sí
El contratista no puede impugnar la liquidación unilateral del contrato por falta de competencia si esta se expide dentro del término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales, conforme al artículo 136 numeral 10 del Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal conserva la facultad para liquidar el contrato unilateralmente incluso después de vencido el plazo legal para la liquidación bilateral, siempre que actúe dentro del término de caducidad. Además, la nulidad del acto administrativo por falsa motivación no procede si el tribunal omite pronunciarse sobre reclamaciones presentadas por el contratista, siempre y cuando no se demuestre un incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato. La Sala se abstiene de condenar en costas si la conducta de las partes no justifica una imposición, de acuerdo con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo modificado por la Ley 446 de 1998.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo el término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Vencido el plazo para la liquidación bilateral del contrato y la liquidación unilateral del contrato, la entidad conserva la competencia para liquidarlo unilateralmente dentro del plazo de caducidad…¿Está probada la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato por falsa motivación y el incumplimiento contractual o desequilibrio económico del contrato?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2026-04-17Sección Tercera (Subsección B)FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZRad. 25000233600020240006601LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El decreto de la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos procede cuando de su confrontación con el ordenamiento jurídico superior se advierta una contradicción o discordancia, y de su sustentación pueda entenderse satisfecho el concepto de violación de la norma? Sí
El contratista puede solicitar la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos cuando se advierta una contradicción o discordancia entre el acto demandado y el ordenamiento jurídico superior, y se cumpla con la carga argumentativa necesaria para justificar la violación de la norma, sin que sea suficiente la mera argumentación de la demanda. La Sala de Decisión del Consejo de Estado modificó su criterio anterior, estableciendo que la entidad estatal pierde competencia para declarar el incumplimiento y liquidar unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que las pretensiones o hechos sometidos al conocimiento judicial coincidan con los asuntos objeto del procedimiento administrativo correspondiente, lo que garantiza la seguridad jurídica de la comunidad.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad estatal pierde competencia para expedir actos administrativos mediante los cuales declara el incumplimiento y liquida unilateralmente un contrato estatal a partir de la notificación del…¿Resulta procedente decretar la suspensión provisional de los actos administrativos mediante los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano declaró el incumplimiento del contrato…
¿Procede la liquidación del contrato estatal en sede judicial ante la no liquidación del mismo ni bilateral ni unilateralmente? Sí
La liquidación de los contratos estatales se define como aquella actuación posterior a la terminación normal o anormal del contrato, mediante la cual se busca determinar si existen prestaciones, obligaciones o derechos a cargo o en favor de cada una de las partes, para, de ésta forma, realizar un balance final o un corte definitivo de las cuentas derivadas de la relación negocial, definiéndose quién le debe a quién y cuanto, es decir, que con dicha actuación se finiquita y se obtiene el paz y salvo de la relación negocial. La liquidación judicial es así el balance o corte de cuentas económico que realiza el juez sobre un determinado contrato estatal dentro de un proceso judicial y, que sólo resulta procedente en tanto no se haya realizado la liquidación bilateral, ni unilateral del respectivo contrato estatal celebrado.
También resuelve:¿Procede el reintegro de dineros correspondiente a un mayor valor devuelto y que no hacia parte del contrato interadministrativo?¿Procede la compensación entre las partes ante un saldo insoluto que no proviene de la obligación contractual?
¿Se presenta nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato de obra cuando se realiza fuera de término? Sí
El contratista no puede promover la acción de controversias contractuales fuera del término legal establecido, lo que implica que la liquidación unilateral del contrato de obra pública realizada por la entidad estatal fuera de plazo es nula y la acción de controversias contra dicha liquidación caduca si se presenta después del término legal de dos años desde la ejecutoria del acto. La Sala sostiene que, a pesar de que el contratista puede cuestionar la legalidad de la liquidación unilateral hasta dos años después de su notificación, el término de caducidad no se extiende más allá de ese plazo, independientemente de la existencia de un desequilibrio financiero en el contrato. Esta posición reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la competencia temporal para liquidar unilateralmente contratos regidos por el Decreto 222 de 1983, lo que implica que las entidades estatales pierden la competencia para liquidar el contrato después de dos años desde el incumplimiento de la obligación de liquidar a cargo de las partes.síntesis automática
También resuelve:¿Existe caducidad de la acción de controversias contractuales en eventos en los cuales la demanda ha sido presentada por fuera de los términos establecidos en la ley?
¿Se acreditó la ilegalidad del acta de liquidación unilateral del contrato y del acto administrativo que la confirmó, por haber desconocido la obligación de pago de las facturas radicadas por parte de la contratista junto con los informes de ejecución y amortización del anticipo? No
La entidad puede liquidar unilateralmente un contrato dentro del plazo convencional y legal para hacerlo, y si lo hace después, la liquidación puede ser válida cuando ocurre antes de que venza el término de dos años para acudir a la jurisdicción, según la unificación de la Sala Plena. La regla se apoya en tres razones. Primera, la Sala Plena unificó el término de caducidad de los contratos liquidados después de los plazos de cuatro meses para la liquidación bilateral y de dos meses para la unilateral, siempre que ello ocurra dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo de la liquidación unilateral. Segunda, en el caso el contrato terminó el 31 de diciembre de 2014, el plazo para liquidar bilateralmente venció el 30 de abril de 2015 y el de la unilateral el 30 de junio de 2015. Tercera, el acta de liquidación unilateral se expidió el 2 de junio de 2015, dentro de la oportunidad para hacerlo. En consecuencia, la Sala revoca la sentencia que declaró probada la caducidad y deniega las pretensiones, porque no se acreditó que los actos fueran contrarios al ordenamiento o a la ejecución del contrato. El documento reitera la unificación citada.síntesis automática
También resuelve:¿La entidad demandada estaba habilitada para realizar la liquidación unilateral del contrato?¿Como en el presente asunto se dio la liquidación unilateral del contrato, el término de caducidad de la controversia contractual comenzaba a contabilizarse a partir del día siguiente en que quedó…¿De acuerdo con la normatividad vigente, procede la condena en costas en los eventos en los cuales se resuelve desfavorablemente el recurso de apelación?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-05-20Sección Tercera (Subsección A)JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZRad. 25000233600020180098401LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se configuró la caducidad del medio de control de controversias contractuales, entendiendo que el cómputo del término de caducidad empezó a contarse, en este caso, a partir del vencimiento del plazo previsto en la ley para la liquidación del contrato? Sí
El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales puede empezar a contarse desde el vencimiento del plazo legal para liquidar el contrato cuando este no se liquida. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la caducidad opera por el solo transcurso del tiempo, es perentoria, preclusiva y de orden público, por lo que el juez debe declararla aun de oficio. La segunda es que, según el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la liquidación bilateral se efectúa en cuatro meses si el pliego o el contrato no fijan otro plazo, y la unilateral en dos meses, término este último tomado del artículo 61 de la Ley 80 de 1993. En el caso concreto, el auto responde afirmativamente la pregunta sobre la configuración de la caducidad, aunque el texto disponible no permite verificar el razonamiento aplicado a los hechos del proceso. El documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:¿De conformidad con la normatividad vigente, procede la condena en costas a la parte que se le resolvió de manera desfavorable el recurso de apelación que formuló?
¿Se encuentra acreditado que la entidad estatal ante la entrega de la obra pública decidió revocar la resolución que declaró el incumplimiento del contrato? Sí
La entidad contratante puede revocar la declaratoria de incumplimiento cuando, tras el vencimiento del plazo, el contratista ejecuta las obras faltantes y la entidad las recibe a satisfacción, de modo que la revocatoria se sustenta en el recibo de la totalidad del objeto contratado. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, al vencer el plazo la obra no estaba ejecutada en su totalidad, lo que habilitaba la declaratoria de incumplimiento y la imposición de la cláusula penal y el cobro de la garantía. Segunda, después del vencimiento el contratista completó las actividades faltantes y la entidad las recibió con concepto técnico favorable de un perito, mediante acta de entrega y recibo definitivo. Tercera, al resolver el recurso de reposición, la entidad revocó el acto sancionatorio con base en ese recibo, lo que se ajusta a la buena fe contractual. La providencia revoca la sentencia de primera instancia en lo que corresponde. La consecuencia práctica es que la recepción de la obra completa después del plazo, seguida de la revocatoria del acto sancionatorio, reconoce el cumplimiento sustancial del contrato y limita el alcance de la sanción.síntesis automática
También resuelve:¿La buena fe contractual es un parámetro de conducta para valorar el cumplimiento del contrato estatal?¿La entrega de la obra pública por fuera del plazo del vencimiento del contrato es justificación para que la entidad contratante no realice el pago de esta?¿Procede la liquidación del contrato por vía judicial ante la ausencia de esta?
¿Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo sometido al derecho privado deben resolverse con arreglo a las reglas del incumplimiento contractual? Sí
Las controversias derivadas de un contrato de administración del servicio educativo con iglesias y confesiones religiosas, celebrado conforme al literal c) del artículo 4 del Decreto 2355 de 2009, se resuelven con las normas civiles y comerciales pertinentes y con la regulación especial del sector educativo, no con el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 200 de la Ley 115 de 1994 establece un régimen que excluye la aplicación de las normas de contratación pública y somete el negocio al derecho privado; la regulación especial del servicio educativo rige aspectos concretos, como la idoneidad del prestador, la planeación, la cobertura y el cálculo de la remuneración; y la mención de la Ley 80 de 1993 o de la Ley 1150 de 2007 en el encabezado o en algunas estipulaciones no cambia ese régimen. Por ello, el incumplimiento de este tipo de contratos debe analizarse conforme al derecho privado y a las reglas que regulan el incumplimiento contractual en ese ámbito. La providencia de primera instancia se confirma.síntesis automática
También resuelve:¿En el contrato estatal regido por el derecho privado, la facultad de la entidad contratante para liquidar unilateralmente el contrato deriva exclusivamente del acuerdo de voluntades y no de los…¿En el contrato de administración del servicio educativo regido por el Decreto 2355 de 2009, el valor fijo por alumno determinado con fundamento en los componentes de la canasta educativa ofrecidos…¿Debe declararse el incumplimiento de la entidad territorial por no reconocer al contratista los costos derivados de la disminución de la matrícula estudiantil…
¿En contratos en los que se pacta el desembolso de un anticipo, la entidad contratante debe exigir la creación de un patrimonio autónomo que administre dichos recursos? Sí
El contratista debe crear un patrimonio autónomo para administrar el anticipo recibido en contratos de obra pública, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, y constituir una garantía del 100% del monto del anticipo para proteger a la entidad contratante de riesgos como la no inversión, uso indebido y apropiación indebida. Además, el contratista está obligado a invertir adecuadamente los recursos del anticipo en la ejecución del contrato, acreditar suficientemente dicha inversión y no ser renuente a los requerimientos de la interventoría para demostrar la efectiva inversión. Esta decisión reitera y matiza precedentes, fortaleciendo la obligación del contratista de manejar correctamente los recursos del anticipo y acreditar su inversión en la obra contratada.síntesis automática
También resuelve:¿El contratista tiene la carga de asegurar y acreditar que los recursos del anticipo están efectivamente realizados o invertidos en el contrato?¿El contratista fue renuente frente a los requerimientos efectuados por la supervisión y la interventoría para que acreditara la efectiva inversión de los recursos del anticipo?¿La parte actora no acreditó el cargo de falsa motivación de las resoluciones acusadas?
¿Al momento de presentación de la demanda, el Ministerio tenía competencia para liquidar unilateralmente el contrato? Sí
Si al momento de presentarse la demanda la entidad pública tenía la competencia para liquidar unilateralmente el contrato, el juez no puede liquidarlo judicialmente, porque ello implicaría desconocer el objeto de la jurisdicción y usurpar una función que la ley asigna a la administración. Una razón es que con la demanda no se planteó una controversia contractual, pues el juez de lo contencioso administrativo solo controla, a petición de parte, la legalidad de los actos de la administración que surjan de un conflicto. Otra razón es que el ministerio conservaba la atribución de liquidar el contrato dentro del plazo legal, y no podía despojarse de ella. En el caso, la sentencia de primera instancia había ordenado al consorcio el pago de anticipos no amortizados como resultado de la liquidación judicial, y la Sala revocó esa decisión. Su consecuencia práctica es que la liquidación judicial solo procede cuando la competencia de liquidar unilateralmente ya no existe al momento de la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿El juez no puede realizar la liquidación judicial del contrato si al momento de la presentación de la demanda la facultad legal para definir el balance final de cuentas recaía en cabeza de la…¿El objeto del litigio se limitó a pedir la liquidación judicial del contrato sobre los valores de los anticipos y unas contingencias judiciales?¿El legislador puso en cabeza de la entidad contratante el seguimiento a la ejecución del contrato, para lo cual la dotó de una serie de potestades o prerrogativas públicas para asegurar los fines de…
¿El convenio especial celebrado entre las partes está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP)? No
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando celebra un convenio especial de cooperación, ya que este tipo de acuerdo no se inscribe en la noción de contrato estatal debido a la naturaleza asociativa y no conmutativa del interés jurídico que lo rige, lo que lo sitúa bajo el régimen del derecho privado. Esta caracterización implica que las facultades excepcionales y los actos administrativos previstos en el EGCAP no son aplicables a estos convenios, y cualquier atribución de potestades administrativas por las partes debe respetar la naturaleza contractual del acuerdo, sin poder convertirlo en actos administrativos. La Sala matiza la interpretación de que los convenios de cooperación científica y tecnológica pueden ser sometidos a procedimientos administrativos previstos en el EGCAP, estableciendo que las facultades de declarar incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal deben surgir del acuerdo entre las partes y no de la ley, lo que limita la capacidad de la administración para actuar en estos casos como si estuvieran sometidos al EGCAP.síntesis automática
También resuelve:¿Puede una entidad no sometida al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública ejercer potestades excepcionales y expedir actos administrativos en el marco de un convenio regido por…¿Puede el Departamento, en el marco de un convenio regido por el derecho privado, ejercer las facultades previstas en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 para declarar incumplimiento y hacer…¿Puede hacerse efectiva la cláusula penal pecuniaria sin la constatación previa del incumplimiento de una obligación principal?
¿Existen saldos a favor de alguna de las partes con ocasión de la ejecución del contrato de concesión que les generen saldo a favor? No
El contrato de concesión no permite la devolución de saldos a favor de ninguna de las partes durante su ejecución, salvo que las partes manifiesten estar a paz y salvo hasta una fecha específica, en la que se amplía el plazo del contrato. En este caso, el dictamen judicial no fue detallado y preciso, por lo que no tiene eficacia probatoria. Además, la parte demandante no puede desconocer sus actos propios al reclamar incumplimientos de obligaciones respecto de las cuales manifestó estar a paz y salvo. La renuncia del concesionario a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo también impide estudiar reclamaciones del demandante respecto a incumplimientos posteriores. Las entidades estatales están autorizadas para celebrar contratos que permitan la autonomía de la voluntad y se requieran para el cumplimiento de los fines estatales.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones no se ajustan a la buena fe contractual, pues lo que pretende el demandante es desconocer sus actos propios al reclamar el incumplimiento de obligaciones respecto de las cuales…¿Como el concesionario renunció a cualquier acción judicial derivada del contrato en el acta de acuerdo, tampoco es posible estudiar las reclamaciones del demandante respecto a posibles…¿Las entidades están autorizadas para celebrar los contratos y acuerdos que permita la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines estatales?
¿Está configurada la ineptitud sustantiva de la demanda por demandar mediante la acción de controversias contractuales la nulidad de actos administrativos que reconocieron un dinero que el contratista considera no son acordes con el porcentaje realmente ejecutado por el contratista? Sí
El contratista que controvierte mediante la acción de controversias contractuales las resoluciones de liquidación unilateral por considerar que la suma reconocida no corresponde al porcentaje realmente ejecutado incurre en ineptitud sustantiva de la demanda cuando orienta sus pretensiones a que se declare que la entidad pública incumplió el contrato al expedir dichos actos administrativos, configurándose una indebida escogencia de la acción en consonancia con el principio de congruencia previsto en los artículos 305 del Decreto 1400 de 1970 y 281 de la Ley 1564 de 2012. De otro lado, respecto de los contratos estatales regidos por la Ley 80 de 1993 que son de tracto sucesivo y requieren liquidación efectuada unilateralmente por la administración, el literal d) del numeral 10 del artículo 136 del CCA, aplicable en virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, dispone que el término de caducidad de la acción de controversias contractuales es de dos años contados desde la firmeza o ejecutoria del acto de liquidación, según el artículo 62 del CCA.síntesis automática
También resuelve:¿Cómo se realiza el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales?¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato?¿Respecto de determinados contratos, la liquidación es una obligación a cargo de las partes que emana de la ley, sin perjuicio, claro esta, que en otro tipo de negocios jurídicos los contratantes…
¿Debe declararse fundado el impedimento de una magistrada que, con anterioridad a la presentación de la demanda, intervino como apoderada en un trámite arbitral relacionado con el negocio jurídico objeto del proceso? Sí
El contratista no debe proponer la excepción de falta de jurisdicción cuando la demanda se presenta ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y la jurisprudencia vigente en ese momento admite la renuncia tácita al pacto arbitral, lo que garantiza el acceso a la administración de justicia. La entidad estatal, al no oponerse a la jurisdicción contenciosa administrativa, se somete tácitamente a ella, permitiendo que la controversia sea conocida por la jurisdicción estatal, pese a la existencia de una cláusula compromisoria en el contrato. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior que exigía una renuncia expresa por escrito para derogar la cláusula compromisoria, permitiendo que las controversias presentadas antes de la modificación de la jurisprudencia sean resueltas conforme a la regla de la renuncia tácita.síntesis automática
También resuelve:¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de la controversia, pese a la existencia de una cláusula compromisoria…¿Resulta procedente el ejercicio de la acción contractual para controvertir actos administrativos de naturaleza contractual y solicitar la liquidación judicial del contrato…¿Las partes del contrato objeto de la controversia están legitimados en la causa para ser parte en el proceso?
¿El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte? Sí
El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de las controversias contractuales en las que una entidad pública es parte, siempre que la cuantía de la pretensión supera el equivalente a 500 S.M.L.M.V., lo que confiere al proceso la vocación de doble instancia. La caducidad de la acción de controversias contractuales opera frente a la declaratoria de nulidad relativa de una póliza de seguros si la entidad aseguradora no interpuso recurso de apelación contra la decisión del tribunal que la declaró caduca, y el término de caducidad para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que afectan la póliza debe contarse a partir del acto que aprueba la liquidación del contrato, según lo dispone el Código Contencioso Administrativo. Estas reglas reiteran y matizan precedentes anteriores, lo que implica que las entidades aseguradoras deben ser conscientes de los plazos y requisitos para ejercer acciones contra actos administrativos que afectan sus pólizas de cumplimiento.síntesis automática
También resuelve:¿Frente a la pretensión consistente en la declaratoria de nulidad relativa de la póliza de seguros, operó la caducidad de la acción?¿El término de caducidad con que cuenta la aseguradora para cuestionar la legalidad de los actos administrativos que hacen efectiva la póliza de seguros…¿Pueden las partes modificar la causa petendi a través del recurso de apelación?
¿El acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato, que se rige por el Decreto 222 de 1983, es nulo porque fue expedido una vez expirado el plazo pactado para ello y si procede la reparación por esa circunstancia? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de un acto administrativo de liquidación unilateral de un contrato estatal que se rige por el Decreto 222 de 1983, si dicho acto fue expedido después de vencido el plazo pactado para su ejecución, ya que la entidad no contaba con la competencia legal para realizarlo. La Sala establece que la falta de competencia faculta al juez para declarar de oficio la nulidad del acto administrativo, ya que esta irregularidad destruye la presunción de legalidad que ostenta el acto. Además, si la liquidación unilateral contiene acuerdos parciales, la nulidad total del acto administrativo no prospera respecto a estos acuerdos, siempre y cuando estos se fundamenten en el acuerdo de voluntades de las partes. Esta decisión reitera la importancia del principio de legalidad en la contratación estatal y subraya la necesidad de que las entidades actúen dentro de los límites de sus competencias legales.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando se demanda por nulidad la totalidad del acto administrativo de liquidación unilateral del contrato pero dicho acto contiene acuerdos parciales…¿La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para resolver el conflicto originado en un contrato suscrito por la administración que se rige por el derecho privado y tiene la…¿Cuál es la acción procedente para reclamar la nulidad del acto administrativo contractual de liquidación del contrato?
¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Sí
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conforme a la vocación de doble instancia del proceso y la cuantía de la demanda que excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La caducidad del medio de control de controversias contractuales es un mecanismo irrenunciable que limita el ejercicio del derecho de acción, operando como sanción por falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, y no admite suspensión salvo en casos de solicitud de conciliación extrajudicial. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante, garantizando así el derecho de impugnación contra una decisión judicial. Esta sentencia reitera y confirma la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y establece límites claros para el ejercicio del recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve:¿La consecuencia por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar?¿El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el impugnante?¿Lo que se está cuestionando es el acto de liquidación del contrato y no propiamente el cumplimiento obligacional de parte del contratista?
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico?¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado?¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-09-25Sala Consulta y Servicio CivilALVARO NAMEN VARGASRad. 11001030600020190005200CONCEPTOS PARA PRECAVER LITIGIOS
¿La Sala de Consulta y Servicio Civil se encuentra limitada por el hecho de que la controversia contractual surgida entre las partes, y sobre la cual se formuló la consulta, se encuentre sometida a decisión judicial? No
La administración emite concepto en el marco de las funciones asignadas para precaver controversias contractuales entre entidades públicas, examinando el régimen aplicable a los acuerdos de gerencia integral de proyectos celebrados por organismos estatales sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, precisando que tales negocios jurídicos constituyen contratos interadministrativos de naturaleza atípica que toman elementos de figuras típicas como la consultoría, y señalando que su alcance y la eventual responsabilidad por su incumplimiento deben determinarse mediante el análisis sistemático del texto contractual, sus anexos y antecedentes específicos sin perjuicio de las normas legales vigentes.síntesis automática
También resuelve:¿La obligación de supervisión contractual a cargo de Fontic incluía la de verificar que los recursos públicos entregados por dicha entidad a Fonade se destinaran única y efectivamente a la ejecución…¿Fonade tendría derecho al monto total de la cuota de gerencia estipulada en el contrato interadministrativo en forma proporcional al cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo¿Puede elaborarse directamente un proyecto de liquidación del contrato en forma bilateral, dentro del plazo establecido en la ley…
¿Se configuró la nulidad del acta de liquidación unilateral del contrato por falta de competencia temporal? Sí
Las razones que me llevan a concluir que en relación con la negativa del a quo de declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral por falta de competencia temporal sí existió sustentación, parten de confrontar los argumentos de la sentencia recurrida en este punto de cara a lo dicho en relación con ese mismo aspecto en el recurso de apelación, en tanto este ejercicio me conduce a evidenciar que, si bien la carga argumentativa de la parte apelante en esta materia no fue la más nutrida ni desarrollada, sí controvierte directamente los razonamiento del Tribunal en esta materia.… En su recurso de apelación, la parte demandante insistió en que la entidad territorial demandada obró sin competencia temporal sobre la base de sostener que, por disposición legal -el mismo artículo 11 de la Ley 1150 de 2007-, la facultad para liquidar unilateralmente el contrato solo surgía al vencimiento de ese término.
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