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Consejo de Estado
Providencia
El conteo de la caducidad debe incluir dos meses contados a partir del plazo para la liquidación bilateral.
Sentencia — Sentencia
2022-06-10
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020150202901
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente? Sí
El contratista debe iniciar el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales a partir del vencimiento del plazo convenido para liquidar el contrato bilateralmente, conforme al artículo 164-2-j del CPACA, que establece un plazo de dos meses adicionales a partir de este vencimiento para iniciar el proceso, seguido de dos años para presentar la demanda. En contratos de derecho privado, el contratista no tiene derecho a reclamar el restablecimiento de la ecuación financiera previsto para contratos estatales, salvo que demuestre el incumplimiento del contrato y la afectación del equilibrio económico, lo cual no se acredita solo con la aportación de facturas sin soporte de actividades ejecutadas. Además, la prueba pericial solicitada en el proceso debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 212 del CPACA para ser procedente, incluyendo la oportunidad de su solicitud y su utilidad para demostrar el incumplimiento o el cumplimiento de las obligaciones contractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿El restablecimiento de la ecuación financiera es procedente en los contratos regidos por el derecho privado?
¿La simple aportación de facturas acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales para sustentar la solicitud de perjuicios materiales?
¿La prueba pericial solicitada en el proceso cumplia los requisitos para su procedencia?
Consejo de Estado
Providencia
Debe consignarse la nota de traspaso del derecho personal entre un sujeto y otro.
Sentencia — Sentencia
2025-09-26
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020200019801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La cesión del crédito es un negocio jurídico mediante el cual el acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor? Sí
El acreedor transfiere a un tercero el derecho personal que ostenta frente a su deudor mediante un negocio jurídico de cesión de crédito que otorga al cesionario la posición de sujeto activo y la legitimación para reclamar el cumplimiento de la obligación. En este caso, la Sala examina los requisitos consagrados en el artículo 666, el artículo 1959 y el artículo 1960 del Código Civil sobre la entrega del título y la oponibilidad, concluyendo que el pago efectuado por la entidad al cedente no tuvo efectos liberatorios, toda vez que el conflicto derivado del acuerdo de cesión entre particulares no corresponde resolverlo a esta jurisdicción, confirmando así la sentencia impugnada.síntesis automática
También resuelve:
¿En ausencia de conocimiento sobre la transferencia del derecho de crédito, el deudor se libera válidamente pagando al cedente?
¿La demandante no está legitimada para solicitar la declaración de incumplimiento del contrato estatal en el que se originó el derecho de crédito que le fue cedido?
¿Antes de que se hiciera el pago, la entidad demandada, no solo fue notificada de la cesión de los derechos sino que ella misma manifestó su aceptación?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El surgimiento de la obligación, no significaba ipso facto su exigibilidad
Sentencia — Sentencia
2022-04-22
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 15001233300020130035001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La exigibilidad de la obligación de pago a cargo del INVIAS estaba sujeta a que el Consorcio elaborara las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos? Sí
El contratista no puede exigir el pago inmediato del INVIAS por la ejecución de obra pública sin cumplir con los requisitos establecidos en el contrato, como la elaboración de las actas de obra con las cantidades ejecutadas y los valores unitarios respectivos, avaladas por el interventor y los gestores del proyecto y del contrato. Además, el INVIAS tiene un plazo de 90 días calendario para pagar las facturas presentadas por el contratista, y si no lo hace, incurre en mora y debe pagar intereses moratorios. Sin embargo, si el contratista presenta las actas de obra después de vencida la vigencia fiscal correspondiente, renuncia a reclamar intereses, actualizaciones y sobrecostos, lo que constituye una cláusula limitativa de responsabilidad válida siempre y cuando no haya culpa del INVIAS en la tardanza, la cual debe probarse por la entidad. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad del pago en contratos de obra pública y establece límites a las cláusulas limitativas de responsabilidad para proteger la buena fe contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuál era el plazo con el que contaba el INVÍAS para pagar las actas de obra presentadas por el contratista?
¿la cláusula limitativa de responsabilidad solo surtía efectos si el contratista presentaba tardíamente las actas de obra por su propia culpa?
¿La elaboración y presentación de la factura de venta era una carga que correspondía al Consorcio para efectos de recibir el pago por parte del contratista?
Consejo de Estado
Providencia
Medio de control de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 05001233300020170020701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve:
¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago?
¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el…
¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El Jardín Botánico se defendió de esta imputación de incumplimiento al contestar la demanda
Sentencia — Sentencia
2026-05-28
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000233600020210026801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Desconoció el Tribunal el principio de justicia rogada al reconocer la responsabilidad contractual del Jardín Botánico, pese a que el demandante no solicitó expresamente la declaración de incumplimiento? No
La demanda que reclama la responsabilidad contractual por el incumplimiento de una obligación dineraria no requiere pedir expresamente la declaración de incumplimiento para que el juez la reconozca, pues no desconoce el principio de justicia rogada. La regla se sostiene en tres razones: la demanda reclamó la responsabilidad del contratante por no cumplir la obligación a su cargo y, en consecuencia, invocó las normas del derecho común sobre responsabilidad del deudor, como los artículos 1602 y 1613 del Código Civil; el demandado se defendió de esa imputación al contestar la demanda, de modo que el debate sobre el incumplimiento estuvo presente en el proceso; y la excepción previa de ineptitud sustantiva fue resuelta por el tribunal sin que la parte cuestionara ese enfoque. Así, el juez puede declarar la responsabilidad a partir de los hechos y del fundamento jurídico de la demanda. La providencia se modifica en lo relativo a la liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda fue presentada oportunamente?
¿La forma de pago pactada con base en el avance de la obra modifica la modalidad de remuneración previamente convenida como un precio fijo en un contrato de interventoría?
¿El reducido avance de la obra exonera a la entidad estatal de pagar la remuneración pactada al interventor cuando este cumplió las obligaciones propias del contrato de interventoría?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía
Sentencia — Sentencia
2023-12-04
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 13001233300020160115701
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado tiene la competencia para conocer del proceso en segunda instancia por razón de su cuantía? Sí
El medio de control de controversias contractuales es el mecanismo idóneo para cualquier controversia derivada del negocio jurídico estatal, y que el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las sentencias de los tribunales administrativos cuando el contrato fue celebrado por una de las entidades mencionadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 y la cuantía supera los 500 SMLMV, conforme a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA vigentes a la fecha de la demanda. Una razón es que el artículo 141 del CPACA permite pedir la declaratoria de incumplimiento, las indemnizaciones, la liquidación judicial y las demás declaraciones consecuenciales derivadas del contrato. Otra razón es que el contrato controvertido fue celebrado por un distrito, entidad territorial mencionada en el artículo 2 de la Ley 80, y la cuantía del proceso excedía el umbral de los 500 SMLMV para el año 2016. En el caso, la demanda perseguía el incumplimiento del contrato y la liquidación judicial del negocio. Su consecuencia práctica es que la cuantía fijada al momento de la demanda determina la doble instancia ante el Consejo de Estado.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control de controversias contractuales es el procedente frente a las controversias derivadas de un negocio jurídico?
¿La demanda fue presentada dentro del término de caducidad estipulado para el medio de control de controversias contractuales teniendo en cuenta que el contrato no fue liquidado?
¿El contrato de obra del cual se deriva la controversia está dentro del régimen jurídico del estatuto general de la contratación pública establecido en la Ley 80 de 1993?
MODIFICA