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clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020100112702-53967-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2025-07-14"
radicado: "76001233100020100112702"
numero: "53967"
ponente: "NICOLÁS YEPES CORRALES"
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# Consejo de Estado: se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2025-07-14
- **Radicado:** 76001233100020100112702
- **Número interno:** 53967
- **Ponente:** NICOLÁS YEPES CORRALES
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección C)
- **Clase de proceso:** ACCION DE REPARACION DIRECTA
- **Actor:** AMALIA SIERRA ORTIZ, JESUS ALIRIO BEDOYA
- **Demandado:** -EJÉRCITO NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020100112702-53967-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020100112702/BEDB23480289FB4ADBE1FE9AD2ED6482EEEC8D90A0B02444B0C9CD1D1C13660C/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000201001127021100103

## Relevancia jurídica

Reitera la jurisprudencia.

## Regla de decisión

El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal indispensable para garantizar la seguridad jurídica y el interés general.

## Problema jurídico

¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

MODIFICA

## Puntos clave

- ¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
- ¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas…
- ¿El empleo de la fuerza y las armas de fuego por agentes del Estado, debe conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, y conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad…

## Fundamentos jurídicos

- Decreto 01 de 1984, art. 136

## Extracto

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial.

## Síntesis temática

El juez examina de oficio la caducidad de la acción como presupuesto procesal ineludible con el propósito fundamental de otorgar seguridad jurídica y evitar la parálisis del tráfico jurídico que dejaría situaciones indefinidas en el tiempo mediante plazos legales orientados a la protección del interés general. Dentro de la acción de reparación directa por la muerte de un civil presentado como baja en combate por el Ejército Nacional, la Sala verifica la oportunidad de la demanda y analiza las solicitudes indemnizatorias por perjuicios inmateriales y daño psíquico o psicológico de los demandantes, confirmando la decisión del Tribunal a quo al no probarse la necesidad de tratamiento médico derivado del homicidio ocurrido el 5 de agosto de 2008.

## Descriptores temáticos

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, FALSO POSITIVO, CASO FALSO POSITIVO, INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN, REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DAÑO ANTIJURÍDICO, CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO, CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO, DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN, VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA, DERECHO A LA VIDA, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO, INDICIO, APRECIACIÓN DEL INDICIO, VALOR PROBATORIO DEL INDICIO, PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA, PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL, ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL, INFERENCIA LÓGICA, ARMAS DE FUEGO, USO DE ARMAS DE FUEGO, USO DE ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, DAÑO CAUSADO CON ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, ARMAS DE DOTACIÓN OFICIAL, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR USO DE ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL, PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD, USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PROPORCIONALIDAD DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, AUTONOMÍA DEL JUEZ, EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA DEL JUEZ, CRITERIO DEL JUEZ, DECISIÓN DEL JUEZ, DIFERENCIA ENTRE PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y PROCESO PENAL, DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y RESPONSABILIDAD PENAL, DISCRECIONALIDAD DEL JUEZ, VALOR DE LA SENTENCIA PENAL EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FALLO DISCIPLINARIO, VALOR PROBATORIO DEL FALLO DISCIPLINARIO, SENTENCIA PENAL, RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO, EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CAUSALES EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, CONCEPTO DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, ELEMENTOS DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, EFECTOS DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL, PROCESO DISCIPLINARIO, VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA, PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA, CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA, PRUEBA DOCUMENTAL, PRUEBA TESTIMONIAL, MEDIOS DE PRUEBA, INFORME DE LA POLICÍA NACIONAL, OPERACIÓN MILITAR, RESPONSABILIDAD EN LA OPERACIÓN MILITAR, DOCUMENTO PÚBLICO, CONCEPTO DE DOCUMENTO PÚBLICO, AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PRESUNCIÓN DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO, PRENSA, ARTÍCULOS DE PRENSA, DOCUMENTO PERIODÍSTICO, VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO, PUBLICACIÓN EN PRENSA, VALOR PROBATORIO DE NOTICIA EN PRENSA ESCRITA, PERIÓDICO, VALORACIÓN INTEGRAL DE LA PRUEBA, TESTIMONIO EN ENTREVISTA, POLICÍA JUDICIAL, DILIGENCIA DE LA POLICÍA JUDICIAL, FUNCIONES DE POLICÍA JUDICIAL, MIEMBROS DE LA POLICÍA JUDICIAL, MIEMBROS DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN, FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA, TRASLADO DE PRUEBA, INDAGATORIA, DILIGENCIA DE INDAGATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA INDAGATORIA, VALOR PROBATORIO DE LA DILIGENCIA DE INDAGATORIA, VERSIÓN LIBRE, DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE, VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE, JURAMENTO, FALTA DE JURAMENTO, DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO SOSPECHOSO, VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO, TESTIMONIO DE OÍDAS, TESTIGO DE OÍDAS, VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIGO DE OÍDAS, VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO DE OÍDAS, TERGIVERSACIÓN DE LA PRUEBA, ALTERACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, OCULTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA, PRUEBA OCULTA, LUGAR DE COMISIÓN DEL DELITO, ACTOS DE LA FUERZA PÚBLICA, ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES, FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA, PRINCIPIO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA, ANÁLISIS DE LA PRUEBA POR EL JUEZ, CARGA DE LA PRUEBA, ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA, REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA, EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA, CONCEPTO DE INDICIO, CLASES DE INDICIO, CLASIFICACIÓN DEL INDICIO, LÓGICA DEL INDICIO, ESTRUCTURA DEL INDICIO, JUSTIFICACIÓN DEL INDICIO, SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, NOCIÓN DEL SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, REQUISITOS DEL SISTEMA DE REGLAS DE LA EXPERIENCIA, PRUEBA DE ABSORCIÓN ATÓMICA, ANÁLISIS DE LA PRUEBA, DISPARO DE ARMAS DE FUEGO, ENFRENTAMIENTO ARMADO, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, CONFIGURACIÓN DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL, MUERTE DE CIVIL, FUERZA PÚBLICA, FALLA DEL SERVICIO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO, RESPONSABILIDAD POR FALLA DEL SERVICIO, CONFIGURACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO, PRUEBA DE LA FALLA DEL SERVICIO, EXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO, ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO, USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA, USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA, USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA, USO INDEBIDO DE LA FUERZA PÚBLICA, INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, INEXISTENCIA DE EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA, PROSPERIDAD DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, PERJUICIO MORAL, PERJUICIO MORAL POR MUERTE, PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HIJO, PERJUICIO MORAL POR MUERTE DE HERMANO, PRESUPUESTOS DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL POR MUERTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, APLICACIÓN DE LA TASACIÓN DEL PERJUICIO MORAL, APLICABILIDAD DE LA REGLA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, APLICACIÓN DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN, REITERACIÓN DE SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, LUCRO CESANTE, PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, PRESUPUESTOS DEL LUCRO CESANTE, PRUEBA DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN POR PÉRDIDA DE AYUDA ECONÓMICA SUFRIDA POR MUERTE DE LA VÍCTIMA, RECONOCIMIENTO DEL LUCRO CESANTE, RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE, INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE, DETERMINACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DE LA TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, CÁLCULO DEL LUCRO CESANTE, TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE, PARÁMETROS DE LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE, TRABAJADOR INDEPENDIENTE, CALIDAD DE TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ECONOMÍA INFORMAL, PERJUICIO INMATERIAL, EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL, CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL, NEGACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL, DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN, MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, NEGACIÓN DE LA MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO, DAÑO A BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO, BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO, BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO, AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO, MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA, CONDENA NO PECUNIARIA, PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA, MEDIDAS DE SATISFACCIÓN, GARANTÍA DE SATISFACCIÓN, GARANTÍA DE NO REPETICIÓN, PUBLICACIÓN DE SENTENCIA, DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, DAÑO A LA SALUD, IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD, FALTA DE PRUEBA, DAÑO PSÍQUICO, PERTURBACIÓN PSÍQUICA, TRATAMIENTO MÉDICO, DICTAMEN PSICOLÓGICO, DICTAMEN PSIQUIÁTRICO, HOMICIDIO, NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS

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## Texto del documento

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar la responsabilidad patrimonial del Ejército Nacional, considerando que el asunto sub lite versa sobre un caso de grave violación de los derechos humanos, por la muerte de un civil presentado como baja en combate, esto es, de un falso positivo?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio. Así pues, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa. No obstante, en cuanto a la forma de abordar la exigibilidad del término para demandar cuando se invoca un delito de lesa humanidad o un crimen de guerra, mediante sentencia del 29 de enero de 2020, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su jurisprudencia y precisó que, salvo para el caso de desaparición forzada, que cuenta con regulación legal expresa, el conteo del plazo para acceder a la jurisdicción de lo contencioso administrativo inicia desde el momento en que los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial a éste, excepto que existan situaciones objetivas que impidan materialmente el ejercicio del derecho de acción. Así las cosas, el juez de lo contencioso administrativo deberá contar el plazo de los dos (2) años para el ejercicio oportuno del medio de control de reparación directa a partir del momento en que el interesado sabía o tuvo posibilidad de advertir "que el Estado tuvo alguna injerencia en la controversia y era susceptible de ser demandado en los términos del artículo 90 de la Constitución Política". De modo que, de conformidad con lo señalado en la sentencia del 29 de enero de 2020 de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el sub judice, los actores se enteraron de la muerte de (...) [la víctima] el 5 de agosto de 2008 cuando esta ocurrió, según se desprende de lo narrado en la demanda, sin que se haya advertido o alegado que de esta supieron en una fecha posterior; además, coincide con la del registro de su defunción (...). Por tanto, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la muerte (...) tuvo lugar el 5 de agosto de 2008 (...); ii) que el 13 de noviembre de 2009, los demandantes en el expediente No. 76001233100020100112700 presentaron la solicitud de conciliación, que se llevó a cabo el 5 de febrero de 2010, pero se declaró fallida por falta de acuerdo conciliatorio; iii) que el 5 de agosto de 2010, los demandantes en el expediente No. 76001233100020100158700 presentaron la solicitud de conciliación, que se llevó a cabo el 13 de septiembre de 2010, pero se declaró fallida por falta de acuerdo conciliatorio; y; v) que las demandas radicadas con los No. 76001233100020100112700 y 76001233100020100158700, en su orden, se presentaron el 5 de agosto de 2010 y el 15 de septiembre de 2010, es decir, dentro de los dos (2) años establecidos en la ley procesal vigente.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la oportunidad para pronunciarse sobre la caducidad, consultar providencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093, C.P. Hernán Andrade Rincón. Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 22867, C.P. Danilo Rojas Betancourth; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Acerca del cómputo del término de caducidad del medio de control de reparación directa en casos de delitos de lesa humanidad, consultar providencia de 29 de enero de 2020, Exp. 61033, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / ELEMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REQUISITOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 11 de noviembre de 1999, Exp. 11499, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90
DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CONCEPTO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / NORMATIVA DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / PERSONA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / DERECHO A LA VIDA / PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / VALORACIÓN JUDICIAL DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / INDICIO / APRECIACIÓN DEL INDICIO / VALOR PROBATORIO DEL INDICIO / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA JUDICIAL / INFERENCIA LÓGICA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado, por lo que, frente a la verificación de las circunstancias propias de cada caso, ante el relato opuesto de las víctimas y la versión oficial de los agentes del Estado, el papel del juez consiste en establecer la mayor cercanía a la verdad material a partir de los postulados de la sana crítica, de la autonomía judicial y de la probabilidad e inferencia lógicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
De vieja data la Sección Tercera de la Corporación ha reprochado las conductas desplegadas por la fuerza pública, de policía o militar, que puedan significar actos de ejecución extrajudicial de personas en condición de indefensión, ajenas al conflicto armado o de aquellas que hayan depuesto las armas y que por ende ya no participan en la confrontación con el Estado. En este sentir, se ha reiterado que los derechos a la vida y a la integridad física de las personas, además de encontrase expresamente consagrados en el ordenamiento interno, tienen plena protección por virtud de los tratados internacionales de derechos humanos de los que Colombia hace parte y conforman el bloque de constitucionalidad, pero que exigen del Estado la obligación de fomentar y adoptar las políticas que sean necesarias y conducentes para evitar que se presenten ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Ahora bien, dentro de las modalidades de ejecución extrajudicial se incluyen los comúnmente denominados “falsos positivos”, caracterizados porque, una vez ocurrido el homicidio de las víctimas, la escena de los hechos es manipulada por la fuerza pública para hacer aparecer la muerte de una persona como un acto legítimo de defensa, ocurrida en combate o en enfrentamiento armado. El montaje puede entrañar, entre muchas posibilidades, poner armas en manos de las víctimas; disparar armas de las manos de las víctimas; cambiar su ropa por indumentaria de combate u otras prendas asociadas con los subversivos y con el enfrentamiento; o calzar

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

de sus padres, consultar providencias de julio 19 de 2001, Exp. 13086, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 6 de julio de 2007, Exp. 16064, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de junio 9 de 2005, Exp. 15129, C.P. Ruth Stella Correa Palacios; de 6 de julio de 2005, Exp. 13406, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Acerca de la presunción de salario mínimo para liquidar el perjuicio material por lucro cesante, consultar providencia de 19 de julio de 2000, Exp. 11842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sobre los parámetros de liquidación del lucro cesante, consultar providencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera; de 11 de noviembre de 2020, Exp. 50349, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas; de 13 de agosto de 2021, Exp. 49571, C.P. Nicolás Yepes Corrales.
PERJUICIO INMATERIAL / EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL PERJUICIO INMATERIAL / CLASES DE PERJUICIO INMATERIAL / NEGACIÓN DEL PERJUICIO INMATERIAL / DAÑO A LA VIDA EN RELACIÓN / MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / NEGACIÓN DE LA MEDIDA PECUNIARIA DE REPARACIÓN DEL DAÑO / DAÑO A BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / BIEN CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Resulta procedente reconocer indemnización pecuniaria a favor de los demandantes a título de daño a la vida de relación, rubro indemnizatorio que en la actualidad se encuentra contemplado dentro de la categoría de perjuicio conocida como afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados; al considerar que esta indemnización se encuentra reservada únicamente para la víctima directa, según la relevancia del caso y la gravedad de los hechos?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a demanda solicitó condenar a la accionada a pagar, por daño a la vida de relación, 1.000 SMLMV para cada uno de los demandantes. Con relación a este rubro indemnizatorio, se advierte que los perjuicios reclamados por los demandantes forman parte de la más reciente categoría de perjuicio reconocida por la jurisprudencia como afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, que establece la compensación, de oficio o a petición de parte, a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y de su núcleo familiar más cercano. Sin embargo, la jurisprudencia unificada fijó la posibilidad de reconocimiento de una medida pecuniaria de hasta 100 SMLMV única y exclusivamente para la víctima directa del daño, cuando las medidas de satisfacción no sean suficientes o posibles para consolidar la reparación integral del daño. Así las cosas, es decir, toda vez que el reconocimiento pecuniario por afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados se reservó única y exclusivamente para la víctima directa del daño, en el presente caso no es procedente el reconocimiento peticionado para cada uno de los demandantes, por cuanto estos acuden a la jurisdicción en calidad de víctimas de rebote o indirectas, y no de directos damnificados.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la indemnización por afectación de bienes y/o derechos convencional y constitucionalmente amparados, consultar providencias de 28 de agosto de 2014, Exp. 26251, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 28 de agosto de 2014, Exp. 28804, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo; de 28 de agosto de 2014, Exp. 32988, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / CONDENA NO PECUNIARIA / PROCEDIBILIDAD DE LA MEDIDA DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / MEDIDAS DE SATISFACCIÓN / GARANTÍA DE SATISFACCIÓN / GARANTÍA DE NO REPETICIÓN / PUBLICACIÓN DE SENTENCIA / DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN / DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / FALSO POSITIVO / CASO FALSO POSITIVO
Problema jurídico:
¿Resulta procedente acceder a la solicitud de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, como la publicación y divulgación de la sentencia condenatoria contra el Estado por la ejecución extrajudicial de un civil, cuando se determina que dichas medidas contribuyen a la construcción de la memoria histórica, al reconocimiento público del error cometido y a la prevención de hechos similares en el futuro?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]n la demanda se solicitó como medida de satisfacción y garantía de no repetición que se condene a la demandada a que garantice la no repetición de los hechos ocurridos y a reconocer públicamente el error cometido con la muerte (…). El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a esta pretensión y condenó a la demandada a publicar la sentencia en un lugar visible en la sede principal de la entidad y a divulgarla por medios escritos físicos y magnéticos por todos los batallones y brigadas del Ejército Nacional. Dicha medida será confirmada por esta Sala de Subsección, dado que contribuye a la cimentación de la memoria histórica, con el propósito de que hechos como el objeto de la presente demanda no se repitan.
DAÑO A LA SALUD / IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO A LA SALUD / FALTA DE PRUEBA / DAÑO PSÍQUICO / PERTURBACIÓN PSÍQUICA / TRATAMIENTO MÉDICO / DICTAMEN PSICOLÓGICO / DICTAMEN PSIQUIÁTRICO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / HOMICIDIO / MUERTE DE CIVIL / NEGACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS
Problema jurídico:
¿Debe el juez acceder a la pretensión de ordenar tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico especializado a los familiares de una víctima de ejecución extrajudicial, cuando se han practicado dictámenes periciales orientados a establecer las secuelas emocionales sufridas, pero se concluye que no se acreditó de forma suficiente el perjuicio psíquico, a pesar del contexto traumático y la naturaleza del hecho violento?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n la demanda se solicitó condenar a la accionada a brindar el tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico especializado que requirieran los demandantes. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó esta pretensión, con fundamento en que no se probó que los actores sufrieron un daño psicológico debido a la muerte (…). Pues bien, para la acreditación de este perjuicio, se practicó el dictamen psicológico y/o psiquiátrico realizado por un perito médico psiquiatra del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses a algunos de los demandantes, que (…) fue con el fin de que “se dictamine qué secuelas o grado de deterioro para su vida normal sufrieron como consecuencia del homicidio (…) el 5 de agosto de 2008, si es posible su recuperación mediante terapias o qué clase de tratamiento debe realizarse, asimismo, sírvase expedir las cotizaciones de estas intervenciones”. (…) De ahí que, (…) no se probó que los demandantes sufrieran un daño psíquico o psicológico a causa de la muerte (…), que ameritara el tratamiento médico que solicitaron. Por tanto, la Sala confirmará la decisión del Tribunal a quo.

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2025-07-14. C.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. Rad. 76001233100020100112702. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020100112702-53967-sentencia).
