Titulación de la relatoría 34.612 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CARACTERÍSTICAS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA MÉDICA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN
Problema jurídico:
¿Se presentó de forma oportuna la acción de reparación directa incoada para demandar por la falla del servicio médico que ocasionó la muerte de un paciente luego de una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida, por no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el procedimiento médico, y por la pérdida de la oportunidad de sobrevida de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados?
Respuesta al problema jurídico: Si
Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la pretensión ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia de primera instancia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal. Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (...) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. (...) En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo frente al daño derivado por la muerte (...), teniendo en cuenta: i) que el 29 de mayo de 2010 el paciente falleció, según dan cuenta copia auténtica del registro civil de defunción; ii) que el 31 de mayo de 2011, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 6 de julio de 2011 y iii) que la demanda se presentó el 5 de diciembre de 2011, cuando no habían transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna. A su turno, se advierte que el derecho de accionar también se ejerció en tiempo frente al daño derivado de no haber firmado el consentimiento informado ni haberle comunicado al paciente todos los riesgos que implicaban realizarse el “bypass gástrico”, teniendo en cuenta: i) que el 23 de febrero de 2010, el cuerpo médico de la E.S.E. Hospital de Yopal le practicó al paciente la intervención quirúrgica de “bypass gástrico”, según da cuenta copia simple de la historia clínica del paciente; ii) que el 31 de mayo de 2011, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 6 de julio de 2011; y iii) que la demanda se presentó el 5 de diciembre de 2011, cuando no habían transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna. Finalmente, se observa que el derecho de accionar también se ejerció en tiempo frente al daño derivado de la pérdida de oportunidad de haber recibido un diagnóstico y tratamiento acertados en la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal, con lo cual el paciente habría podido sobrevivir, teniendo en cuenta: i) que el 28 de mayo de 2010, el personal de salud de la E.S.E. Red Salud Casanare le diagnosticó al “enfermedad ácido-péptica”, “dolor abdominal a estudio” y “apendicitis”, según da cuenta copia simple de la historia clínica del paciente; ii) que el 31 de mayo de 2011, la parte demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual se declaró fallida el 6 de julio de 2011; y iii) que la demanda se presentó el 5 de diciembre de 2011, cuando no habían transcurrido los dos (2) años que otorga la ley procesal para ejercer el derecho de accionar de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la facultad del juez para estudiar de oficio las excepciones procesales, consultar providencia de 16 de diciembre de 2020, Exp. 51252. C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 26353, C.P. Hernán Andrade Rincón; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
CLÁUSULA GENERAL DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / TEORÍA GENERAL DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FUNDAMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / CARACTERÍSTICAS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN FÁCTICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN JURÍDICA DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FUNDAMENTOS DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La declaratoria de la responsabilidad extracontractual del Estado requiere la acreditación de un daño antijurídico y su imputación tanto fáctica como jurídica?
Respuesta al problema jurídico: Si
El artículo 90 de la Constitución Política de 1991 consagró dos condiciones para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado. El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la ley o el derecho, que contraría el orden legal o que está desprovista de una causa que la justifique, resultando que se produce sin derecho al contrastar con las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida o protegida, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor patrimonial que sufre. La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño antijurídico se hace al Estado, de acuerdo con los criterios que se elaboren para ello, como por ejemplo la falla del servicio, el desequilibrio de las cargas públicas, la concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que permita hacer la atribución en el caso concreto. Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado, surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio neminem laedere.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la noción de daño antijurídico, consultar providencias de 27 de enero de 2000, Exp. 10867, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; de 2 de marzo de 2000, Exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez. Referente a la imputación del daño antijurídico, consultar providencia de 18 de mayo de 2017, Exp. 36386, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Acerca del daño como primer elemento que se debe analizar para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, consultar providencias de 13 de agosto de 2008, Exp. 16516, C.P. Enrique Gil Botero, Exp. 24633, C.P. Hernán Andrade Rincón; de 5 de marzo de 2020, Exp. 50264, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico (E).
DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERRORES EN LA ACTIVIDAD MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA MÉDICA / FALLA PROBADA DEL SERVICIO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿La responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias, impone al demandante, bajo el régimen de la falla probada del servicio, la obligación de acreditar probatoriamente el daño, la falla del servicio por el acto médico y el nexo causal entre esta y la consecuencia dañosa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]or regla general, el fundamento del deber de reparar aplicable cuando se discute la responsabilidad extracontractual del Estado por daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias es el de falla del servicio. De hecho, en los eventos en los que se analiza la responsabilidad del Estado por daños ocasionados en virtud de la atención médica defectuosa, se aplica, en principio, el régimen de responsabilidad de falla probada, pues esta Corporación ha señalado que es necesario efectuar un análisis entre el contenido obligacional que las normas pertinentes fijan para el órgano administrativo implicado y el grado de cumplimiento u observancia del mismo por la autoridad demandada. (…) Para endilgar responsabilidad por daños ocasionados como consecuencia de una falla en el servicio en las actividades médico-sanitarias, el demandante debe acreditar i) el daño, ii) la falla en el acto médico y iii) imputación. (…) En suma, por regla general la responsabilidad médica derivada de daños ocasionados como consecuencia de actividades médico-sanitarias debe analizarse en principio bajo el régimen de la falla probada del servicio, lo que impone al demandante la obligación de acreditar probatoriamente el daño, la falla por el acto médico y el nexo causal entre esta y la consecuencia dañosa.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la aplicabilidad de los títulos de imputación de responsabilidad, consultar providencia de 19 de abril de 2012, Exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. Acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio, consultar providencias de 8 de marzo de 2007, Exp. 27434, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre los elementos de procedencia del régimen de falla probada del servicio médico, consultar providencias de 23 de junio de 2010, Exp. 19101, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 31 de agosto de 2006, Exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
PRUEBA TRASLADADA / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / TRASLADO DE PRUEBA / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / PRUEBA TESTIMONIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / REQUISITOS DEL TRASLADO DE LA PRUEBA / PRESUPUESTOS DE LA PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal, cuando decretadas en el plenario y allegadas al proceso, de manera que ambas partes conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s pertinente recordar que según el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, las pruebas practicadas válidamente en un proceso pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella”. Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales y testimoniales trasladadas del proceso penal No. 85001-2331-003-2011-00201-00 adelantado ante la Fiscalía 17 Seccional de Orocué Casanare por el presunto punible de homicidio del que fue víctima (...). Ello, por cuanto estas pruebas fueron debidamente decretadas en el plenario y allegadas al proceso, de manera que ambas partes conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 267, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 185
DICTAMEN PERICIAL / PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DE LA PRUEBA PERICIAL / REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / CARENCIA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / FALTA DE REQUISITOS DEL DICTAMEN PERICIAL / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / INFORME TÉCNICO / INFORME TÉCNICO MÉDICO LEGAL / VALOR PROBATORIO DEL INFORME TÉCNICO
Problema jurídico:
¿El dictamen pericial allegado junto al informe de necropsia debe ser valorado como un informe técnico, pues no fue introducido bajo las reglas diseñadas para su contradicción, ni reúne los requisitos propios de una prueba pericial?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l dictamen pericial allegado junto al informe de necropsia (...) será valorado como un informe técnico, pues a pesar de que fue legalmente incorporado al proceso, no fue introducido bajo las reglas diseñadas para su contradicción, ni reúne los requisitos propios de una prueba pericial, tal como lo exigen los artículos 236, 237, 238, 300 y 301 del Código de Procedimiento Civil, esto es, los requisitos y procedimientos relacionados con la solicitud, práctica y contradicción de pruebas periciales (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos para la apreciación de la prueba pericial, consultar providencia de la Corte Constitucional, T-274 de 2012.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 183, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 236, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 237, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 238, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 300, DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 301
TESTIMONIO EN ENTREVISTA / POLICÍA JUDICIAL / PROCESO PENAL / PRUEBA TRASLADADA DE PROCESO PENAL / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio las entrevistas efectuadas por agentes de policía judicial obrantes en el proceso penal?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as entrevistas obrantes en el proceso penal no podrán ser valoradas, ya que lo dicho por los entrevistados no fue ratificado bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en el artículo 229 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 229
PRUEBA TESTIMONIAL / TESTIMONIO / REQUISITOS DEL TESTIMONIO / REQUISITOS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / VALORACIÓN PROBATORIA DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Cuentan con valor probatorio los testimonios que no permiten establecer cuál fue el contexto temporal, causal y modal en el que ocurrieron los hechos, o que no provienen de una persona que tuviera una vinculación histórica directa o indirecta con el asunto materia de la litis?
Respuesta al problema jurídico: No
[O]bra en el expediente la declaración de (...) sobrino del paciente, que pese a que tiene eficacia probatoria, porque se realizó bajo la gravedad de juramento y no fue desvirtuada por la parte demandada, no permite establecer cuál fue el contexto temporal, causal y modal en el que ocurrieron los hechos que aquí se debaten, pues su dicho se limita a exponer una serie de opiniones frente a lo acontecido con el paciente, pero impiden acreditar si en los centros médicos se le prestó un inadecuado o inapropiado servicio médico y/o quirúrgico. Así mismo, obra en el plenario la declaración de (...) [testigo], la cual no tiene valor probatorio porque no proviene de una persona que tuviera una vinculación histórica directa o indirecta con los hechos materia de la litis, toda vez que, como se desprende de ella, no tuvo una relación directa con el paciente y su conocimiento sobre los hechos fue posterior (...).
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre el valor probatorio de los testimonios, consultar providencia de 19 de noviembre de 2020, Exp. 41419, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / FALLA MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / RESPONSABILIDAD MÉDICA POR FALTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO / CONSENTIMIENTO INFORMADO / CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE / DAÑO POR FALTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO / PRUEBA DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO / VALIDEZ DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO / FALTA DE ACREDITACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / FALTA DE PRUEBA DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / INEXISTENCIA DE DAÑO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la inadecuada prestación del servicio médico por la transgresión a la libertad de decisión
del paciente, al no haber firmado el consentimiento informado ni habérsele comunicado todos los riesgos que implicaban realizarse el “bypass gástrico”?
Respuesta al problema jurídico: No
El 28 de mayo de 2010, a las 2:40 a.m., (...) [la víctima] ingresó al Centro de Salud Trinidad, de la E.S.E. Red Salud Casanare, refiriendo dolor en la boca del estómago. Allí se pudo establecer que meses atrás el cuerpo médico de la E.S.E. Hospital de Yopal le había practicado un “bypass gástrico”, porque el paciente padecía “obesidad mórbida”. Asimismo, se le diagnosticó “enfermedad ácido-péptica”, se le recetó ranitidina y se ordenó su hospitalización para valorar la evolución de su estado de salud. Horas más tarde, el personal médico del centro de salud se comunicó con el cirujano que había realizado el “bypass gástrico”, quien recomendó que si el paciente “no presenta[ba] o presentó hematemesis y el drenaje por sonda es líquido ilioso, que se orden[ara la] salida”. Debido a esto, el médico tratante del Centro de Salud Trinidad de la E.S.E. Red Salud Casanare valoró nuevamente al paciente y le dio de alta. No obstante, siendo las 2:45 p.m. de ese mismo día, el señor (...) ingresó nuevamente al Centro de Salud Trinidad de la E.S.E. Red Salud Casanare afirmando que los síntomas persistían en la boca del estómago. Seguidamente, el personal médico del mencionado centro hospitalario examinó al paciente, le diagnosticó “dolor abdominal a estudio”, “apendicitis” y solicitó su remisión a un centro hospitalario de mayor nivel. Empero, antes de que esto se cumpliera, siendo las 5:10 p.m. de ese mismo día, el paciente presentó un deterioro súbito de salud y convulsionó, por lo que a las 6:00 p.m. el personal médico activó el código azul y el médico tratante ordenó su traslado inmediato a la E.S.E. Hospital de Yopal, por tratarse de una urgencia vital. A las 9:00 p.m. de ese mismo día (...) [la víctima] ingresó en “regular estado general” al referido Hospital, pero a la 1:05 a.m. del día siguiente sufrió un paro cardiorrespiratorio, que le ocasionó la muerte minutos después. (...) [E]l daño ocasionado por la transgresión a la libertad de decisión del paciente, por no haber firmado el consentimiento informado ni haberle comunicado al paciente todos los riesgos que implicaban realizarse el “bypass gástrico” no se encuentra acreditado, pues al analizar en conjunto el material probatorio obrante en el proceso, quedó probado que (...) [la víctima] fue informado de los riesgos de dicha intervención quirúrgica, y que se sometió libremente al procedimiento. (...) [A]ntes de que se realice un procedimiento médico, corresponde a los profesionales de la salud advertirle al paciente y/o a su representante la existencia de los riesgos inherentes al mismo, para que aquel o los familiares a su cargo puedan manifestar libremente su voluntad de someterse al acto médico a sabiendas de los posibles riesgos o complicaciones médicas que puedan presentarse. (...) Y, en este caso, es notorio que el paciente recibió la información de los riesgos de la intervención quirúrgica y que, posteriormente, dio su aceptación. Incluso, sin necesidad de la firma del médico y/o del anestesiólogo en dicho documento (...), puede la Sala evidenciar que el paciente fue informado de los riesgos y los aceptó, dado que él mismo programó y gestionó la cirugía que requería para prolongar su vida, pues debe recordarse que el señor (...) padecía “obesidad mórbida” (...) y estaba presentando comorbilidades que afectaban su condición de vida (...). Ejemplo de esto es que el 19 de mayo de 2009, fue el mismo paciente quien acudió a consulta externa en la E.S.E. Hospital de Yopal y solicitó que le practicara dicha intervención quirúrgica (...). En este orden de ideas, se observa que no se probó el daño consistente en la transgresión a la libertad de decisión del paciente y, ante la ausencia del daño, no hay lugar a estudiar su eventual imputación frente a la entidad demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Frente a la importancia de obtener el consentimiento del paciente, consultar providencia de 3 de mayo de 2007, Exp. 16098, C.P. Enrique Gil Botero; y de la Corte Constitucional, SU-337 de 1999, C-182 de 2016.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / DAÑO CAUSADO POR EQUIPO MÉDICO / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA MÉDICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / INEXISTENCIA DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Se configuraron los presupuestos para acreditar la pérdida de la oportunidad de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados en la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal, con lo cual el paciente fallecido habría podido sobrevivir?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]l daño consistente en la pérdida de la oportunidad de sobrevida, de haber recibido un diagnóstico y tratamiento adecuados por parte de la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal no se encuentra acreditado, pues no hay medios de convicción que permitan demostrar que de haberle efectuado exámenes adicionales y/o de haberle diagnosticado oportunamente una “perforación intestinal”, la patología no habría derivado en peritonitis y se habría evitado su muerte y/o prolongado la esperanza de vida del paciente (...). En este sentido, sobre el concepto de pérdida de la oportunidad, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que se refiere a un daño autónomo con identidad propia, que se configura cuando la posibilidad real y concreta de obtener un beneficio o evitar un detrimento es frustrada por la actuación de otro sujeto, acontecer o conducta. Sumado a lo anterior, ha señalado que en los casos donde se alega un daño antijurídico por perdida de la oportunidad, está acreditado el carácter cierto del daño si se prueba: i) la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, ii) la imposibilidad definitiva de obtener el provecho, la reparación del daño o evitar el detrimento, y iii) que la persona se encuentra en una situación potencialmente apta para la consecución de la indemnización. (...) [En el caso concreto,] se evidencia que no se demostró el primer requisito para acreditar la pérdida de oportunidad, esto es, la certeza de la oportunidad que se reputa perdida, pues no se probó “una esperanza en grado de probabilidad con certeza suficiente” que de haber sido diagnosticado de forma acertada, se le hubiese realizado un tratamiento distinto y que el paciente no habría fallecido. Por tanto, ante la ausencia del primero de los elementos del daño pérdida de oportunidad, como lo es la certeza del mismo, no hay lugar a estudiar su eventual imputación frente a la entidad demandada, pues debe recordarse que la responsabilidad es una institución de carácter derivado que depende necesariamente de la suma y presencia condicional de la totalidad de sus elementos y que, ante la ausencia de alguno de estos, no puede reconocerse la obligación de reparar.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los presupuestos de la responsabilidad por pérdida de oportunidad, consultar providencia de 11 de agosto de 2010, Exp. 18593, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO TÉCNICO / TESTIMONIO TÉCNICO / MÉDICO TRATANTE / CONCEPTO DEL MÉDICO TRATANTE / VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO
Problema jurídico:
¿Pueden desecharse de plano por el juez los testimonios que provienen de personas que tengan vínculos laborales con alguna de las partes, esto es, que resultan sospechosos, cuando dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos motivo de litigio, y cuando ofrecen su opinión fundamentada respaldándose en sus conocimientos científicos?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]i bien los testimonios (...), son sospechosos por provenir de personas que tenían un vínculo laboral y/o contractual con la parte demandada, lo cierto es que no solo tienen valor probatorio porque se realizaron bajo la gravedad de juramento sino porque, además, dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la atención prestada al paciente el 23 de febrero de 2010 al practicarle el “bypass gástrico” en la E.S.E. Hospital de Yopal, y el 28 de mayo de 2010 en el Centro de Salud Trinidad de la E.S.E. Red Salud Casanare y en la E.S.E. Hospital del Yopal, y sus declaraciones fueron precisas y coherentes. En ese sentido, las declaraciones de estas personas, que por demás tienen la calidad de testigos técnicos, tienen valor probatorio, porque presenciaron los hechos que tuvieron lugar el 23 de febrero de 2010 y el 28 de mayo de 2010, de forma directa e indirecta. Igualmente, en razón a su profesión suministraron información completa y precisa sobre lo que aconteció con la prestación del servicio de salud en el Centro de Salud Trinidad de la E.S.E. Red Salud Casanare y en la E.S.E. Hospital del Yopal. Entonces, estos testigos no solo relataron los hechos que percibieron, sino que también ofrecieron su opinión fundamentada sobre el tratamiento que se le practicó al paciente, respaldándose en sus conocimientos científicos, en concordancia con lo estipulado en el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 227
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA MÉDICA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO / RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / SERVICIO MÉDICO QUIRÚRGICO / PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO / MUERTE DEL PACIENTE / INEXISTENCIA DE LA FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD MÉDICA / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Se acreditó la inadecuada prestación del servicio médico adelantado el 23 de febrero de 2010 en la intervención quirúrgica del “bypass gástrico” realizado a la víctima y, en consecuencia, el Estado es patrimonialmente responsable por la muerte del paciente?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]a intervención quirúrgica de "bypass gástrico" realizada el 23 de febrero de 2010 por parte del personal de salud de la E.S.E. Hospital de Yopal fue adecuada. Esto se evidencia a través del dictamen pericial rendido por el especialista en cirugía general y laparoscopia avanzada, quien afirmó que la cirugía se ajustó a los protocolos y guías médicas establecidas para este tipo de intervención. Además, se destaca que el paciente recibió las indicaciones adecuadas para su recuperación después de la cirugía, incluyendo los signos de alarma, medicamentos y una dieta específica a seguir. Sumado a lo anterior, si bien el 28 de mayo de 2010 el paciente ingresó al Centro de Salud Trinidad de la E.S.E. Red Salud Casanare por dolor abdominal, el perito no encontró evidencia de que la perforación en el sitio de la anastomosis hubiere sido ocasionada por la cirugía de “by pass gástrico” practicada el 23 de febrero de 2010, pues, en sus palabras, de haber ocurrido durante dicha intervención quirúrgica, la perforación habría sucedido dentro de los 15 días siguientes. Entonces, las pruebas obrantes en el proceso respaldan que la cirugía de “bypass gástrico” realizada el 23 de febrero de 2010 fue exitosa y se ajustó a los estándares médicos adecuados.
ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR FALLA DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO POST OPERATORIO / FALLA MÉDICA / RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO / DAÑO DERIVADO DE LA ACTIVIDAD MÉDICA / MUERTE DEL PACIENTE / NEXO DE CAUSALIDAD / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / FALTA DE RELACIÓN DE CAUSALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Problema jurídico:
¿Debe declararse la responsabilidad patrimonial del Estado por la atención médica postoperatoria que se le prestó al paciente el 28 de mayo de 2010 por la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal, tiempo después de que se le hubiera practicado una intervención quirúrgica de bypass gástrico por obesidad mórbida?
Respuesta al problema jurídico: No
[S]e advierte que el servicio de salud prestado el 28 de mayo de 2010 por la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal no fue el oportuno ni el adecuado, pues a pesar de que el paciente ingresó con síntomas de dolor abdominal, el personal de salud de las referidas instituciones no tuvo en cuenta que el paciente podría estar enfrentando una “perforación intestinal” (...). En efecto, el personal de salud de ambas instituciones prestó un servicio inoportuno e inadecuado, pues realizó diagnósticos erróneos de la enfermedad del paciente, como "enfermedad ácido-péptica", "dolor abdominal a estudio" y "apendicitis". Además, el 28 de mayo de 2010 cuando el paciente ingresó al Hospital de Yopal, se le practicó una intubación orotraqueal, pero aun así, no se pudo identificar de forma adecuada y oportuna que padecía una "perforación intestinal", que terminó en un cuadro de peritonitis. En otras palabras, el servicio de salud prestado el 28 de mayo de 2010 por el personal de salud de la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal no fue oportuno ni adecuado, porque el personal médico no consideró el diagnóstico acertado de la perforación intestinal que padecía. (...) No obstante, aunque el servicio de salud prestado el 28 de mayo de 2010 por la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal fue inoportuno e inadecuado por incurrir en un diagnóstico erróneo del paciente, lo cierto es que no se probó que este hecho por sí mismo hubiere ocasionado su muerte, o colaborado a que esta se produjera. Incluso, el perito indicó en el dictamen pericial que el índice de mortalidad del paciente era alto, debido a que había transcurrido un período de tiempo prolongado desde que comenzaron sus síntomas, hasta que ingresó al Centro de Salud Trinidad y a la E.S.E. Hospital de Yopal. (...) Entonces, el servicio inoportuno e inadecuado por parte de la E.S.E. Red Salud Casanare y la E.S.E. Hospital de Yopal no incidió de manera eficiente en el decurso de los hechos que llevó a la muerte (...) [del paciente], pues el curso de su enfermedad se encontraba avanzada. (...) Sumado a lo anterior, como ya se advirtió, el señor (...) padecía una enfermedad de base (...) y tenía un antecedente de “bypass gástrico” (...) y, como indicó el perito, “si [el paciente] no cumplió con las recomendaciones en cuanto a disminuir la cantidad de alimentos, muy probablemente esta fue la causa de la perforación”. (...) Sumado a lo anterior,(...) el señor (...) padecía una enfermedad de base (...) y tenía un antecedente de “bypass gástrico” (...) y, como indicó el perito, “si [el paciente] no cumplió con las recomendaciones en cuanto a disminuir la cantidad de alimentos, muy probablemente esta fue la causa de la perforación”. (...) Entonces, si bien el extremo activo afirmó que el deceso del paciente se produjo como consecuencia de la omisión en que incurrieron las entidades demandadas, lo cierto es que en el plenario no obra prueba científica ni técnica que permita dilucidar el motivo y/o causa del fallecimiento del señor (...). En otras palabras, no se probó que el daño fuera atribuible causalmente a las entidades demandadas, lo cual era necesario para establecer una eventual omisión por parte del Estado. Por todo lo anterior y según lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 7 de septiembre de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y, en su lugar, negará las súplicas de la demanda, al constatar que el daño antijurídico no es imputable a la E.S.E. Hospital de Yopal ni a la E.S.E. Red Salud Casanare, toda vez que no se probó el vínculo causal entre el hecho lesivo y una conducta activa u omisiva de las entidades referidas.