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clave: "consejo_estado:providencia:76001233100020060328401-58623-sentencia"
titulo: "Consejo de Estado: se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso"
corporacion: "Consejo de Estado"
tipo: "Providencia"
fecha: "2023-03-31"
radicado: "76001233100020060328401"
numero: "58623"
ponente: "JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ"
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# Consejo de Estado: se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso

- **Título oficial / radicado:** Sentencia — Sentencia
- **Corporación:** Consejo de Estado
- **Tipo:** Providencia
- **Fecha:** 2023-03-31
- **Radicado:** 76001233100020060328401
- **Número interno:** 58623
- **Ponente:** JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
- **Sección / Sala:** Sección Tercera (Subsección A)
- **Clase de proceso:** ACCION CONTRACTUAL
- **Actor:** GESCOPT LTDA
- **Demandado:** MUNICIPIO DE PALMIRA
- **URL canónica en Adjudika:** https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020060328401-58623-sentencia
- **PDF oficial:** https://samaicore.consejodeestado.gov.co/api/DescargarProvidenciaPublica/1100103/76001233100020060328401/A77170338309EBEA494B5EADABB41BB90B508973F9788FDEC25BCB8F24494C44/2
- **Fuente oficial:** https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=760012331000200603284011100103

## Problema jurídico

¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico?

## Respuesta doctrinal / Tesis

Si

## Decisión

CONFIRMA

## Puntos clave

- ¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?
- ¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?
- ¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?

## Fundamentos jurídicos

- Ley 80 de 1993, art. 44 núm. 2
- Ley 84 de 1873, art. 1519

## Extracto

El artículo 1519 del Código Civil significa que toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente; y ha manifestado que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y, por ende, la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito.

## Síntesis temática

Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.

## Descriptores temáticos

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA, NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL, PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, COOPERATIVA PÚBLICA, COOPERATIVA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA, EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA, NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA, ECONOMÍA SOLIDARIA, CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA, INSTITUCIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA, RÉGIMEN DE ECONOMÍA SOLIDARIA, REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, CONVENIO DE COOPERACIÓN, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN, RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA, REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN, CLASES DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE COLABORACIÓN, PRINCIPIO DE LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL, OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO, DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL, ACTIVIDAD DE LA EMPRESA, OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD PÚBLICA, CONTRATACIÓN DIRECTA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, REQUISITOS DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, LÍMITES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA, PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, NEGOCIO JURÍDICO, LEY APLICABLE AL CONTRATO, RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, OBJETO DEL CONTRATO, OBJETO DE LA SOCIEDAD, CONSTITUCIÓN DE LA COOPERATIVA, NORMATIVA DE LA COOPERATIVA, OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA, OBJETO ILÍCITO, OBJETO ILÍCITO DEL CONTRATO ESTATAL, ELEMENTOS DEL CONTRATO, ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS, RESTITUCIONES MUTUAS, FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS, IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS, NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL, PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO, FALTA DE PRUEBA, CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO, CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO, NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO

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## Texto del documento

ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL / PROHIBICIÓN DE CELEBRACIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL
Problema jurídico:
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]l artículo 1519 del Código Civil significa que toda violación a un mandato imperativo o a una prohibición de la ley comporta un vicio que genera nulidad absoluta si, por supuesto, ella no consagra una sanción diferente; y ha manifestado que las normas imperativas no son solamente aquellas que prohíben sino también las que mandan u ordenan y, por ende, la transgresión del orden público se presenta cuando se viola la que prohíbe, así como cuando no se observa o se desatiende la que ordena, casos todos estos que conducen a una nulidad absoluta por objeto ilícito. Empero, de las disposiciones citadas reluce que la causal de nulidad por objeto ilícito bajo el Código Civil aloja tanto las prohibiciones legales –más fácilmente detectables– y también las violaciones a normas de orden público y a las buenas costumbres, pues en tal ámbito no hay otra que la contenga; contexto que sigue siendo de la mayor amplitud y no permite alinderar esta causal frente a la prevista en el numeral 2 del art. 44 de la Ley 80 tantas veces citado. De suerte que, tal conceptualización llevaría a entender que la nulidad que se sanciona por objeto ilícito en las normas civiles se bifurca bajo el EGCAP en dos contenidos normativos, reservando para la causal 2 de nulidad absoluta del contrato estatal -relacionada con que su celebración se realice contra expresa prohibición legal y constitucional- aquellos eventos en que se desconozca el régimen de prohibiciones en tales rangos normativos. […] La relevancia en marcar la línea diferenciadora entre ambas causales, es evidente, en tanto el análisis de un evento puntual podría deslizarse entre una y otra causal, en particular, incluido el caso en que aun existiendo prohibición legal o constitucional, se considere que su sanción debe ser desatada bajo la causal de objeto ilícito, con efectos diversos. […] [E]n lo que atañe a la causal 2° del art. 44 de la Ley 80 de 1993, que no toda irregularidad o violación de la ley es constitutiva de la causal de prohibición legal o constitucional para celebrar el contrato, lo que hace necesario analizar en cada caso concreto el contenido de la norma. […] [P]ara la configuración de esta causal se exigen dos presupuestos, i) la violación del régimen de prohibiciones consagrado en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley; y, ii) que la prohibición sea expresa y explícita. En esta línea, la Sala encuentra acreditados los anteriores supuestos bajo el sub examine: (i) la existencia de un mandato de prohibición establecido en el artículo 6 de la Ley 79 de 1988 que dispone “[a] ninguna cooperativa le será permitido (…) Desarrollar actividades distintas a las enumeradas en sus estatutos”; y (ii) se trata de una prohibición expresa y explícita que se aplica a cualquier forma, incluido el contrato estatal, en que las asociaciones cooperativas pretendan desarrollar actividades ajenas a sus estatutos; lo que conduce a la tipificación de la citada causal 2° del art. 44 de la Ley 80, como configuradora del vicio de nulidad y así será declarado. […] En esa medida, y dado que fue la propia actuación procesal de una de las partes la que impulsó el estudio de validez del negocio jurídico, le ha correspondido al juez incursionar en tal análisis y realizar una declaración en este sentido al hallar configurado el vicio de nulidad reseñado, el cual, se precisa, no es susceptible de saneamiento por ratificación de las partes de cara a la activación de la causal prevista en el artículo 44.2 de la Ley 80 de 1993, el cual tiñe de ilegalidad el nacimiento mismo del negocio jurídico al celebrarse con desconocimiento de una expresa prohibición legal. […] [E]l convenio interadministrativo fue invocado en la presente controversia como fuente de obligaciones, puesto que la parte actora pidió su declaratoria de incumplimiento y, en el escenario de la demanda de reconvención fue pedida su declaratoria de nulidad. Asimismo, se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso, por cuanto, a través del auto admisorio de la demanda se ordenó notificar personalmente dicha decisión al municipio de Palmira; además, esta última entidad territorial presentó demanda de reconvención contra Gescop Ltda. Por consiguiente, y ante la constatación de la configuración de las anteriores circunstancias, la Sala declarará la nulidad absoluta del convenio interadministrativo celebrado el 26 de diciembre de 2002, suscrito entre el municipio de Palmira y Gescop Ltda.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a la causal de prohibición de ley en el contrato, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2006, rad. 31480, C. P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de 6 de febrero de 2019, rad. 61720, C. P. Marta Nubia Velásquez; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 28 de noviembre de 2022, rad. 05001-31-03-001-2015-00953-01, M. P. Martha Patricia Guzmán Álvarez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1519
COOPERATIVA PÚBLICA / COOPERATIVA / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / ECONOMÍA SOLIDARIA / CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA SOLIDARIA / INSTITUCIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA / RÉGIMEN DE ECONOMÍA SOLIDARIA / REGULACIÓN DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA / CONVENIO DE COOPERACIÓN / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN
Problema jurídico:
¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?
Respuesta al problema jurídico: Si
El origen de [las administradoras cooperativas] se encuentra inspirado en el cooperativismo, fundamento que realza la premisa del trabajo por el bienestar y no por el lucro, donde despunta como elemento esencial la sumatoria de los esfuerzos de los individuos para conformar entes solidarios y alcanzar beneficios colectivos que producen desarrollo social y cultural. Entonces, la razón de ser de la economía solidaria se aleja de la concepción individual de producción y desarrollo, y promueve los valores de la cooperación, con proyección en la esfera de la sociedad y la economía a través de diversas actividades. En desarrollo del sector cooperativo , fue expedido el Decreto 2536 de 1986 a través del cual se demarcó el sector de la economía solidaria como aquel conformado por múltiples organizaciones de tipo participativo abierto y otras formas asociativas instrumentalizadas para la satisfacción de las necesidades básicas de las comunidades, generando inversión, empleo, ahorro social, ampliación de servicios en el área de la salud, vivienda, mercadeo, transporte, educación, producción, recreación y progreso en general. Se creó el Consejo Nacional de Economía Solidaria como el órgano encargado de identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e intersectorial, a través de la cooperación de instituciones y entidades, públicas y privadas, en apoyo a la promoción de empresas y asociaciones del sector de la economía solidaria. Con el ánimo de actualizar la legislación, promover un mayor dinamismo y ámbito de actuación empresarial, tener la posibilidad de crear bancos e instituciones financieras de naturaleza cooperativa, configurar jurídicamente este sector y definir con mayor claridad sus relaciones con el Estado, se promulgó la Ley 79 de 1988. En dicha norma se revistió al Presidente de la República con facultades extraordinarias para expedir las normas reguladoras en estas materias; así en el año 1989 fueron expedidos los Decretos Ley 1133 sobre las Precooperativas; 1480 referido a Asociaciones Mutualistas; 1481 para Fondos de Empleados; y, 1482 relativo a Administraciones Públicas Cooperativas. Sobre las últimas, administraciones públicas cooperativas, se debe indicar que según el artículo 13019 de la Ley 79 de 1988, éstas son establecidas por la Nación, los departamentos y los municipios o distritos, a través de leyes, ordenanzas o acuerdos, respectivamente, con un mínimo de cinco integrantes. En virtud de su naturaleza, se trata de asociaciones sin ánimo de lucro, pero compuestas por personas de derecho público conformadas para la satisfacción de las necesidades de sus miembros y de la comunidad. […] [L]a regulación específica no determina directamente ni el objeto ni las funciones particulares a ejecutar por estas asociaciones, pues se trata de un parámetro normativo que debe llenarse de contenido a través de la expresión de voluntad de sus asociados y la confluencia de objetivos expresados específicamente en sus estatutos, siempre dentro de los límites que definen la naturaleza jurídica de estas formas de asociación y en línea con las finalidades legales que autorizan su nacimiento. […] Con la Ley 454 de 1998 se determinó el marco conceptual que regula la economía solidaria y, sin derogar la normatividad de las cooperativas contenida en la Ley 79 de 1988, salvo en los aspectos que le fueran contrarios, se definió la economía solidaria como el “sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía”.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 2536 DE 1986, DECRETO LEY 1133 DE 1989, DECRETO LEY 1480 DE 1989, DECRETO LEY 1481 DE 1989, DECRETO LEY 1482 DE 1989, LEY 454 DE 1998, LEY 79 DE 1988 - ARTÍCULO 130
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / NATURALEZA JURÍDICA DE LA EMPRESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / APLICACIÓN DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / VIGENCIA DEL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN / RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LA EMPRESA PÚBLICA / REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL / CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN / REQUISITOS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO / PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
Problema jurídico:
¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]revio a la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, es decir, en aplicación del Decreto 222 de 1983, sólo eran aplicables las normas relativas a la contratación de la Nación a las sociedades de economía mixta que tuvieran una participación del Estado del 90% o más, y si éstas tenían una participación inferior quedaban sometidas a las normas de derecho privado, de acuerdo con los artículos 1 y 257 del referido Decreto 222 de 1983. […] [A]l modificar el porcentaje de participación estatal que define el régimen contractual aplicable a las sociedades de economía mixta y demás personas jurídicas con participación pública mayoritaria, también se varió el de las administraciones públicas cooperativas, quedando obligadas a aplicar el EGCAP cuando la participación estatal fuera superior al 50%. Entonces, en su doble dimensión, las administraciones públicas cooperativas (i) podían celebrar convenios o contratos interadministrativos, pues por ley ostentaban la calidad de entidades públicas según el parágrafo del literal a) del artículo 2° de la Ley 80 de 1993; y (ii) en relación con su régimen de contratación estaban sujetas al EGCAP -especialmente cuando en desarrollo de convenios interadministrativos celebraran contratos por cuenta de éstos- siempre que su participación pública fuera mayoritaria. […] [E]l porcentaje de participación estatal en las administraciones públicas cooperativas ya no era definitorio de su régimen de contratación, pues el aplicable, de forma general, sería el derecho privado junto con los principios de la función administrativa; lo anterior, bajo el entendido de que tal disposición estaba referida a la normatividad que tales entes debían aplicar en calidad de contratantes, di

*[... Sección intermedia resumida para contexto LLM; se conserva el tramo final resolutivo ...]*

n la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional y legal?
Respuesta al problema jurídico: No
[E]n línea con la existencia de corrientes más o menos estrictas de lo que constituye el objeto ilícito, se ha llegado a pensar que este instituto, constituido en causal de nulidad bajo el Código Civil, podría abarcar la hipótesis contenida en la causal 2° del art. 44 de la Ley 80 de 1993 [...]. La causal de nulidad prevista en el artículo 1519 del Código Civil establece que hay objeto ilícito “en todo lo que contraviene al derecho público de la nación” y, al tenor del art. 1523 ídem, también lo hay “en todo contrato prohibido por las leyes”. Ello no significa que la configuración del objeto ilícito necesariamente esté atada a la infracción de una norma prohibitiva especial, pues conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al estudiar esta causal, también puede provenir de desatender la amplia prohibición contenida en el art. 16 ibidem, al establecer que “No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”. Al respecto, la doctrina especializada ha sostenido que el objeto ilícito se presenta, “no solamente cuando el acto quebranta prohibiciones expresas y concretas de la ley, no sancionadas de otro modo, sino también cuando dicho acto, por sus prestaciones aisladamente consideradas o en su conjunto, atenta contra el orden público o las buenas costumbres”.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 16, 1519, 1523
CONCEPTO DE RESTITUCIONES MUTUAS / RESTITUCIONES MUTUAS / FALTA DE PRUEBA DE RESTITUCIONES MUTUAS / IMPROCEDENCIA DE RESTITUCIONES MUTUAS / NEGACIÓN DE RESTITUCIONES MUTUAS / NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / DECLARACIÓN OFICIOSA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / EFECTOS DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ESTATAL / PROCEDENCIA DE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO / FALTA DE PRUEBA / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO / CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO / NULIDAD DEL CONTRATO ESTATAL DE TRACTO SUCESIVO
Problema jurídico:
¿Procede el reconocimiento de restituciones mutuas con ocasión a la nulidad del convenio interadministrativo?
Respuesta al problema jurídico: No
La nulidad absoluta del contrato, además de hacerlo desaparecer del mundo jurídico, genera como consecuencia que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la expedición del acto o contrato declarado nulo y, por lo mismo, cada una de las partes está en el deber de devolver a la otra aquello que ha recibido como prestación durante la vigencia del acto contractual, tal como lo dispone el artículo 1746 del C.C. Sin perjuicio del modelo previsto el estatuto civil que deriva en la sanción anulatoria de los negocios jurídicos, de forma puntual el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 se ocupa de esta figura y sus efectos y, al respecto, ordena el reconocimiento y pago de las prestaciones derivadas de un contrato estatal nulo […]. Dado que en el presente asunto la declaratoria de nulidad absoluta se fundamenta en la configuración de la causal 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, se debe aplicar la regla general y proceder al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas por Gescop Ltda., sin que resulten aplicables las restricciones y condicionamientos que la ley impuso para los casos en que su declaratoria proviniera de la existencia de objeto o causa ilícitos. […] [L]as restituciones mutuas como consecuencia de la sanción derivada de la nulidad es una figura que busca devolver los efectos del contrato viciado al momento previo a su celebración. Estas constituyen “el resultado material de la nulidad” y procuran, siempre que sea posible, la restitución in natura de las prestaciones nacidas del contrato nulo, y en caso de que no haya lugar a ello, ha de preferirse el equivalente pecuniario. Con todo, tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como la del Consejo de Estado han reconocido escenarios donde no es viable efectuar restituciones mutuas desde el punto de vista fáctico, como sucede en los contratos de tracto sucesivo […]. Así, aunque el convenio interadministrativo celebrado el 26 de diciembre de 2002 está afectado de nulidad absoluta, en los términos ya explicados, no proceden las restituciones mutuas in natura, dada la imposibilidad material de retrotraer lo ejecutado a tal punto que se deshagan las obras realizadas en relación con la readecuación de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito o se restituya a los terceros usuarios de dicha dependencia los dineros que pagaron con ocasión de los servicios o trámites que usaron; no obstante, habría lugar a realizar dichas devoluciones en virtud de su correspondencia monetaria, pero para llegar a este destino resulta ineludible la efectiva demostración de las prestaciones ejecutadas. […] [L]a Sala no encuentra mérito para reconocer restituciones mutuas, puesto que a través de éstos (i) no se acreditó, efectivamente, el valor de la construcción de las instalaciones de la Secretaría de Tránsito, por cuanto sólo se aportaron menciones sobre disconformidades en su valor, pero sin allegar los medios probatorios que constaten el valor de las obras ejecutadas; (ii) no se halló certidumbre sobre el valor de las liquidaciones enunciadas o el soporte de las mismas, (iii) los comprobantes de pago relacionados no son claros en ilustrar los gastos o costos que cubrían, y (iv) el pago del personal -soportado en las facturas de Listos S.A.- constituía, de una parte, una obligación que la cooperativa contrajo y, de otra, un riesgo que asumió -en la medida que adquirió los riesgos de “éxito del negocio y retorno de su inversión” - por lo que es claro que su pago tenía una relación directa con el alcance del objeto del convenio -evidenciado en los ingresos a recibir-. […] [P]ese a advertir la existencia de gastos propios del contratista, en la realización de la obra y prestación de los servicios durante el plazo en que ello aconteció, lo cierto es que no se probó el valor de éstos ni los ingresos que debía recibir GESCOP por su labor y, además, los aludidos comprobantes de pago tampoco demostraron su relación con la ejecución del convenio.
NOTA DE RELATORÍA:
Respecto a las restituciones mutuas, cita: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de febrero de 2006, rad. 13414, C. P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de febrero de 2019, rad. 61720, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia de 4 de junio de 2021, rad. 64908, C. P. Marta Nubia Velásquez Rico; y sentencia de 18 de marzo de 2010, rad. 14390, C. P. Mauricio Fajardo Gómez.
FUENTE FORMAL:
LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 44 NUMERAL 2, LEY 80 DE 1993 - ARTÍCULO 48, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1746

## Cómo citar esta fuente

Consejo de Estado. Providencia Sentencia — Sentencia. 2023-03-31. C.P. JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ. Rad. 76001233100020060328401. Consultado en Adjudika (https://adjudicalo.com.co/documento/consejo_estado:providencia:76001233100020060328401-58623-sentencia).
