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¿Procede la cláusula penal de forma proporcional al cumplimiento del contrato? Sí
El contratista incumple el contrato cuando no ejecuta la obra en su totalidad, por lo que la cláusula penal es aplicable de forma proporcional al grado de cumplimiento, tal como lo determinó el tribunal en primera instancia. La entidad estatal no incurrió en incumplimiento ni en fuerza mayor que justifique la exención del contratista de su responsabilidad contractual. Además, el dictamen pericial presentado por la aseguradora no cumple con los requisitos legales para ser valorado, ya que no se acompañaron los documentos que acrediten la idoneidad y experiencia del perito ni los que le sirven de fundamento. Esta decisión reitera la necesidad de cumplir con los requisitos legales para la valoración de los dictámenes periciales y subraya la importancia de la proporcionalidad en la aplicación de la cláusula penal en casos de incumplimiento parcial.síntesis automática
También resuelve:¿El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación contra una sentencia proferida en primera instancia por un Tribunal Administrativo?¿En los contratos que requieran liquidación, el término de caducidad de dos años de la acción de controversias contractuales comenzará a contar a partir de los dos meses siguientes al vencimiento del…¿El dictamen aportado por la Aseguradora cumple con los requisitos establecidos el artículo 226 del CGP?
¿Se acreditó que la entidad demandada modificó unilateral y arbitrariamente el objeto del negocio jurídico e impuso un plazo de imposible cumplimiento al contratista como producto de la vulneración del deber de planeación? No
La sociedad demandante solicita declarar la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato.… La Sala observa que no le asiste razón al demandante respecto de los cargos de apelación aducidos, por las razones que se exponen a continuación.
También resuelve:¿El negocio jurídico que suscita la controversia corresponde a un contrato de obra pública por cuanto la entidad demanda es una entidad estatal y su objeto consistió en la realización de trabajos…¿El recurso de apelación es un instrumento para que las partes adicionen o modifiquen sus demandas?¿Procede la condena en costas a la parte demandante, vencida en el proceso, por cuanto se confirmará la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda?
¿Cuál es la pauta del inicio del conteo del término de caducidad en asuntos de controversias contractuales cuando existen decisiones encadenadas de la Administración que subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato? Sí
El cómputo del término de caducidad para la acción de controversias contractuales comienza a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento, salvo que la controversia esté directamente relacionada con la liquidación del contrato, en cuyo caso el plazo se inicia una vez concluida la liquidación o vencido el plazo para su realización. La Sala establece que cuando las decisiones administrativas subsisten de forma independiente a la liquidación del contrato, el cómputo de la caducidad debe realizarse desde la ocurrencia de los hechos que dan origen a la controversia, lo que armoniza con la norma especial del artículo 136, numeral 10, literal d) del Código Contencioso Administrativo. Esta regla matiza la jurisprudencia anterior y permite una aplicación más flexible del cómputo del plazo de caducidad en función de la naturaleza de los hechos que generan la controversia, evitando una aplicación rígida que podría dejar sin efecto controversias legítimas.síntesis automática
También resuelve:¿Al estar las pretensiones de la demanda relacionadas con el incumplimiento de unas metas adicionales en venta, el conteo de la caducidad debió realizarse a partir de la liquidación del contrato?¿Cuáles son las hipótesis sobre el cómputo del término de caducidad de la acción de controversias contractuales respecto a las particularidades del caso y el contrato?
Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación2025-02-06Sección Tercera (Subsección A)MARIA ADRIANA MARINRad. 11001032600020240018100LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La competencia para conocer del recurso de anulación contra un laudo arbitral recae sobre esta Sección del Consejo de Estado? Sí
Dado que se trata de un recurso de anulación contra un laudo arbitral que dirimió un conflicto originado en un contrato estatal, la competencia para conocer del presente asunto recae sobre esta Sección, atendiendo a la distribución interna de asuntos en la Corporación. Frente al recurso de anulación interpuesto por la parte convocada y demandante en reconvención, el Despacho advierte que tal medio de impugnación reúne los requisitos de oportunidad y de forma consagrados en el artículo 40 de la Ley 1563 de 2012, toda vez que fue presentado y sustentado ante el Tribunal Arbitral, con indicación de la causal invocada y dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la respectiva providencia.
También resuelve:¿El Consejo de Estado conocerá en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública?¿La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá fue constituida como una empresa social y comercial del Estado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente?
¿La ausencia de salvedades en las convenciones que las partes suscribieron para suspender o prorrogar el plazo del contrato, releva al juez del estudio de fondo de la reclamación? No
La ausencia de salvedades en los acuerdos que suspenden o prorrogan el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación, y el juez debe analizar el motivo del acuerdo y su contenido frente a las pretensiones. La regla se apoya en tres razones. Primera, el juez debe determinar si procede la indemnización o compensación, examinando si el acuerdo respondió al incumplimiento de obligaciones o a la materialización de riesgos asumidos por una parte. Segunda, debe contrastar el contenido de los arreglos con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con su objeto. Tercera, en el caso la ampliación del plazo no resultó imprevisible para el consorcio, porque la demora en la aprobación de los planes de manejo de tránsito se originó en la omisión de un requisito formal que él debía cumplir, como lo mostraba la negativa de otras prórrogas por la misma causa. En consecuencia, la ampliación del término tuvo origen en causas imputables al consorcio. El documento reitera el criterio de la sentencia citada en su nota de relatoría.síntesis automática
También resuelve:¿La ampliación del término contractual tuvo origen en causas imputables al consorcio, comoquiera que la aprobación de los Planes de Manejo de Tráfico hacía parte de sus obligaciones y el material…¿Las partes acordaron extender el plazo contractual, sin alterar las demás cláusulas del negocio primigenio, por ende no hay lugar al reconocimiento económicos?¿La suspensión del contrato por 24 días para para adicionar recursos al negocio jurídico no transgredió el principio de planeación?
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público? Sí
La jurisdicción competente para conocer recurso de apelación interpuesto contra un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferido en el marco del medio de control de controversias contractuales, en el que una de las partes es un establecimiento público, sigue las reglas de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, "CPACA"). En tal sentido, el recurso de apelación es competente para la Sala en segundo instancia, ya que la cuantía de las pretensiones de la demanda impone su juzgamiento por esta Corporación en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve:¿El cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales inicia a partir del vencimiento del plazo para la liquidación del contrato?¿En los contratos pactados bajo la modalidad de precio global o alzado, el incremento del precio del contrato siempre supondrá la modificación del objeto contractual?¿Las partes incurrieron en la prohibición vertida en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, porque el tope legal impuesto para suscribir adiciones al contrato núm. 163 de 2006 fue…
¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fueron proferidas con falsa motivación por el hecho de desconocer la normatividad que rige la materia? No
El acto que niega la solicitud de contrato de estabilidad jurídica no adolece de falsa motivación cuando la solicitud no tiene como propósito principal el desarrollo de proyectos de crecimiento económico y el proyecto ya estaba en ejecución sin requerir esa estabilidad. La regla se apoya en tres razones. Primera, el literal e) del artículo 3 del Decreto 2950 de 2005 exige que la estabilidad sea indispensable para el desarrollo del proyecto, de modo que el Comité debe verificar esa finalidad. Segunda, en el caso el proyecto había iniciado su ejecución en 2008, antes de la petición presentada el 23 de octubre de 2009, y no requería la estabilidad jurídica para desarrollarse. Tercera, la empresa solicitante no aportó prueba que desvirtuara las conclusiones de índole financiera del Comité. En consecuencia, no se declaró probada la falsa motivación de la decisión que negó la solicitud. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿El acta no. 08 de 29 de agosto de 2011 y la Resolución no. 013 de 7 de junio de 2012, ambas emitidas por la Secretaría Técnica del Comité de Estabilidad Jurídica del Ministerio de Comercio…¿Procede la condena en costas contra la parte vencida en el proceso en aplicación de un criterio objetivo?
¿Se configuró la causal de nulidad absoluta del contrato por prohibición legal? No
Los contratos que trasladan a particulares la administración, fiscalización o cobro de impuestos territoriales están viciados de nulidad, pues esas facultades no pueden trasladarse válidamente, pero no todo contrato con un particular que se relacione con tributos configura esa causal. La regla se apoya en la jurisprudencia según la cual la asignación de funciones administrativas a particulares no puede vaciar la competencia propia de las entidades del Estado, y en que la prohibición legal posterior no se aplica de forma automática a negocios anteriores. Por ello, la nulidad exige que el objeto del contrato implique efectivamente la delegación de esas facultades. En el asunto, la Sala revocó parcialmente la sentencia al concluir que no se configuraba una causal de nulidad absoluta del contrato, porque el objeto no trasladaba la gestión tributaria. En la práctica, la nulidad por delegación tributaria depende del contenido real del objeto contractual y no de su mera relación con los tributos.síntesis automática
También resuelve:¿Se acreditaron los elementos para liquidar el contrato y reconocer saldos en favor del contratista?¿Procede la condena en costas ante la negación del recurso de apelación?
¿Las salvedades en el acta de liquidación son requisito para el ejercicio de la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado? No
El contratista no necesita incluir salvedades en el acta de liquidación para ejercer la acción de controversias contractuales en contratos de derecho privado, ya que la ley no establece este requisito. La entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales al pagar de acuerdo a los precios unitarios pactados, y la modificación de precios en otros contratos no es aplicable en este caso, ya que cada acuerdo tiene fuerza de ley para las partes involucradas. Además, la teoría de la imprevisión no aplica a contratos de derecho privado, por lo que el contratista no puede modificar el acuerdo inicial por circunstancias sobrevinientes. Este fallo confirma la sentencia de primera instancia y reitera que en contratos de derecho privado, el acuerdo de voluntades es vinculante y no permite la modificación del contrato por imprevistos, a diferencia de los contratos estatales donde el cumplimiento del objeto es de interés general.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre las partes tiene fuerza de ley para ellas?¿En los contratos estatales el cumplimiento de su objeto es de interés general¿La revisión judicial del contrato de derecho privado procede cuando el desequilibrio de las prestaciones es producido por una circunstancia que las partes no pudieron prever al momento de su…
¿Cuál es la pauta del conteo del término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que negó la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica? Sí
El contratista debe contar con cuatro meses a partir de la notificación del acto administrativo que niega la solicitud de suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica para ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que implica que la caducidad de esta acción vence cuatro meses después de la notificación. Además, el acto administrativo que niega la suscripción del contrato estatal de estabilidad jurídica puede ser nulo por falsa motivación si no se demuestran adecuadamente las razones que justifican la importancia y el carácter determinante de la decisión de inversión en relación con las normas e interpretaciones administrativas vinculantes, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el documento CONPES. Asimismo, la negativa a la suscripción del contrato no viola el derecho a la igualdad si el contratista no aporta pruebas comparativas que demuestren que otras empresas similares obtuvieron contratos de estabilidad jurídica bajo condiciones equivalentes. Estas reglas reiteran y matizan precedentes existentes, proporcionando mayor claridad sobre los requisitos y procedimientos para la suscripción de contratos de estabilidad jurídica y la protección de los derechos de los contratistas en la etapa precontractual.síntesis automática
También resuelve:¿Son nulos por falsa motivación los actos administrativos que negaron la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y documento…¿Son nulos los actos administrativos por violación al derecho a la igualdad al haber negado la suscripción del contrato estatal de seguridad jurídica…¿Cuál es el criterio de procedencia para la condena en costas en asunto regido por el CPACA?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales, cuando se trate de negocios de ejecución instantánea como el contrato de compraventa, será de 2 años que se contarán a partir del día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, por lo que, dado que en el presente caso la demanda se presentó dentro del término señalado en la norma, se debe concluir que no operó el fenómeno jurídico de la caducidad? Sí
El contratista puede ejercer el medio de control de controversias contractuales dentro de los dos años siguientes a la fecha en que se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, especialmente en casos de ejecución instantánea como el contrato de compraventa, donde la entrega de bienes o servicios se realiza en un solo acto. Este término se suspende durante el proceso de conciliación extrajudicial y se reanuda una vez que este concluye sin éxito, permitiendo que la demanda se presente dentro del plazo restante. La Sala reitera que la oportunidad de la demanda debe calcularse teniendo en cuenta la fecha en que se cumplió el objeto del contrato y no la denominación del contrato, lo que implica que los contratistas deben prestar atención a los elementos esenciales del contrato para determinar la oportunidad de sus acciones legales.síntesis automática
También resuelve:¿La denominación que se le imprima a un determinado contrato, no es determinante de la tipología a la que obedece, pues para tal fin deben consultarse los elementos de su esencia?¿Los elementos de consentimiento, capacidad, objeto y causa son de la esencia de todo negocio jurídico, sin perjuicio de las solemnidades exigidas por la ley para ciertos contratos…¿La inexistencia se diferencia de la invalidez, en que en el primer caso el acto jurídico no nace ni produce ningún efecto, por no cumplir sus elementos esenciales o, de ser el caso…
¿Las decisiones adoptadas por el Ministerio estuvieron debidamente fundamentadas y no se demostraron los incumplimientos endilgados? Sí
Cuando la entidad contratante acepta una parte del objeto pactado, la sanción pecuniaria debe reducirse en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato, porque la aceptación y el pago de los elementos recibidos muestran que la prestación fue cumplida en esa proporción. Por otra parte, la sanción pecuniaria por incumplimiento parcial se fundamenta en las razones de incumplimiento que se acrediten en el proceso, y su nulidad no procede cuando las decisiones se sustentan en las normas aplicables, se expidieron con competencia y siguieron el procedimiento legal. Cuando la imposición de la pena no configura la prestación de un servicio ni la venta de bienes, el IVA no debe incluirse en la base de la sanción, por lo que debe descontarse del precio del contrato. En el caso concreto, la entidad recibió, aprobó y pagó los elementos del primer desembolso del precio, lo cual fue ratificado por la autorización del supervisor y la factura, y la providencia apelada se revocó en lo relativo a la reducción de la sanción. Como consecuencia práctica, el contratista que acredite la ejecución parcial del objeto puede obtener la reducción proporcional de la sanción pecuniaria en ese mismo porcentaje.síntesis automática
También resuelve:¿Teniendo en cuenta la aceptación del contratante de parte del objeto pactado, resulta procedente la reducción de la sanción pecuniaria en el mismo porcentaje en que se ejecutó el contrato?¿No se acreditó la falta de acatamiento de las funciones a cargo del Ministerio, o que no hubiera ejecutado acciones para garantizar la observancia del contrato?¿Las resoluciones fueron expedidas con competencia, en virtud de la atribución legal conferida al contratante?
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto2022-04-26Sección Tercera (Subsección C)JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVASRad. 44001233100020000054002ACCION CONTRACTUAL
¿Debe la entidad demandada pagar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión? Sí
El contratista no puede reclamar restituciones mutuas consecuenciales a causa de la declaratoria de nulidad del contrato de concesión, ya que estas deben basarse en la extinción de los compromisos adquiridos y no en las sumas de dinero que fueron pactadas como parte de la oferta para contratar. La entidad demandada no está obligada a pagar estas restituciones mutuas, ya que el dictamen pericial y la formulación del incidente se apartan de lo dispuesto por la sentencia anulatoria del contrato. Además, es necesario probar el monto de los gastos en que incurrió el contratista para la ejecución del objeto del contrato, lo cual no se refleja en el texto contractual ni en la proyección financiera presentada. Esta decisión matiza la interpretación previa sobre la cuantificación de restituciones mutuas en casos de nulidad contractual, limitando la posibilidad de reclamar sumas que no se ajusten a la realidad de la ejecución del contrato.síntesis automática
¿Se demostró que los actos que negaron el contrato de estabilidad jurídica infringieron las normas en que debían fundarse? No
La decisión del comité de estabilidad jurídica que niega la suscripción de un contrato de estabilidad jurídica es una competencia discrecional, y que su acto no se anula si distribuye las contingencias económicas y normativas conforme a las normas vigentes y aplicables al caso. Una razón es que el comité no creó una limitante artificiosa ni utilizó como fundamento una regla sobre recuperación de costos que no estuviera prevista en la ley, de manera que el acto no infringió las normas en que debía fundarse. Otra razón es que el demandante no demostró que el acto tuviera falsa motivación ni que el comité hubiera desconocido los riesgos inherentes al proyecto propuesto, y la carga de probar la vulneración del derecho a la igualdad recaía en él. En el caso, la Sala negó los cargos de nulidad y confirmó la decisión de primera instancia. La providencia reitera la facultad discrecional del comité, ratificada por la Sección, según lo que señala la nota de relatoría; su consecuencia práctica es que el solicitante de estabilidad jurídica debe demostrar un vicio concreto del acto y no solo su desacuerdo con la distribución de riesgos.síntesis automática
También resuelve:¿La demandante cumplió con la carga de probar que el Comité vulneró su derecho a la igualdad?¿El informe elaborado con ocasión de la solicitud de la demandante cumplía con los criterios definidos en la ley?¿El procedimiento vigente para la celebración de contratos de estabilidad jurídica estaba compuesto de 2 etapas?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2023-05-17Sala Consulta y Servicio CivilANA MARIA CHARRY GAITANRad. 11001030600020220012900CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Es procedente modificar los contratos de aporte suscritos por el Futic, como resultado de la licitación FTIC-LP-038-2020, en lo que atañe a las cláusulas de desembolsos, legalización y reinversión de descuentos? Sí
A la luz de los principios y las normas que regulan la contratación estatal, y de acuerdo con la información suministrada a la Sala, es posible modificar bilateralmente los contratos de aporte números 1042 de 2020 y 749 de 2020, en lo que atañe a los plazos para la legalización de los recursos ejecutados, para definir la destinación de los fondos desembolsados cuya «utilización» no se autorice al contratista, y para la reinversión de las sumas descontadas, tal como se explica en este concepto. En todo caso, le compete al ministerio verificar y determinar la procedencia de estas modificaciones, conforme a los requisitos de modificación de los contratos, en los términos expuestos en este concepto.
También resuelve:¿Es procedente modificar los contratos de fiducia suscritos para el adecuado control, administración y ejecución de los recursos de los contratos de aporte del sector de las Tecnologías de la…
¿La determinación del a quo de incluir en la liquidación judicial un saldo a favor del municipio de Palmira, constituye una inobservancia al principio de congruencia, en la medida en que está definiendo aspectos relacionados con el incumplimiento de la aludida obligación contractual? No
La liquidación judicial de un contrato puede incluir un saldo a favor de una de las partes sin que ello vulnere el principio de congruencia, cuando la determinación se limita a establecer las cuentas del negocio con base en el soporte financiero acreditado y no decide sobre el incumplimiento. Una razón es que el saldo fijado a favor de la entidad correspondía a un concepto de defensa judicial que no fue ejecutado, ni ordenado ni reconocido al contratista, de modo que el juez solo reportó el balance final. Otra razón es que el reparo de la apelación se limitó a un cálculo matemático, sin acreditar que las prestaciones se ejecutaron y debían pagarse, por lo que no pudo establecerse el efectivo cumplimiento que lo sustentara. En el caso, la Sala confirmó la sentencia que fijó el saldo y no encontró prosperidad en el primer cargo de la apelación. Su consecuencia práctica es que el recurrente que objeta un saldo de liquidación judicial debe acreditar con pruebas la ejecución de las prestaciones que reclama.síntesis automática
También resuelve:¿El a quo tuvo en consideración todos los documentos que mostraban la ejecución a cabalidad de la obligación contenida en el otrosí 2 relacionada con la presentación de demandas de lesividad?¿La confesión realizada por el accionado en la contestación de la demanda, relacionada con el recibo efectivo reconocido por concepto de proyección de actos administrativos de compartibilidad…¿Se acreditó el cumplimiento de la obligación emanada del otrosí 2 al contrato de prestación de servicios, asociada a la proyección de actos administrativos de compartibilidad o no de la pensión?
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al contrato de prestación de servicios demandando? Sí
El contratista y la entidad estatal acuerdan que el contrato de prestación de servicios se rige por el derecho privado conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, lo que implica que no están sujetos a las normas del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública a menos que la ley disponga lo contrario. La liquidación del contrato debe hacerse de mutuo acuerdo, ya que no se especifica una modalidad específica en el contrato, y la caducidad del medio de control de controversias contractuales comienza el día siguiente al vencimiento del plazo para liquidar el contrato, en este caso el 12 de abril de 2017. Esta decisión reitera y matiza la aplicación del derecho privado en contratos estatales, lo que implica que las partes deben incluir claramente en el contrato cualquier disposición que limite la flexibilidad del derecho privado.síntesis automática
También resuelve:¿Cuando en un contrato que se rige por el derecho privado no se especifica la modalidad en la que debe liquidarse, cuál sería la forma que debe hacerse el procedimiento liquidatario?¿La forma de liquidación del contrato estatal que se rige por el derecho privado debe estar convedida por las partes en el contrato?¿Cómo se realiza el cómputo del termino de caducidad del medio de control de controversias contractuales en el contrato estatal que se rige por el derecho privado cuando en este no se pacta la forma…
¿Respecto de las controversias relativas a los contratos de concesión minera opera la caducidad del medio de control de controversias contractuales? No
En los contratos de concesión minera no procede la caducidad del medio de control de controversias contractuales, pues su objeto es la exploración y explotación de un recurso natural no renovable, y en consecuencia el juez resuelve el fondo de la litis. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la competencia de la Subsección para resolver el fondo se fija por los artículos 150 del CPACA y 293 del Código de Minas. Segundo, el artículo 6 y el parágrafo 1 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, este último aplicable a la controversia según la jurisprudencia reiterada de la Corporación, excluyen la caducidad en estos casos. La providencia resuelve el fondo de la controversia y reitera la jurisprudencia citada en la nota de relatoría sobre la caducidad en contratos de concesión minera; en la práctica, la excepción de caducidad no puede sustentarse en el término bienal frente a controversias sobre concesiones mineras, por lo que el juez debe examinar el fondo de la litis.síntesis automática
También resuelve:¿El Distrito de Manejo Integrado Páramo de Guarguar y Laguna Verde, cuya declaración como tal se realizó mediante el Acuerdo 022 de 2009 expedido por la CAR…¿En asuntos mineros, las normas expedidas por la autoridad ambiental con posterioridad al perfeccionamiento del contrato de concesión, tienen la posibilidad de modificarlo?¿En el presente caso se configura la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito alegada en la demanda?
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva2022-08-10Sala Consulta y Servicio CivilOSCAR DARIO AMAYA NAVASRad. 11001030600020180003400CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
¿Para efectos de darle continuidad inmediata a la ejecución del citado Contrato de Consultoría 043 de 2013 y asegurar así la indispensable Auditoría a las Reclamaciones y Recobros que permanentemente formulan las IPS y las EPS por la prestación de sus servicios de salud, amén de las específicas particularidades de dicho Contrato, resulta válido que los montos de dinero que deban pagarse al Contratista se aseguren mediante los movimientos presupuestales que deba realizar ADRES, sin que para ello deba acudir a la figura de la ‘adición del valor del contrato’? No
No es válido que los montos de dinero que deban pagarse al contratista del contrato 043 de 2013, se aseguren mediante movimientos presupuestales sin acudir a la adición del contrato. En este contrato es irrelevante la forma en que fue pactado su valor (indeterminado pero determinable), pues la administración concretó el objeto contractual al fijar el plazo de ejecución sujeto a dos límites, el que ocurra primero: (i) un límite presupuestal, en donde el plazo va hasta el agotamiento de la disponibilidad presupuestal que ampara el valor del contrato, y (ii) un límite temporal (48 meses y 15 días contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio) en donde el plazo vence el 31 de diciembre de 2017.
También resuelve:¿En el caso concreto del Contrato de Consultoría 043 de 2013, tiene aplicación el límite cuantitativo que para la ‘adición del valor de los contratos’…