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Auto interlocutorio — Auto que decreta pruebas2024-05-22Sección Tercera (Subsección C)WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZRad. 05001233100019950042501ACCION CONTRACTUAL
¿Se advierte la necesidad de que se allegue al proceso el decreto expedido por el municipio de Medellín? Sí
Cuando el juez advierte que para resolver el litigio contractual es necesaria una norma de alcance local, como un decreto municipal que podría regular la validez del contrato, puede decretarla de oficio, porque la carga de aportar la norma de alcance no nacional solo es exigible cuando la parte la invocó como violada. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil autoriza al juez a decretar pruebas oficiosas cuando advierte su necesidad; los entes territoriales tienen autonomía para regular la formación y adjudicación de sus contratos mediante normas locales, de modo que esas normas pueden ser aplicables además del estatuto nacional; y la norma local no fue invocada en la demanda, por lo que la carga del demandante no se activó. En el caso, la sala decretó como prueba de oficio la copia del decreto municipal, dado que no se encontraba publicado en medios electrónicos oficiales. El documento no indica que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el juez puede incorporar la norma local cuando la advierta necesaria, aunque no haya sido aportada con la demanda.síntesis automática
También resuelve:¿Serían aplicables también normas locales, pues por disposición legal los entes territoriales contaban con autonomía para autorregularse en materia de formación y adjudicación de los contratos…
¿Es procedente que la Sala se pronuncie en segunda instancia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando no se configura ninguna causal de nulidad procesal y se verifican los presupuestos procesales? Sí
El juez de segunda instancia se pronuncia sobre los recursos interpuestos contra la sentencia de primer grado cuando se verifica el cabal cumplimiento de los presupuestos procesales de jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda y legitimación en la causa por activa y por pasiva, y no se advierte la configuración de ninguna causal de nulidad procesal. En este litigio derivado de un contrato interadministrativo suscrito entre un municipio y una empresa industrial y comercial del Estado, se evaluaron las obligaciones recíprocas y equivalentes de carácter conmutativo y oneroso.síntesis automática
También resuelve:¿El acuerdo celebrado entre el municipio y la empresa pública puede calificarse integralmente como un contrato interadministrativo…¿Puede considerarse que el contrato interadministrativo es nulo por objeto ilícito cuando, aunque no exista una prohibición de subcontratar…¿Debe ordenarse la restitución total de los recursos entregados en un contrato declarado nulo por objeto ilícito cuando no se demuestra que las prestaciones ejecutadas hayan generado un beneficio…
¿Debe declararse la caducidad del medio de control de controversias contractuales debido a que, conforme con la fecha de celebración del contrato de reestructuración de una obligación, la norma aplicable era el Código Contencioso Administrativo, artículo 136 numeral 10, puesto que el término de caducidad aplicable era de cinco años a partir del perfeccionamiento del contrato por ser un contrato con vigencia superior a dos años? Sí
La Sala revocará la sentencia de primera instancia y declarará probada la excepción de caducidad propuesta por la entidad demandada, porque comparte las razones expuestas por la citada entidad al sustentar su recurso de apelación. De acuerdo con lo solicitado en las pretensiones de la demanda, la sociedad demandante persigue que se declare la nulidad del contrato de reestructuración, en cuanto en el mismo contrato se aceptó el pago de intereses en violación de las normas legales. Pide que se declare que, en desarrollo de ese pacto (ilegal, de acuerdo con la demanda), se hicieron cobros de intereses, daciones en pago y ampliación de gravámenes hipotecarios indebidos.
También resuelve:¿Debe condenarse en costas a la parte vencida, en este caso la parte demandante?
¿El cesionario de un crédito es parte del contrato y puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales? No
El cesionario de un crédito no es parte del contrato y, por lo tanto, no puede hacerse parte de un proceso de controversias contractuales, ya que la cesión de crédito no altera el contrato estatal sino que constituye un negocio jurídico entre cedente y cesionario sobre los derechos de crédito que tienen origen en el contrato. La sola comunicación del cesionario sin la aprobación del cedente y la entidad no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad, y ser cesionario de un derecho de crédito derivado del contrato no es suficiente para reconocer la legitimación pasiva en la causa. La Sala declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de controversias contractuales, lo que implica que la determinación de los extremos procesales de un litigio contractual no puede quedar a la voluntad exclusiva de una de las partes del negocio jurídico, garantizando así el principio de igualdad de armas en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:¿La sola comunicación del cesionario sin comunicación por parte del cedente, no basta para entender que se ha notificado de la cesión del crédito a la entidad?¿Se discute la legitimación pasiva para hacerse parte de un proceso en el cual la contratante pretendió la nulidad absoluta del contrato?¿Se declara la falta de legitimación pasiva en la causa del cesionario, pues no fue parte del contrato y no se encuentra en ninguna situación que le hubiera permitido hacerse parte del proceso de…
¿Ante la caducidad de las pretensiones anulatorias del acto administrativo de adjudicación, es procedente el estudio de la pretensión de nulidad absoluta del contrato alegada por el demandante inconforme con la exigencia del plazo de ejecución del contrato, contenida en el pliego de condiciones del proceso de selección? No
Cuando la pretensión anulatoria del acto de adjudicación está caducada, no procede el estudio de fondo de la nulidad absoluta del contrato si esta se funda en la interpretación del pliego que parte de la legalidad de ese acto. La regla se apoya en que el único cargo de nulidad se dirigía contra las decisiones del acto de adjudicación, y en que la pretensión de nulidad del contrato dependía de ese mismo fundamento. Por ello, la caducidad de la acción contra el acto impide revisar de fondo la exigencia del pliego que lo sustenta, incluso bajo el argumento de contrariedad con el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. En el asunto, la Sala confirmó la decisión que se abstuvo de estudiar el fondo, porque la pretensión se declaró caducada. En la práctica, la impugnación de la exigencia de un pliego debe proponerse dentro del término de la acción contra el acto de adjudicación.síntesis automática
También resuelve:¿Las pretensiones de la demanda encaminadas a la declaratoria de nulidad del contrato de suministro, deben ser negadas, en virtud de la configuración de la caducidad del medio de control de nulidad y…¿Conforme al criterio objetivo, es procedente la condena en costas en el medio de control de controversias contractuales cuando no prosperan las pretensiones de la demanda?
¿La nulidad es una consecuencia legal que, tratándose de contratos de tracto sucesivo, impone su terminación y se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, lo que conlleva a que no sea viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente, salvo norma legal expresa? Sí
El contratista no puede fundamentar la nulidad de un contrato de concesión minera en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el artículo 1º de la Ley 99 de 1993, ya que estos principios no constituyen disposiciones legales que prohíban la celebración de contratos en determinados casos, sino que buscan orientar las políticas ambientales basadas en investigaciones científicas. La nulidad del contrato estatal se estructura cuando el negocio jurídico adolece de vicios al momento de su celebración, y no es viable utilizar el concepto de nulidad sobreviniente salvo norma legal expresa. Además, las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez del negocio jurídico. Esto implica que los jueces no pueden ampliar el alcance de las causales de nulidad ni crear nuevas causales que no hayan sido previstas por el legislador.síntesis automática
También resuelve:¿Si con posterioridad a la celebración del contrato una norma prohibió desarrollar la actividad objeto del mismo, ello conlleva su nulidad por objeto ilícito?¿Las causales de nulidad de los contratos son de interpretación restrictiva y tienen reserva de ley, por lo que no toda infracción normativa tiene como consecuencia la invalidez de un negocio…¿La anulación de un contrato de concesión minera puede fundamentarse en la violación de los principios de precaución y prevención previstos en el 1º de la Ley 99 de 1993?
¿Hay lugar a invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado que de su texto propuso la firma demandante? No
El liquidador de una entidad estatal en liquidación ejerce una función pública cuyos efectos se extienden en el tiempo incluso después de que concluya la liquidación, y es responsable indirectamente por los perjuicios ocasionados por su actuación dolosa o gravemente culposa. La entidad en liquidación mantiene su capacidad jurídica para concluir operaciones pendientes y enajenar bienes de la masa en liquidación, siendo representada por el liquidador. La Sala confirma que no es posible invalidar el contrato de promesa de compraventa a partir de la interpretación de un elemento aislado de su texto, reafirmando la importancia de la liquidez del negocio jurídico y la necesidad de una interpretación integral del contrato. Esta decisión reitera la responsabilidad del liquidador y la continuidad de la función pública que ejerce, con implicaciones significativas para el control jurisdiccional de los actos administrativos durante y después del proceso de liquidación.síntesis automática
También resuelve:¿La liquidadora está llamada a responder por los perjuicios que indirectamente hubiera generado la nulidad en cuanto hubiera sido ocasionada por el actuar doloso o gravemente culposo en el desempeño…¿El liquidador ejerce una función pública atribuida a él directamente, cuyos efectos se extienden en el tiempo pese a que la liquidación concluya?¿La entidad demandada insiste en la excepción de falta de legitimación en la causa que le asiste?
¿La celebración del contrato estatal antes del vencimiento de los treinta (30) días extinguía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y limitaba a ese mismo término la reclamación de los perjuicios derivados de la ilegalidad del acto de adjudicación? Sí
El acto administrativo de adjudicación expedido antes de la celebración del contrato estatal puede demandarse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los treinta días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. Si el contrato se celebra antes de vencer ese término, la acción de nulidad y restablecimiento se extingue y la ilegalidad del acto debe invocarse a través de la acción de controversias contractuales, preservando el término de treinta días que ya había comenzado a correr. La regla se sostiene en tres razones: el artículo 87 del Decreto 01 de 1984, modificado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, fija el término para demandar los actos previos al contrato; una vez suscrito el contrato, la ilegalidad de esos actos solo puede plantearse como causal de nulidad contractual; y la jurisprudencia distingue tres hipótesis según la oportunidad de la demanda frente a la celebración del negocio. Así se evita que la celebración del contrato impida el control de los actos de adjudicación. Como la demanda se presentó el 30 de octubre de 2003, el proceso se rigió por esa regulación, y la sentencia se modifica conforme a ella.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda de nulidad del contrato 064 de 2003, fundamentada en la ilegalidad del acto de adjudicación, fue presentada oportunamente…¿Se acreditó que la propuesta de la Unión Temporal MSI Electring Ltda. era la más favorable para la administración y que, por tanto, debía ser adjudicataria del contrato?¿El hecho de que la Unión Temporal hubiera ocupado inicialmente el primer lugar en el informe de evaluación demostraba que debía ser adjudicataria?
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?
¿Es procedente la objeción por error grave en el dictamen pericial presentada por la parte demandante? No
El contratista no puede objetar por error grave el dictamen pericial presentado por el ingeniero civil, ya que este se limitó a calcular los perjuicios materiales y no evaluó la propuesta del consorcio demandante como la mejor opción según el pliego de condiciones. La Sala determina que la objeción no es procedente porque el perito consideró la totalidad de los puntos de análisis establecidos por la entidad estatal, no solo el supuesto error en la certificación de calidad. Además, la inexactitud en la información financiera suministrada por el proponente en el Registro Único de Proponentes configura una causal de rechazo de la propuesta según el pliego de condiciones, lo que implica que la propuesta del consorcio no cumplió con los requisitos exigidos. Esta decisión reitera la importancia de cumplir rigurosamente con los pliegos de condiciones y subraya que la objeción por error grave en el dictamen pericial debe estar fundamentada en errores evidentes y no en interpretaciones subjetivas.síntesis automática
También resuelve:¿La inexactitud en la información suministrada por el proponente configuró una causal de rechazo de la propuesta a la luz de lo estipulado en el pliego de condiciones?¿Se configuró la causal de nulidad del contrato por celebrarse contra expresa prohibición legal o constitucional?¿Se configuró la causal de nulidad de desviación de poder en la adjudicación del contrato estatal?
¿La aplicación de la figura de la ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual, estaba subordinada a la declaratoria judicial de nulidad? No
La ineficacia de pleno derecho de una cláusula contractual no se subordina a la declaratoria judicial previa de nulidad, porque opera por ministerio de la ley cuando se constata la causal que la establece, y que solo la ley puede atribuir esa consecuencia. Una razón es que a diferencia de las nulidades de los actos jurídicos, la ineficacia no depende de la invocación de causales ni de una pretensión de nulidad, y el numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 declara ineficaces de pleno derecho las estipulaciones que contravienen sus exigencias. Otra razón es que la ineficacia produce el efecto de una sanción in limine, de modo que el juez solo debe pronunciarse cuando exista controversia entre los contratantes sobre su configuración. En el caso, la Sala se apartó del razonamiento del tribunal que exigía una pretensión de nulidad para estudiar la ineficacia de la cláusula, y confirmó la decisión por otros fundamentos. La providencia cita precedente de la Subsección sobre la ineficacia de pleno derecho; su consecuencia práctica es que la cláusula ineficaz puede desconocerse sin necesidad de demandar su nulidad, aunque la controversia sobre su configuración debe resolverla el juez.síntesis automática
También resuelve:¿Para solicitar o declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato, deben invocarse las causales que taxativamente están previstas en la ley contractual?¿La imprecisión técnica en la que incurrió el demandante al invocar las causales de nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato…¿Resulta posible supeditar el pago del contrato de interventoría al cumplimiento del contrato supervisado?
¿Se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento del municipio demandado? Sí
Cuando la sentencia reconoce sumas líquidas a título de condena, los intereses moratorios sobre esas sumas se causan desde la ejecutoria de la providencia que las liquide, y no desde una fecha anterior. Esta regla se apoya en que solo a partir de esa liquidación las sumas adquieren carácter líquido y exigible para efectos de intereses. Por ello, cuando el contrato termina por el incumplimiento de la entidad, la declaración de incumplimiento se confirma y la condena pecuniaria se ajusta solo en el momento en que se causan los intereses. En el caso concreto se probó el cumplimiento de la concesionaria y el reiterado incumplimiento de la entidad territorial, por lo que se confirmó la declaración de incumplimiento y de terminación del negocio jurídico. Solo se modificó la sentencia en la precisión sobre el inicio de los intereses. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la fecha de causación de intereses debe ligarse a la providencia de liquidación de la condena.síntesis automática
También resuelve:¿El municipio tampoco se comprometió o allanó al cumplimiento de las obligaciones, por lo cual en el presente asunto no tiene vocación de prosperidad la excepción de contrato no cumplido pretendida?¿De los riesgos asumidos en cabeza del concesionario no hay ningún evento que releve al municipio de su compromiso de asignar los cuatro mil cupos estudiantiles durante el plazo de ejecución del…¿El presente asunto se trata de una discusión en relación con el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio de Bello con la suscripción del contrato de concesión?
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo? Sí
En virtud de lo dispuesto en el artículo 104 del CPACA, el Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, toda vez que dentro de las pretensiones de la demanda se pidió la declaratoria de nulidad de un acto administrativo proferido por el gobernador del Departamento de Casanare y de un contrato estatal celebrado por esta entidad territorial. Así mismo le corresponde a la Sala resolver el presente proceso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, norma vigente al momento de presentación de la demanda , en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 21 de mayo de 2015 por el Tribunal Administrativo de Casanare y de conformidad con la estimación de las pretensiones realizada en la demanda , según las previsiones de los artículos 152 y 157 del mismo código.
También resuelve:¿El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentado dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto precontractual demandado?¿El medio de control de controversias contractuales fue presentado dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al perfeccionamiento del contrato para aducir la referida pretensión de…¿La oferta del demandante fue indebidamente descalificada en el procedimiento licitatorio, pues la profesional Diana Carolina Mantilla Arévalo cumplía con los requisitos habilitantes?
¿Se configuró la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa? Sí
El contratista no puede volver a plantear pretensiones que ya fueron objeto de pronunciamiento en un proceso anterior, configurándose la excepción de cosa juzgada por identidad de partes, de objeto y de causa, cuando en la sentencia previa se resolvió sobre el incumplimiento del contrato y los efectos de las adiciones y prórrogas sin salvedades, lo que implica que cualquier reclamación adicional o la liquidación judicial del contrato sin reconocimiento de sumas adicionales no puede ser revisada nuevamente. La Sala modifica la jurisprudencia existente al precisar que los efectos de la cosa juzgada no alcanzan a la pretensión de liquidación judicial del contrato ni a la de enriquecimiento sin causa, pero sí a las pretensiones relacionadas con el reconocimiento de sumas adicionales, lo que implica que en casos futuros, si se cumplen los requisitos de identidad, no se podrá repetir la discusión de las mismas cuestiones ya decididas.síntesis automática
También resuelve:¿Se confirma la decisión del a quo de liquidar el contrato sin saldo a favor ni a cargo de las partes?¿Cuando en una sentencia se ha resuelto sobre un todo del que forma parte la cosa materia de la nueva demanda, existirá sin duda identidad de objeto?¿Si las pretensiones formuladas en el presente caso y en el otro proceso fueron distintas, ello no puede ser motivo para descartar el requisito de identidad de objeto para la configuración de la…
¿Resulta procedente la acción de controversias contractuales para solicitar la nulidad del acto de adjudicación y del contrato, cuando la demanda se presenta despues de celebrado el contrato? Sí
Cuando la demanda contra el acto de adjudicación y el contrato se presenta después de celebrado el contrato, la vía procesal procedente es la acción de controversias contractuales. La regla se apoya en tres razones. Primera, los actos proferidos antes de la celebración del contrato deben demandarse dentro de los treinta días siguientes a su notificación, comunicación o publicación, según el artículo 87 del CCA modificado por la Ley 446 de 1998. Segunda, una vez celebrado el contrato, la nulidad absoluta debe pedirse dentro de los dos años siguientes a su perfeccionamiento, o en un término igual al de vigencia del contrato si es superior, sin exceder cinco años, según el artículo 136 numeral 10 literal e del CCA. Tercera, en el caso la demanda se presentó el 21 de febrero de 2007, dentro de los dos años siguientes al perfeccionamiento del contrato ocurrido el 21 de diciembre de 2006, por lo que es oportuna. Por ello la providencia modifica la sentencia de primera instancia. El documento no indica si reitera o cambia precedente.síntesis automática
También resuelve:¿La demanda contra el acto de adjudicación y el contrato, se presentó en tiempo?¿Se configuró la excepción de indebida formulación de pretensiones debido a que la pretensión de condena se dirigió contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y no contra el Fondo de…¿Las copias simples de documento tienen mérito probatorio?
¿A la fecha de la presentación de la demanda, el negocio jurídico se encontraba vigente? Sí
El negocio jurídico celebrado entre entidades públicas se considera jurídicamente vigente para efectos del cómputo de la caducidad de la acción de controversias contractuales cuando una de las partes obligadas no ha transferido o ejecutado la totalidad de los aportes económicos pactados. En este proceso relativo a un convenio interadministrativo, la Sala verifica que el plazo comenzó a regir bajo la normatividad anterior y que la presentación oportuna de la demanda dentro del término legal permite desestimar los argumentos ministeriales de caducidad, imponiendo el pago de agencias en derecho a favor de la entidad demandante a cargo de las entidades recurrentes vencidas.síntesis automática
También resuelve:¿Los convenios interadministrativos deben regularse por sus propias estipulaciones, producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las entidades cooperantes?¿El acuerdo de voluntades consistió en una unión de esfuerzos entre distintas entidades para concurrir al pago del pasivo prestacional del sector salud?¿Con la declaratoria de nulidad parcial del decreto, el fundamento normativo para que la ESE participara en el acuerdo de voluntades no estaba vigente al momento de la celebración de este último?
¿Tiene un consorcio la capacidad para ser parte en un proceso judicial en el que se controvierte la adjudicación de un contrato estatal, pese a que el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación del contrato a otro proponente? Sí
El consorcio tiene capacidad para ser parte en un proceso judicial que controvierte la adjudicación de un contrato estatal, incluso si el acuerdo consorcial establece su terminación por la adjudicación a otro proponente. La Sala ha determinado que, pese a la disposición del acuerdo consorcial que limita su vigencia hasta la adjudicación a otro proponente, el consorcio aún cuenta con capacidad para comparecer en el trámite, en virtud de la sentencia de unificación del 25 de septiembre de 2013. Esto se debe a que cada uno de los integrantes del consorcio concurrió directamente al proceso con la alegada afectación de su derecho a ser contratista del Estado, lo cual refuerza la posibilidad de adoptar una decisión de fondo en el sub lite.síntesis automática
También resuelve:¿Se configura la caducidad de las pretensiones acumuladas de nulidad y restablecimiento del derecho contra un acto administrativo de adjudicación y de nulidad del contrato estatal…¿Se limita la competencia del juez de segunda instancia a los reparos concretos formulados en los recursos de apelación, sin que resulte viable examinar nuevamente los aspectos desfavorables de la…¿La falta de firmeza de la renovación del Registro Único de Proponentes (RUP) de uno de los integrantes de la unión temporal adjudicataria al cierre del proceso de selección constituye una causal de…
¿Es competente el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer recurso de apelación contra sentencia en proferida en primera instancia, en virtud de la cuantía? Sí
El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo, en virtud de la cuantía estimada en la demanda. De conformidad con los artículos 82, 129 y 132 del Decreto Ley 01 de 1984, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, siendo procedente el conocimiento del asunto cuando la cuantía supera los quinientos salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos por la normativa aplicable.síntesis automática
También resuelve:¿Puede entenderse que la pretensión de nulidad del contrato se fundamenta en la nulidad del acto de adjudicación, a partir de la interpretación integral realizada por el juez de los hechos y…¿Es procedente la acción de controversias contractuales para controvertir la legalidad de la resolución de adjudicación y del contrato estatal suscrito…¿Deben verificarse de manera independiente la caducidad y los demás requisitos de procedibilidad respecto de las nuevas pretensiones incorporadas mediante la reforma de la demanda?
¿Le asiste competencia a la Sala para resolver del presente proceso en segunda instancia, toda vez que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de las acciones referentes a los contratos de concesión minera? Sí
El contratista puede demandar la nulidad de un contrato minero ante el Consejo de Estado en segunda instancia, toda vez que la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de estos litigios, conforme al artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 293 de la Ley 685 de 2001, y el Consejo de Estado, en segunda instancia, puede conocer de las apelaciones de autos y sentencias dictadas por los tribunales administrativos. Además, la entidad ambiental, como la CAR, está legitimada para demandar la nulidad del contrato minero cuando este transgrede la normativa ambiental y se superpone con áreas de protección ambiental, independientemente de no ser parte contratante, al tener interés directo y ser la autoridad ambiental competente en la zona concesionada. En estos casos, no operan los términos de caducidad del medio de control de controversias contractuales, dado que los recursos naturales renovables y las áreas de protección ambiental son bienes imprescriptibles e inalienables, lo que garantiza la protección del interés público y la integridad del medio ambiente.síntesis automática
También resuelve:¿La CAR, al ser la entidad ambiental que tiene por obligación desarrollar las políticas orientadas a aprovechar los recursos naturales renovables, puede demandar la nulidad de un contrato minero?¿En los casos en los que se pretende la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera por transgredir la normativa ambiental, operarán los términos de caducidad?¿Cuando se demanda la nulidad absoluta de un contrato minero por traslaparse con áreas de protección ambiental, su presentación podrá darse en cualquier tiempo?
¿Procede declarar la ineptitud sustantiva de la demandan respecto de la pretensión de nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa? Sí
El contratista no puede solicitar la nulidad del acto administrativo que deniega una solicitud de revocatoria directa mediante la acción de lo contencioso administrativo, ya que dicha decisión no genera una situación jurídica nueva ni es susceptible de control judicial, por lo que la demanda debe ser declarada inepta sustantivamente en relación con esta pretensión. La Sala reitera la jurisprudencia según la cual la resolución que niega la revocatoria directa no constituye un acto administrativo definitivo, por lo que no puede ser objeto de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Esta regla implica que el juez debe inhibirse para fallar sobre dicha pretensión y declarar la ineptitud sustantiva de la demanda en este aspecto.síntesis automática
También resuelve:¿Procede la acumulación de las pretensiones solicitadas a través del medio de control de controversias contractuales y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?¿Cuando las pretensiones se solicitan mediante medios de control diferentes, el término de caducidad cuenta de manera separada para cada una de ellas?¿Cuál es la diferencia entre la inhabilidad para contratar y la incompatibilidad?