REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
Demandante: ANDRÉS HERNÁN AVELLA NOSSA Y VÍCTOR
MANUEL CHÁVEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DE ACTO
DE ADJUDICACIÓN Y NULIDAD ABSOLUTA DEL
CONTRATO DE OBRA
Síntesis del caso: el objeto de la controversia planteada se centra en la legalidad del acto
administrativo de adjudicación de la licitación pública no. GB- 026 de 2006 y del contrato suscrito en
cumplimiento de aquel, por cuanto, a juicio de la parte actora, la mejor propuesta fue la del consorcio
Desaguadero declarado inhábil en el proceso de selección.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 11 de octubre de 2018 proferida por la Sala de Decisión no. 3 d el
Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró probada la excepción de inepta
demanda y se inhibió para resolver el fondo de la controversia (fls. 649 a 658 vlto.
cdno. ppal.) en los siguientes términos:
“PRIMERO. Declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se inhibe la Sala para
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda contractual
iniciada por el Consorcio El Desaguadero conformado por Andrés Hernán
Avella Nossa y Víctor Manuel Chávez Peña contra el Departamento de
Boyacá.
TERCERO. Sin costas en esta instancia.
CUARTO. Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación
para que, de considerarlo, investigue las presuntas faltas disciplinarias en
las que haya podido incurrir los servidores públicos de Departamento de
Boyacá que tienen a su cargo el manejo de la documentación relacionada
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Actor: Andrés Hernán Avella Nossa y otro
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con los procesos de contratación pública, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Ordenar a la Secretaría que realice una nueva enumeración,
previas las anotaciones del caso .” (fls. 658 y vlto. ibidem – negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2006 en la Dirección Seccional de
la Administración Judicial de Boyacá (Tunja), los señores Andrés Hernán Avella
Nossa y Víctor Manuel Chávez, integrantes del Consorcio El Desaguadero,
actuando por intermedio de apoderado judicial interpusieron demanda en ejercicio
de la acción de controversias contractuales 1 (fls. 2 a 15 cdno. no. 1 ) con las
siguientes súplicas:
“PRIMERA. Que se declare la nulidad absoluta del contrato de obra
pública celebrado entre el departamento de Boyacá y el CONSORCIO
VIAL BOYACÁ, representado legalmente por LUIS GABRIEL NIETO
GARCÍA, como consecuencia de la licitación pública No. GB 026 de 2006.
SEGUNDA. Que se declare nula la resolución No. 069 de fecha 11 de julio
de 2006, expedida por el Secretario de Hacienda del Departamento, por
medio de la cual se adjudicó la licitación pública No. GB 026 de 2006, al
CONSORCIO VIAL BOYACÁ. Representado legalmente por LUI S
GABRIEL NIETO GARCÍA.
TERCERA. Que se declare que el Departamento de Boyacá ha debido
adjudicar la licitación pública No. GB 026 de 2006 al CONSORCIO EL
DESAGUADERO, por ser la propuesta más favorable a la entidad pública,
de acuerdo a lo consignado en el capítulo de los hechos.
CUARTA Que se condene al Departamento de Boyacá, a reconocer y
pagar los perjuicios materiales causados a mis mandantes, al no
adjudicársele la licitación pública No. GB 026 de 2006 al CONSORCIO EL
DESAGUADERO y no haberse celebrado el contrato correspondiente con
el mismo, en cuanto a la pérdida de la oportunidad de obtener la utilidad
como consecuencia del contrato, en la suma de DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS ($224.901.227), teniendo en cuenta la propuesta
formulada, o lo que resulte probado en el proceso.
QUINTA. Que las sumas reconocidas a favor de mis poderdantes sean
1 La demanda fue subsanada mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 20 06 (fls. 263 y 264
cdno. no. 1).
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Actor: Andrés Hernán Avella Nossa y otro
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actualizadas teniendo en cuenta la variación del I.P.C., en el país, entre
la fecha en que se celebró el contrato y la fecha de ejecutoria del fallo de
primera instancia según el caso.
SEXTA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
SÉPTIMA. Que se condene en costas a la parte demandada.” (fls. 263 y
264 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El departamento de Boyacá a través de la Resolución no. 056 de 26 de mayo de
2006 dio apertura a la licitación pública no. GB 026 de 2006 con el objeto de
seleccionar el contratista que adelantaría la “pavimentación vía Samacá – el
Desaguadero, municipio de Samacá Departamento de Boyacá”, con un valor
aproximado de $1.725.233.083.
2) Al proceso de selección en la modalidad de licitación pública en comento se
presentaron un total de 13 oferentes de los cuales solo resultaron hábiles el
consorcio Vías Samacá y el consorcio Vial Boyacá; sin embargo, como resultado
del análisis de las observaciones a la evaluación emitida, la entidad modificó la
habilitación informada y determinó que los habilitados eran el consorcio Ingevías, la
Compañía de Trabajadores Urbanos SA y el consorcio Vial Boyacá.
3) El 11 de julio de 2006, el Departamento de Boyacá mediante la Resolución no.
069 adjudicó la licitación pública no. GB – 026 de 2006 al consorcio Vial Boyacá por
haber sido el oferente con mayor puntaje obtenido.
4) El consorcio El Desaguadero presentó en su oferta económica un AUI del 15%
($224.901.227) que corresponde a un 9% de administración ($134.940.736), un 5%
de utilidad ($74.967.076) y un 1% a imprevistos ($14.993.415).
5) El Departamento de Boyacá decidió inhabilitar al consorcio El Desaguadero por
cuanto, a su juicio, no se había aportado el certificado de calidad ISO 9001 – 2000,
sin tener en cuenta “la certificación del Ingeniero VÍCTOR MANUEL CHAVES
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PEÑA, integrante del CONSORCIO EL DESAGUADERO, [ que] dice textualmente:
“construcción de infraestructura vial, edificaciones, redes de acueducto y
alcantarillado, puentes vehiculares, obras de urbanismo” (fl. 5 cdno. no. 1).
6) Dicha certificación cumplía con las expectativas de aseguramiento de la calidad
en la construcción de las obras mencionadas, todas ellas obras ci viles y, además,
la entidad que la expidió está debidamente autorizada para ello por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Fundamento de la demanda
En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:
La Resolución no. 069 de 11 de julio de 2006, mediante la cual se adjudicó la
licitación pública no. GB – 026 de 2006 y el contrato suscrito entre el consorcio Vial
Boyacá y el Departamento de Boy acá en cumplimiento de aquella adolecen de
nulidad por haber sido proferidos con violación de los artículos 1, 2, 25 de la
Constitución Política, y de los artículos 1, 3, 4, 5, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32,
44 (numerales 3 y 4), 45, 48, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993, pues, la entidad estatal
suscribió el contrato de obra con el oferente que no había presentado la mejor
propuesta.
4. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 2 de marzo de 2009 contestó la demanda, se opuso
a las pretensiones, solicitó que sean negadas y formuló excepciones (fls. 324 a 331
cdno. no. 1), con los siguientes argumentos:
1) El comité evaluador del Departamento de Boyacá analizó cada una de las
propuestas presentadas de forma objetiva y adjudicó el contrato a un proponente
que cumplía con los requisitos habilitantes expuestos en el pliego de condiciones ;
en ese sentido, la licitación se adjudicó dentro de los términos legales a la empresa
ganadora.
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2) De otra parte, los pliegos de condiciones exigían el “certificado vigente del
Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2000, para la construcción de
obras civiles expedida por un organismo certificador” (fl. 325 ibidem), lo cual significa
que el certificado debía ser expedido por el ICONTEC, ya que en Colombia este es
el único organismo certificador reconocido y habilitado para tal efecto.
3) En el presente asunto, la pr opuesta presentada por el consorcio demandante
tampoco cumplía , los requisitos exigidos, por cuanto , entre otros aspectos
puntuales, la información financiera del RUP de uno de los consorciados era
diferente a la presentada en el balance general del año 2005.
4) Propuso como excepciones las siguientes:
a) “Excepción por indebida acción instaurada”, debido a que la acción instaurada es
la de controversias contractuales y las pretensiones se dirigieron a deprecar la
nulidad de los actos administrativos proferidos antes de la cel
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