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Consejo de Estado
Providencia
Aceptación de la renuncia del poder del abogado: Auto interlocutorio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2022-03-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 44001233300020130013501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Acepta renuncia de poder Sí
El contratista o entidad pública debe aceptar la renuncia del apoderado judicial presentada por el abogado conforme a los requisitos establecidos en el inciso cuarto del artículo 76 del Código General del Proceso, siempre y cuando dicha renuncia se haga en el marco legal y procedimental adecuado. La Sala reitera la importancia de que las entidades y contratistas designen nuevos apoderados judiciales y comuniquen cualquier cambio en los canales de notificación electrónica, en cumplimiento con el artículo 2º del Decreto 806 de 2020, lo que garantiza la continuidad y efectividad del proceso judicial.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
DirecTV cumplió todas las obligaciones a su cargo objeto del acuerdo de pago
Sentencia — Sentencia
2025-09-19
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 25000233600020160122302
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La obligación de devolución pactada en el acuerdo de pago suscrito entre la CNTV y Galaxy, condicionada a una eventual decisión judicial o administrativa favorable a Galaxy y/o Sky, resulta exigible ante el acaecimiento de dicha condición suspensiva? Sí
El contratista puede establecer una obligación condicional en un acuerdo de pago con la entidad estatal, siempre y cuando dicha condición no contravenga la Constitución, la ley, el orden público y los principios de la buena administración. En este caso, la Sala determinó que la cláusula novena del acuerdo de pago, que establece la devolución de sumas de dinero en caso de una decisión judicial o administrativa favorable al contratista, es válida y eficaz, pues no transgrede los límites de la autonomía privada de la entidad estatal y cumple con los requisitos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta decisión reitera la posibilidad de que las entidades estatales celebren contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y el cumplimiento de los fines estatales, siempre y cuando se respeten los principios y finalidades del ordenamiento jurídico aplicable.síntesis automática
También resuelve:
¿La cláusula novena del acuerdo de pago celebrado entre la CNTV y DirecTV resulta válida y eficaz en el marco del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública?
¿Es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) responsable del cumplimiento de la obligación condicional pactada en la cláusula novena del acuerdo de pago suscrito…
¿Se entiende cumplida la condición suspensiva establecida en la cláusula novena del acuerdo de pago del 14 de diciembre de 2005…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Procede el rechazo de la demanda ante la no subsanación del yerro advertido en el auto inadmisorio de la demanda.
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2023-09-07
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 47001233300020220003301
LEY 1437 REPETICION
¿Procede el rechazo de la demanda ante la no subsanación del yerro advertido en el auto inadmisorio de la demanda? Sí
En el cómputo de la caducidad de la acción de repetición, debe tenerse en cuenta el supuesto normativo que primero se configure, según el literal l del numeral 2 del artículo 164 del CPACA. La regla se sostiene en dos razones. Primera, si el pago de la condena se realiza dentro del término legal, el plazo de caducidad se cuenta desde el día siguiente a esa fecha, y si se realizan pagos por cuotas, el plazo se cuenta desde el último pago. Segunda, cuando el pago no se realiza dentro del término, la caducidad se cuenta desde el vencimiento de ese plazo, de modo que la regla opera según el evento que ocurra primero. La providencia confirma la decisión que rechazó la demanda ante la no subsanación del yerro advertido en el auto inadmisorio. En la práctica, la entidad que promueva la repetición debe identificar la fecha del primer evento para calcular el término de caducidad y subsanar oportunamente los defectos que advierta el juez, porque la omisión conduce al rechazo de la demanda.síntesis automática
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Es procedente el decreto de las pruebas documentales solicitadas en esta instancia
Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto
2024-09-10
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ
Rad. 05001233300020220092201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es procedente el decreto de las pruebas documentales solicitadas en esta instancia, al tener origen en hechos sobrevinientes que no existían para la fecha en la que culminó la última oportunidad para pedir pruebas? Sí
Las pruebas documentales que se aportan en segunda instancia son procedentes cuando versan sobre hechos sobrevinientes, es decir, cuando los documentos no existían al vencerse la última oportunidad para pedir pruebas en primera instancia. Esta regla se apoya en el artículo 212 del CPACA, que permite decretar en apelación las pruebas que la parte no pudo aducir por esa razón. Para aplicarla es necesario precisar cuándo se agotó esa última oportunidad, que en el caso fue la reforma de la demanda, pues el plazo de reforma venció antes de la existencia de los documentos. Por ello la prueba se decreta si el documento surgió después de esa fecha, no si la parte solo tardó en aportarlo. En el caso concreto el despacho revocó la decisión que había negado la prueba, porque los documentos no existían cuando venció la última oportunidad probatoria de primera instancia. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que el momento de la última oportunidad probatoria define la admisibilidad de los documentos sobrevinientes en apelación.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el recurso de apelación contra el auto que niega el decreto de pruebas en primera instancia?
¿Excepcionalmente, el juez podrá decretar pruebas fuera de las oportunidades legales previstas, cuando se trate de pruebas sobrevinientes…
¿Procede decretar como prueba en esta instancia, los expedientes administrativos del Convenio Interadministrativo y el Contrato Interadministrativo de Interventoría…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El hecho de incurrir en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente
Sentencia — Sentencia
2024-08-02
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 88001233300020200010001
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que se reconozcan los gastos incurridos con ocasión de un contrato, debe demostrarse la existencia de una obligación de reconocer y pagar dichos gastos –cuyas fuentes pueden ser, entre otras, la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida? Sí
El hecho de haber incurrido en gastos con ocasión de un contrato no conduce automáticamente a su reconocimiento y pago. Quien los reclama debe demostrar la existencia de una obligación de reconocerlos y pagarlos, cuya fuente puede ser la responsabilidad patrimonial, el enriquecimiento sin causa o la excesiva onerosidad sobrevenida. Esta regla se apoya en el artículo 1757 del Código Civil, que impone probar las obligaciones o su extinción a quien alega aquellas o esta. Por ello, la prueba de los desembolsos es insuficiente si no se acredita la fuente de la obligación. En el caso concreto las pruebas documentales aportadas no demostraron los gastos en que incurrieron los integrantes de la unión temporal con ocasión del contrato de prestación de servicios, porque esos gastos se reclamaban como consecuencia de otro concepto. Por ello la sentencia fue confirmada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la reclamación de gastos contractuales exige probar la obligación de pagarlos.síntesis automática
También resuelve:
¿Las partes del contrato de prestación de servicios en ejercicio de su autonomía privada, acordaron realizar la modificación al contrato…
¿A juicio del demandante, para la fecha de celebración del contrato de prestación de servicios la SAE debía contar con un Plan de Manejo Ambiental aprobado por Coralina?
¿En la invitación a contratar se establecía que para la ejecución del objeto contractual debía aprobarse el Plan de Manejo Ambiental que estaba en elaboración por parte de un tercero?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El pago de la obligación se realizó mucho después de los 18 meses de plazo que la entidad tenía para el efecto
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 54001233100020120022701
ACCION DE REPETICION
¿Se configuró la caducidad del medio de control de repetición? Sí
El contratista no puede interponer una acción de repetición si la demanda se presenta después del término legal de caducidad, que comienza a correr dos años después del pago de la condena o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses para efectuar el pago, según lo establecido en la Ley 678 de 2001 y el Código Contencioso Administrativo. La entidad estatal debe pagar la condena dentro del plazo legal para evitar la caducidad de la acción, y si el pago se realiza fuera de este plazo, el término de caducidad comienza a contar desde la fecha límite del plazo legal. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y confirma que la interposición extemporánea de la demanda impide un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, lo que limita las opciones del contratista para obtener una resolución favorable.síntesis automática
Consejo de Estado
Providencia
No resulta necesario estudiar las justificaciones esgrimidas por la defensa
Sentencia — Sentencia
2024-03-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233300020150059401
LEY 1437 REPETICION
¿El fallo de responsabilidad patrimonial o en sede de legalidad ata al juez de la repetición? No
El fallo de responsabilidad patrimonial del Estado o de nulidad del acto no ata al juez de la repetición, de modo que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente debe acreditarse en el proceso de repetición con prueba propia. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la sentencia condenatoria contra el Estado no es prueba suficiente de la conducta del agente, porque en repetición se realizan valoraciones distintas sobre el comportamiento del servidor y no sobre la responsabilidad del Estado. Segunda, la declaración judicial de afectación de un derecho o de antijuridicidad del daño no acredita la conducta dolosa o culposa del agente que lo propició. Tercera, la entidad que pretende repetir debe expresar la causal de la presunción de dolo o culpa grave y acreditar sus supuestos en el proceso, con oportunidad de defensa para el demandado. En el caso no se acreditó el aspecto volitivo del demandado, por lo que la providencia revoca la decisión de primera instancia. La consecuencia práctica es que la condena previa no sustituye la prueba del dolo o de la culpa grave en la acción de repetición.síntesis automática
También resuelve:
¿La desviación de poder manifestada está respaldada en el acervo probatorio?
¿Las atribuciones otorgadas a un funcionario público para gestionar y concretar un acto deben dirigirse principalmente al cumplimiento de los fines del Estado?
¿El acto administrativo fue proferido por el demandado ostentando la calidad de servidor público?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Tiene legitimación en la causa la entidad que pagó la condena por los perjuicios causados a un terero para ejercer la acción
Sentencia — Sentencia
2023-06-14
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020160018300
LEY 1437 REPETICION
¿Tiene legitimación en la causa la entidad que pagó la condena por los perjuicios causados a un terero para ejercer la acción de repetición contra el servidor o exservidor público cuya conducta los ocasionó, lo que es un evento de subrogación legal? Sí
La entidad que paga una condena por los perjuicios causados a un tercero con ocasión de la conducta dolosa o gravemente culposa de un servidor o exservidor público está legitimada en la causa por activa para repetir contra él, y ese servidor está legitimado por pasiva cuando su conducta dio origen al pago. La regla se apoya en el artículo 90 de la Constitución, desarrollado por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, y en que el pago constituye una subrogación legal, de modo que la entidad repite por ministerio de la ley lo que pagó. Esta legitimación alcanza también los intereses por mora pagados en la ejecución de la sentencia cuando el servidor los causó con su conducta. En el asunto, la entidad que pagó la condena y los intereses por mora demandó al servidor responsable, y la Sala, aunque reconoció esa legitimación, negó las pretensiones. En la práctica, la legitimación en la causa no garantiza el éxito de la repetición, que depende además de probar la conducta dolosa o gravemente culposa.síntesis automática
También resuelve:
¿El régimen vigente aplicable a la acción de repetición es la Ley 678 de 2001, puesto que los intereses por mora pagados por la CDMB se causaron en los años 2014 y 2015?
¿El pago de intereses por mora de una condena judicial se originó en una obligación reparatoria a cargo de la entidad demandante?
¿Debe condenarse en costas y agencias en derecho a la parte vencida, en este caso la entidad demandante?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala confirmará la decisión de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2024-05-31
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 05001233300020150087701
LEY 1437 REPETICION
¿Se condena al demandado en sede repetición a restituir la suma que la Nación pagó a las víctimas como consecuencia de la condena dictada en su contra en un proceso de reparación directa? Sí
Cuando el agente estatal es declarado responsable en un proceso de repetición por una conducta dolosa o gravemente culposa, debe restituir a la entidad pública la suma que esta pagó a las víctimas en cumplimiento de la condena, actualizada al momento de la sentencia. La regla se sostiene en tres razones: la repetición tiene carácter patrimonial y busca reintegrar lo que la entidad pagó por causa del agente, de modo que el monto a restituir corresponde al pago efectivamente realizado; la actualización del valor pagado preserva el poder adquisitivo de la suma; y la norma del Código General del Proceso sobre interrupción de la caducidad no es aplicable al proceso contencioso administrativo, pues el artículo 306 del C.P.A.C.A. remite al procedimiento civil solo en los aspectos no regulados por ese código. En el caso, el tribunal condenó al exagente a pagar a la entidad pública afectada la suma actualizada que la entidad pagó por la condena de reparación directa, y la sala confirmó esa condena. El documento no señala que reitere o modifique precedente; la consecuencia práctica es que el monto de la repetición corresponde al pago efectivo actualizado y debe probarse con la constancia del pago.síntesis automática
También resuelve:
¿Dado que el CPACA regula el fenómeno de la caducidad no procede aplicar el artículo 94 del CGP en este proceso?
¿Se declara la responsabilidad patrimonial extracontractual del exservidor por estar demostrados los elementos objetivos y subjetivos del medio de control de repetición?
¿La parte demandada solo pidió que se verifique la existencia de la caducidad en los términos del artículo 94 del Código General del Proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de los actos proferidos por liquidadores de entidades públicas en ejercicio de función administrativa.
Sentencia — Sentencia
2025-07-14
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 05001233300020140070301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas, en razón de la cuantía de las pretensiones? Sí
La jurisdicción contencioso administrativa ejerce competencia para conocer de las demandas contra actos administrativos expedidos por los liquidadores de entidades públicas en desarrollo de funciones administrativas conforme al artículo 104 del CPACA y el artículo 7 del Decreto Ley 254 de 2000. En este proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el Consejo de Estado asume competencia en segunda instancia sobre la apelación dado que la pretensión de mayor valor superaba trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes para la fecha de presentación de la demanda el 22 de abril de 2014, modificando la providencia apelada y absteniéndose de condenar en costas por prosperar parcialmente el recurso del municipio.síntesis automática
También resuelve:
¿La terminación unilateral del contrato realizada por el agente liquidador en cumplimiento de su función administrativa en los procesos de supresión y liquidación de entidades públicas…
¿El término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, empezó a contar desde la notificación de la decisión que declaró improcedente el recurso de reposición contra…
¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la sociedad afectada con la terminación unilateral del contrato de arrendamiento del que era parte…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2025-09-17
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 05001233100020010223901
ACCION CONTRACTUAL
¿Si el demandado no alega la existencia de la cláusula compromisoria —porque no contestó la demanda— debe concluirse que renunció tácitamente a someter este asunto a la justicia arbitral? Sí
El contratista puede renunciar tácitamente a la cláusula compromisoria de un contrato estatal si no alega su existencia en la demanda, lo que permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo conozca del asunto, según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla se aplica cuando la entidad demandada no contesta la demanda, y el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para resolver recursos de apelación contra sentencias de tribunales administrativos, siempre y cuando la cuantía de la pretensión supera el límite establecido. Además, la entidad estatal puede ser responsable extracontractualmente por los daños causados a terceros derivados de decisiones administrativas que impidan la ejecución del contrato, como el cierre y liquidación de una empresa industrial y comercial del Estado, según el artículo 206 de la Ley 222 de 1995. Esta decisión modifica la jurisprudencia anterior sobre la renuncia tácita a la cláusula compromisoria, lo que implica que las partes deben ser más cautelosas al no responder a las demandas para evitar renunciar a la justicia arbitral.síntesis automática
También resuelve:
¿El Consejo de Estado es competente en segunda instancia, dado que resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos?
¿La pretensión segunda alude a la responsabilidad extracontractual de las entidades socias, administradoras del Ingenio, por virtud de que adoptaron la decisión de cerrar la operación y procedieron a…
¿Hay una pretensión extracontractual, en cuanto la responsabilidad reclamada a los socios de la sociedad en liquidación, no se deriva de una inobservancia obligacional en el marco de un vínculo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060328401
ACCION CONTRACTUAL
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?
¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?
¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2023-08-22
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 70001233300020130000101
LEY 1437 REPETICION
¿En el medio de control de repetición debe determinarse la conducta personal, directa y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, asunto que no deviene de la ilegalidad del acto administrativo? Sí
No bastaba el análisis de legalidad del acto administrativo disciplinario dejando de resolver acerca de si la responsabilidad de los demandados configuraba el requisito subjetivo de la acción de reembolso, máxime si se tenía en cuenta que ha sido pacífico y reiterado en esta Sala de Subsección A, que este medio de control no puede limitarse a reproducir la base argumental del fallo que declaró la nulidad de un acto administrativo sino que debe, indefectiblemente, determinarse la conducta personal, directa y subjetiva del sujeto pasivo de la litis, asunto que no deviene de la ilegalidad del acto.
También resuelve:
¿La base argumental de la decisión se soportó en el estudio de la legalidad de la resolución 11 de 1999?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: pueden las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entes de naturaleza intermedia en la estructura del Estado
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020130016500
LEY 1437 REPETICION
¿Pueden las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entes de naturaleza intermedia en la estructura del Estado, diferentes de las entidades de orden nacional o territorial? Sí
Me he apartado de la decisión mayoritaria de la Sala, bajo una línea de pensamiento concreta conforme a la cual la naturaleza especial o sui géneris de las Corporaciones Autónomas Regionales en la estructura del Estado, impide catalogarlas como organismos de orden nacional. Sostengo que el carácter regional de estos entes corporativos, que es respaldado con la atribución de una jurisdicción circunscrita a un ámbito territorial específico, debe conducir al reconocimiento de un verdadero nivel intermedio incorporado al diseño organizacional del Estado, por lo que me aparto de las tesis que aun exploran la naturaleza de aquellos entes dentro de un catálogo limitado que únicamente oscila entre entidades de orden nacional y territorial, cuando no se corresponden con ninguna de ellas.
También resuelve:
¿Deben las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entidades con jurisdicción funcional propia y naturaleza diferenciada?
¿El hecho de que las Corporaciones Autónomas Regionales sean creadas mediante ley de la República permite concluir que tienen competencia de orden nacional para efectos de determinar la competencia…