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Consejo de Estado
Providencia
No es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233100020100002501
ACCION CONTRACTUAL
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
Consejo de Estado
Providencia
No es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 66001233300020150029002
LEY 1437 REPETICION
¿Es posible atribuirle responsabilidad patrimonial personal a título de culpa grave a la señora Isabel Cristina Vargas Cadavid, con ocasión de que dentro de sus facultades como Gerente de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira SA impartió la orden de desvinculación laboral del señor Gabriel Alberto Viveros Naranjo del cargo de Subgerente de Planeación Estratégica y Corporativa, determinación que posteriormente fue motivo de controversia suscitada ante la jurisdicción ordinaria en proceso laboral, en el cual se profirió sentencia condenatoria en contra de la empresa empleadora, razón por la cual la entidad ahora demandante fue obligada a pagar los salarios y prestaciones dejados de percibir por el trabajador afectado? No
La acción de repetición solo procede contra quien ejerce función pública como agente estatal, de modo que la persona que actúa como trabajador particular en una empresa de servicios públicos domiciliarios no es sujeto de esa acción y debe declararse la falta de legitimación en la causa por pasiva. Una razón es que la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado y su gerente, al ordenar la desvinculación de un subgerente, no obró en ejercicio de función pública con relación a los hechos que se repiten. Otra razón es que la conducta reprochada fue desplegada en condición de trabajadora particular, lo que impide que la jurisdicción de lo contencioso califique esa conducta a título de culpa grave o presunción de la Ley 678 de 2001. En el caso, el tribunal había condenado a la gerente a reintegrar la condena laboral pagada, pero la Sala revocó esa decisión y negó las pretensiones. Su consecuencia práctica es que la acción de repetición no puede dirigirse contra directivos de empresas de servicios públicos que actúan con regímenes privados sin verificar primero la calidad de agente estatal.síntesis automática
También resuelve:
¿Los conceptos de “función pública” y “servicio público” no son equivalentes ni tampoco es predicable respecto de ellos una relación de sinonimia en la medida en que corresponden a dos distintas…
¿Es procedente condenar en costas de ambas instancias a la entidad demandante dado que se revocó la decisión apelada?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No resulta procedente el estudio de fondo del recurso de apelación formulado por la entidad demandada
Sentencia — Sentencia
2022-02-04
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 05001233100020100150201
ACCION CONTRACTUAL
¿Queda el juez relevado del estudio de fondo del recurso de apelación, cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato, con fundamento en dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso? Sí
El juez de segunda instancia queda relevado del estudio de fondo del recurso de apelación cuando en primera instancia se declara la nulidad del acto de terminación unilateral del contrato con dos motivos, siendo el primero suficiente para tal declaración, y el apelante solo se fundamenta en el segundo, por argumentación insuficiente del recurso, lo que implica que la decisión de primera instancia mantiene su validez. Además, la nulidad del acto de terminación unilateral no garantiza automáticamente el reconocimiento de perjuicios, los cuales deben estar acreditados y demostrarse que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado. Asimismo, no procede la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de los socios de la sociedad demandante cuando la demanda fue presentada por la sociedad como persona jurídica autónoma. Finalmente, el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado no procede cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó que se hubiera superado ese valor.síntesis automática
También resuelve:
¿Los perjuicios por el acto de terminación unilateral del contrato que se declara nulo deben estar acreditados, así como, el hecho de que su ocurrencia fue consecuencia directa del acto anulado…
¿Resulta procedente la reclamación de indemnización de perjuicios morales a favor de cada uno de los socios que integraban la sociedad demandante cuando quien hizo parte del litigio fue la sociedad…
¿Procede el reconocimiento de mejoras necesarias al bien arrendado cuando estas, junto con las mejoras útiles, se incluyeron por la entidad en el acto de liquidación del contrato y el actor no probó…
Consejo de Estado
Providencia
El proceder de la UT es contrario al deber de no venir contra sus propios actos
Sentencia — Sentencia
2024-08-23
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 25000233600020150305601
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La Unión Temporal, obligada a reexportar los equipos, demostró el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación? No
El contratista no demuestra el pago anticipado de los gastos operacionales de reexportación cuando está obligado a reexportar los equipos importados temporalmente, lo que implica que no cumple con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato y en la normativa que rige la importación temporal de corto plazo. En este caso, la Unión Temporal, como contratista, no cumplió con el deber de no venir en contra de sus propios actos, ya que en el otrosí N° 1 del contrato se pactó la obligación de mantener indemne a la entidad contratante respecto de las responsabilidades derivadas de las obligaciones de reexportación. Además, la entidad estatal cumplió con sus obligaciones contractuales y la Unión Temporal no realizó las gestiones necesarias para la reexportación de los equipos, lo que llevó a la aprehensión de los camiones compactadores de basura por parte de la DIAN. La regla reitera la importancia de cumplir con los requisitos de la reexportación y las obligaciones contractuales para evitar incumplimientos y responsabilidades adicionales.síntesis automática
También resuelve:
¿Durante el lapso entre la entrega y la aprehensión de los camiones la arrendadora tampoco realizó las gestiones para la reexportación de los equipos?
¿La arrendataria estuvo presta a cumplir la restitución de la cosa arrendada, pero la unión temporal se rehusó a recibir los equipos?
¿El representante legal de la UT se rehusó a recibir los 21 camiones conforme a lo estipulado en el contrato de arrendamiento?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente
Sentencia — Sentencia
2024-04-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 54001233100020100001801
ACCION CONTRACTUAL
¿La irregularidad presentada por omisión de comunicación del inicio del procedimiento de caducidad del contrato es suficiente para configurar una violación del procedimiento administrativo? Sí
La omisión de comunicar al contratista el inicio del procedimiento sancionatorio constituye una violación del procedimiento administrativo con consecuencias determinantes cuando impide ejercer el derecho de audiencia y defensa frente a los cargos por los que finalmente se sanciona, y da lugar a la nulidad de los actos que imponen la sanción. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, el artículo 288 del Código de Minas impone a la autoridad el deber de comunicar el inicio del procedimiento sancionatorio, deber que la cláusula 25.1.1 del contrato preveía en sentido semejante. Segundo, la omisión privó al contratista de la oportunidad de subsanar la renovación y el reajuste de las garantías y de atender requerimientos de la autoridad, a diferencia de ocasiones anteriores en las que sí pudo hacerlo. Tercero, la falta de conocimiento del inicio del procedimiento impidió ejercer la defensa, lo que configura el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa como causal de nulidad. La providencia revoca la decisión de primera instancia y declara la nulidad de los actos demandados; en la práctica, la autoridad que sanciona debe acreditar la comunicación del inicio del procedimiento sancionatorio antes de imponer la sanción.síntesis automática
También resuelve:
¿El demandante queda habilitado para efectuar las actividades de explotación minera que le otorga el contrato cuya caducidad fue declarada con el acto administrativo declarado nulo?
¿Se niega la pretensión pecuniaria consistente en la indemnización de perjuicios materiales por no existir prueba de su causación?
¿Cuando de la actuación iniciada de oficio pudiera resultar afectado en forma directa un particular, a éste se le debía comunicar la existencia de la actuación y el objeto de la misma?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.
Sentencia — Sentencia
2026-04-17
Sección Tercera (Subsección B)
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Rad. 18001234000020190006702
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral, si así se hubiere estipulado, deberá tenerse en cuenta para el conteo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales? Sí
El plazo convenido para la liquidación bilateral o para la liquidación unilateral de los contratos estatales, cuando así se hubiere estipulado expresamente, debe tenerse en cuenta para el cómputo del término de caducidad del medio de control de controversias contractuales. De conformidad con el numeral 2 literal j) del artículo 164 del CPACA, el término de dos años para demandar se cuenta desde el vencimiento del plazo fijado para liquidar el negocio jurídico, consolidando la oportunidad procesal de la acción cuando se interpone dentro del lapso legal.síntesis automática
También resuelve:
¿No se allego el estatuto de contratación de la sociedad demandada, en calidad de E.S.P.?
¿Con el otrosí las partes ajustaron los rubros relativos a los costos directos y los costos indirectos, según lo establecido en los anexos técnicos de la prórroga?
¿Hay prueba de la manifestación expresa del consorcio que las suspensiones y prórrogas no generarían desbalance económico o mayores costos para la entidad contratante?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
La interventoría también se contradijo en cuanto a la ampliación del plazo de aceleración
Sentencia — Sentencia
2021-09-23
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 25000232600019961180201
ACCION CONTRACTUAL
¿Durante la ejecución del contrato de interventoría se presentó la contradicción que sirvió de fundamento a la declaratoria de incumplimiento? Sí
El contratista incumple el contrato de interventoría al presentar contradicciones en sus informes y conceptos durante la ejecución del contrato, apoyando la revocatoria de una multa impuesta por atrasos en las obras mientras, en otros informes, señala que el contratista es responsable de dichos atrasos. Esta contradicción impide el adecuado seguimiento y reporte de las condiciones de ejecución, justificando la declaración de incumplimiento y la aplicación de la cláusula penal pecuniaria. La entidad pública contratante debe verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos por medio de un interventor, según el Decreto-Ley 222 de 1983, lo que reitera la importancia de la labor del interventor en garantizar la correcta ejecución del contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿La interventoría apoyó la revocatoria de la multa impuesta con fundamento en que el contratista no era el responsable del atraso en las obras?
¿Se justificó que se declarara el incumplimiento del contrato y se hiciera efectiva la totalidad de la cláusula penal pecuniaria?
¿La entidad pública contratante debía verificar la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades de los contratistas por medio de un interventor?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Servicios públicos domiciliarios: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2024-07-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150305201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliaros en el desarrollo de su actividad contractual son actos administrativos? No
El contratista no puede expedir actos administrativos en el marco de su actividad contractual como empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no emanan de prerrogativas públicas ni del régimen legal aplicable, sino que se rigen por el derecho privado salvo disposición constitucional o legal en contrario. La entidad prestadora de servicios, en este caso Emsersopó, carece de competencia para proferir actos administrativos, y un contrato de seguro entre particulares no puede conferirle tales facultades. La Sala reitera la jurisprudencia que establece que los actos jurídicos adoptados por las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos, por lo que deben ser analizados bajo las normas del derecho común y las condiciones estipuladas en el contrato, sin someterse a los controles de legalidad aplicables a los actos administrativos. Esto implica que las condiciones generales de la póliza de seguro deben interpretarse conforme a la intención de las partes y el régimen legal aplicable, sin restar efecto a lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿El pacto de facultades unilaterales por las partes del contrato estatal, en este caso, tendientes a declarar la ocurrencia material del riesgo amparado y a hacer efectiva la garantía…
¿El seguro de cumplimiento es una modalidad o variante del seguro de daños que persigue garantizar la indemnización de los perjuicios que se puedan derivar de la inobservancia de las obligaciones que…
¿Emsersopó siguió el procedimiento establecido en las condiciones generales de la póliza de cumplimiento, para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El contratista incumplió sus obligaciones
Sentencia — Sentencia
2022-12-16
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 05001233100020060012701
ACCION CONTRACTUAL
¿El contratista incumplió sus obligaciones respecto de la programación de la obra desde un inicio? Sí
El contratista incumple sus obligaciones respecto a la programación de la obra desde el inicio, lo que se evidencia por retrasos superiores al 25% mensual en la inversión y metas físicas, sin que las modificaciones en los planos por parte de la interventoría justifiquen estos atrasos. La entidad no incumple al modificar los planos, previsto en el contrato, y el contratista no acredita justificación alguna para su incumplimiento. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reforzando que el incumplimiento del contratista en la programación inicial invalida la excepción de contrato no cumplido, con implicaciones significativas para la responsabilidad contractual y la ejecución de obras públicas.síntesis automática
También resuelve:
¿La demandante aceptó que conocía los motivos que dieron lugar a declarar la caducidad del contrato antes de que se expidiera ese acto administrativo?
¿Los incumplimientos que dieron lugar a la declaratoria de caducidad estaban relacionados con la falta de ejecución de la obra?
¿Para el momento en que se ejecutaron las obras extras ordenadas por la Interventoría, el contratista ya había incumplido la programación de la obra ordinaria?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo is competente para conocer demandas contra resoluciones de sociedades de economía mixta de servicios públicos.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180092301
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de una demanda contra una resolución proferida por una sociedad por acciones de carácter mixto encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas dirigidas contra los actos administrativos expedidos por sociedades anónimas de carácter mixto encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 104 del CPACA. En la decisión adoptada, la Sala constató la competencia de esta jurisdicción y del Consejo de Estado en segunda instancia para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, al verificarse la naturaleza pública de la entidad demandada y la vocación de doble instancia del proceso contencioso contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo post contractual, es el de controversias contractuales?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la pretensión es la nulidad del acto administrativo, empieza a contar desde que se surte su notificación…
¿La designación como gestor de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) implica el sometimiento de sus actuaciones contractuales al régimen…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
El artículo 1.081 del Código de Comercio señala que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.
Sentencia — Sentencia
2024-04-08
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 85001233300020160005301
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se debe declarar probada la excepción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro y, en consecuencia, en el evento de haberse pagado alguna suma por los siniestros aquí en estudio, se deberán devolver dichas sumas, debidamente actualizadas desde el momento en que fueron canceladas por la Aseguradora Solidaria de Colombia? Sí
La Aseguradora Solidaria de Colombia pretende que se declare la nulidad de la Resolución n.° 50 del 06 de agosto de 2015, por medio de la cual la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Pore E.S.P. declaró la ocurrencia de los siniestros de incumplimiento y de mal manejo del anticipo, en el marco del contrato de obra n.° 20 del 1 de marzo de 2011, celebrado con el señor Óscar Javier Acuña Correa. Igualmente, solicita la nulidad absoluta de las cláusulas número seis y ocho de las condiciones generales de la póliza n.° 605-47-994000005277, expedida por la actora. Señala que aunque en dichas cláusulas se admite la posibilidad de expedir actos administrativos para la declaratoria del siniestro, tampoco otorgaron la competencia para el efecto, puesto que esta es privativa de la ley.
También resuelve:
¿La liquidación no suspende el término de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro?
¿Es posible que los términos del incumplimiento y la liquidación, puedan contarse simultáneamente, claro está, si concurren las circunstancias de hecho que dan lugar a uno o a otro evento?
¿Las empresas de servicios públicas domiciliarios regidas por el derecho privado, dictan verdaderos actos administrativos para la declaratoria del siniestro…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Las manifestaciones de voluntad expuestas en el ámbito precontractual no tienen la connotación de actos administrativos
Sentencia — Sentencia
2025-09-01
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 05001233300020170031501
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos solo tienen naturaleza de acto administrativo cuando existe habilitación legal expresa? Sí
El contratista no puede promover el medio de control de controversias contractuales para cuestionar actos precontractuales de una empresa de servicios públicos domiciliarios, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo salvo que exista habilitación legal expresa, como establece la Ley 142 de 1994. La jurisprudencia unificada de la corporación sostiene que los actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios se rigen por el derecho privado y no por el EGCAP, por lo que el medio adecuado para analizar cualquier controversia derivada de estos actos es el de reparación directa. Esto implica que el contratista debe utilizar el medio de control de reparación directa para reclamar responsabilidad precontractual y no el de controversias contractuales, ya que este último es inaplicable a los actos privados y a las etapas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿Es procedente el medio de control de controversias contractuales promovido por la parte actora, considerando que los cuestionamientos formulados se circunscriben a la etapa precontractual y que el…
¿Puede configurarse responsabilidad precontractual por parte de una entidad estatal sometida a un régimen exceptuado de contratación cuando defrauda las expectativas legítimas de un proponente…
¿Puede una invitación a presentar propuestas ser considerada jurídicamente como una oferta mercantil irrevocable, en los términos del artículo 846 del Código de Comercio…
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
Se acreditó que las partes intervinientes en dicho contrato fueron vinculadas al presente proceso
Sentencia — Sentencia
2023-03-31
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060328401
ACCION CONTRACTUAL
¿Al encontrarse configurada la causal de contrato contra expresa prohibición constitucional o legal se produce la nulidad absoluta del negocio jurídico? Sí
Cuando un contrato estatal se celebra contra expresa prohibición constitucional o legal, se configura la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993. La regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 1519 del Código Civil considera que toda violación de un mandato imperativo o de una prohibición de la ley produce nulidad absoluta, salvo que la norma consagre otra sanción. Segunda, la causal de objeto ilícito del Código Civil es amplia y no se confunde con la causal 2 del estatuto, que se reserva para desconocer el régimen de prohibiciones de rango constitucional y legal. Tercera, la causal exige dos presupuestos: la violación del régimen de prohibiciones en normas constitucionales, legales o con fuerza de ley, y que la prohibición sea expresa y explícita, pues no toda irregularidad la configura. En el caso, ambos presupuestos quedaron acreditados y la decisión se confirmó. El documento no indica si reitera o matiza precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Las administradoras cooperativas hacen parte de las sociedades de economía solidaria?
¿Las empresas de administración pública cooperativa están sometidas al régimen contractual del Estatuto General de la Contratación Estatal?
¿Los convenios interadministrativos gozan de características que los diferencian de los contratos estatales?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
A esa manifestación se opusieron los demandados en sus escritos de contestación
Sentencia — Sentencia
2024-01-24
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 11001032600020140007000
LEY 1437 REPETICION
¿La conducta de Jesús Hernando Lindarte Ortiz, Oscar Hernando Castro Rivera y Santiago Rodil García, en el ejercicio de los cargos de magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca y juez del Juzgado Civil del Circuito de Arauca, respectivamente, en el trámite del proceso civil extracontractual con Radicado No. 2004-0055, es gravemente culposa y, en consecuencia, los demandados deben reembolsar el pago de la condena judicial que el Tribunal Administrativo de Arauca le impuso a la Nación – Rama Judicial en la sentencia del veintiuno (21) de septiembre de dos mil once (2011), dentro del proceso de reparación directa con Radicado No. 81001-23-31-001- 2010-00006-00”, teniendo en cuenta que para el momento existían posiciones jurisprudenciales contradictorias en el Consejo de Estado relacionadas con el tema a resolver? No
No es gravemente culposa la conducta del juez que aplica una interpretación judicial cuando, para la época de sus decisiones, existían posiciones jurisprudenciales contradictorias sobre la materia, pues no hay violación manifiesta e inexcusable de la norma en que debía fundarse la decisión. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, la competencia para tramitar el proceso civil en el que se dictaron las providencias se discutía en la época, por la expedición de una ley que atribuyó asuntos de ese tipo a la jurisdicción contencioso administrativa mientras el proceso estaba en curso. Segunda, la existencia de criterios contrapuestos en el propio Consejo de Estado impide calificar como manifiesta la infracción de la norma. Tercera, la demanda de repetición no acreditó, con razones fácticas y jurídicas precisas, la culpa grave de cada uno de los servidores. La providencia niega las pretensiones de repetición. La consecuencia práctica es que el cambio posterior de jurisprudencia no convierte en culpa grave la decisión que se adoptó conforme a una línea vigente y contradictoria al momento de proferirla.síntesis automática
También resuelve:
¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la aplicación de las presunciones legales de dolo y culpa grave en el medio de control de repetición?
¿La presunción de culpa grave referida en el numeral 1 del artículo 6 de la ley 678 de 2001, no se configura solo por un desconocimiento de las normas o de los términos establecidos en la ley…
¿El hecho de que las providencias judiciales hayan sido determinantes en la condena por error judicial, no implica, en todo caso…
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio
Sentencia Unificación — Sentencia
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿La prestación de los servicios públicos domiciliarios se encuentra enmarcada en un régimen propio, específico y especializado, en el que se determinó que a los actos y a los contratos de los prestadores se les aplica el derecho privado? Sí
Los actos y los contratos de los prestadores de servicios públicos domiciliarios se rigen, como regla general, por el derecho privado, pues la prestación de estos servicios está sometida a un régimen propio, específico y especializado que se separa del marco clásico de la función pública. Esta regla se sostiene en tres razones. Primero, la Ley 142 de 1994 definió un régimen de intervención, regulación y control de los servicios públicos domiciliarios que dota de autonomía a ese concepto frente a la función pública. Segundo, para resolver dificultades de interpretación o vacíos normativos la ley acude a sus principios generales sin distinguir si el prestador es público, privado o mixto, de modo que todos quedan sujetos en iguales condiciones. Tercero, el legislador excluyó de forma expresa la aplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública a estos prestadores, salvo que la ley disponga otra cosa, de modo que sus actos contractuales no contienen prerrogativas de poder público que den lugar a actos administrativos. La providencia unifica el criterio sobre el régimen aplicable; en la práctica, el derecho privado es la regla general y solo cede cuando la ley autoriza expresamente un ámbito normativo diverso.síntesis automática
También resuelve:
¿Resulta legalmente admisible que cuando una entidad estatal celebra un contrato que se rige por las normas del derecho privado, se pacten cláusulas cuya ejecución corresponda a una de ellas…
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
¿Debe unificarse la jurisprudencia del Consejo de Estado para definir la naturaleza de los actos jurídicos adoptados por los prestadores de servicios públicos domiciliarios con motivo de su actividad…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: no se percibe, la intención de las partes de dotar a la entidad contratante de dichas prerrogativas
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-08-20
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 25000233600020150305201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Emsersopó se encontraba facultado para hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y, en el marco de ello, declarar la ocurrencia del siniestro, considerando que el contrato de obra celebrado constituía un contrato estatal gobernado por el derecho privado? No
La entidad contratante no ostentó facultad alguna para declarar el siniestro. Sobre el particular, aunque se comparte que la aseguradora no tenía la obligación de pago en favor de la demandada, se considera que los motivos principales para arribar a dicha conclusión debieron ser los que se explican a continuación: En el contrato de obra 026 de 2011, por tratarse de un contrato estatal gobernado por el derecho privado, las facultades debieron quedar registradas de forma expresa, diáfana e inequívoca. Así, no se percibe, de las cláusulas reseñadas, la intención de las partes de dotar a la entidad contratante de dichas prerrogativas. En este sentido, los extremos de la relación contractual, en punto de la liquidación, la cláusula penal pecuniaria y las garantías, decidieron -desde el pacto- mantenerse en aquel régimen jurídico.
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: la sentencia finalmente aprobada omitió pronunciarse sobre el hecho
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-10-19
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233100020010223301
ACCION CONTRACTUAL
¿La sentencia finalmente aprobada omitió pronunciarse sobre el hecho de que EPM −una empresa industrial y comercial del Estado cuyo objeto es la prestación de servicios públicos domiciliarios− haya liquidado unilateralmente, mediante actos administrativos, el contrato de obra? Sí
Me aparto de la decisión adoptada por la mayoría de los integrantes de la Sala, puesto que la sentencia finalmente aprobada omitió pronunciarse sobre el hecho de que EPM −una empresa industrial y comercial del Estado cuyo objeto es la prestación de servicios públicos domiciliarios− haya liquidado unilateralmente, mediante actos administrativos, el contrato de obra No. 2/DJ-1844/27 de 1996.
SIN DECISION
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: existe una diferencia entre el régimen sustantivo aplicable y la naturaleza del acto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-06-06
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos unilaterales que emite una entidad estatal en desarrollo de contratos regidos por el derecho privado, como los proferidos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, corresponden a la categoría de actos administrativos? Sí
Considero que los actos de las ESP -precontractuales o contractuales- son administrativos, pues todo acto unilateral de la administración destinado a producir efectos jurídicos goza de esta naturaleza, al margen del régimen contractual que sea aplicable -en el caso de estas entidades, el derecho privado-. En el proveído del cual me aparto se condiciona la existencia o inexistencia del acto administrativo al uso de prerrogativas de poder público. Este criterio, en mi opinión, es limitado, pues reduce las actuaciones de la administración pública a expresiones de imperio, soberanía, poder o autoridad. Si bien es cierto que la administración actúa de diferentes maneras, no en todas ellas está involucrado el poder coercitivo del Estado… .
También resuelve:
¿Resulta procedente afirmar que son de naturaleza privada los actos que emite una entidad estatal en desarrollo de su actividad contractual, cuando se observa que está regida por un régimen mixto…
¿El hecho de que no sean administrativos los actos contractuales de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios…
Consejo de Estado
Providencia
El silencio del contratista en el acta de inicio no constituye una convalidación ni condona los incumplimientos contractuales previos de la entidad estatal.
Aclaración voto — Aclaración de voto
2025-08-26
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 05001233300020180162101
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Puede interpretarse el silencio del contratista en el acta de inicio como una convalidación del presunto incumplimiento contractual anterior por parte de EPM? No
El contratista conserva su derecho a reclamar indemnizaciones por perjuicios derivados de incumplimientos contractuales previos de la administración, sin que la suscripción del acta de inicio implique renuncia o condena tácita. En su aclaración de voto, el magistrado precisa que el silencio del contratista en el acta de inicio no podía entenderse como una convalidación de la conducta contractual morosa de la entidad desplegada con anterioridad, pues ello equivaldría a presumir indebidamente la renuncia a reclamar los perjuicios causados. Conforme a los principios de la contratación estatal y la autonomía de la voluntad, los acuerdos posteriores no purgan automáticamente los incumplimientos previos ni exoneran de responsabilidad a la parte infractora sin una manifestación expresa de voluntad.síntesis automática
También resuelve:
¿Confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) al contratista el derecho a mantener la ecuación económica del contrato estatal frente a modificaciones o eventos…
¿Resultan aplicables los principios del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como el derecho al restablecimiento del equilibrio económico…
¿Resulta aplicable el derecho al restablecimiento del equilibrio económico consagrado en el EGCAP a un contrato estatal celebrado por una entidad pública en un mercado liberalizado y regido por el…
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2024-05-09
Sección Tercera (Subsección A)
JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ
Rad. 76001233100020060332003
ACCION CONTRACTUAL
¿El precedente jurisprudencial se refiere, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión, la cual puede ser de dos tipos: un precedente legislativo, que genera una regla general y abstracta; y un precedente de aplicación del caso, que resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores? Sí
La noción de precedente puede aplicarse, en general, a toda decisión judicial que sea relevante para tomar otra decisión y se refiere también a dos tipos de precedente: (i) un precedente denominado legislativo, en el cual la Corte enuncia una regla general y abstracta con base en la cual se decide el caso concreto y deben decidirse los casos futuros que tengan supuestos fácticos similares mediante una aplicación deductiva; este modelo se acerca a la noción de jurisprudencia de los sistemas de derecho escrito; y (ii) un precedente de aplicación del caso, en el cual la Corte simplemente resuelve un caso en la forma como ha sido decidido los casos anteriores teniendo en cuenta similitudes y diferencias mediante la aplicación de un método principalmente inductivo, que se acerca más a la noción de precedente del derecho anglosajón… .
También resuelve:
¿El Consejo de Estado tiene la facultad para adoptar reglas generales en las que interpreten las disposiciones legales o llenen lagunas normativas…
¿La adopción de reglas de unificación jurisprudencial debe ser precisa y debe ser enunciada de manera expresa, indicando cómo deben interpretarse las disposiciones legales pertinentes…
¿La regla de unificación que debió adoptarse en la sentencia no debió referirse a la calificación de los actos expedidos por las empresas de servicios públicos domiciliarios…