Titulación de la relatoría 40.705 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA / DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA DEMANDA / ESTIMACIÓN DE LA CUANTÍA DEL PROCESO / RECURSO DE APELACIÓN
Problema jurídico:
¿Tiene competencia el Consejo de Estado en segunda instancia para conocer del medio de control de repetición en razón a la cuantía?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1 del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 17 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, puesto que la cuantía supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MUNICIPIO / CONDENA / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / DOLO / CULPA GRAVE
Problema jurídico:
¿Procede el medio de control de repetición en el caso sub examine, puesto que el municipio demandante solicita que se declare al demandado responsable de forma patrimonial por el pago que realizó en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 19 de febrero de 2015?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2 de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, el medio de control de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque el municipio (…) solicita declarar a (…) patrimonialmente responsable del pago de $407.379.643 realizado en cumplimiento de la condena que impuso el Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / PLAZO / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / ENTIDAD PÚBLICA / DERECHO DE ACCIÓN / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN / MUNICIPIO / LESIONES FÍSICAS / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / TÉRMINO DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Se configuró el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el inciso 4 del artículo 177 del CCA?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4 del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que la sentencia del 19 de febrero de 2015, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la condena en contra del municipio (…) por las lesiones que sufrió (…) quedó ejecutoriada el 13 de marzo de 2015; ii) que el plazo de los 18 meses para pagar la condena se cumplió el 14 de septiembre de 2016; iii) que el 3 de enero de 2017 el municipio de Mogotes efectuó el último pago por la suma de $45.834.530 de la referida la condena; iv) que lo primero que ocurrió fue el vencimiento del plazo de los 18 meses para pagar la condena; y, v) que la demanda se presentó el 22 de junio de 2017, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l), del numeral 2, del artículo 164 del CPCA para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la caducidad del medio de control de repetición, consultar sentencia del 30 de enero de 2013, exp. 23998, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Así mismo, ver, Corte Constitucional, sentencia del 14 de octubre de 1998, exp. C-574 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y sentencia del 22 de mayo de 2002, exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Atinente al derecho de acceso a la administración de justicia, consultar, providencia de 23 de febrero de 2006, exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la vigencia del Código General del Proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, consultar providencia de 25 de junio de 2014, exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 306
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO
Problema jurídico:
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001 (…) definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra del municipio (…) ocurrieron el 23 de septiembre de 2010, esto es, cuando (…) cayó del techo del coliseo (…), el régimen vigente aplicable al medio de control de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001, sin la modificación introducida por la Ley 2195 de 2022, toda vez que esta última normativa no estaba vigente al momento de los hechos
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la normativa aplicable a los procesos de repetición, consultar sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 23 de noviembre de 2016, exp. 46108, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Procede el medio de control de repetición siempre que se prueben los siguientes requisitos: la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandado tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria y; iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos de procedencia de la acción de repetición, consultar sentencia de 27 de noviembre de 2006, exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia de 6 de diciembre de 2006, exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 12 de diciembre del 2007, exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 29 de mayo del 2014, exp. 42183, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; sentencia de 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa y sentencia de 10 de diciembre de 2018, exp. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / MUNICIPIO / LESIONES FÍSICAS / PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO INMATERIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MENOR DE EDAD
Problema jurídico:
¿La sentencia del 19 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander constituye prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta al hoy demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
El primer presupuesto para la prosperidad de las pretensiones de repetición que formula el Estado, es la prueba de la existencia de la obligación de pagar una suma de dinero derivada de una condena judicial impuesta en su contra, en sentencia debidamente ejecutoriada, o de un acuerdo conciliatorio de naturaleza judicial o extrajudicial, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto, tal y como lo prevé el artículo 2 de la Ley 678 de 2001. En el sub examine se cumple este requisito, pues está acreditado que, mediante sentencia del 19 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander modificó la sentencia del 28 de febrero de 2014, proferida por el Juzgado Primero de Descongestión de San Gil, en el sentido de condenar al municipio (…) por las lesiones que sufrió (…) al caerse del techo del coliseo municipal, y ordenar pagar al ente demandado perjuicios materiales e inmateriales a los demandantes.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
FUENTE FORMAL:
LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / SERVIDOR PÚBLICO / FUNCIONARIO PÚBLICO / CALIDAD PARA SER FUNCIONARIO PÚBLICO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / CULPA GRAVE / FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA / EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO / ALCALDE MUNICIPAL / LESIONES FÍSICAS / ACTA DE POSESIÓN / APODERADO JUDICIAL / ABOGADO DEFENSOR / PODER DEL ABOGADO / PODER ESPECIAL DEL ABOGADO / CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA / CONFESIÓN / REQUISITOS DE LA CONFESIÓN / REQUISITOS DE LA CONFESIÓN DEL APODERADO JUDICIAL
Problema jurídico:
¿Se acreditó la calidad de servidor o ex servidor público del demandado en el caso sub examine, es decir, la de alcalde municipal en el momento en que incurrieron los hechos objeto de la demanda?
Respuesta al problema jurídico: Si
El segundo presupuesto para que proceda la acción de repetición es que el demandado, frente a quien se atribuye la acción u omisión determinante de la responsabilidad del Estado, tenga la calidad de servidor o ex servidor público o de particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas. En la demanda se solicitó declarar la responsabilidad de (…), porque a juicio de la actora incurrió en culpa grave por permitir que bajo su administración como alcalde municipal (…) se contratara verbalmente a un menor de edad para realizar trabajos públicos en el coliseo municipal. En el caso sub judice, para probar esta calidad, la parte demandante no aportó el acta de posesión o certificación alguna que acreditara que efectivamente (…) era el alcalde (…) para la fecha de los hechos. No obstante, observa la Sala que el apoderado judicial en la contestación de la demanda y el mismo demandado en el interrogatorio de parte, manifestaron, con alcance de confesión, que el señor (…) se desempeñó como alcalde del municipio (…) durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2011. (…) [S]egún lo expuesto, se advierte que la calidad del demandado como servidor público para el momento de los hechos está demostrada, pues confesó que para el 23 de septiembre de 2010, fecha en la cual (…) cayó del techo del coliseo (…), él ejercía como alcalde del municipio (…). Al respecto, la manifestación realizada por el apoderado de la parte demandada en la contestación de la demanda constituye una confesión por apoderado judicial, capacidad que se entiende siempre conferida con el poder otorgado para demandar, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Código General del Proceso. (…) En efecto, el artículo 191 del Código General del Proceso y la jurisprudencia de esta Corporación, han definido las formalidades que la confesión requiere para predicar su validez. Dichos requisitos concurren en el presente asunto, ya que (i) el hecho confesado trae consecuencias jurídicas adversas al confesante, a su vez que, favorece a la parte contraria, pues el demandado acepta la calidad de servidor público para el momento de los hechos; (ii) la ley no exige un medio de prueba específico para acreditarlo, de manera que se debe dar mérito probatorio a la afirmación enunciada; (iii) la confesión fue expresa, consciente y libre, toda vez que la misma se produjo de forma espontánea en la contestación de la demanda y no se acreditó que se produjera con algún tipo coacción física, sicológica o moral; (iv) versa sobre hechos de los que tenía conocimiento el confesante, esto es, sobre la fecha en que (…) ejerció como alcalde del municipio (…); y finalmente; (v) la confesión se encuentra probada con la manifestación que se hace en la contestación de la demanda.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Corte Constitucional, sentencia C-551 de 2016, M.P. Jorge Ivan Palacio Palacio. Así mismo, ver, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto del 8 de mayo de 2020, exp. 65209, C.P. José Roberto Sáchica Méndez; auto del 31 de julio de 2020, exp. 59161, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; auto del 5 de mayo de 2020, exp. 48825, C.P. Ramiro de Jesús Pazos y sentencia del 3 de octubre de 2019, exp. 49865, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 191, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 193
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ENTIDAD PÚBLICA / CONDENA JUDICIAL / CUMPLIMIENTO DE LA CONDENA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN POR CONDENA JUDICIAL / PAGO DE CONDENA JUDICIAL / MUNICIPIO / TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Problema jurídico:
¿Se acreditó el pago de la condena impuesta al municipio demandante?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como tercer presupuesto para que proceda la repetición, la entidad pública debe demostrar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (…) De conformidad con lo expuesto, en el caso sub judice se encuentra acreditado el pago de la condena impuesta al municipio de (…) mediante providencia del 19 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, esto es, la suma de $592.924.756.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CONTRA ALCALDE MUNICIPAL / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / PRUEBA DE LA CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / MUNICIPIO / ALCALDE MUNICIPAL / LESIONES FÍSICAS / MENOR DE EDAD / NEXO DE CAUSALIDAD / INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGAS PROCESALES / INCUMPLIMIENTO DE LAS CARGAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Debe responder el demandado a título de culpa grave por el pago que realizó el demandante, con ocasión de la sentencia del 19 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, en la que se halló probada su responsabilidad patrimonial frente a las lesiones físicas que sufrió el menor de edad contratado por un funcionario público para realizar la reparación locativa de un bien inmueble?
Respuesta al problema jurídico: No
Como cuarto y último presupuesto de la acción de repetición, la entidad demandante debe probar que, conforme a las normas vigentes para la época de los hechos, la conducta del agente o ex agente del Estado o del particular investido de funciones públicas, determinante de la obligación reparatoria a cargo de la Administración, fue dolosa o gravemente culposa. Al respecto, debe resaltarse que, para que pueda predicarse la responsabilidad del agente, no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Como lo ha sostenido esta Corporación, para el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. (…) [L]a jurisprudencia de esta Sección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. (…) En lo que respecta al caso concreto, se tiene que el municipio (…) indica que (…), en calidad de alcalde de dicha municipalidad, permitió que se contratara de forma verbal y sin los requisitos legales a un menor de edad para ejecutar obras de mantenimiento en el coliseo Juan de Dios Arias de Mogotes, configurándose con dicha conducta la presunción de culpa grave prevista en el numeral 1º del artículo 6° de la Ley 678 de 2001, esto es, “Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho”, toda vez que el demandado no contrató en debida forma a (…) para que ejecutara las labores de obras en el referido coliseo. Así las cosas, en lo que respecta a la responsabilidad de (…), debe reiterarse que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001, debe probar el supuesto de hecho en que se funda, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. (…) En ese orden de ideas, se destaca que (…) en la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión manifestó que no actuó con culpa grave, comoquiera que no participó directa o indirectamente en la contratación verbal de (…) para efectuar reparaciones locativas en el coliseo Juan de Dios Arias del municipio (…), pues tal acto lo hizo el director de INDERMO, (…). De conformidad con lo anterior, para la Sala no se configura la presunción de culpa grave de (…) comoquiera que no hay prueba de que participó en forma alguna en la contratación verbal que se hizo al menor (…) para realizar obras en el techo del coliseo Juan de Dios Arias del municipio (…) o que desatendió una labor de vigilancia sobre la ejecución de un contrato a su cargo que desencadenara alguna obligación de su parte. En efecto, no está acreditado por ningún medio de prueba que para el 23 de septiembre de 2010 -fecha en que ocurrieron los hechos- existía un contrato estatal a cargo del municipio (…) que permitiera endilgar responsabilidad al entonces alcalde (…). Por el contrario, lo que sí está debidamente demostrado es que fue (…), en calidad de director del INDERMO, quien “contrató” sin las debidas formalidades a (…) para que efectuara una reparación locativa en el coliseo Juan de Dios Arias, tal como se desprende del contenido de las sentencias de primera y segunda instancia, por medio de las cuales se condenó al municipio (…) a pagar perjuicios materiales e inmateriales al menor (…) y sus familiares. (…) De conformidad con lo anterior, para la Sala no se configura la presunción de culpa grave de (…), comoquiera que no hay prueba de que participó en forma alguna en la contratación verbal que se hizo al menor (…) para realizar obras en el techo del coliseo Juan de Dios Arias del municipio (…) o que desatendió una labor de vigilancia sobre la ejecución de un contrato a su cargo que desencadenara alguna obligación de su parte. En efecto, no está acreditado por ningún medio de prueba que para el 23 de septiembre de 2010 -fecha en que ocurrieron los hechos- existía un contrato estatal a cargo del municipio (…) que permitiera endilgar responsabilidad al entonces alcalde (…). Así las cosas, en el presente asunto no se configura la presunción de culpa grave (violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho) que el municipio de (…) endilga a (…), pues tal como se dejó expuesto ut supra, la entidad demandante no demostró que la conducta del señor (…) fue determinante de la obligación reparatoria a cargo del Estado o que existiera una relación de causalidad entre el daño (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. (…) [L]a Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, (…) cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la demandada. Así las cosas, se reitera que, al tratarse de un medio de control de repetición, la carga de la prueba que recaía en el demandante implicaba la comprobación de los requisitos para su procedencia, esto es, la obligación reparatoria a cargo del Estado; la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas del demandado; el pago de la obligación reparatoria; y que la conducta dolosa o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado, situación que no aconteció en el sub examine. Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
NOTA DE RELATORÍA:
Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 12 de septiembre de 2016, exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Consejo de Estado, Sección Tercera., sentencia del 30 de agosto de 2018, exp. 55661, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; sentencias del 30 de agosto de 2007, exp. 29223, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; sentencia del 26 de febrero de 2009, exp. 30329, C.P. Olga Melida Valle; sentencia del 22 de julio de 2009, exp. 5659, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 6 de julio de 2017, exp. 45203, Marta Nubia Velásquez Rico; sentencia del 7 de agosto de 2017, exp. 4277, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de mayo de 2014, exp. 40755, C.P. Ramiro de Jesús Pazos y sentencia del 22 de octubre de 2021, exp. 62571, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. De igual forma, ver, Corte Constitucional, sentencia C-374 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6 NUMERAL 1
INTERROGATORIO DE PARTE / VALOR PROBATORIO DEL INTERROGATORIO DE PARTE / PROCEDENCIA DEL INTERROGATORIO DE PARTE / MEDIOS DE PRUEBA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA
Problema jurídico:
¿Debe valorarse el interrogatorio de parte allegado al proceso, en conjunto con los demás elementos probatorios y de acuerdo con el principio de la sana crítica?
Respuesta al problema jurídico: Si
[S]e encuentra que el interrogatorio de parte de (…) fue solicitado en la demanda, fue decretado por el Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil y la parte demandada no lo controvirtió ni se opuso a su práctica, motivo por el cual implica que lo manifestado en su declaración deba ser valorado en conjunto con los demás elementos probatorios y de acuerdo con el principio de la sana crítica, pues los artículos 165 y 184 del Código General del Proceso catalogan el interrogatorio de parte como un medio de prueba, el artículo 198 del mismo cuerpo normativo dispone las reglas bajo las cuales debe practicarse y no da tratamiento de sospechoso al interrogatorio que rinda una de las partes del proceso.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 184, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 198
FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO PÚBLICO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO / RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO / LESIONES FÍSICAS / MENOR DE EDAD / ALCALDE MUNICIPAL / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / RESPONSABILIDAD PERSONAL DEL AGENTE / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿La responsabilidad patrimonial del servidor público es subjetiva, por lo cual, el deber de indemnizar se desprende de su obrar doloso o gravemente culposo?
Respuesta al problema jurídico: Si
[A]unque mediante sentencias del 28 de febrero de 2014 y 19 de febrero de 2015 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, declararon administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Mogotes por las lesiones que sufrió (…) y lo condenaron a pagar perjuicios morales y materiales a sus familiares (…) se evidencia que en dichas providencias no se estableció que el entonces alcalde (…), hubiera tenido participación en los hechos por acción u omisión; en otras palabras, si bien en las sentencias de reparación directa se determinó que la caída y lesiones del menor (…) eran imputables al municipio, también se estableció que lo eran no por la conducta de (…) sino por la del director del Indermo, (…). Es por esto que a partir de dichas providencias tampoco se puede acreditar que (…) actuó culpa grave. En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. En otras palabras, en el proceso de repetición se lleva a cabo un juicio de atribución de responsabilidad personal e individual, por lo que resulta indispensable que se encuentre acreditado que el daño antijurídico tuvo su origen en una acción u omisión dolosa o gravemente culposa del demandado. Es por ello, que no tiene recibo entender, como lo pretende la parte demandante, que la responsabilidad del agente deba ser entendida como una de carácter común, en la que de forma general se indique que por ser el alcalde del municipio condenado el funcionario es quien está llamado a responder, pues resulta necesario acreditar que su actuación fue determinante en la referida condena contra el Estado. Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los otros requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. Es por esa esencial razón -responsabilidad subjetiva del agente- que no es de recibo para la Sala que la entidad demandante de forma genérica indique que por ser (…) el alcalde del municipio (…) era el encargado de supervisar la contratación atípica, anormal y que por su cuenta realizó (…).
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / SENTENCIA DE MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / TRÁNSITO A COSA JUZGADA / RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL AGENTE DEL ESTADO / AGENTE DEL ESTADO / ELEMENTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOLO / CULPA GRAVE / ENTIDAD ESTATAL / ENTIDAD PÚBLICA
Problema jurídico:
¿El juez de repetición debe realizar un análisis de forma independiente a las conclusiones que se han tomado en el proceso de reparación directa?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s importante destacar que la sentencia proferida en la acción de reparación directa hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener la reparación de perjuicios que en ella se dispone. No obstante, la misma providencia no hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño, pues dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su actuación, salvo en los eventos en que el agente estatal sea llamado en garantía y se juzgue en el mismo proceso lo relativo a su conducta, de tal suerte que, excepto este último evento, no puede afirmarse que la sentencia de condena impuesta contra la entidad hace tránsito a cosa juzgada en lo que respecta a la conducta de (…). Lo anterior constituye una razón adicional para concluir que las sentencias proferidas el 28 de febrero de 2014 y 19 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión de San Gil y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, per se, no son prueba de la culpabilidad de (…), máxime cuando en ellas se estableció con claridad que fue otra persona, distinta al aquí demandado, quien con su actuación determinó la condena impuesta contra el municipio (…), razón por la cual cabe reiterar que en el medio de control de repetición deben reunirse todos los presupuestos y elementos de juicio necesarios para presumir que el servidor público contra el que se dirige la acción actuó con dolo y/o culpa grave. En otras palabras, en el marco del proceso de repetición resulta indispensable probar el hecho que determina la inferencia frente al servidor público demandado, a efectos de establecer su relación con el supuesto que origina la presunción, llevándose a cabo por parte del juez un análisis independiente de las conclusiones sobre la responsabilidad del Estado a las que se arribó en el fallo que condenó a la entidad estatal.
CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES
Problema jurídico:
¿Procede la condena en costas procesales en el caso sub examine?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o hay lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que se (sic) la demanda se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal.