Titulación de la relatoría 33.939 caracteres
Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO / COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / VOCACIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA / CUANTÍA DEL PROCESO / COMPETENCIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA
Problema jurídico:
¿Compete al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las demandas de repetición, que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas?
Respuesta al problema jurídico: Si
La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con el artículo 142 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el inciso 1° del artículo 7 de la Ley 678 de 2001. En punto a la competencia del medio de control de repetición, esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 11 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, puesto que la cuantía supera la exigida, de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de repetición tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 y el numeral 9 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 150, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7 INCISO 1
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CONCEPTO DE MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / FINALIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NATURALEZA JURÍDICA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO
Problema jurídico:
¿El medio de control de repetición resulta procedente para ejercerse en contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto?
Respuesta al problema jurídico: Si
De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 2001, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso el medio de control procedente es el de repetición, porque la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional solicita declarar (…) [a los demandados] patrimonialmente responsables del pago de $808.286.449,71, realizado en cumplimiento de la condena que le impuso el Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia del 25 de noviembre de 2010.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 2
CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / RÉGIMEN LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INOPERANCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL / IMPROCEDENCIA DE LA CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL
Problema jurídico:
¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control de repetición en el caso sub examine, considerando que, en virtud de las reglas de la aplicación de la Ley en el tiempo, debe tenerse en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA?
Respuesta al problema jurídico: No
Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. (…) La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. Al sub examine, por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En estos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se rigen por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. Asimismo, el literal l) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta i) que la sentencia del 25 de noviembre de 2010, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional a pagar perjuicios morales y materiales (…), quedó ejecutoriada el 11 de febrero de 2011; ii) que el 28 de octubre de 2011, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional pagó $808.286.449,71 por la referida la condena, según da cuenta la certificación expedida por la “tesorera principal” del Ministerio de Defensa (...); iii) que el plazo de los 18 meses para pagar la condena se cumplió el 13 de agosto de 2012; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la condena; y, v) que la demanda se presentó el 25 de octubre de 2013, esto es, dentro de los dos años que otorga el literal l), del numeral 2°, del artículo 164 del CPACA para presentarla de forma oportuna.
NOTA DE RELATORÍA:
Referente a la institución jurídico procesal de la caducidad, consultar providencias de 30 de enero de 2013, Exp. 23998, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y de la Corte Constitucional, de 14 de octubre de 1998, Exp. C-574 de 1998, C.P. Antonio Barrera Carbonell; y de 22 de mayo de 2002, Exp. C-394, M.P. Álvaro Tafur Galvis. Acerca del derecho al acceso a la administración de justicia, consultar providencia de 23 de febrero de 2006, Exp. 6871-05, C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Sobre la vigencia del Código General del Proceso en la jurisdicción contencioso administrativa, consultar providencia de 25 de junio de 2014, Exp. 49299, C.P. Enrique Gil Botero.
FUENTE FORMAL:
DECRETO 01 DE 1984 - ARTÍCULO 177 INCISO 4, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL I, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / LEY 678 DE 2001 / VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / APLICACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO / EFECTO DE LA LEY EN EL TIEMPO
Problema jurídico:
¿Dada la fecha de ocurrencia de los hechos que motivaron la condena en contra del Estado, resulta aplicable al presente proceso de repetición la Ley 678 de 2001?
Respuesta al problema jurídico: Si
Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal, el inciso segundo del artículo 90 de la Constitución Política señala que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste”. Por su parte, el legislador expidió la Ley 678 de 2001 (…) definió la repetición como una acción civil de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex servidor público, así como también respecto de los particulares que ejercen función pública, cuando como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado lugar al pago de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La mencionada disposición normativa reglamentó aspectos sustanciales de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, fijando generalidades como el objeto, noción, finalidades y deber de ejercicio, al igual que las definiciones de dolo y culpa grave con las que se califica la conducta del agente, al tiempo que consagró unas presunciones legales con incidencia en punto a la carga probatoria dentro del proceso. Además, respecto a los aspectos procesales de la acción, la Ley 678 de 2001 reguló asuntos relativos a la jurisdicción y competencia, legitimación, desistimiento, procedimiento, término de caducidad, oportunidad de la conciliación judicial o extrajudicial, cuantificación de la condena y determinación de su ejecución, así como lo atinente al llamamiento en garantía con fines de repetición y las medidas cautelares en el proceso. Así las cosas, como en el sub examine los hechos que produjeron la condena en contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ocurrieron en 2007, esto es, cuando fallecieron (…) [las víctimas], el régimen vigente aplicable a la acción de repetición es el previsto en la Ley 678 de 2001.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la normativa aplicable a los procesos de repetición, consultar providencia de 31 de agosto de 2006, Exp. 28448, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 23 de noviembre de 2016, Exp. 46108, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 47535, C.P. María Adriana Marín.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 678 DE 2001
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
Problema jurídico:
¿Para la procedencia del medio de control de repetición se debe la obligación reparatoria a cargo del Estado; que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; el pago de la obligación reparatoria y; que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, para la procedencia del medio de control de repetición se deben acreditar los siguientes requisitos: i) la obligación reparatoria a cargo del Estado; ii) que el demandando tenga la calidad de servidor o ex servidor público o particular que ejerza o haya ejercido funciones públicas; iii) el pago de la obligación reparatoria y; iv) que la conducta dolosa y/o gravemente culposa del agente haya determinado el daño antijurídico por el cual se condenó al Estado.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre los elementos de procedencia de la acción de repetición, consultar providencia de 27 de noviembre de 2006, Exp. 22099, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; 6 de diciembre de 2006, Exp. 22056, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 12 de diciembre del 2007, Exp. 27006, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; de 29 de mayo del 2014, Exp. 42183, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; de 12 de septiembre de 2016, Exp. 56284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; de 10 de diciembre de 2018, Exp. 60423, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 22 de noviembre de 2021, Exp. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / DOCUMENTO ALLEGADO POR ENTIDAD PÚBLICA / DOCUMENTO PÚBLICO / AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALIDEZ DEL DOCUMENTO PÚBLICO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PÚBLICO
Problema jurídico:
¿El certificado de pagador, tesorero o servidor público de la entidad demandante es prueba suficiente para iniciar el proceso de repetición y acreditar el pago de la condena respectiva?
Respuesta al problema jurídico: Si
[P]ara que proceda la repetición, la entidad pública debe acreditar el pago efectivo de la suma de dinero que le hubiere sido impuesta por una condena judicial o que hubiere asumido en virtud de una conciliación o cualquier otra forma de terminación de conflictos. (…) Al respecto, aunque el artículo 142 (…) [de la Ley 1437 de 2011] señala que el certificado de pagador, tesorero o servidor público es prueba suficiente “para iniciar” el proceso de repetición, lo cierto es que dicha prueba per se no acredita definitivamente el pago de la condena impuesta contra el Estado (…). De conformidad con lo expuesto, en el caso sub judice se encuentra acreditado el pago de la condena impuesta a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional mediante providencia del 25 de noviembre de 2010 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, esto es, la suma de $808.286.449,71, toda vez que la certificación del 11 de octubre de 2013 es un documento público que fue expedido y suscrito por la tesorera general del Ministerio de Defensa, por lo que de conformidad con el artículo 244 del CGP se presume auténtico. Adicionalmente en él se discriminó el pago que esa entidad realizó en cumplimiento de la Resolución No. 5368 del 19 de octubre de 2011, con indicación del objeto, valor y beneficiarios. Asimismo, dicho documento obró a lo largo del proceso sin que fuera desvirtuado o controvertido por la parte demandada.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la prueba del pago de la condena en proceso de repetición, consultar providencia de 22 de noviembre de 2021, Exp. 54518, C.P. José Roberto Sáchica Mendez.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 142, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 244
TRASLADO DE DOCUMENTO / PRUEBA TRASLADADA / ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA TRASLADADA / CRITERIO DE PRUEBA TRASLADADA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA TRASLADADA / TRASLADO DE LA PRUEBA / TRASLADO DE PRUEBA / TRASLADO DE PRUEBA DOCUMENTAL / VALIDEZ DE LA PRUEBA TRASLADADA / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TRASLADADA / INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / INVESTIGACIÓN DISCIPLINAR A EMPLEADO PÚBLICO / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Cuenta con valor probatorio en el presente proceso de repetición las pruebas documentales trasladadas de la actuación disciplinaria adelantada por la muerte de la víctima que motivó la condena contra el Estado?
Respuesta al problema jurídico: Si
[E]s necesario precisar que según el artículo 174 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento administrativo en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 del CPCA, las pruebas practicadas válidamente en un proceso judicial pueden trasladarse a otro en copia y son apreciables sin más formalidades, “siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas”. En el presente asunto, la parte actora solicitó que se allegara la copia auténtica de la investigación disciplinaria radicada con el número 039037392008, adelantada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos por la muerte (…). En su contestación a la demanda, la curadora ad litem de los demandados dijo “atenerse a las pruebas solicitas en la demanda”. La prueba fue decretada de esta manera y allegada mediante oficio No. DDD-HH 0081 del 20 de enero de 2006. Así las cosas, la Sala valorará sin restricción alguna las pruebas documentales trasladadas de la actuación disciplinaria, dado que fueron debidamente solicitadas y decretadas en el plenario y de ellas se les corrió traslado a los demandados, de manera que ambas partes procesales conocieron su contenido y contaron con la oportunidad de ejercer la contradicción de las mismas.
FUENTE FORMAL:
LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 211, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 174
VERSIÓN LIBRE / VALOR PROBATORIO DE LA VERSIÓN LIBRE / DECLARACIÓN REALIZADA EN VERSIÓN LIBRE / TRASLADO DE LA PRUEBA / PRUEBA TRASLADADA / FALTA DE JURAMENTO / FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Tienen valor probatorio las versiones libres trasladadas de la investigación disciplinaria, que no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento?
Respuesta al problema jurídico: No
[L]as diligencias de versión libre y espontánea rendidas por (…), no fueron rendidas bajo la gravedad del juramento, situación que impide al juez reconocerles capacidad probatoria con mérito de valoración judicial y, por tanto, no pueden tenerse en cuenta en juicio, salvo que en este los deponentes de las declaraciones allí vertidas ratifiquen lo dicho bajo el apremio de manifestar la verdad, en atención a lo dispuesto en los artículos 220 y 222 del Código General del Proceso, lo cual no se acredita en el caso de autos.
FUENTE FORMAL:
LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 220, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 222
MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / PRESUPUESTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTO SUBJETIVO DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / AGENTE DEL ESTADO / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / CULPA DEL AGENTE DEL ESTADO / VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO / MUERTE DE CIVIL / USO EXCESIVO DE LA FUERZA PÚBLICA / USO DESPROPORCIONADO DE LA FUERZA PÚBLICA / DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR DAÑO CAUSADO POR MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA / CULPA GRAVE / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE / INEXISTENCIA DE LA CULPA GRAVE / DOLO / AUSENCIA DEL DOLO / PRESUNCIÓN LEGAL / FALTA DE PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA POR EL ACCIONANTE / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / SENTENCIA ADMINISTRATIVA / SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / VALOR VINCULANTE DE LA SENTENCIA / VALOR PROBATORIO DE LA SENTENCIA / EFECTOS DE LA SENTENCIA / ALCANCE DE LA SENTENCIA / EFECTOS DEL FALLO / AUTONOMÍA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Los soldados demandados deben responder por lo pagado por la Administración con ocasión de la sentencia dictada el 25 de noviembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que se halló probada la responsabilidad del Estado con ocasión de la muerte de unos civiles, al haber sido causada a título de dolo y/o culpa grave por los agentes del Estado?
Respuesta al problema jurídico: No
Mediante sentencia del 25 de noviembre de 2010, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de (…), por lo que ordenó pagar a sus familiares perjuicios morales y materiales. Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional fue condenada en el proceso referido y afirma que pagó una indemnización por tal concepto, presentó demanda en ejercicio del medio de control de repetición en contra de los soldados (…), señalando que debían reembolsarle dicho dinero, pues habían sido los servidores públicos que con su actuación dolosa y/o gravemente culposa causaron el daño antijurídico por el cual fue condenada. (…) [D]ebe resaltarse que para que pueda predicarse la responsabilidad del agente no basta con encontrar establecida la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor público o del particular que ejerza funciones públicas; es necesario que exista una relación de causalidad entre el daño sufrido (sentencia condenatoria, acuerdo conciliatorio o cualquier otra forma de terminación de un conflicto) y la acción u omisión que dio lugar a dicha decisión. Como lo ha sostenido esta Corporación, para el estudio del dolo o la culpa grave se debe acudir a las normas vigentes para la época de los hechos que originaron la condena. En el caso en particular, aquella resulta ser la Ley 678 de 2001, en virtud de la cual hay lugar a predicar las presunciones previstas en la ley ibídem. (…) Pese a lo anterior, es menester recordar que en sentencia C-374 de 2002 la Corte Constitucional señaló que la parte demandada puede desvirtuar este tipo de presunciones de hecho mediante prueba en contrario. Posición que posteriormente fue reiterada por el Consejo de Estado mediante sentencia del 6 de julio de 2017, en la que indicó que las presunciones que contempló la Ley 678 de 2001 son legales, esto es, que admiten prueba en contrario, con lo cual se garantiza el ejercicio del derecho de defensa. Además, la jurisprudencia de esta Sección ha destacado que quien invoque en la demanda de repetición una presunción prevista en la Ley 678 de 2001 deberá probar el supuesto de hecho en que se funda, eximiéndolo de demostrar el hecho inferido en la respectiva disposición, sin perjuicio de que la parte contraria desvirtúe la conclusión que se presume. (…) Ahora bien, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional considera que la actuación dolosa y/o gravemente culposa de los soldados (…) fueron las que ocasionaron el daño reparado por el Estado debido a que participaron en los hechos del 15 de septiembre de 2007 en los que resultaron muertos (…). La responsabilidad del Estado o de sus agentes por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza tendrá cabida (…), cuando resulte plenamente demostrado que, al tener aquellos una posición de garante frente a la protección de los derechos de los ciudadanos por mandato constitucional, con sus actuaciones, en principio legales, desborden el marco de sus competencias, generando una desigualdad material o inmaterial de tal magnitud frente al administrado, que al contrario de proteger el goce efectivo de sus derechos produzca un cercenamiento o menoscabo de los mismos, generando con su proceder un daño antijurídico. Bajo el anterior contexto, la Sala advierte que de los elementos de prueba no se evidencia que la conducta de (…) [los demandados] haya sido dolosa o gravemente culposa, pues no se tienen acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que cada uno de los referidos uniformados participó dentro de los hechos acaecidos el 15 de septiembre de 2007 (…), razón por la que no se puede abrir paso a las presunciones de dolo y culpa grave previstas en los artículos 5° y 6° de la Ley 678 de 2001. (…) En ese sentido, es indispensable destacar que la responsabilidad patrimonial del servidor público es eminentemente subjetiva, de allí que el legislador exija que el deber de indemnizar se desprende de un obrar doloso o gravemente culposo de aquel. (…) Es por ello, que no puede pretender la parte demandante que la responsabilidad del agente sea entendida como una de carácter común, en la que se indique de forma general que varios servidores públicos actuaron de forma dolosa y/o gravemente culposa, sin indicar de manera particular y concreta la falta de cada agente estatal señalado de infringir las normas de derecho. Así las cosas, para que prospere la acción de repetición, además de los otros requisitos (condena, pago y calidad de servidor o ex servidor público), se exigen los máximos grados de culpabilidad, pues el agente estatal debe conocer el resultado lesivo para la entidad y perseguir su acaecimiento o sin querer buscar un resultado, generarlo, al faltar al deber objetivo de cuidado que se exige del ciudadano más desprevenido. Es por esa esencial razón -responsabilidad subjetiva del agente- que no es de recibo para la Sala que la entidad demandante de forma genérica y abstracta indique que un grupo de servidores públicos -soldados- actuaron contrario a derecho, ya que es necesario individualizar la conducta de cada uno de ellos de forma separada, para así determinar el grado de responsabilidad que le asiste a cada agente estatal implicado y evitar proferir sentencias que no guarden relación o coherencia con los hechos o que no permitan un adecuado ejercicio del derecho de defensa por parte de cada uno los demandados. De otro lado, es importante destacar que la sentencia proferida en la acción de reparación directa hace tránsito a cosa juzgada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada y el derecho del demandante a obtener la reparación de perjuicios que en ella se dispone. No obstante, la misma no hace tránsito a cosa juzgada frente al agente estatal al que se le imputa la causación del daño porque dicho proceso no tiene como propósito el juzgamiento de su conducta; mientras el agente estatal no sea llamado en garantía y se juzgue en el mismo proceso lo relativo a su conducta; de suerte que no puede afirmarse que la sentencia de condena contra la entidad hace tránsito a cosa juzgada en este aspecto, es decir, frente a la conducta de los soldados demandados en repetición. (…) Lo anterior constituye una razón adicional para concluir que las sentencias proferidas el 6 de mayo de 2010 y 25 de noviembre de 2010 por el Juzgado 28 Contencioso del Circuito de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, no son per se prueba de la culpabilidad de los agentes estatales, razón por la cual, en el medio de control de repetición deben reunirse todos los presupuestos y elementos de juicio necesarios para presumir que los servidores públicos actuaron con dolo y/o culpa grave. (…) En el contexto puesto de presente, esta Sala revocará la sentencia del 11 de septiembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, pues al analizar el acervo probatorio tampoco se encontró acreditado que la conducta de (…) [los demandados] haya sido dolosa y/o gravemente culposa, pues no fue acreditada, en forma alguna, cuál fue la participación, acción u omisión de cada uno de ellos en los hechos que originaron la condena proferida contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, razón por la que no están llamados a responder dentro del medio de control de repetición. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra, entonces, que en el presente caso la parte actora no cumplió con la carga de la prueba que le era exigible, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso, “incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, cuya omisión por la demandante, a quien corresponde tal carga procesal, impide comprobar la existencia de uno de los elementos estructurales de la acción de repetición, sin la cual, en los términos del inciso 2o del artículo 90 de la Constitución Política, no es posible la declaración de responsabilidad de la demandada. (…) Y aunque el juez posee claras facultades oficiosas para decretar pruebas y con ello auscultar algunos vacíos que en materia probatoria pudo dejar una deficiente concepción de la prueba por el extremo procesal interesado y de esta manera buscar la verdad material, dichas facultades deben utilizarse para esclarecer las partes oscuras que puedan quedar en el proceso, pero no puede esgrimirse para suplir la ritualidad probatoria de las partes desequilibrando la relación jurídico procesal entre ambos extremos procesales, pues al juez corresponde guardar la debida neutralidad dentro del proceso, salvo condiciones excepcionales que exijan a este hacer uso de las atribuciones oficiosas en materia probatoria.
NOTA DE RELATORÍA:
Acerca de la normatividad aplicable y valoración de la conducta del agente del Estado en procesos de repetición, consultar providencias de 30 de agosto de 2007, Exp. 29223, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; de 26 de febrero de 2009, Exp. 30329, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; del 22 de julio de 2009, Exp. 25659, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En relación con las presunciones previstas en la Ley 678 de 2001, consultar providencias de 6 de julio de 2017, Exp. 45203, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; de 7 de agosto de 2017, Exp. 42777, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico. Sobre la carga de la prueba en procesos de repetición adelantados en vigencia de la Ley 678 de 2001, consultar providencia de 29 de mayo del 2014, Exp. 40755, C.P. Ramiro Pazos Guerrero; y de la Corte Constitucional, C-374 de 2002.
FUENTE FORMAL:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 1, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 2, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 216, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 217, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 218, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 223, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 6, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 90 INCISO 2, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 167, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 5, LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 6
CONDENA EN COSTAS / COSTAS PROCESALES / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS / FALTA DE PRUEBA DE LA CAUSACIÓN DE LAS COSTAS PROCESALES / EXONERACIÓN DE COSTAS PROCESALES / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CURADOR AD LITEM / DESIGNACIÓN DE CURADOR AD LITEM / NOMBRAMIENTO DEL CURADOR AD LITEM / NEGACIÓN DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN
Problema jurídico:
¿Hay lugar a condenar en costas a la parte vencida en el proceso de repetición, cuando los demandados estuvieron representados por curador ad litem?
Respuesta al problema jurídico: No
[N]o se fijarán costas y agencias en derecho de segunda instancia, toda vez que los demandados estuvieron representados por curador ad litem, quien desempeñó el cargo en forma gratuita como defensor de oficio de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 48 del CGP.
NOTA DE RELATORÍA:
Sobre la procedencia de la condena en costas, consultar providencia de 4 de mayo de 2022, Exp. 58501, C.P. Martín Bermúdez Muñoz. Acerca de la improcedencia de la condena en costas cuando los demandados se encuentran representados por curador ad litem, consultar providencia de 8 de octubre de 2021, Exp. 61022, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
FUENTE FORMAL:
DECRETO LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 48 NUMERAL 7