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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio

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Fecha
2022-02-23
Radicado
68001233300020120590001
Número interno
53408
Ponente
NICOLAS YEPES CORRALES
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección C)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
LEY 1437 REPETICION
Actor
POLICIA NACIONAL, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Demandado
MARCELIANO ALBEIRO YELA CASANOVA

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio

Lo que dijo la Sala

Por tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 de 2021. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Síntesis síntesis automática

El contratista debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012, ya que estas disposiciones procesales regirán tanto la interposición de recursos como la práctica de pruebas, audiencias y notificaciones en curso. Además, el Código General del Proceso se integra al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para regular los procesos iniciados después de dicha fecha, aunque los procesos anteriores se rigen por el régimen jurídico vigente al momento de su inicio, según lo dispuesto en el artículo 308 del CPACA. Esto implica que la entidad pública cuenta con 18 meses para cumplir con la condena impuesta en un proceso de reparación directa, contados desde que la sentencia quede en firme, conforme al inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. Esta regla reitera la aplicación de las normas procesales vigentes al momento de la interposición de la demanda, garantizando la seguridad jurídica y la eficiencia del tráfico procesal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 1437 de 2011, arts. 164 núm. 2, 306 y 308
  • Ley 1564 de 2012
  • Ley 2080 de 2021

También resuelve

  • ¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública?

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN CUANTÍA DE LA DEMANDA CUANTÍA DEL PROCESO SANEAMIENTO DEL PROCESO COMPETENCIA DEL JUEZ READECUACIÓN DE LA COMPETENCIA CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA PROCESAL NORMA PROCESAL DE DERECHO PÚBLICO TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN ALCANCE DE LA COSA JUZGADA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA CARACTERÍSTICAS DE LA COSA JUZGADA CONCEPTO DE COSA JUZGADA CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA EFECTOS DE LA COSA JUZGADA EFECTOS DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA TRÁNSITO A COSA JUZGADA REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA DEBIDO PROCESO AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO DERECHO DE DEFENSA COSA JUZGADA EN PRINCIPIO NON BIS IN IDEM PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DECLARACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA FINALIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO

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Titulación de la relatoría 13.616 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / COMPETENCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ELEMENTOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / REQUISITOS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CUANTÍA DE LA DEMANDA / CUANTÍA DEL PROCESO / SANEAMIENTO DEL PROCESO / COMPETENCIA DEL JUEZ / READECUACIÓN DE LA COMPETENCIA OBITER DICTUM [L]a cuantía del medio de control de repetición se estimó en la suma de $144.604.977,32, la cual, según lo dispuesto en el numeral 9° del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011, no supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el 2012, año en el cual se presentó la demanda. Por lo anterior, la competencia para conocer del presente asunto recaería en los Juzgados Administrativos. Sin embargo, en el trámite del proceso las partes no objetaron la competencia del referido Tribunal en los momentos procesales oportunos, es decir, en la audiencia inicial o en la de pruebas. No obstante, el a quo realizó los respectivos controles de legalidad con el fin de sanear de posibles nulidades el asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 207 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) sin que las partes se pronunciaran al respecto, por lo que la competencia del Tribunal Administrativo de Santander fue prorrogada por el silencio de las mismas. Por lo anterior, se concluye que esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia del sub lite, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de los artículos 16 y 139 del CGP. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 152 NUMERAL 9, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 207, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 139, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 16 CONCEPTO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / EFECTOS DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / ALCANCE DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / PROTECCIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / EJERCICIO DEL DERECHO DE ACCIÓN OBITER DICTUM Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia , cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la caducidad, consultar sentencia del 23 de febrero de 2006; Exp. 6871-05, de la Corte Constitucional; C 394 de 2002, C-832 de 2001 y C 574 de 1998. APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA PROCESAL / NORMA PROCESAL DE DERECHO PÚBLICO / TRÁNSITO DE LA NORMA PROCESAL / VIGENCIA DE LA NORMA PROCESAL / MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVA APLICABLE AL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN / NORMATIVIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN Problema jurídico: ¿Se debe aplicar la Ley 1437 de 2011 y el Código General del Proceso a las demandas instauradas con posterioridad al 2 de julio de 2012? Respuesta al problema jurídico: Si [P]or tratarse de una demanda promovida con posterioridad al 2 de julio de 2012, le resultan aplicables las disposiciones procesales contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y las modificaciones introducidas por el legislador en la Ley 2080 de 2021. En estos mismos procesos, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones. Asimismo, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso (CGP), en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados. No obstante, en virtud del artículo 308 del CPACA, los procesos iniciados con anterioridad al 2 de julio de 2012 se rigen hasta su culminación por el “régimen jurídico anterior”, lo que quiere decir que el cumplimiento de las sentencias judiciales no se supedita al régimen existente en el momento en que se profieren, sino al vigente para la fecha en la que inicia el proceso, salvo disposición legal en contrario. En consecuencia, para efectos de contabilizar el plazo con que contaba la entidad pública para proceder al pago de la condena que le fue impuesta en el proceso de reparación directa, se tendrá en cuenta lo establecido en el inciso 4° del artículo 177 del CCA, según el cual las condenas podrán ser ejecutables 18 meses después de que la sentencia quede en firme. El literal L) del numeral 2° del artículo 164 del CPCA señala que el medio de control de repetición caducará en dos años contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas. NOTA DE RELATORÍA: Respecto de la vigencia del Código General del Proceso, consultar auto del 25 de junio de 2014; Exp. 49299. FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 164 NUMERAL 2 LITERAL L, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 306, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 308, LEY 1564 DE 2012, LEY 2080 DE 2021 ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / CARACTERÍSTICAS DE LA COSA JUZGADA / CONCEPTO DE COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / EFECTOS DE LA COSA JUZGADA / EFECTOS DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / TRÁNSITO A COSA JUZGADA / REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA / DEBIDO PROCESO / AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCESO / ALCANCE DEL PRINCIPIO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / APLICACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / DERECHO DE DEFENSA / COSA JUZGADA EN PRINCIPIO NON BIS IN IDEM / PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM / PRESUNCIÓN DE INOCENCIA OBITER DICTUM El artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona se presume inocente hasta que se le demuestre lo contrario, que tiene derecho a la asistencia de un abogado, a un debido proceso y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. De tal manera, que dicha disposición protege esencialmente el derecho de defensa, el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio non bis in ídem. A su turno, el artículo 303 del CGP consagra que la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Por su parte, el artículo 189 del CPCA prevé, entre otras cosas, que la sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes. Lo anterior supone que una de las tantas manifestaciones del derecho al debido proceso se configura precisamente en el cumplimiento del principio de cosa juzgada y del non bis in ídem, pues ambos tienen en común prohibir al juez resolver dos veces el mismo asunto. (…) el juez debe abstenerse de pronunciarse sobre hechos, conductas o asuntos previamente culminados en otro proceso judicial en virtud de los principios mencionados, y por ello su conocimiento se debe limitar exclusivamente al análisis y decisión de cuestiones que no hayan sido debatidas y resueltas en un proceso judicial anterior. (…) de acuerdo con lo previsto en los artículos 303 del CGP y 189 del CPCA, para que una sentencia tenga fuerza de cosa juzgada deben concurrir los siguientes requisitos, a saber: (i) identidad jurídica de partes, lo que implica que al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) identidad de objeto, esto es, que la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada ; y (iii) identidad de causa, que conlleva a que la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o hechos como sustento. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la cosa juzgada, consultar sentencia del 22 de octubre de 2021; Exp. 51066, de 12 de mayo de 2016; Exp. 36350, de la Corte Constitucional en sentencia C-100 de 2019 y del 27 de noviembre de 1996; T-652; M.P. Carlos Gaviria Díaz. FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29, LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189, LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 303 DECLARACIÓN DE LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA / CARACTERÍSTICAS DE LA COSA JUZGADA / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / CONFIGURACIÓN DE LA COSA JUZGADA / CONSECUENCIA DE COSA JUZGADA / PROCEDENCIA DE LA COSA JUZGADA / FINALIDAD DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / LLAMAMIENTO EN GARANTÍA CON FINES DE REPETICIÓN / CONDUCTA DEL AGENTE DEL ESTADO Problema jurídico: ¿El llamamiento en garantía con fines de repetición dentro del proceso de reparación directa produce el efecto de cosa juzgada respecto de la conducta del agente llamado por la entidad pública? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sección Tercera de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de abril de 2010, resolvió confirmar el fallo de primera instancia allí apelado, esto es, el proferido por el Tribunal Administrativo de Santander el 8 de septiembre de 1999, en el cual accedió a las pretensiones de la demanda y condenó al llamado en garantía (…) a reembolsar al Ministerio de Defensa la totalidad de la condena, porque su conducta en los hechos en los que resultó lesionado José Gregorio Quintero fue “gravemente culposa”. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia C 484/02, sostuvo, que no obstante que la acción de responsabilidad del Estado y la acción de repetición versan sobre pretensiones distintas, lo cierto es que en la primera el Estado tiene la facultad constitucional para que, a través de la figura del llamamiento en garantía, se vincule al servidor público frente al que considere que su actuación dolosa o gravemente culposa originó el daño por el cual se demanda al Estado. (…) En conclusión, la finalidad de la figura del llamamiento en garantía con fines de repetición es que en el mismo litigio en el que se busca declarar patrimonialmente responsable al Estado, se pueda traer como parte al servidor o ex servidor público que con su actuar doloso o gravemente culposo dio origen a que aquel fuera demandado con una pretensión de responsabilidad, de tal forma que en un mismo proceso se defina la situación de la entidad pública y del agente estatal. Por su parte, la acción de repetición, procede luego de proferirse la sentencia condenatoria contra el Estado, incoada por este contra el servidor público que actuó con dolo o culpa grave. (…) en el presente asunto los requisitos para declarar la cosa juzgada se encuentran reunidos a cabalidad, pues en el proceso de responsabilidad patrimonial en el que fue llamado en garantía [el demandado], en su calidad de agente de policía al momento de desarrollarse los hechos (…) ya fueron objeto de un pronunciamiento judicial de fondo, específicamente la conducta del referido agente. NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la cosa juzgada sobre la conducta del agente llamado en garantía con fines de repetición, consultar sentencia del 18 de mayo de 2017; Exp. 55776.

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=680012333000201205900011100103