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Consejo de Estado Providencia

Consejo de Estado: el reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia

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Fecha
2026-04-20
Radicado
54001233100020070017601
Número interno
71599
Ponente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Sección / Sala
Sección Tercera (Subsección A)
Corporación
Consejo de Estado
Clase de proceso
ACCION CONTRACTUAL
Actor
MANUEL GUILLERMO GIL QUINTERO, CONSORCIO PLAN MAESTRO OCAÑA, DISTRIPAL SA, CONSTRUCOL SA, COMPAÑIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
Demandado
MUNICIPIO DE OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)

Síntesis de la providencia

Consejo de Estado: el reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia

Regla de decisión

El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de una relación causal directa entre los supuestos incumplimientos de la entidad estatal y los del contratista, sumado a la falta de prueba fehaciente sobre la imposibilidad de cumplimiento. La corporación judicial examinó los presupuestos de la excepción de contrato no cumplido, las reglas del pliego de condiciones, la bilateralidad negocial y la responsabilidad contractual del Estado, determinando que no se acreditó la afectación alegada ni la temeridad o mala fe procesal que justifique una condena en costas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Problema jurídico

¿El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento?

Respuesta: Si

Fundamentos

  • Ley 84 de 1873, arts. 1546 y 1609

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Decisión

MODIFICA

Lo que dijo la Sala

A partir de los hechos reconstruidos hasta este punto, la Sala encuentra que a pesar de que la propuesta del contratista de cambiar la tubería en concreto por PVC no comprometía la totalidad de los sectores de la obra, lo cierto es que con ella se procuró -entre otras cosas- recuperar el tiempo que se había perdido en la ejecución del contrato por efecto de todas las circunstancias previas que se habían presentado, para lo cual se amplió en 5 meses el plazo para desarrollar en su totalidad el objeto pactado; paralelamente el consorcio se comprometió a implementar nuevos frentes de trabajo con el personal necesario para lograr ese propósito.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

También resuelve

Descriptores temáticos

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES PARTES DEL CONTRATO ACTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EJECUCIÓN DEL CONTRATO REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES CONTRATO BILATERAL RESOLUCIÓN DEL CONTRATO BILATERAL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS RELACIÓN DE CAUSALIDAD MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MAYOR VALOR DE LOS COSTOS CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA ENTREGA DE OBRA PÚBLICA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL CONTRATANTE CUMPLIDO SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL BUENA FE CONTRACTUAL APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DICTAMEN PERICIAL OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL CONSORCIO RESARCIMIENTO DEL DAÑO DAÑO PROPUESTA DEL PROPONENTE PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA PLIEGO DE CONDICIONES FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA ADICIÓN DE LA SENTENCIA SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA OBJETO DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA REQUISITOS DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA NORMATIVA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA NEGACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA CONDENA EN COSTAS CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS

Guías del tema

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Equilibrio económico del contrato Declaratoria de incumplimiento y procedimiento sancionatorio Nulidad del contrato estatal Adición y prórroga del contrato Condena en costas y agencias en derecho

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Titulación de la relatoría 48.207 caracteres

Tesis y fuentes formales tal como las publica la Relatoría del Consejo de Estado.

EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / PARTES DEL CONTRATO / ACTO CONTRACTUAL / CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / NULIDAD DE ACTO QUE DECLARA EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EJECUCIÓN DEL CONTRATO / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONTRATO BILATERAL / RESOLUCIÓN DEL CONTRATO BILATERAL / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / RELACIÓN DE CAUSALIDAD / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / OBJETO DEL CONTRATO ESTATAL / CAUSA EFICIENTE DEL DAÑO / RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL ESTADO / UTILIDAD CAUSADA Y NO RECIBIDA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / ACREDITACIÓN DE LOS SOBRECOSTOS EN CONTRATO ESTATAL / PROBLEMAS DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / ALCANCE DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / TOTALIDAD DE LOS MEDIOS DE PRUEBA / ACTO ADMINISTRATIVO CONTRACTUAL / DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD / PARTES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / SOBRECOSTOS EN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA / MAYOR VALOR DE LOS COSTOS / CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA / ENTREGA DE OBRA PÚBLICA / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONDICIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO ESTATAL / CONTRATANTE CUMPLIDO / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / NO EJECUCIÓN DEL CONTRATO / OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL CONTRATO ESTATAL / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / ACTO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO Problema jurídico: ¿El reconocimiento de la excepción de contrato no cumplido resulta improcedente ante la ausencia de relación causal directa entre los incumplimientos de la entidad y los del contratista, junto con la falta de prueba de imposibilidad de cumplimiento? Respuesta al problema jurídico: Si A partir de los hechos reconstruidos hasta este punto, la Sala encuentra que a pesar de que la propuesta del contratista de cambiar la tubería en concreto por PVC no comprometía la totalidad de los sectores de la obra, lo cierto es que con ella se procuró -entre otras cosas- recuperar el tiempo que se había perdido en la ejecución del contrato por efecto de todas las circunstancias previas que se habían presentado, para lo cual se amplió en 5 meses el plazo para desarrollar en su totalidad el objeto pactado; paralelamente el consorcio se comprometió a implementar nuevos frentes de trabajo con el personal necesario para lograr ese propósito. En estas condiciones, resulta inaceptable que el demandante pretenda continuar excusando los incumplimientos en los que incurrió con posterioridad a esas renegociaciones, con base en las circunstancias que se buscaron remediar con ellas. (...) Esta Subsección ha destacado que la prosperidad de la excepción de contrato no cumplido exige verificar una relación de causalidad directa y actual entre el incumplimiento del demandante y la resistencia del demandado, por lo cual no puede edificarse sobre irregularidades pretéritas o históricas, sino que exige la demostración de incumplimientos actuales, concurrentes y de tal gravedad que hagan objetivamente inexigible la prestación propia en el momento en que esta debe ejecutarse. (...) En el mismo sentido, ha señalado que la excepción no puede ser invocada por quien, con pleno conocimiento de esas faltas pretéritas, las ha tenido por superadas al suscribir modificaciones contractuales posteriores que redefinen los plazos, alcances y condiciones de ejecución, generando en la contraparte la legítima expectativa de que tales hechos no volverán a ser alegados como obstáculo para el cumplimiento de la prestación bajo las nuevas condiciones pactadas; de manera que salvo que se alegue y acredite la existencia de un vicio del consentimiento, o que los incumplimientos anteriores no fueron efectivamente superados por las renegociaciones y que, pese a la diligencia exigible, no era razonable conocer su subsistencia al momento de suscribir las modificaciones, las faltas anteriores de la contraparte no pueden servir de excusa para dejar de cumplir cuando se ha aceptado continuar la ejecución bajo otros términos, reconociendo que esas nuevas condiciones resultan suficientes para garantizar la prestación correspondiente (...) Precisa la Sala que durante el periodo que transcurrió entre el momento en el que se presentó la propuesta de cambio de tubería en concreto por tubería PVC y la fecha en que esa modificación se aprobó y aquella la en la que se amplió el plazo de ejecución del contrato se siguieron presentado varias de las dificultades antes mencionadas. Sin desconocer que algunas de esas situaciones podrían constituir incumplimientos atribuibles al demandado, lo cierto es que no pueden justificar las inobservancias en las que el contratista incurrió con posterioridad a esos acuerdos. Ello obedece a que precisamente las negociaciones realizadas por las partes tuvieron por objetivo superar esos inconvenientes mediante la redefinición de condiciones técnicas y temporales que permitieran la ejecución del contrato en el nuevo contexto acordado. (...) Se añade que, aun cuando entre la fecha en la que el contratista presentó su propuesta —26 de septiembre de 2006 — y aquella en la que se suscribió la prórroga que se derivó de ella —16 de enero de 2007— transcurrieron aproximadamente 3 meses, lo cierto es que, de una parte, durante 67 días de ese tiempo el contrato estuvo suspendido por acuerdo de las partes y, de otra, al momento de acordar la ampliación del plazo el consorcio no hizo ninguna manifestación en cuanto a que las circunstancias técnicas, de suministro de materiales, de diseños, de flujo financiero, temporales o de cualquier otra índole que tuvo en cuenta para hacerla hubiesen variado en ese periodo. En cambio, se avino a suscribir la ampliación del plazo en el término que fue propuesto por él. (...), la Sala pasa a analizar si, tras el acuerdo de prórroga, los incumplimientos del contratista se debieron a posteriores incumplimientos del municipio. (...), la Sala no encuentra que el contratista se hubiese allanado a cumplir, pero que las inobservancias que atribuye al municipio le hubieren impedido de manera absoluta ejecutar sus labores, al punto de verse compelido a paralizar unilateralmente su ejecución. (...). Varias de las comunicaciones emitidas por la interventoría, así como los informes 2 a 5 elaborados por ella, dan cuenta de que, a pesar de que en las negociaciones que hicieron las partes para remediar los atrasos de la obra el contratista se comprometió a abrir nuevos frentes de trabajo y a mantener el personal necesario para cumplir el contrato en el tiempo propuesto, esto no ocurrió, a lo que se añade que tampoco contaba con la maquinaria necesaria para desarrollar las actividades. (...). El expediente muestra que después de que inició a computarse el plazo adicional del contrato, en reiteradas ocasiones la interventoría requirió al contratista por la insuficiencia de personal, frentes de obra y equipos para adelantar los trabajos en el tiempo convenido. De ello dan cuenta, entre otros documentos, el acta de comité de trabajo y el acta de seguimiento del 2 de marzo de 2007, la comunicación del día 21 de ese mismo mes, en la que la interventoría manifestó su preocupación porque desde comienzo de esa semana la mayoría del personal había suspendido las labores, así como la del día 28 siguiente en la que se mencionó que el personal se había disminuido a la mitad. (...). De estos aspectos se dejó constancia en los informes de interventoría 3 a 5. En el informe 3112 —periodo: 1 de noviembre de 2006 a 31 de enero de 2007— se consignó que el personal y la maquinaria eran insuficientes, igual que los frentes de trabajo. En el 4113 —periodo: 1 de febrero y el 21 de marzo de 2007— se señaló que hubo parálisis de la obra por la renuncia del personal en general (obreros, maestros, tecnólogos e ingeniero residente) y que solo se contaba con 1 ingeniero residente de medio tiempo. En el 5114 —periodo: 22 de marzo a 21 de abril de 2007— se insistió en la falta de personal, de frentes de trabajo y de maquinaria suficientes para desarrollarlos, y se anotó que el director de la obra no se hacía presente y que después de la renuncia del personal no había sido fácil retomar la obra que venía atrasada desde finales del mes de marzo. (...). En todos estos informes la interventoría consignó que el retraso de las obras se debía, en parte, a la poca disponibilidad de personal, al retardo en la llegada de los materiales, los pocos frentes de trabajo y de equipo necesario para el buen (...) desarrollo de las labores. A partir del material probatorio obrante en el plenario no es posible concluir que estos aspectos se encuentren su origen, de manera actual y directa, en los incumplimientos que se atribuyen al municipio: (...). En cuanto a la falta de desembolso de la porción del anticipo correspondiente al municipio. Está acreditado que durante esta fase del contrato el demandando no cumplió con este compromiso. Sin embargo, este hecho no permite concluir de manera automática que dicha omisión hubiese impedido razonablemente al contratista contar con el personal y la maquinaria requeridos para la ejecución de los trabajos en el tiempo reprogramado, especialmente, si se tiene en cuenta que para ese momento ya se había efectuado el desembolso del 96.3% del anticipo que le correspondía consignar a FONADE ($672.163.773) —así como el porcentaje del valor del acta de obra 1 correspondiente al Fondo— y que no obran pruebas en el expediente que permitan establecer que el saldo restante a cargo del municipio —equivalente al 3,7 % ($25.927.200)—, pese a su reducida cuantía frente a los recursos ya entregados, hubiese tenido la entidad suficiente para colocar al contratista en imposibilidad de cumplir, aun en el evento de haberse allanado a hacerlo. (...). No se desconoce que el anticipo está concebido como un mecanismo de apalancamiento financiero del contrato; sin embargo, esto no conduce indefectiblemente a colegir que la no entrega de una porción reducida de esos recursos impida al contratista cumplir sus obligaciones. Una conclusión en tal sentido exige la acreditación, a partir de la contabilidad del contrato o de otros medios de prueba idóneos, de que la no entrega del saldo pendiente —equivalente a $25.927.200— tuvo incidencia directa y determinante en la imposibilidad del consorcio de atender las obligaciones relativas a la provisión de personal y maquinaria. No obstante, en el expediente no obra elemento demostrativo alguno que conduzca con certeza a ese resultado. (...). Las pruebas documentales dan cuenta del transcurrir de la ejecución del contrato, no de su contabilidad; las testimoniales hacen alusión, principalmente, a la incompatibilidad de los diseños con el sitio de las obras y las circunstancias que de ello se derivaron; ninguno de los 5 dictámenes periciales permite establecer cómo la falta de desembolso de $25.927.200 correspondientes al anticipo a cargo del municipio impidió al contratista cumplir sus obligaciones (...) Una conclusión en tal sentido exige la acreditación, a partir de la contabilidad del contrato o de otros medios de prueba idóneos, de que la no entrega del saldo pendiente —equivalente a $25.927.200— tuvo incidencia directa y determinante en la imposibilidad del consorcio de atender las obligaciones relativas a la provisión de personal y maquinaria. (...) en el expediente no obra elemento demostrativo alguno que conduzca con certeza a ese resultado. (...) Lo descrito pone en evidencia que la razón por la que durante la fase de la prórroga no se fijó el precio para algunos ítems nuevos no se debió a una omisión deliberada del municipio para hacerlo. La negativa a aceptar los propuestos por el contratista estuvo debidamente justificada y las razones en las que se basó no fueron desacreditadas en este juicio, pues ninguna de las pruebas estuvo dirigida a rebatirlas. Las documentales dan cuenta de la insistencia del consorcio en que se aceptaran los precios que propuso, so pena de no continuar ejecutando las obras, lo que finalmente sucedió, pero sin desacreditar lo expresado por la interventoría. Las testimoniales ni las periciales se refieren a este puntual aspecto. (...), si bien en el pliego de condiciones se estableció que para ejecutar ítems no previstos en el contrato debía preceder el acuerdo de las partes, porque de lo contrario el contratista no podría reclamar su reconocimiento, lo cierto es que en las condiciones anotadas, la falta de consenso sobre este aspecto no tiene la virtualidad suficiente para justificar sus incumplimientos. En todo caso, en el proceso no se acreditó específicamente en cuáles actividades tuvo impacto este aspecto y tampoco si su afectación impidió ejecutar todos los trabajos contratados que quedaron inconclusos. (...), añade a lo anterior que no se observa una relación directa entre la falta de definición del precio de esos ítems y la insuficiencia de personal, frentes de trabajo y maquinaria en la obra, la cual tampoco fue explicada en las demandas ni corroborada probatoriamente, puesto que ninguno de los medios demostrativos que obran en el plenario la establece; de manera que esa desatención del contratista que afectó determinante el avance de los trabajos no puede entenderse justificado en este aspecto. (...). Falta de entrega de diseños. El proceso da cuenta de que durante el periodo de prórroga del contrato el municipio no entregó la totalidad de los diseños (...) No obstante, no es posible establecer una relación de causalidad directa entre ese incumplimiento y la desatención por parte del contratista de la obligación de contar con el personal y la maquinaria suficientes para desarrollar los trabajos, especialmente si se tiene en cuenta que no está demostrado que este aspecto hubiere afectado todos los frentes de trabajo; de manera que no es posible justificar que en aquellos sitios en los que sí se podían desarrollar actividades el contratista no dispusiera del personal y los elementos suficientes para adelantarlas. (...) Las pruebas que obran en el proceso dan cuenta de que durante la prórroga del contrato se presentaron dificultades con la entrega de la tubería PVC y del material triturado. Tampoco es posible establecer una relación directa entre estas dificultades y la insuficiencia de personal y maquinaria necesarios para ejecutar la obra, a lo que se añade que estos aspectos no se debieron a circunstancias imputables al municipio, lo cual impiden declarar probada la excepción de contrato no cumplido como causa justificativa de los incumplimientos del consorcio en esta fase del contrato. (...) Como quiera que al clausulado de los contratos regidos por el derecho público se integran las obligaciones acabadas de mencionar, su inobservancia da derecho a la parte afectada a reclamar judicialmente el cumplimiento de esa obligación, esto es, a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, para lo cual quien reclame tendrá que acreditar no solo que el sinalagma se alteró o que las causas de ello no le son imputables, sino que, pese a la mayor onerosidad, se cumplieron las obligaciones pactadas. (...), la excepción de contrato no cumplido es un mecanismo de defensa propio de los contratos bilaterales que habilita legítimamente a una de las partes a abstenerse de ejecutar sus obligaciones mientras la otra no haya cumplido las suyas o no se allane a hacerlo en la forma y tiempo debidos, siempre que el incumplimiento de aquella sea actual, relevante y tenga una relación directa con la ejecución de las prestaciones a cargo de la otra y constituya, por tanto, la causa eficiente que la imposibilite a desarrollarlas. (...), resulta razonable concluir que si como consecuencia del incumplimiento de la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato durante su ejecución, la otra parte de la relación negocial queda absolutamente imposibilitada para cumplir las suyas, podrá alegar en su favor la excepción de contrato no cumplido, pero no podrá reclamar que se restablezca el sinalagma contractual, puesto que no se cumplen los presupuestos para ello, específicamente que, pese a su mayor onerosidad, se hubiese cumplido el objeto pactado. (...) la Sala no encuentra que el consorcio hubiese estado en condiciones aptas para reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y, por contera, que el municipio hubiese incurrido en incumplimiento de sus obligaciones al no haber procedido a recomponerlo y, en consecuencia, que esto pueda tomarse como justificación de la inobservancia de las obligaciones del demandante durante la fase de la prórroga convenida, la Sala encuentra que el contratista fue requerido por la interventoría por otra serie de incumplimientos. Específicamente, por no presentar la reprogramación de las obras después de suscrita la prórroga y por continuar con el problema de los entibados que, a juicio de esa interventoría, era la causa de los derrumbes, aspecto que tampoco fue desvirtuado en este proceso. Así las cosas, en lo que concierne a la alegada excepción de contrato no cumplido no prospera la apelación, puesto que no se acreditó que los incumplimientos en los que incurrió el municipio hubiesen sido la causa eficiente de aquellos en los incurrió el contratista en la fase de prórroga del contrato, aspecto que condujo al Tribunal a negar varias de las pretensiones indemnizatorias de la demanda, al amparo de lo dispuesto en los artículos 1546 y 1609 del Código Civil, de los cuales se deriva que, para reclamar la indemnización de perjuicios por incumplimiento, la parte que los reclama debe haber cumplido sus obligaciones o haberse allanado a hacerlo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la responsabilidad contractual derivada del incumplimiento del contrato y los efectos frente a las garantías otorgadas por el contratista y la aseguradora, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia, exp. 05001-23-33-000-2021-00490-01 (72.407), C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la interpretación de las obligaciones contractuales y su alcance en la responsabilidad del contratista, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 5 de marzo de 2021, exp. 39.249, C. P. José Roberto Sáchica Méndez; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2022, exp. 58.485, C. P. José Roberto Sáchica Méndez. FUENTE FORMAL: LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1546, LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 1609 EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / CONCEPTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DERECHO AL RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO / DESEQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL / EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO / SOLICITUD DE RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO / PRINCIPIO DE EQUILIBRIO CONTRACTUAL / PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAS / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO / EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / PRESUPUESTOS DE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO / BUENA FE CONTRACTUAL / APLICACIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL / MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE MAYOR CANTIDAD DE OBRA PÚBLICA / RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS / ACTO DE RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS / SOBRECOSTOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / EFECTOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO / INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD JURÍDICA Problema jurídico: ¿Procede el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando surge mayor onerosidad y el contratista cumple íntegramente sus obligaciones? Respuesta al problema jurídico: Si Señaló que las causas que condujeron al contrato a ese escenario fueron las siguientes: (i) el anticipo, por desembolso parcial tardío y falta de entrega del resto de los recursos; (ii) incumplimiento de pago de actas parciales de obra. Se refirió a la falta de pago de los porcentajes correspondientes al municipio y a su supuesta negligencia para suscribirlas de manera oportuna para que fueran pagadas por FONADE; iii) trazado topográfico y diseño definitivo. Dijo que las inconsistencias en relación con esta materia incrementaron los costos del contrato, aspecto que no había sido reconocido por la administración; iv) creación de nuevos ítems e inflexibilidad de la interventoría sobre su valor y respecto del suministro oportuno de material; y (v) restablecimiento del equilibrio económico del contrato. Señaló que presentó una petición el 1. ° de marzo de 2006 que no se contestó y que dio lugar a que se configurara el silencio administrativo positivo. (...), la Sala no encuentra que el contratista se hubiese allanado a cumplir, pero que las inobservancias que atribuye al municipio le hubieren impedido de manera absoluta ejecutar sus labores, al punto de verse compelido a paralizar unilateralmente su ejecución. Las pruebas documentales dan cuenta del transcurrir de la ejecución del contrato, no de su contabilidad; las testimoniales hacen alusión, principalmente, a la incompatibilidad de los diseños con el sitio de las obras y las circunstancias que de ello se derivaron; ninguno de los 5 dictámenes periciales permite establecer cómo la falta de desembolso de $25.927.200 correspondientes al anticipo a cargo del municipio impidió al contratista cumplir sus obligaciones: (...) En los procesos radicados bajo los números 540012331000200700176117, 540012331000200800269118 y 540012331000200900325119 se solicitó que se decretaran y practicaran unos dictámenes periciales, entre otras cosas, con el objeto de establecer la alteración del equilibrio económico del contrato como consecuencia de la mora en el pago del anticipo. Dado que una cosa es la alteración del sinalagma contractual y otra la excepción de contrato no cumplido, lo dicho sobre ese primer aspecto por los expertos no conduce a establecer la configuración del segundo. (....) El consorcio alega que dado que el municipio no procedió a restablecer el equilibrio económico del contrato que se habría visto alterado porque, debido a las dificultades presentadas, tuvo que asumir los costos a un precio diferente del que consideró al elaborar su propuesta, este incumplimiento lo puso en imposibilidad de acatar sus obligaciones; a la vez, solicitó que en sede judicial se restableciera el sinalagma contractual. (...), la Sala estima pertinente advertir que la figura del restablecimiento del equilibrio económico del contrato y la de excepción de contrato no cumplido son diferentes y su ocurrencia conduce igualmente a conclusiones diversas. (...) El restablecimiento del equilibrio económico del contrato está instituido en la Ley 80 de 1993 como un mecanismo dirigido a garantizar el cumplimiento del contrato de cara a la satisfacción de la necesidad pública que se pretende satisfacer a través de su celebración. Se concreta en el derecho ―no exclusivo― del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Su justificación se encuentra principalmente en la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público ―en sentido lato― y los intereses generales que están en juego en la contratación estatal, de suerte que si el cumplimiento de las obligaciones del contratista se torna más oneroso o difícil, no se paralice su prestación. (...) La Ley 80 de 1993 trae una serie de imposiciones que se entienden integradas al régimen jurídico de los contratos que se celebran bajo su égida ―que, en virtud del principio de buena fe, obligan a quienes lo celebren ― dirigidas a garantizar su cumplimiento. Se trata de obligaciones de la naturaleza del contrato, puesto que, aun cuando las partes no las pacten expresamente se entienden incorporadas al contrato. El artículo 27 de dicho estatuto dispone a título de obligación y no meramente dispositivo que en el desarrollo del contrato se debe mantener la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, de manera que si tal equivalencia se altera por causas no imputables al afectado, las partes deben adoptar en el menor tiempo las medidas necesarias para su restablecimiento. (...), teniendo en cuenta que en los términos de los artículos 3 y 5 de esa misma Ley los particulares son colaboradores de la administración en la consecución de los fines de la contratación estatal, esta Corporación ha señalado que para reclamar un reconocimiento económico con base en el rompimiento del equilibrio económico del contrato es imprescindible que el contratista, pese a la mayor onerosidad que una determinada circunstancia pueda generar respecto de la ejecución de sus obligaciones, las hubiere cumplido, en tanto la razón de ser de la incorporación de tal figura en el derecho público está determinada por la necesidad de satisfacer el interés general ínsito en el contrato estatal; de ahí que tal restablecimiento puede darse, incluso, de manera posterior a la ejecución del contrato (...) Como quiera que al clausulado de los contratos regidos por el derecho público se integran las obligaciones acabadas de mencionar, su inobservancia da derecho a la parte afectada a reclamar judicialmente el cumplimiento de esa obligación, esto es, a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, para lo cual quien reclame tendrá que acreditar no solo que el sinalagma se alteró o que las causas de ello no le son imputables, sino que, pese a la mayor onerosidad, se cumplieron las obligaciones pactadas (...) las anteriores precisiones, resulta razonable concluir que si como consecuencia del incumplimiento de la obligación de restablecer el equilibrio económico del contrato durante su ejecución, la otra parte de la relación negocial queda absolutamente imposibilitada para cumplir las suyas, podrá alegar en su favor la excepción de contrato no cumplido, pero no podrá reclamar que se restablezca el sinalagma contractual, puesto que no se cumplen los presupuestos para ello, específicamente que, pese a su mayor onerosidad, se hubiese cumplido el objeto pactado. (...). Así las cosas, como está acreditado que el objeto del contrato 055 de 2005 no se completó y que el 14 de mayo el consorcio retiró el personal y los equipos de la obra, no resulta procedente acceder a la pretensión de restablecimiento del equilibrio económico formulada. (...), la Sala no encuentra que el consorcio hubiese estado en condiciones aptas para reclamar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y, por contera, que el municipio hubiese incurrido en incumplimiento de sus obligaciones al no haber procedido a recomponerlo y, en consecuencia, que esto pueda tomarse como justificación de la inobservancia de las obligaciones del demandante durante la fase de la prórroga convenida. (...), aun cuando el consorcio hubiese presentado una solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato ante el municipio y éste hubiese omitido pronunciarse al respecto, lo cierto es esto no habría conducido a que se configurara un acto administrativo ficto positivo, por cuanto, como en reciente oportunidad lo precisó la Sala, si bien el contratista tiene derecho a que se recomponga el sinalagma contractual cuando se ha alterado por causas que no le son imputables, la ley no exige que para ello se trámite de un procedimiento orientado a la producción de un acto administrativo en el que deba ser resuelta tal solicitud, puesto que tampoco determina que la administración esté llamada a definir esa cuestión a través del ejercicio de prerrogativas públicas de poder. En estas condiciones, se descarta que se hubiese configurado un acto administrativo cuyos efectos vincularan a la administración y que ésta los hubiere inobservado. Con todo, se añade que esta figura no opera para crear un derecho a favor del contratista, sino que está llamada a acreditar la preexistencia de un derecho. (...), está probado que el proceso de selección que precedió a la celebración del contrato se surtió con base en diseños y planos que fueron realizados aproximadamente 10 años atrás, lo que ocasionó serias dificultades en su ejecución, debido a que en esos documentos no se contemplaron las condiciones reales del lugar de las obras para el momento de su desarrollo. En varios tramos se encontraron edificaciones sobre la línea de los trazados en los que se había contemplado instalar las tuberías, además de que las cotas no eran coincidentes con las encontradas. Esta es la causa que a juicio del contratista habría alterado el equilibrio económico del contrato. (...), está probado que el proceso de selección que precedió a la celebración del contrato se surtió con base en diseños y planos que fueron realizados aproximadamente 10 años atrás, lo que ocasionó serias dificultades en su ejecución, debido a que en esos documentos no se contemplaron las condiciones reales del lugar de las obras para el momento de su desarrollo. En varios tramos se encontraron edificaciones sobre la línea de los trazados en los que se había contemplado instalar las tuberías, además de que las cotas no eran coincidentes con las encontradas. Esta es la causa que a juicio del contratista habría alterado el equilibrio económico del contrato (...) El artículo 5. ° de la Ley 80 de 1993 señala que para que proceda el restablecimiento del equilibrio económico del contrato la causas que lo generan, además de imprevistas, no deben ser imputables al contratista, condiciones que no se encuentran cumplidas en este caso, en la medida que lo que muestra el expediente es que la inconsistencia de los diseños y de los planos con el lugar de las obras se podía conocer fácilmente desde la fase de selección, pero el consorcio no actuó de manera diligente en esa etapa, ni cumplió con su deber de colaboración con el Estado, de manera que no le está dado ahora valerse de su propia culpa para sacar provecho en su favor. (...) Costos laborales en los que incurrió el contratista hasta antes del desembolso del anticipo —5 de julio de 2006—. El Tribunal negó su reconocimiento porque no prosperó la excepción de contrato no cumplido, la cual tampoco se encontró acreditada en esta instancia. En todo caso, no procede su reconocimiento porque no se acreditó que no queden saldados con el pago del acta parcial de obra 1, que cubrió el periodo comprendido entre el 13 de febrero y el 31 de julio de 2006. (...) Mayores cantidades de obra. El Tribunal concluyó que no se acreditaron, este aspecto no fue sustentado en la apelación, por lo cual decisión se mantiene. (...) Porcentaje del anticipo no desembolsado por el municipio. El Tribunal negó su reconocimiento porque el monto que sí fue entregado no se ejecutó. La Sala añade que no había lugar a incluir en la liquidación del contrato ese valor como saldo a favor del consorcio porque la finalidad de los recursos que se estipula entregar a título de anticipo consiste en servir de medio para la financiación del contrato, por lo que deben ser invertidos exclusivamente en su ejecución; de manera que, una vez finalizado el vínculo jurídico, no hay razón que justifique entregarlos al contratista. (...) Mano de obra y administración por mayor permanencia (prórroga del contrato). El Tribunal negó su reconocimiento porque no se encontró acreditada la excepción de contrato no cumplido. La Sala advierte que esta indemnización se solicitó más como un sobrecosto que como una causa justificativa del incumplimiento del consorcio; no obstante, no hay lugar a su reconocimiento porque lo que muestra el expediente es que esta prórroga fue necesaria para intentar remediar las dificultades técnicas y temporales que se presentaron por la deficiencia de los planos y diseños, aspecto que, como se vio previamente, no solo es imputable a la administración, sino también al contratista por no haber obrado con la debida diligencia en la fase de selección. En todo caso, lo que se discutió en la apelación fue se debía acceder a esta pretensión porque sí se había configurado la mentada excepción, sin hacer ninguna otra mención al respecto. (...) Costos laborales causados durante el periodo de suspensión. El a quo los negó porque no se acreditó la excepción de contrato no cumplido. También se observa que esta reclamación se presentó como un sobrecosto, más que como una causa justificativa del incumplimiento; sin embargo, tampoco procede su reconocimiento porque al suscribir la suspensión del contrato las partes pactaron expresamente que ese acuerdo no modificaba las condiciones del contrato en cuanto a plazo, precios y ajustes. En virtud del principio de normatividad de los contratos, ni las partes ni el juez pueden desconocer los efectos vinculantes de esta estipulación. (...) Suministro de tubería y hierro figurado que el demandante afirma que estaba en poder del municipio. . PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / ACREDITACIÓN DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DICTAMEN PERICIAL / OBJECIÓN AL DICTAMEN PERICIAL / CONSORCIO / RESARCIMIENTO DEL DAÑO / DAÑO / PROPUESTA DEL PROPONENTE / PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA / PLIEGO DE CONDICIONES / FACTORES DE EVALUACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES / REGLAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES / CONCEPTO DE PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / DAÑO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL / REQUISITOS DE LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES Problema jurídico: ¿Procede el reconocimiento de indemnización por pérdida de oportunidad cuando no existe prueba de una posibilidad real de contratación ni de la cuantía del perjuicio? Respuesta al problema jurídico: No El tercer punto del que se ocupará la Sala consiste en establecer si por concepto de pérdida de oportunidad se debía reconocer a los integrantes del consorcio el valor establecido en los dictámenes periciales porque no fueron objetados y porque se anexaron los contratos que celebraron los consorciados. (...) En lo que respecta a la indemnización solicitada por la pérdida de oportunidad para celebrar contratos con el Estado durante los cinco años posteriores a la declaratoria de caducidad del contrato 055 de 2005, el consorcio cuestionó la decisión de primera instancia por no adoptar el monto determinado en los dictámenes periciales y por no tener en cuenta todos los contratos que habían celebrado los consorciados y que se habrían allegado con esas pruebas, para, en su lugar, acudir a un criterio de equidad. (...). El Tribunal argumentó que no era posible establecer el monto de esta indemnización con base en las pruebas periciales obrantes en el plenario porque ninguna de ellas hizo alusión a la valoración y cálculo de este perjuicio y adicionó que las cuentas que se hicieron en las demandas del consorcio no están soportadas en ninguna otro elemento demostrativo que obre en el plenario (...) La Sala constata, como lo hizo el Tribunal, que en las pruebas periciales en las que se solicitó dictaminar sobre este tema los expertos no se pronunciaron al respecto, por lo cual, al margen de que se hubieren o no objetado, no sirven como insumo para establecer ni la existencia ni la cuantía de este perjuicio. (...), la Sala modificará el fallo recurrido para precisar que el valor de la condena por pérdida de oportunidad se reconoce a cada uno de los consorciados, para actualizar ese monto, así como para actualizar el saldo a favor del municipio resultante de la liquidación del contrato que realizó el Tribunal. (...) En la apelación se arguyó que los dictámenes periciales no fueron objetados, que estaban sustentados y que con ellos se aportaron los contratos que probaban que los consorciados desarrollaban muchos frentes de trabajo por año, por lo que la liquidación debía hacerse en consonancia con esas pruebas. (...), los procesos 540012331000200800269 y 540012331000200900325 se solicitó que a través de dictamen pericial se dictaminara sobre la pérdida de oportunidad que habrían sufrido los consorciados como consecuencia de la inhabilidad derivada de la declaratoria de caducidad del contrato. Sin embargo, al rendir sus dictámenes, ninguno de los peritos se refirió a esta materia. (...) En el expediente administrativo contentivo de la documentación que presentó el consorcio para participar en el proceso de selección que precedió a la celebración del contrato 55 de 2005 reposan dos contratos estatales que fueron celebrados por Construcol Ltda. durante los 5 años anteriores a la ejecutoria de las resoluciones por medio de las cuales se declaró la caducidad del aquel negocio jurídico ―10 de agosto de 2007―; asimismo, reposa un contrato de obra que fue celebrado por Distripal S.A. en ese mismo periodo. En relación con [presunto contratante.] no se encuentra prueba de que en ese tiempo hubiese celebrado contratos con el Estado. (...) No obstante, aun si se consideraran los referidos contratos estatales para realizar la liquidación del monto a indemnizar por pérdida de oportunidad y esta evaluación arrojara un mejor resultado para los demandantes que el obtenido en la sentencia recurrida, la Sala no podría acceder a este reconocimiento, por cuanto al analizar el caso lo que concluye es que no se comprobó la existencia un daño personal, cierto y directo, como condición sine quanon para el resarcimiento del perjuicio; pese a ello, no revocará la decisión de primera instancia, toda vez que, si bien el municipio presentó formalmente un recurso de apelación, lo cierto es que no lo sustentó, lo que conduce a concluir que, en este caso, sustancialmente el consorcio fue apelante único y, por tanto, para decidir la apelación debe estarse a la limitación de la no reformatio in pejus establecida en el art. 357 del C.P.C. Las razones que conducen a estas conclusiones se expresan a continuación confundirse con arbitrariedad, por lo cual debe contarse con elementos objetivos que permitan determinar la existencia real del perjuicio y la cuantía de la condena. (...), pero en línea con lo señalado en cuanto a que la equidad no es sinónimo de arbitrariedad, se ha ido precisando que la imposición de la inhabilidad —cuya legalidad se desdibuja por la anulación de la decisión de caducar el contrato— no es una fuente automática de reconocimiento de daños a título de pérdida de oportunidad, sino que el contratista debe acreditar que antes de la expedición de ese acto tenía una chance real de celebrar contratos con entidades estatales. (...) Esta precisión se funda en que la pérdida de oportunidad como daño jurídicamente indemnizable alude a aquellos eventos en los que una persona está en una posición apta para obtener un provecho o impedir una pérdida, pero que con ocasión de un acto u omisión de un tercero la consolidación de dicha posibilidad se frustra de manera definitiva. No parte entonces de la existencia de un derecho subjetivo que se ve afectado por una conducta antijurídica, sino de la frustración de una posibilidad real o legítima expectativa de concretar un derecho subjetivo o de impedir la ocurrencia de un menoscabo o pérdida En línea con ello, se ha dicho que para que proceda la indemnización de perjuicios por pérdida de oportunidad es presupuesto indispensable que se acrediten los elementos nucleares de esta figura: por una parte, la existencia cierta de una posibilidad real de obtener una ganancia o de impedir una pérdida y, por la otra, la incertidumbre causal que se deriva del desconocimiento sobre qué habría ocurrido con esa posibilidad en caso de que la conducta u omisión antijurídica de un tercero no hubiera frustrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos. (...), lo que se debe acreditar es que antes de la ocurrencia del hecho generador del daño, se estaba en una posición potencialmente apta para producir un resultado beneficioso para ella, pero que se truncó por causa atribuible a la administración. Como lo ha señalado esta Corporación, las posibilidades vagas o la mera eventualidad de un provecho no resultan jurídicamente relevantes como asunto indemnizable, pues para que el daño sea resarcido, además de antijurídico, debe ser personal, cierto y directo. (...) Ahora, el reconocimiento de la pérdida de oportunidad derivada de la declaratoria de caducidad como daño jurídicamente indemnizable no depende de que el sujeto sobre el cual recayó la sanción acredite o no haber sido contratista habitual del Estado, sino de que demuestre que, en verdad, al momento de la declaratoria de caducidad, estaba en una posición potencialmente apta para hacerlo. No se desconoce que haber sido contratista habitual del Estado puede contribuir a establecer la existencia de una posibilidad real frustrada para celebrar esa clase de negocios jurídicos; sin embargo, esta sola condición no permite acreditar que para ese entonces se tenía la capacidad técnica, operativa y financiera suficientes para contratar con entidades públicas. (...), es posible que un sujeto que únicamente acredite haber celebrado con el Estado el contrato caducado, demuestre que estaba en una posición potencialmente apta para continuar haciéndolo, porque, por ejemplo, tenía capacidad técnica, financiera y operativa suficientes, aunado a que el campo de su actividad productiva sea de frecuente contratación de las entidades públicas o porque hubiese estado participando en un procedimiento de selección para vincularse contractualmente con una de ellas. (...), la Sala estima necesario precisar que, dado que el daño debe ser cierto, personal y directo, cuando la caducidad se declara respecto de un contrato celebrado por una figura asociativa como el consorcio, su existencia debe valorarse frente a cada uno de sus integrantes. Ello, por cuanto dicha modalidad de asociación no da lugar a la constitución de una persona jurídica distinta, de modo que la inhabilidad recae individualmente sobre sus miembros. En consecuencia, corresponde a cada uno acreditar que antes de la declaratoria de caducidad se encontraba en una situación potencialmente apta para contratar con el Estado, la cual resultó frustrada por la decisión administrativa. Por lo mismo, la indemnización debe reconocerse a cada sujeto conforme a las condiciones particulares que demuestre, y no en cabeza del consorcio, como lo hizo el Tribunal. (...) Sin perjuicio de lo anterior, se precisará que el reconocimiento que por concepto de pérdida de oportunidad hizo el Tribunal no corresponde al consorcio como figura asociativa, sino a cada uno de sus integrantes de manera individual; por tanto, y en atención a que la determinación del monto de este perjuicio se hizo en primera instancia en un porcentaje correspondiente al 10% —$107.047.292,6— del valor efectivamente ejecutado en el contrato 055 —$1.070.472.926— por cada año que duró la inhabilidad, se aclarará que ese valor debe repartirse entre cada uno de ellos, según la proporción correspondiente a su participación en la figura asociativa (...) Para hacer el balance final de cuentas, el Tribunal se pronunció frente a ese aspecto y concluyó que no era procedente imponer ese saldo al contratista, por tanto, no lo tuvo en cuenta en la liquidación que realizó. (...) En todo caso, no obra prueba en el expediente de que el consorcio hubiese realizado el pago cuya devolución reclama en sede de segunda instancia. (...) Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala modificará el fallo recurrido para precisar que el valor de la condena por pérdida de oportunidad se reconoce a cada uno de los consorciados, para actualizar ese monto, así como para actualizar el saldo a favor del municipio resultante de la liquidación del contrato que realizó el Tribunal. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la caducidad en las acciones contractuales y su incidencia en la procedencia de las controversias derivadas del contrato estatal, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia, exp. 76001-23-31-000-2007-00092-05 (53.479), C. P. José Roberto Sáchica Méndez. Sobre la liquidación de perjuicios conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y los criterios de reparación integral en la responsabilidad extracontractual del Estado, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 11 de agosto de 2010, exp. 05001-23-26-000-1995-00082-01 (18.593), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado y la configuración del daño antijurídico en relación con conductas delictivas y la actuación de la administración de justicia, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de enero de 2013, exp. 66001-23-31-000-2000-00876-01 (23.769), C. P. Mauricio Fajardo Gómez. Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado por la administración de justicia y el cómputo del término de caducidad en estos eventos, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2017, exp. 52001-23-31-000-2008-00505-01 (41.073), C. P. Hernán Andrade Rincón. ADICIÓN DE LA SENTENCIA / SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / OBJETO DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / OPORTUNIDAD DE LA SOLICITUD DE ADICIÓN DE LA SENTENCIA / REQUISITOS DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / NORMATIVA DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / INMUTABILIDAD DE LA SENTENCIA / NEGACIÓN DE LA ADICIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Niega la Sala adición de la sentencia cuando no existe pretensión en la demanda ni prueba de pago sobre la suma reclamada? Respuesta al problema jurídico: Si La Sala no accederá a adicionar la sentencia de primera instancia en lo concerniente a la devolución de $162.690.592,50 correspondientes al descuento que realizó el municipio por concepto de tributos municipales y departamentales en los actos administrativos por medio de los cuales se adoptó unilateralmente la liquidación del contrato, por las siguientes razones: (i) No se observa que se haya dejado de resolver cualquiera de los extremos de la litis. En ninguna de las demandas se formuló esta pretensión. El asunto se debatió como fundamento de nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales se adoptó la liquidación del contrato y, por tanto, quedó resuelto al haberse declarado su nulidad. (ii) Para hacer el balance final de cuentas, el Tribunal se pronunció frente a ese aspecto y concluyó que no era procedente imponer ese saldo al contratista, por tanto, no lo tuvo en cuenta en la liquidación que realizó. (iii) En todo caso, no obra prueba en el expediente de que el consorcio hubiese realizado el pago cuya devolución reclama en sede de segunda instancia. (...) Como consecuencia de todo lo expuesto, la Sala modificará el fallo recurrido para precisar que el valor de la condena por pérdida de oportunidad se reconoce a cada uno de los consorciados, para actualizar ese monto, así como para actualizar el saldo a favor del municipio resultante de la liquidación del contrato que realizó el Tribunal. FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 311 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CAUSACIÓN DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se abstiene la Sala de condenar en costas ante ausencia de temeridad y mala fe en la actuación procesal? Respuesta al problema jurídico: Si En consideración a que no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la ley 446 de 1998. (...) En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, FUENTE FORMAL: DECRETO 01 DE 1994 - ARTÍCULO 171, LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55

Fuente original

https://samai.consejodeestado.gov.co/vistas/casos/list_procesos.aspx?guid=540012331000200700176011100103